ALICANTE.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha fallado contra el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Jijona y la promotora Construcciones Valencia Constitución SL en el mes de noviembre del año 2005 para recalificar algo más de siete millones de metros cuadrados en uno de los principales secarrales de España. El PAI El Espartal es el mayor en extensión de casi el centenar que hay proyectados y en tramitación en el conjunto de la Comunidad Valenciana.
Este plan urbanístico, además, está siendo investigado por un juez de Instrucción de San Vicente, que ha abierto recientemente diligencias, por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de coacciones al denunciar la oposición socialista que el Ayuntamiento gobernado por Rosa Verdú, del PP, contrató al mismo abogado que representaba a esta promotora para la gestión del suelo y el desarrollo del concierto previo del Plan General de Ordenación Urbana.
El titular de la sala de lo Contencioso, Ricardo Estévez, en fallo notificado hace dos días y emitido el 15 de mayo, dictamina, en relación al convenio entre el Consistorio y la promotora con sede en Valencia, que «su carácter marcadamente privado encuentra difícil encaje en los intereses públicos, que han de satisfacerse mediante los convenios en general y los urbanísticos en particular». El PSPV, a través de su portavoz y candidato a la alcaldía, Ferran Verdú, uno de los cinco ediles del grupo socialista que presentó el recurso hace año y medio, alerta de que no sirve ya el concierto del PGOU, que en su día presentó el equipo de gobierno ante la comisión provincial de urbanismo y cuya elaboración estaba ligada al desarrollo del PAI El Espartal.
De hecho, el fallo dice textualmente, tras estimar el recurso contencioso-administrativo contra la resolución del 26 de enero del 2006, de la alcaldesa Rosa Verdú, desestimatoria del recurso de reposición contra el acuerdo de la junta de gobierno del mes de noviembre anterior (cuando se aprueba el convenio con la promotora privada): «Acto que declaro nulo y sin efecto por no ser conforme a Derecho». En la práctica, el mayor plan urbanístico de la Comunidad Valenciana queda paralizado, así como la petición para recalificar como urbanizable casi 7,5 millones de metros cuadrados.
Apelación al TSJ
El fallo que estima el recurso contencioso-administrativo, sobre el que los demandados pueden interponer recurso de apelación ante el mismo juzgado y para su resolución por la Sala de lo Contencioso del TSJ de la Comunidad Valenciana, fundamenta que el Ayuntamiento «debería promover una convocatoria pública respetuosa con los principios de concurrencia y publicidad, ya que no se trata de una concesión graciosa del aspirante urbanizador, sino de la anticipación de unos gastos que finalmente habrán de ser satisfechos por los propietarios del sector».
El acto administrativo impugnado es la aprobación de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento jijonenco y Construcciones Valencia Constitución para la gestión de suelo y la tramitación del concierto previo. El mayor plan urbanístico de la Comunidad Valenciana prevé la construcción de 5.400 viviendas y un campo de golf. Los socialistas jijonencos alegaban que su ejecución conllevaría una recalificación de terrenos al margen del actual PGOU de Jijona.
El secretario de Urbanismo y Vivienda del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, consideró, en declaraciones que recoge Efe, que el fallo «demuestra, una vez más, que es hora de cambiar este tipo de urbanismo, porque el modelo del PP no sólo destruye nuestro territorio, sino que, además, es ilegal». Según Burriel, el modelo urbanístico del Consell de Camps «da inseguridad jurídica a ciudadanos y empresarios y prueba de ello es que cada vez hay más sentencias condenatorias».
www.laverdad.es
Este plan urbanístico, además, está siendo investigado por un juez de Instrucción de San Vicente, que ha abierto recientemente diligencias, por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de coacciones al denunciar la oposición socialista que el Ayuntamiento gobernado por Rosa Verdú, del PP, contrató al mismo abogado que representaba a esta promotora para la gestión del suelo y el desarrollo del concierto previo del Plan General de Ordenación Urbana.
El titular de la sala de lo Contencioso, Ricardo Estévez, en fallo notificado hace dos días y emitido el 15 de mayo, dictamina, en relación al convenio entre el Consistorio y la promotora con sede en Valencia, que «su carácter marcadamente privado encuentra difícil encaje en los intereses públicos, que han de satisfacerse mediante los convenios en general y los urbanísticos en particular». El PSPV, a través de su portavoz y candidato a la alcaldía, Ferran Verdú, uno de los cinco ediles del grupo socialista que presentó el recurso hace año y medio, alerta de que no sirve ya el concierto del PGOU, que en su día presentó el equipo de gobierno ante la comisión provincial de urbanismo y cuya elaboración estaba ligada al desarrollo del PAI El Espartal.
De hecho, el fallo dice textualmente, tras estimar el recurso contencioso-administrativo contra la resolución del 26 de enero del 2006, de la alcaldesa Rosa Verdú, desestimatoria del recurso de reposición contra el acuerdo de la junta de gobierno del mes de noviembre anterior (cuando se aprueba el convenio con la promotora privada): «Acto que declaro nulo y sin efecto por no ser conforme a Derecho». En la práctica, el mayor plan urbanístico de la Comunidad Valenciana queda paralizado, así como la petición para recalificar como urbanizable casi 7,5 millones de metros cuadrados.
Apelación al TSJ
El fallo que estima el recurso contencioso-administrativo, sobre el que los demandados pueden interponer recurso de apelación ante el mismo juzgado y para su resolución por la Sala de lo Contencioso del TSJ de la Comunidad Valenciana, fundamenta que el Ayuntamiento «debería promover una convocatoria pública respetuosa con los principios de concurrencia y publicidad, ya que no se trata de una concesión graciosa del aspirante urbanizador, sino de la anticipación de unos gastos que finalmente habrán de ser satisfechos por los propietarios del sector».
El acto administrativo impugnado es la aprobación de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento jijonenco y Construcciones Valencia Constitución para la gestión de suelo y la tramitación del concierto previo. El mayor plan urbanístico de la Comunidad Valenciana prevé la construcción de 5.400 viviendas y un campo de golf. Los socialistas jijonencos alegaban que su ejecución conllevaría una recalificación de terrenos al margen del actual PGOU de Jijona.
El secretario de Urbanismo y Vivienda del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, consideró, en declaraciones que recoge Efe, que el fallo «demuestra, una vez más, que es hora de cambiar este tipo de urbanismo, porque el modelo del PP no sólo destruye nuestro territorio, sino que, además, es ilegal». Según Burriel, el modelo urbanístico del Consell de Camps «da inseguridad jurídica a ciudadanos y empresarios y prueba de ello es que cada vez hay más sentencias condenatorias».
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