Nos come la ignorancia / Rafael Torres

No necesitamos ningún estudio o informe estadístico, para conocer el alcance de la incultura en España; todos los días nos damos de bruces con sus efectos y estragos.

Lo que parecía, si no imposible, sí dificilísimo, que esa incultura y atraso educativo fueran a más, se ha producido, y materializándose, además, en las nuevas generaciones, en esas que, en teoría, andan estudiando. Pero, ¿qué estudian los niños, los adolescentes y jóvenes españoles para que sean incapaces de comprender el lenguaje escrito... ¡en español!?

Que leían mal, silabeando, deletreando casi, sudando y resoplando como ante un jeroglífico, ya se venía viendo desde hace unas cuantas décadas, y la prueba concluyente y definitiva era que, por huir de semejante esfuerzo, dejaban de leer absolutamente según se iban haciendo mayores, pero lo que no podíamos saber es que, además de leer de pena, no se enteraban de nada de lo que leían.

Así, analfabetos no ya potenciales, sino esenciales, iban pasando de curso, y así, tan ternes, llegaban incluso a la Universidad y hasta a la licenciatura, pero hasta que los informes internacionales sobre educación y conocimiento no han llegado con sus siniestras noticias, no hemos relacionado la burricie imperante, el botellón, el uso desatentado de las nuevas tecnologías, la mala educación o la violencia en las aulas con el hecho de que sus protagonistas no saben, en realidad, hacer la “o” con un canuto, y que, si por chiripa les saliera la “o”, no la entenderían, al verla escrita, en absoluto.

Nuestros chicos no son más tontos que los otros, sino que son víctimas de un desamparo cultural y educativo que no se ve ni entre los indígenas, es un decir, de Nuevas Hébridas o del Amazonas, y unos, incapaces de entender otra lectura que los ágrafos mensajes de móvil que les mandan los amigos, serán víctimas de por vida, en tanto que otros, más espabilados que no más listos, se convertirán en verdugos.

Las inmobiliarias elevan su morosidad mientras la de los particulares baja

ALICANTE.- La morosidad del sector inmobiliario con las principales cajas valencianas (CAM y Bancaja) superó en el tercer trimestre la barrera del 0,3%, hasta consolidar una tendencia ascendente que se inició en marzo, después de varios años de estabilidad, según "Levante".

El retraso en los cumplimientos crediticios de las empresas del ladrillo, que todavía es mayor en el resto de cajas de ahorros españolas, contrasta con un leve descenso de la morosidad de los particulares, especialmente en la CAM.

A pesar de la subida del precio del dinero, la puntualidad en el pago de los préstamos bancarios por los ciudadanos mejoró en el tercer trimestre del año, más en la CAM que en Bancaja. La primera pasó de una morosidad del 1,04% en septiembre de 2006 al 1% en el mismo periodo de este año.

En la práctica, los datos reflejan que el compromiso de los impositores con las cajas que les han prestado dinero es mayor que el de las sociedades promotoras, que recurren a aplazamientos en la devolución de préstamo al descender la venta de pisos.

Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Bancaja registró hasta septiembre un índice de mora entre mercantiles y particulares del 0,66%, lo que representa un incremento del 24% de un año a otro. A diferencia de Caja Mediterráneo, la entidad valenciana viene observando desde hace meses que el repunte de los tipos afecta por igual tanto a las economías pequeñas como a las grandes. Los saldos clasificados en mora y las provisiones para afrontar este escenario ascienden, respectivamente, a 532 y 1.507 millones de euros.

La mayor incidencia sobre esta entidad está ligada a la suspensión de pagos de Llanera, que mantiene créditos con Bancaja por 120 millones de euros (92 con la matriz y el resto con el Banco de Valencia).- (EPI)

Hoy 29ª aniversario de la Constitución Española

La Constitución es la Norma Fundamental del Estado, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos. Toda disposición u acto contrario a la Constitución carece de validez y será convenientemente expulsado del ordenamiento jurídico o sancionado con arreglo a las normas sobre justicia constitucional y otras disposiciones constitucionales y legales.

Siguiendo la línea de las constituciones modernas, la Constitución Española de 1978 se estructura en dos partes claramente diferenciadas en cuanto a su contenido: la parte dogmática y la parte orgánica.

Parte dogmática

En esta parte de la norma jurídica se hace una declaración de principios que indican y recogen los valores imperantes en la sociedad que la promulga. En la Constitución Española la parte dogmática está constituida por las siguientes partes:

• Preámbulo
• Título preliminar (artículos 1 a 9).
• Título I, denominado «De los derechos y deberes fundamentales» (artículos 10 a 55).

En la parte dogmática aparecen los principales derechos constitucionales de los ciudadanos españoles. A su vez, el Título preliminar contiene los Principios constitucionales que determinan la configuración del Estado y sus señas de identidad.

La soberanía nacional se hace residir en el pueblo español, pero la polémica redacción del artículo 2, que incluye el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española siempre ha sido destacado por la ambigüedad de su redacción, que si bien permitió el consenso para su aprobación, también ha dado lugar a múltiples interpretaciones.

Parte orgánica

Se diseña la estructura del Estado regulando los órganos básicos que ejercen los poderes estatales. El sistema español conserva el diseño tripartito de división de poderes de Montesquieu, entre Poder ejecutivo, Poder legislativo y Poder judicial. Los apartados correspondientes en la Constitución Española son los siguientes:

• Título I, «De los derechos y deberes fundamentales» (artículos 10 a 55)
• Título II, «De la Corona» (artículos 56 a 65)
• Título III, «De las Cortes Generales» (artículos 66 a 96)
• Título IV, «Del Gobierno y de la Administración» (artículos 97 a 107)
• Título V, «De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales» (artículos 108 a 116)
• Título VI, «Del poder judicial» (artículos 117 a 127)
• Título VII, «Economía y Hacienda» (artículos 128 a 136)
• Título VIII, «De la organización territorial del Estado» (artículos 137 a 158)
• Título IX, «Del Tribunal Constitucional» (artículos 159 a 165)
• Título X, «De la reforma constitucional» (artículos 166 a 169)

La Constitución finaliza con las Disposiciones Adicionales, Transitoria, derogatoria y final.

Reformas

La Constitución española ha sido modificada una vez (Artículo 13.2, Título I) para extender a los ciudadanos de la Unión Europea el derecho a voto (electores y elegibles como candidatos) en las elecciones locales. Esta reforma constitucional entró en vigor el 28 de agosto de 1992.

El sistema político y las autonomías

El sistema político

La ideología liberal impregna la Constitución y el sistema político. La monarquía constitucional es la forma de Estado, con un rey, Juan Carlos I de Borbón, heredero legítimo de los derechos dinásticos de Alfonso XIII, traspasados por la abdicación de Don Juan (III) en mayo de 1977. Los poderes del monarca están limitados y enumerados en la Constitución.

La división de poderes, idea fundamental en el pensamiento liberal, es el eje del sistema político. En la base, la soberanía nacional permite la elección, por sufragio universal (varones y mujeres mayores de 18 años), de los representantes del pueblo soberano en las Cortes. Ejercen el poder legislativo entre las dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado, eligen al Presidente del Gobierno y controlan la acción del poder ejecutivo.

El Presidente del Gobierno desempeña el poder ejecutivo con la ayuda de su consejo de ministros.

El poder judicial recae en los jueces y en el Consejo General del Poder Judicial como su máximo órgano de gobierno. El Tribunal Constitucional controla que las leyes y las actuaciones de la administración pública se ajusten a la Carta Magna.

Las autonomías

La Constitución de 1978 rompe una tradición centralista iniciada en 1700 por Felipe V. Como intento de solución al problema regional y a las reivindicaciones de los grupos nacionalistas vasco y catalán, sin olvidar las minorías nacionalistas gallegas, valencianas, canarias y andaluzas, se crea un nuevo modelo de Estado descentralizado, en el cual cada región se convierte en una comunidad autónoma con autogobierno, parlamento autonómico, tribunales de ámbito regional y un Estatuto de autonomía que establece el modelo y las competencias que puede asumir.

La Carta Magna establecía dos posibilidades de autonomía. Las nacionalidades históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia, seguirían una vía rápida y con mayores competencias (aplicación del artículo 151). Andalucía también consiguió el título de nacionalidad histórica, gracias a que así lo solicitaron la mayoría de sus ayuntamientos y fue ratificado en referéndum el 28 de febrero de 1980.

El resto de regiones se regiría por el artículo 143, excepto Navarra (que se constituía en Comunidad Foral respetando su peculiar tradición foralista). La concesión de la autonomía se dilató más en el tiempo y la transferencia de competencias fue más lenta.

Entre el 18 de diciembre de 1979, cuando se aprobaron los primeros Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco, y febrero de 1983, todas las regiones se constituyeron en Comunidades Autónomas. Los dos últimos Estatutos de Autonomía han sido los de Ceuta y Melilla (1995), estableciéndose como Ciudades Autónomas.

De forma paulatina, durante los últimos veinte años, el Estado ha transferido competencias a las Comunidades Autónomas. Dos de las últimas materias que se han transferido han sido sanidad y educación. Hoy en día, cada una de las Comunidades Autónomas puede legislar en cuestiones sanitarias y educativas de manera diferente al resto de España.

Derechos fundamentales

Se recogió una amplia declaración de derechos individuales, sin restricciones. Se incluyeron derechos sociales (derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la sanidad) y económicos.

Preámbulo

La redacción del preámbulo de la Constitución era considerada un honor y una habilidad literaria. La persona elegida para este propósito fue Enrique Tierno Galván, a continuación se muestra el texto íntegro del preámbulo:

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

• Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.
• Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
• Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
• Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
• Establecer una sociedad democrática avanzada, y
• Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

La CE plantea reforzar la vigilancia al sector bancario

BRUSELAS.- La inestabilidad financiera desatada hace cuatro meses en Estados Unidos y el fuerte repunte de la inflación hasta el 3% en la zona euro fueron los dos asuntos que dominaron los debates de los ministros de Economía en las reuniones del Eurogrupo y Ecofin de anteayer y ayer.

Los ministros de Economía acordaron reforzar la coordinación de los organismos de supervisión del sector financiero en la UE para evitar una crisis hipotecaria como la de Estados Unidos. El acuerdo propone que los tres comités de vigilancia (banca, seguros y Bolsa) tengan una colaboración más estrecha.

El vicepresidente del Gobierno español, Pedro Solbes, admitió que los efectos de la desaceleración económica ya se habían percibido. "La Comisión", precisó, "admitió ayer que si ahora hiciera las previsiones de crecimiento, no serían las mismas que las de hace un mes". Solbes destacó "la preocupación en toda Europa por la subida del precio del petróleo" y advirtió que había que prepararse porque "aumentará la incertidumbre en los próximos meses".

En la misma línea que Bruselas, la FSA, autoridad de los servicios financieros en el Reino Unido, advirtió ayer a las entidades que conceden hipotecas sobre los riesgos de liquidez del sistema. Las condiciones del mercado "serán difíciles en un periodo sostenido".- (PRISA)

Catedráticos, jueces y fiscales piden la disolución de ayuntamientos infractores

MADRID.- El Estado, las autonomías, los ayuntamientos y los jueces son ineficaces para combatir el creciente fenómeno de la corrupción urbanística. Con esa tesis, el Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por 200 fiscales, jueces y catedráticos de Derecho Penal de tendencia progresista, ha elaborado un manifiesto en el que proponen que las Administraciones actúen con mano dura, según publica hoy "El País".

Ese foro propone medidas ejemplarizantes como la demolición de edificios ilegales y el endurecimiento de las penas para los delitos relacionados con el fenómeno. Al Gobierno le pide que "no vacile" a la hora de disolver ayuntamientos manifiestamente implicados.

El documento recorre las distintas instituciones competentes para atajar el fenómeno proponiendo a cada una serie de medidas. Además de la disolución de ayuntamientos corruptos, al Estado le sugiere que refuerce la independencia y autoridad de los órganos técnicos de los ayuntamientos (secretarios, interventores y tesoreros) cuyas facultades se han recortado, así como un mayor control de los notarios y registradores de la propiedad, que a veces, según el documento, actúan con "connivencia, complacencia, negligencia u omisión" en estos casos.

Las autonomías, según el manifiesto, deben acotar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos con la aprobación de planes que engloben a varios municipios, estableciendo "límites más estrictos sobre reclasificaciones y recalificaciones de suelo" y obligando a que los planes municipales se basen en "necesidades reales, y no especulativas" de crecimiento de la población. Las comunidades deben controlar especialmente los convenios entre municipios y particulares que, en muchos casos, condicionan construcciones a la recalificación de suelo.

El informe señala como principales responsables del fenómeno a los ayuntamientos. Considera "mera arbitrariedad" su resistencia a los controles de otras Administraciones amparándose en la autonomía local y les pide que ejerzan "sus competencias disciplinarias", en muchos casos abandonadas por impopulares o por el miedo al castigo electoral.

Los jueces de lo Contencioso-Administrativo tienen que dar preferencia a los casos más trascendentes con el fin de restaurar "la situación original dañada" aunque para ello sea necesario llegar a la demolición, que debe ser obligatoria en caso de que se haya cometido un delito.

El manifiesto propone que el Código Penal considere prevaricación el informe o voto favorable de cargos públicos a planes manifiestamente ilegales, así como la elevación de las penas de prisión en los delitos contra la ordenación del territorio. Para prevenir el blanqueo de dinero, muy ligado al urbanismo, defienden que los políticos y funcionarios también estén obligados por ley a informar de operaciones sospechosas.

Propuestas para sanear el urbanismo

- Demolición obligatoria de construcciones ilegales en caso de delito para "restaurar la situación inicial dañada".- Disolución "sin vacilar" de ayuntamientos corruptos.- Controles para evitar la "connivencia, complacencia o negligencia" de notarios y registradores de la propiedad.- Preferencia en los juzgados para los procesos urbanísticos más trascendentes.- Castigar como prevaricación el voto o informe favorable a planes manifiestamente ilegales.- Elevación de las penas para los delitos urbanísticos.- (PRISA)

(Hotel en la playa de El Algarrobico, Carboneras, Almería)

El paro subió en la Comunidad Valenciana en 6.454 personas en noviembre

VALENCIA.- El número de parados registrados en las Oficinas de Empleo en la Comunidad Valenciana al término de noviembre subió en 6.454 personas (el 3,18%) en relación con el mes anterior, con lo que el número de desempleados se situó en 209.099, según datos del Ministerio de Trabajo. En el conjunto de España, el aumento del desempleo fue del 2,24%.

El paro se incrementó en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, especialmente en Castellón, con el 4,33%, y en Alicante, con el 4,10%.

En relación con el mismo mes del año anterior, el paro en esta comunidad subió en 19.214 personas, lo que supone un aumento del 10,12%.

El paro masculino se situó a finales del mes pasado en 88.463 personas y el femenino, en 120.636. De las personas que no tienen trabajo, 26.764 son menores de 25 años, de ellos 12.841 mujeres y 13.923 hombres.

El paro sube en todos los sectores: 159 trabajadores en Agricultura, 82 en Industria, 708 en Construcción, 5.081 en Servicios y en 424 en el colectivo sin empleo anterior.- (EFE)

Alertan a la CNMV sobre las razones de la emisión de cuotas participativas por la CAM

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón, una especie de Ralf Nader español de nuevo cuño, ha advertido por escrito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la emisión de cuotas participativas prevista por la CAM, y ha hecho partícipe de esa advertencia al Banco de España, Banco Central Europeo, Reserva Federal norteamericana, Banco de Inglaterra y Defensor del Pueblo, español y europeo.

En síntesis, De Ramón desea que las razones esgrimidas desde la dirección para justificar esa emisión - respaldo financiero ajeno para el crecimiento de la entidad – responda verdaderamente a ese objetivo y no encubra la necesidad de tapar una supuesta gran falta de liquidez, estimada por diversas fuentes, que no cita expresamente, en 1.500 millones de euros, “cuando precisamente todo el sector financiero se encuentra en crisis”, y especialmente la CAM por un exceso de riesgo inmobiliario contraído en los últimos años.

De Ramón dice comparecer ante la CNMV “como ciudadano, español y europeo, y cliente de la CAM” para justificar su intervención en que la emisión de cuotas participativas sirva realmente para la expansión, dentro de un estricto marco de legalidad conforme a las directivas comunitarias en vigor, y para solicitar una investigación previa que afiance los extremos de una emisión avalada por el propio patrimonio social, “que es de todos los receptores sociales de la comunidad valenciana y murciana”.

El letrado desea que la CNMV verifique, antes de admitir a cotización en Bolsa dichos títulos, si la parte alícuota de ese ingreso previsto se destina a los fines sociales a que obliga la naturaleza jurídica de las cajas de ahorro en España – y no los que elija libremente la CAM – allí donde el Estado o la UE no cubra las necesidades de los excluidos sociales.

De Ramón, acogiéndose al anuncio del presidente de la CNMV, Julio Segura, de que se reforzarán los controles sobre las empresas inmobiliarias cotizadas por tratarse de un sector de aparente riesgo contable, señala que la CAM, por si misma o mediante sociedades participadas, ha sido la “inductora y promotora (…) de grandes proyectos urbanísticos”, que se tendrán que investigar, con créditos propios o sindicados, tras la captación de pasivo fuera de España.

Expresamente cita en su escrito las relaciones financieras, incluso de otra naturaleza, de la CAM con Hansa Urbana, Terra Mítica, Polaris World, Llanera, Azora, Godosa, Tenedora de Inversiones y Participaciones, y hasta con las inversiones en Seseña del promotor conocido como “El Pocero”. Pide que sean investigadas a fondo para evitar la desprotección de los posibles inversores en cuotas participativas por una falta de celo de la CNMV, que ya en anteriores ocasiones “provocó la ruina de muchos españoles”, citando, entre otros, el caso de Gestcartera.

Llama De Ramón especialmente la atención de la CNMV sobre las consideraciones subjetivas en las valoraciones de activos inmobiliarios para, coincidiendo con su presidente, comprobar que se generan con procedimientos, hipótesis y criterios reconocidos, “e incluso pedir valoraciones o tasaciones complementarias de los activos a sociedades de reconocida solvencia sometidas a algún tipo de supervisión”.

Dice el abogado murciano en su escrito a la CNMV que “el patrimonio que dice la CAM tener, valorado en 5.000 millones de euros”, deberá constatarse por entidades que supervisen dicha valoración y que, además, se tenga en cuenta “la falta de liquidez, pues entendemos (…) que ese dinero no es para crecer sino para reponer su falta de liquidez”.

Duda De Ramón sobre la completa legalidad de la emisión de cuotas participativas, en base a consideraciones anteriores de la Fiscalía Anticorrupción sobre emisiones de entidades españolas, como la CAM, en paraísos fiscales, desde el punto de vista de la legislación tributaria, ya que estos tolerados instrumentos alternativos a otras vías más convencionales de captación de recursos, han venido eludiendo el pago del 35% de sus plusvalías. Y recuerda que la legislación española prohíbe deducirse del pago de los impuestos “las cantidades destinadas a retribuir, directa o indirectamente, el capital propio, cualquiera sea su denominación”, concluyendo que son lesivas para el Tesoro Público.

Cree este letrado que, en el caso de las cuotas participativas de la CAM, procede investigar “de dónde va a venir el dinero que compre dichas participaciones, pues si viniese de las islas Caimán (…) se vulneraría -según dicho informe de la Fiscalía Anticorrupción- la legislación tributaria”. Y “si el dinero se capta con los pequeños clientes de las Cajas, con escasa instrucción financiera (pensionistas, hombres y mujeres sin ninguna cultura financiera)” debe hacerse bajo las condiciones de protección, transparencia e información que piden las Directivas de la Unión Europea.

Diego de Ramón solicita expresamente de la CNMV que vele si la CAM cumple, en esta emisión de cuotas participativas, con las exigencias garantistas de la Directiva 2004/39/CE y las promulgadas para evitar el blanqueo de capitales ya que, citando cifras recientes de la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), sólo el fraude fiscal inmobiliario en la Región de Murcia -donde la CAM aparece financiando grandes desarrollos urbanísticos- alcanza los 303 millones de euros.

Recuerda este abogado a la CNMV en su escrito de referencia que, conforme a la citada Directiva, “cuando una entidad de crédito decida prestar servicios o realizar actividades de inversión, en este caso emisión de cuotas participativas por la CAM, las autoridades competentes, antes de concederle una autorización, deben verificar si cumple las disposiciones pertinentes en la misma de proteger y legitimar los derechos del inversor” para así evitar una competencia desleal dentro del Mercado Único.

Finalmente, y a modo de conclusión, Diego de Ramón solicita la comprobación de todo lo expuesto anteriormente en su escrito, al objeto de asegurar dicha emisión de cuotas participativas por parte de la CAM “con todos los preceptos de Directivas europeas, transparencia e información en el Mercado de Valores, así como también la supervisión de todas las actuaciones financieras inmobiliarias que ha realizado la Caja de Ahorros del Mediterráneo (…) así como los fines sociales en su grado de cumplimiento y las Fundaciones creadas por la Caja”.

En definitiva cree debe saberse públicamente si dicha emisión de cuotas participativas por la CAM “es para cubrir liquidez o para crecer, pues si es lo primero, estaríamos potenciando lo que ahora es crisis inmobiliaria financiera por haberse extendido o abusado en proyectos de grandes construcciones”. De Ramón expresa en su epílogo que “ojalá se cumplan estos preceptos y pueda salir esa emisión de cuotas participativas, sin quebrantar todas estas normas que garantizan un Estado de derecho y Europa”.

Las cuatro grandes cajas acumulan la mitad del beneficio de todas las cajas hasta septiembre

MADRID.- Las cuatro grandes cajas de ahorros españolas --'La Caixa', Caja Madrid, Bancaja y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)-- registraron un beneficio neto hasta septiembre de 3.845,14 millones de euros, lo que supone casi la mitad (el 49,5%) de todo el beneficio del sector en ese periodo, según cálculos sobre información del balance de las cajas, publicada ayer por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

La caja catalana fue la que registró mejor resultado en los primeros tres trimestres del año, alcanzando los 1.850,52 millones de euros, frente a los 1.273,44 millones de euros que se anotó Caja Madrid en el mismo periodo.

A continuación se situó Bancaja, con 394,41 millones de euros en los nueve primeros meses de 2007, seguido de cerca por la CAM, que obtuvo un beneficio neto de 326,77 millones de euros.

Además, estas mismas entidades coparon el 46,25% del total de créditos del sector de las cajas de ahorros, con 392.836,1 millones de euros, respecto al total, de 849.366 millones de euros.

La clasificación por entidades en este capítulo se mantiene en el mismo orden, con 'La Caixa' con 153.765,8 millones de euros, por delante de Caja Madrid, 103.202,9 millones de euros.

El siguiente es Bancaja, que acumula 78.861,5 millones en créditos a sus clientes, mientras que la CAM cuenta con 57.005,7 millones de euros prestados por este concepto.- (EP)

(Sede operativa de la CAM, en Alicante)

Un millar de municipios españoles, el 13%, concentra el 80% de la población

MADRID.- En España somos más de 44 millones de personas para un territorio cuyas dimensiones cualquier escolar conoce, 504.782 kilómetros cuadrados. Pero un 80% de la población vive apelotonada en apenas un millar de municipios, que ocupan el 20% de la superficie del Estado y en la que se levantan 16 millones de casas, revela "El Mundo".

Son datos oficiales recogidos en el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España 2006, presentado por la ministra de Vivienda, Carme Chacón, cuyo Ministerio financia la publicación.

Que a los españoles les gusta vivir pegados unos a otros lo certifica otro dato y es que 4 de cada cinco españoles vive en ciudades, es decir, que la mayoría habita en superficies con densidad de población es de 350 habitantes y 160 viviendas por kilómetro cuadrado cuando la media estatal es de 88 habitantes y 40 casas por kilómetro cuadrado.

En los últimos años, las ciudades se han redimensionado. Murcia, por ejemplo, en el periodo 1987-2000 –últimas cifras disponibles– creció un 78,51%, Alicante/Elche lo hizo un 67,76% y Madrid un 49,39%. En ese mismo espacio de tiempo, 16 municipios del Área Metropolitana de Madrid duplicaron su tamaño.

Propiedad del suelo

"¿Esto es bueno o malo?", se planteaba durante la presentación del estudio la ministra Chacón. Lo es en la medida de que el crecimiento urbano se desarrolle "en beneficio de todos y no sólo de unos pocos", señala. Pero eso no está en sus manos. En áreas urbanas como Madrid, Murcia, Cádiz o Málaga, unas pocas empresas y particulares concentran la propiedad de gran parte del suelo construible. En la capital murciana, por ejemplo, una sola persona es dueño de 4,6 millones de m² en 5 fincas urbanas.

En la costa las empresas mandan. Son las principales titulares de suelo no edificado en áreas urbanas costeras, destacando la Costa del Sol, donde poseen más del 70% de esta superficie. También son los mayores propietarios del suelo urbano libre en Gran Canaria Sur, Tenerife Sur, Roquetas de Mar, Cartagena, Sagunto Bahía de Algeciras o Sanlúcar de Barrameda.

El Atlas Estadístico 2006 destaca en la provincia de Málaga, diez empresas concentran 24 millones de metros cuadrados y en las zonas urbanas de Madrid, donde las administraciones públicas son titulares de la mayoría de la superficie edificable, diez empresas acumulan 23,6 millones de m² y uno de ellos es titular de 166 parcelas de suelo urbano que ocupan casi 6 millones de metros y 61 parcelas de suelo rústico que cinco millones de metros.

Finalmente, el estudio presenta un dato que contradice la tendencia a pensar que en España la movilidad espacial es limitada. Más de la mitad de la población española asegura que ha migrado en algún momento de su vida y se encuentra residiendo en un municipio distinto al que nació.- (UNEDISA)

Inmigrantes de Perú aceptan un trabajo en el campo para recuperar su vida tras el terremoto

PILAR DE LA HORADADA.- La empresa Surinver ubicada en Pilar de la Horadada, al sur de la provincia de Alicante, ha contratado a 49 trabajadores peruanos en origen por un período de nueve meses. Estos inmigrantes proceden, en su mayoría, de la población de Ica, que junto a Pisco y Chincha fue uno de los lugares más afectados por el terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter que asoló Perú en el pasado mes de agosto.

La mayoría de ellos ha perdido su casa y se encontraban en una situación muy precaria. Gran parte de ellos confiesa que ya había acumulado bastantes deudas. Todos trabajan en su país en la agricultura. Estos inmigrantes se hospedan actualmente en las instalaciones que el Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes, CEPAIM, tiene en la población murciana de El Jimenado.

En principio eran cincuenta los trabajadores pero al final uno de ellos no ha venido. El único requisito que se les exigía era el ser agricultor. Primero fueron seleccionados entre un grupo de unas 280 personas, más tarde se pasó a otra prueba en la que había ya sólo 126 trabajadores. Y de ahí se confeccionó el grupo definitivo de 50 que al final ha quedado reducido a 49. De ellos, 29 son hombres y 20 mujeres.

Según algunos de estos inmigrantes la producción que ellos realizan en su país natal va destinada a la exportación.

Casi todos trabajan en el campo o en los almacenes. Los espárragos, la vid, la cebolla, la alcachofa o los cereales son algunos de los productos que se producen en Perú. Por ello, están familiarizados con la forma de trabajar con ellos.

Los 49 inmigrantes desconocen que hará la empresa cuando finalice la temporada. Por ahora, su contrato es de nueve meses. La totalidad de ellos, trata de demostrar su profesionalidad y su buen hacer para que la empresa contratante les ofrezca la oportunidad de volver otra temporada más. Para ellos, es vital el dinero que ganan aquí para ayudar a sus familias sin hogar.

Alguno ha trabajado en Perú en la reparación y mantenimiento de riego por goteo y aspersión. El dinero que ganen pagará las deudas que tienen acumuladas.

El máximo problema con el que cuentan en su país es que no tienen casa. La mayoría de las construcciones eran de adobe y el terremoto destruyó ocho de cada diez viviendas. Ahora, tras el seísmo nadie quiere construir con adobe y todos desean tener sus hogares de ladrillo.

El precio en Perú de una vivienda preparada para aguantar los temblores de tierra cuesta entre 20.000 y 25.000 soles, moneda oficial de Perú, su equivalente viene a ser entre 3.000 y 4.000 euros.

Una empresa comprometida

La empresa Surinver es una Sociedad Cooperativa dedicada a la producción y distribución de productos hortofrutícolas. Está situada en Pilar de la Horadada, al sur de la provincia de Alicante. Cuenta con más de 600 socios activos que generan empleo a más de 1.200 familias de forma directa y a 3.000 de forma indirecta. Comercializan; apio, bróculi, mandarina, patata y sandía. En pimiento sus variedades de california, padrón y clovis.

Dispone de unas instalaciones de 103.000 metros cuadrados inauguradas en el año 2003. Esta empresa ha sabido adaptarse a los cambios producidos en los últimos años en relación a la necesidad de proteger el medio ambiente .

Zaplana, ministro de Vivienda, Bono, subsecretario / José Hervás Garcés

Tras el rotundo fracaso que ha sufrido la propuesta del Partido Popular en el Tribunal Constitucional, rechazada ayer al máximo nivel, "a limine", de plano, de tramitar las recusaciones contra tres magistrados progresistas en su recurso contra la Ley Orgánica de este tribunal, Mariano Rajoy no tiene más remedio que tomar ya la decisión de prescindir de Eduardo Zaplana.

Ha sido el portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, junto con sus próximos colaboradores, Martínez Pujalte y Fernández Díaz, quienes le han llevado a esta situación pese a los informes de los expertos de su propio Partido. Lo sorprendente de la decisión, que le supone una dura derrota en el terreno que tanto cuida Mariano Rajoy, como es la jurídica, es que haya seguido adelante con un camino que le recomendaban no siguiera lo más finos juristas del partido.

Los tres expertos juristas consultados por el PP entre lo más granado de un equipo al que le sobran este tipo de cualificados profesionales, el ex ministro de Defensa, Federico Trillo, el ex jefe del Gabinete de Rodrigo Rato, hoy alto ejecutivo de Banesto, Javier Pérez Renovales y el portavoz de Justicia en el Senado, Agustín Conde, habían coincidido al manifestar en sus informes que la recusación era jurídicamente inviable.

A ellos se habían unido el secretario general del partido, Ángel Acebes y el Secretario ejecutivo de Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, letrado de las Cortes de profesión, quienes consideraban que suponía una temeridad legal presentar con tan escasos argumentos una recusación en la que incluso los miembros elegidos por propio Partido Popular les habían hecho llegar que no podrían apoyar.

Pese a la práctica unanimidad del equipo más cualificado en esta materia y tras oirles a todos, fue el propio presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy quien decidió no desautorizar a su portavoz en el Congreso, pese a que tiene desasistido al grupo y ha creado todo tipo de tensiones en la estructura del partido, sobre todo en Valencia.

No es la primera vez que los magistrados elegidos por el PP votan en el Constitucional en contra de una propuesta popular porque consideran que no se ajusta a derecho o no hay bases jurídicas que los apoyen. El caso más sonado fue el de Vicente Conde cuyo voto fue decisivo para que el Constitucional no admitiera a trámite analizar antes de que se debatiera en el Parlamento Vasco el proyecto de reforma de Estatuto de Ibarretxe.

Le costó la presidencia del Tribunal Constitucional a Conde, como el magistrado explicaría en su día a uno de sus colaboradores de los servicios jurídicos del alto tribunal. Aznar le llamó al menos en dos ocasiones a Moncloa para convencerle de que votara a favor de que sí fuera admitido y tratar de imposibilitar de forma previa su debate. Cuando aseguró al ex presidente que su conciencia no se lo permitía, Aznar le advirtió al magistrado que tendría un coste. Lo tuvo. En el momento de elegir presidente meses después, dos de sus propios compañeros le dieron la espalda.

Ante el fracaso de la propuesta avalada por Zaplana ayer trataban de quitarle importancia en el partido y bromeaban que lo del portavoz popular en el Congreso no es proponer argumentos jurídicos sino comprar barato. Sugerían que si ganan las elecciones, Rajoy le nombre ministro de Vivienda. Es el de los pocos que puede comprar un piso de 500 metros cuadrados en la Castellana, pagar sólo 1,6 millones de euros y obtener al mismo tiempo una hipoteca por 2,6 millones de Bancaja, sin incluir el marmol paquistaní que le instaló su amigo 'el pocero'.

Uno de los presentes añadió que debería llevar de subsecretario a su amigo Bono, cuyo metro de chalet, construído y financiado por su amigo Rafael Santamaría, le salió más barato que el de un metro de vivienda de protección oficial. Los populares reeditan el número especial de La Razón dedicado a tan sorprendente sistema de financiación.

www.laestrelladigital.es

En California se convertirá el agua residual en agua potable

WASHINGTON.- El agua de las cañerías residuales de Orange County (California) se reciclará hasta convertirse en agua potable y lista para el consumo, proceso que empezará el próximo 30 de noviembre, publica la edición digital del New York Times.

Según los expertos, la nueva planta de este condado, que purifica el agua a través de varios filtros, pantallas, componentes químicos y por último el paso del tiempo, será la más grande del mundo dedicada a recuperar el agua de las cisternas para el consumo humano.

Para ello, este tipo de técnica, que se practica a gran escala y con éxito en la capital de Namibia, Windhoek; podría ser la solución en aquellos lugares en los que la sequía es una constante, como ocurre en varias zonas de California.

"Este tipo de proyectos van a empezar a verse desarrollados en todos aquellos lugares en los que existe una grave escasez de agua", dijo Michael R. Marcus, director general de los recursos acuíferos de Orange County, en declaraciones al diario estadounidense The New York Times.

En la ciudad de San Diego, también en California, las autoridades aprobaron el pasado octubre un programa piloto para fomentar el reciclaje y posterior consumo del agua de las cisternas y demás conductos residuales.

Sin embargo, el alcalde de esta ciudad, tendente a la sequía, vetó esta propuesta, que además de ser muy costosa, tenía pocas posibilidades de contar con el apoyo popular.

Hasta el momento, la mayoría de la gente se ha mostrado siempre reticente ante la idea de que el reciclaje fuera tan efectivo como para limpiar tan bien el agua de sus deshechos, que hasta pudieran beberla.

A pesar del veto, el ayuntamiento de San Diego planea organizar un voto a principios de diciembre para anular la negativa del alcalde.

La planta que se ocupará de esta iniciativa se llama Water Factory 21, la cual, tras una serie de renovaciones, puede procesar casi 265 millones de litros de agua al día y ya ha sido visitada por expertos acuíferos de todo el país.

Según el rotativo neoyorquino, el agua que sale de esta planta no solo alcanza los estándares sanitarios que se requieren para su consumo en EE.UU., sino que incluso los supera.

El agua reciclada, que por ley no puede ser dirigida directamente a los grifos de los consumidores, será inyectada bajo tierra para cumplir dos cometidos básicos.

Por un lado formar parte de la barrera que evita que el agua de mar se mezcle con los recursos de agua dulce y por otro rellenar las reservas acuíferas para el consumo de cerca de 2,3 millones de personas (cerca de un tres cuartos de la población del condado).

La medida cuenta con la mayoría del apoyo popular en Orange County, que está de acuerdo con el tema, además de haberse visto influida por la campaña de publicidad llevada a cabo por las autoridades del agua y de la salud.

Para estos la cuestión no es solo paliar el problema del agua a corto plazo, sino proponer una solución para que los recursos sean suficientemente abundantes para suplir a los cerca de 500.000 nuevos habitantes que se espera vivan en el condado hacia 2020.- (EFE)

Bancaja invierte casi 12 millones de euros en acciones de Fadesa antes de la integración con Martinsa

VALENCIA.- Bancaja ha invertido 11,89 millones de euros en adquirir un 0,477% de Fadesa antes de la integración de la inmobiliaria con Martinsa, prevista para principios del próximo mes de diciembre, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la caja valenciana compró en el mercado continuo los pasados 15, 16 y 19 de noviembre un total de 540.685 títulos de la inmobiliaria.

Fuentes de la inmobiliaria indicaron que con estas inversiones Bancaja demuestra "la confianza en el futuro y en la marcha de la empresa".

Estas compras se unen a las anunciadas la pasada semana por el presidente y primer accionista de Fadesa, Fernando Martín, que invirtió 5,69 millones de euros en comprar a título particular acciones de la compañía representativas del 0,22% de su capital social; su segundo accionista, Antonio Martín Criado (1,24 millones de euros); su consejero delegado, Carlos Vela (unos 345.548 euros), y el consejero Joaquín Sánchez-Izquierdo (unos 13.000 euros).

Martinsa y Fadesa ultiman actualmente su integración en un nuevo grupo inmobiliario cotizado, que esperan cerrar en la primera semana del próximo mes de diciembre.

Bancaja acudió a la ampliación de capital de Martinsa para abordar la fusión con Fadesa. Tras la integración, Fernando Martín controlará el 44% de su capital y será su primer accionista, por delante de su socio Antonio Martín Criado (con un 14,6%).

Entre el resto de socios del nuevo grupo inmobiliario, Bancaja, los hermanos Salazar (Sos Cuétara) y el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián, tendrán entre un 6% y un 8%, y otras tres cajas alrededor de un 1% cada una. Su 'free float' será de entre el 20% y el 25%.- (EP)

Zapatero, un desconocido que ha sabido imponer su "talante"

MADRID.- El socialista José Luis Rodríguez Zapatero, un perfecto desconocido cuando ganó las elecciones legislativas de marzo de 2004, ha sabido ir forjándose el "talante" que pregonaba hace cuatro años y ganar popularidad para situarse por delante de su rival, el conservador Mariano Rajoy.

Con las medidas sociales tomadas por su gobierno, supo dejar atrás los apelativos de 'sosomán' y 'bambi' con que le adornaban sus detractores cuando ganó las elecciones por sorpresa en 2004 tras dos mandatos del conservador José María Aznar.

El matrimonio entre homosexuales, el divorcio exprés, la paridad en el Gobierno y la ley contra la violencia hacia las mujeres fueron las más destacadas.

Si estas medidas hicieron que se ganara los elogios de los socialistas en Europa, donde esta fuerza está en minoría, en los últimos días se ha dado a conocer internacionalmente como el hombre del diálogo y la tolerancia que siempre ha predicado.

El motivo: la tranquila pero firme defensa que hizo de Aznar ante el presidente venezolano, Hugo Chávez, en la reciente Cumbre Iberoamericana.

Pero el gobierno de Zapatero no sólo ha sido "social": la salida de las tropas españolas de Irak, el intento de diálogo con ETA para pactar el fin de la organización independentista armada vasca y la ampliación de las atribuciones a varias regiones también engrosan su haber.

Precisamente estas últimas fueron las iniciativas que centraron las mayores críticas de la oposición conservadora.

Zapatero, de 47 años, nació en Valladolid el 4 de agosto de 1960 y descubrió su vocación política a los 15 años, cuando su padre, hijo de un republicano fusilado al principio de la Guerra Civil (1936-39), le llevó a un mitin de Felipe González.

A los 18 años, poco después del restablecimiento de la democracia en España, se afilió al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y en 1986, con 26 años y una licenciatura de Derecho, se convirtió en el diputado más joven del Congreso.

Su ascensión meteórica le llevó a convertirse en 2000 en secretario general del partido, donde lideró el relevo de la generación de Felipe González, cuyos últimos años en el gobierno (1982-1996) fueron empañados por los escándalos.

Está casado con Sonsoles Espinosa y es padre de dos hijas.

Su partido comenzó la campaña en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso político, con varias medidas sociales como facilitar el acceso a la vivienda e incentivar los nacimientos, aprovechando la racha de crecimiento económico, del 3,8% previsto para 2007, y de superávit desde hace cuatro años.

En octubre el PSOE difundió un vídeo con el lema 'Con Z de Zapatero', en el que el secretario general del partido se presenta en actitud desenfadada y proponiendo "modernidaz, solidaridaz, igualdaz", bromeando con un defecto en su pronunciación.

El vídeo pretendía responder a una campaña del PP en el que alertaba del peligro de disgregación de España que los socialistas no ven.

En el plano de la política exterior, el gobierno de Zapatero rehizo en Latinoamérica las relaciones con Cuba y Venezuela y se ha acercado por similitud de miras con el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y la chilena, Michelle Bachelet, entre otros.

Pero a pesar de ello, las relaciones con Venezuela se han tambaleado en los últimos días tras las críticas de Hugo Chávez a Aznar y la inesperada salida del Rey de España.

Los intentos del gobierno de no romper las relaciones con Caracas le han valido las críticas de la derecha, que estima que el ejecutivo debe ser más duro con estos dos países y con la Bolivia de Evo Morales.

Pero la política del gobierno de apoyo a las empresas españolas en Latinoamérica no ha cambiado durante la nacionalización de la energía en Bolivia, los recortes a las multinacionales de Ecuador y ahora con las amenazas de Chávez, y sigue siendo incondicional.

Ayer fue, de nuevo, oficialmente proclamado candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno de España en las elecciones generales que se celebrarán el próximo 9 de marzo de 2008.- (AFP)

El Calzado pierde 13.504 trabajadores y más de 500 empresas desde el año 2000

ELCHE.- En 2006 el sector Calzado ocupaba a 33.521 personas, frente a las 47.025 del año 2000, mientras que el número de empresas existentes era de 2.283, frente a las 2.819 que había registradas en 2002.

En la Comunidad Valenciana, donde se concentra más del 60% de las empresas y trabajadores del sector, esta pérdida de empleo se ha notado más, según FICE, puesto que entre 2000 y 2006 ha habido una reducción de 9.645 empleos y de 418 empresas.

Otro casos significativos para la patronal del calzado es el de Castilla La Mancha, donde hay 945 trabajadores menos, el de las Islas Baleares, donde han perdido su puesto de trabajo 667 personas, y el de Aragón, donde han sido 775 las pérdidas de empleo en el sector.

En la ciudad de Elche, zona de referencia por su amplia tradición manufacturera, en septiembre de 2007 se contabilizaron 5.776 empleos menos que en el mismo mes del año 2000.

En el caso de las empresas, cerca de un millar (976 empresas) se han desvinculado de la industria manufacturera en Elche.

El secretario de la Asociación de Industriales del Calzado de Elche (AICE), Pedro Méndez, ha reconocido que desde que comenzó la crisis, en 2001, se han perdido puestos de trabajo y empresas del sector, pero ha asegurado "que las pérdidas han sido mínimas porque la crisis no ha supuesto la desaparición de la industria, tal y como ocurrió en otros países como Alemania y Estados Unidos".

Para Méndez, el sector ha logrado superar la crisis que se desató en 2001 como consecuencia de la liberalización del mercado y la competencia de países emergentes, que cuentan con mano de obra más barata.

El secretario de AICE ha indicado que durante la crisis, tanto la patronal como las administraciones públicas, tomaron medidas para paliar esta situación, "lo que ha permitido que se haya cambiado el signo negativo del sector y aumenten las exportaciones".

Una de esas iniciativas ha sido la puesta en marcha del Plan de Apoyo al Calzado que se firmó el pasado 25 de octubre en Elche y que entrará en vigor el próximo año.

Para Méndez, además de las ayudas directas a las empresas, "este documento contempla medidas socio-laborales muy importantes para los trabajadores del sector" y, aunque ha anunciado que el sector vivirá otras crisis en el futuro, se ha mostrado optimista respecto al futuro del sector.

En una visita reciente a Elche, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, apuntó que el Plan de Apoyo al Calzado "pretende mejorar las expectativas de futuro para la industria del calzado y que no se pierda más empleo, sino que se genere".

Menos optimista es el secretario general de la Federación de Industrias Afines de UGT (FIA-UGT) del Baix Vinalopó, Juan Antonio Maciá, quien ha señalado que es "difícil que el Plan de Apoyo al Calzado reduzca la espiral de cierres de empresas del sector".

Para Maciá, uno de los principales inconvenientes del sector es que las empresas nacionales de calzado "cada vez producen menos en España y han optado por fabricar gran parte de su producción en otros países con más ventajas económicas debido a la mano de obra más barata".- (EFE)

COEPA y CAM sellan un acuerdo para impulsar la internacionalización de las empresas alicantinas

ALICANTE.- La Confederación de Organizaciones Empresariales de la provincia de Alicante (COEPA) y Caja Mediterráneo (CAM) han suscrito un acuerdo de colaboración para impulsar la internacionalización de las empresas alicantinas.

EFE Para ello, ambas entidades se han comprometido a establecer actividades de promoción y desarrollo, tanto conjunta como separadamente, de sus respectivos productos y servicios, según han informado fuentes de la entidad de ahorros.

Al acto de firma han acudido el presidente de Caja Mediterráneo, Vicente Sala, y el máximo responsable de la patronal alicantina, Modesto Crespo.

Las actividades sobre las que se establece la colaboración entre ambas instituciones se centran en aquellas que tengan carácter informativo, promocional, formativo y de financiación.

En concreto, Caja Mediterráneo se compromete a ofrecer sus líneas especiales de crédito y servicios bancarios para las empresas alicantinas con actividad internacional.

Además, con la firma del presente acuerdo Caja Mediterráneo pasa a ser Entidad Colaboradora del servicio de información y asesoramiento internacional de COEPA (Euro-Info-Centre).- (EFE)

Los sindicatos de la CAM no ven ni buenas ni oportunas las cuotas participativas

ALICANTE.- Los sindicatos UGT y CCOO difieren respecto a la decisión de la CAM de emitir cuotas participativas con un límite del 20 por ciento de su valor, ya que mientras el primero ha denunciado que es 'un paso hacia la privatización', el segundo ha afirmado que apoyará la operación 'si va en beneficio de la caja'.

Así lo han manifestado el secretario general de la Federación de Servicios de UGT-PV, Félix Fernández, y el secretario general de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO-PV, José María Mandingorra, quienes han coincidido en que 'no es un buen momento' para emitir las cuotas por la inestabilidad financiera actual.

Fernández ha considerado que la situación económica actual 'obliga a ser conservadores' y que la propuesta de la CAM 'no es una buena opción de gestión asumir estos riesgos en estos momentos', porque 'ahora es momento de consolidar internamente las entidades'.

En cambio, Mandingorra ha declarado que 'confía en la prudencia' de los directivos de esta entidad, quienes en su opinión 'no pondrán en marcha inmediatamente esta medida porque no es un buen momento', a pesar de que la propuesta se aprobará previsiblemente en la Asamblea General del próximo 14 de diciembre.

El secretario general de la Federación de Servicios de UGT ha explicado que la emisión de cuotas participativas por parte de Caja Mediterráneo (CAM) 'modifica la idiosincrasia de las cajas' y rompe el estatus de unas entidades que 'han tenido un papel fundamental en el desarrollo del sistema financiero español'.

'Aunque a corto plazo la emisión de las cuotas no otorgará a los grupos empresariales poder de decisión en la gestión de las cajas, a medio plazo los empresarios, que aspiran a decidir en qué invierten sus beneficios, presionarán para participar en la gestión del capital', ha manifestado Fernández.

Mandingorra ha opinado que la CAM ha ofrecido 'garantías suficientes' de que la emisión de participaciones no implica la privatización de la caja, porque en su opinión 'se ha blindado la operación para que ningún grupo se adueñe' de la entidad.

'La emisión de las cuotas participativas es un instrumento para continuar con la expansión de la caja, que necesita obtener liquidez para obtener otro tipo de deuda', ha mantenido Mandingorra.

Ha añadido que CCOO apoyará las decisiones de la CAM siempre que sean beneficiosas para la entidad y para sus trabajadores, porque este sindicato tiene 'principios, no prejuicios'.

Por su parte, el secretario general CCOO-PV, Joan Sifre, ha mostrado su 'preocupación' por la decisión de la CAM, y ha manifestado que en el seno del sindicato se está llevando a cabo un debate para establecer una postura común 'en una cuestión de profunda significación'.

'Es necesario garantizar que las cajas de ahorro continúen siendo el instrumento fundamental de financiación de la pequeña y la mediana empresa y queremos que no se embarquen en proyectos que puedan ser de mayor riesgo', ha manifestado Sifre.- (EFE)

La Casa Regional Valenciana de París celebra este sábado su 60 aniversario

PARÍS.- La Casa Regional Valenciana de París celebrará este sábado su 60 aniversario. Este centro valenciano, el más antiguo y numeroso de Europa con 366 socios, sirve desde 1947 como lugar de reunión para todos los valencianos que allí emigraron, según la Generalitat.

El titular de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, que acudirá al encuentro que se celebrará en París junto con el director general de Ciudadanía e Integración, Josep María Felip, destacó al respecto: "Es admirable cómo tras seis décadas de existencia la Casa Regional de París conserva la ilusión y las motivaciones de sus comienzos".

Así, resaltó que este centro valenciano "continúa siendo de referencia para los valencianos que aquí residen" y por ello "la celebración de su aniversario ha generado gran expectación".

El primer acto que se celebrará será un emotivo homenaje a cuatro valencianos ilustres especialmente vinculados con la capital francesa. Amado Granell, natural de Burriana y conocido como "el valenciano que liberó París". Jose Vidal Beneyto respetado catedrático de sociología natural de Carcaixent. Ramón López, compositor nacido en Alicante y el actual presidente de la Casa Regional, el algemesinense Juan Sampedro.

Por su parte, el domingo será la gran gala de clausura del 60 aniversario que tendrá como escenario el teatro Le Trianon, muy cercano al mítico Moulin Rouge. A este acto está previsto que acudan aproximadamente 450 personas.

"Serán dos días emotivos en los que celebraremos los 60 años de la Casa Regional Valenciana de París junto con sus más de 350 socios", manifestó Blasco. Fue precisamente el 8 de noviembre de 1947 cuando cincuenta trabajadores valencianos del mercado de Abastos de la ciudad del Sena decidieron crear el citado centro para conservar sus tradiciones y ayudar a todos los valencianos que por diversos motivos estuvieran residiendo en esa ciudad.

En la actualidad existen 40 Centros Valencianos en el Exterior (Cevex) repartidos por todo el mundo. Concretamente, en Europa, hay seis entidades. Todos ellos, independientemente de su situación geográfica, realizan actividades con el objetivo principal de mantener vivas las tradiciones y difundir la cultura valenciana, según las mismas fuentes.- (Agencias)

La Asamblea General de Bancaja escucha sin rechistar el relato de su presidente

VALENCIA.- La Asamblea General de Bancaja celebrada hoy en el Centro Cultural de la entidad aprobó hoy las líneas generales para 2008 de la caja presentadas por su presidente, José Luis Olivas, quien también hizo un repaso de la situación de la misma en 2007, dentro de la que destacó que los resultados del grupo a 30 de septiembre, con un aumento del volumen de negocio del 27,3% y un resultado neto del 19%, permiten a la entidad cumplir los objetivos del año 2007.

"Cerraremos 2007 con unos resultados típicos superiores a 2006, mejorando nuestro ratio de eficiencia y con una fuerte estructura de recursos propios", subrayó.

En este sentido, según informó la entidad en un comunicado, Olivas resaltó el excelente funcionamiento del plan de financiación de la entidad, la expansión internacional con la conversión en sucursal de la oficina de Miami, la apertura de una oficina hipotecaria en Londres y la apertura de la oficina en Lisboa, así como la ampliación en la participación de Iberdrola hasta el 6,03%, lo que convierte a Bancaja en el tercer accionista de la empresa líder en el sector eléctrico español y la cuarta del mundo por capitalización, o la constitución de Bancaja Inversiones.

En cuanto a las líneas generales de la entidad para 2008, apuntó que incluirán una gestión personalizada y especializada por colectivos de clientes, el desarrollo de la gama de productos y ganar eficiencia en la gestión de los activos. En este sentido, resaltó que en 2008 trabajarán "para sostener un ritmo de crecimiento vivo consolidado combinando seguridad, rentabilidad y fidelización. Además de persistir en la adecuación y capacitación de nuestros recursos materiales y humanos, así como profundizar en la responsabilidad social corporativa y en los postulados de buen gobierno".

Resaltó asimismo el esfuerzo realizado durante casi dos años en la remodelación del Centro Cultural Bancaja, inaugurado recientemente con la exposición 'Sorolla. Visión de España', y que está "equipado por los más modernos sistemas de seguridad, control y de gestión técnica centralizada que ha supuesto la unión de los dos edificios colindantes que suman un total de 12.000 metros cuadrados y que han permitido disponer de una gran sala de estudios, una ciberoteca, un salón de actos, cuatro salas de exposiciones y diez salas de usos múltiples todas ellas dotadas de tecnología de última generación".

Respecto a la Obra Social, explicó las actuaciones realizadas por la Fundación en las líneas de Jóvenes, con un incremento de presupuesto del 35 por ciento; Cultura, en la que lograron traer por primera vez a España los 14 lienzos que Joaquín Sorolla pintó por encargo de la Hispanic Society; y Desarrollo Social, con "múltiples acciones destinadas a la cooperación internacional y a los inmigrantes", entre otros.

Por su parte, el director general de la entidad, Aurelio Izquierdo, presentó para su aprobación las líneas generales para 2008, consistentes en "reforzar el enfoque de división frente al territorial, adecuando el actual sistema de distribución con el objeto de extender el enfoque de especialización a todo el ámbito de actuación, cubriendo el doble objetivo de incrementar y fidelizar la base de clientes y mejorar la capacidad y potencial comercial; mejorar la cuota de mercado, mediante la venta de productos de mayor vinculación y valor añadido" y "mantener nuestra estrategia de marca como elemento de diferenciación", resaltó.


Contemplan también "priorizar la calidad y rentabilidad sobre el crecimiento, primando la gestión de particulares frente a las grandes operaciones; consolidar las políticas dirigidas a la obtención de una adecuada calidad de las inversiones, mediante el correcto funcionamiento de las medidas de control, seguimiento y saneamiento de las mismas; presentar un adecuado nivel de capitalización y liquidez, realizando una apropiada gestión de los precios y de contención de gastos, con el objetivo de mantener los niveles de eficiencia y mejorar los ratios de rentabilidad; y mantener la aportación de las sociedades participadas al resultado del grupo".

Según explicó Izquierdo, Bancaja trabajará para "proseguir el desarrollo diferencial del modelo de responsabilidad social corporativa de Bancaja, su identificación con el entorno y su clara orientación hacia los clientes, y continuar con la implantación de las medidas de buen gobierno corporativo mediante un elevado nivel de compromiso, transparencia y autorregulación" y además, "gestionará los recursos formativos hacia la mejora de la capacidad profesional de los empleados, alineados al cliente y a los objetivos estratégicos dentro del modelo de gestión definido en el Compromiso Bancaja".

Asimismo, Aurelio Izquierdo destacó el mantenimiento de las calificaciones crediticias de Bancaja por parte de las agencias de calificación en los últimos estudios realizados, evaluando positivamente la adecuada evolución de la rentabilidad, eficiencia y solvencia, así como la diversificación aportada por el desarrollo de la red de oficinas, la menor concentración de la inversión hipotecaria respecto a la media del sector y la adecuada gestión realizada en el ámbito de la liquidez. - (Agencias)

El presidente de la CAM asegura que "bastantes" cajas de ahorro emitirán ahora cuotas participativas

ALICANTE.- El presidente de Caja Mediterráneo (CAM), Vicente Sala, se ha mostrado convencido hoy de que "habrá bastantes" cajas de ahorro que decidan emitir cuotas participativas y ha añadido que algunas entidades "ya lo están estudiando".

Sala ha sido preguntado por la decisión del Consejo de Administración de CAM de elevar a la Asamblea General de la entidad una propuesta para emitir cuotas participativas con un límite máximo del 20% del valor de la caja, en un plazo máximo de tres años, tras firmar un convenio para adelantar ayudas a las empresas valencianas afectadas por las lluvias de octubre.

Caja Mediterráneo es la primera caja de ahorros que decide emitir cuotas participativas para obtener "financiación" y su presidente se ha mostrado convencido de que bastantes cajas más lo harán también "porque lo están estudiando incluso".

El presidente de la entidad financiera confía en que la Asamblea General ratificará la decisión del Consejo de Administración, donde sólo hubo dos votos en contra de la propuesta, correspondientes a los representantes de los sindicatos, entre ellos UGT.

Por ello, se ha comprometido a "dialogar" con ellos, y con esta finalidad se han organizado "sesiones informativas" en las que se explican los detalles "pormenorizados" de la operación para que "opinen libremente".

Considera que se trata de una operación "sensata", que "está en la ley" y supone "una forma más" para las cajas de ahorro "de poder financiarse", además de una fórmula que "ninguna caja puede rechazar, otra cosa es que lo usen o no".

La emisión de cuotas participativas deberá ser aprobada por la Asamblea General que se celebrará el próximo 14 de diciembre, y se ha planteado para un plazo de tres años, un periodo que permitirá "salir a bolsa cuando la caja lo crea necesario y oportuno" y cuando los mercados "estén dispuestos", sin que para ello se haya concretado todavía la fecha.

El capital máximo de la emisión será del 20% del valor de la caja, un porcentaje cuyo importe "dependerá del momento" en que se realice la operación, y que se determinará gracias a una valoración externa para determinar el valor "global" de la entidad, que Sala sitúa en torno a los 4.000 ó 5.000 euros.

Sala también ha precisado que esta operación no implica "exactamente la salida a Bolsa" de Caja Mediterráneo, aunque ha explicado que "las cuotas participativas sí que cotizan y tiene un mercado", como "como cualquier otro derecho".

Po su parte, el vicepresidente, Ángel Martínez Martínez, explicó que la CAM "recogerá explícitamente su compromiso de que si el legislador en algún momento definiera la posibilidad de la privatización, las participaciones ahora emitidas serían recompradas por la Caja".

Así, apuntó que "en ningún momento la emisión de las participaciones puede conllevar, incluso con un cambio legislativo con carácter retroactivo, la privatización de la Caja".

En este sentido, añadió que "la Caja ha crecido en los últimos años de manera importantísima, y es hoy uno de los principales grupos financieros del país. Ha creado 1.500 nuevos empleos en los últimos años y quiere seguir creciendo a este nivel", afirmó Martínez, que apuntó que para seguir desarrollándose "hay que fortalecer y reforzar esta posibilidad".

La salida a Bolsa de la CAM "nos obliga a tener una mayor transparencia, esfuerzo y compromiso, que reafirmará la gran potencia de la entidad", concluyó.- (Agencias)