El Banco de España advirtió a la CAM de su gran concentración inmobiliaria en 2004, 2005 y 2006

VALENCIA.- El exdirector general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) Julián Atienza ha afirmado que el Banco de España (BdE) hizo constar "al menos en tres ocasiones" a los administradores de Caja Mediterráneo (CAM) que "tenía gran concentración en el sector inmobiliario", en 2004, 2005 y 2006, así como de los "efectos que podía tener" para la entidad esa importante exposición al riesgo inmobiliario.

   Así lo ha señalado el primer director general del FROB desde su creación en junio de 2009 hasta su renuncia en septiembre de 2011 durante su comparecencia en la comisión de investigación de la CAM en las Corts Valencianes, por la que ha pasado a continuación su sucesor, Mariano Herrera, quien ha repasado el proceso de venta de la entidad.

   A preguntas de los grupos de la oposición --PSPV, Compromís y EUPV-- por la labor de supervisión e inspección de las cajas realizada por el Banco de España a la vista del "panorama desolador" descubierto después, Atienza ha remarcado que la CAM presentaba "cuentas buenas", en las que "se veía que había una concentración importante en el sector inmobiliario y así se le hizo constar al menos en tres ocasiones a sus administradores".

   El que fuera director del Departamento de Inspección de Cajas del Banco de España de 2004 a 2008 ha asegurado que, de 2004 a 2006, instaron a los dirigentes de la CAM a que "tomaran medidas", pero "no es que no hicieran caso, es que hacían todo lo contrario" y que, de hecho, el peso inmobiliario aumentó del 20 al 25 por ciento y después al 30 por ciento en ese período.

   Además, ha recalcado que el BdE "no ha discriminado nunca a una entidad sobre otra", sino que "los criterios siempre han sido homogéneos", si bien "puede haber unos inspectores más duros y otros menos duros porque no hay dos profesionales que sean iguales", pero "eso no se manda a propósito".

 "Hay una circular de criterios contables que se tiene que aplicar", ha subrayado.

   Atienza ha destacado que "el principal responsable de cada entidad es el consejo de administración, que es el que ha decidido concentrarse en un sector y se ha equivocado", con independencia del papel de los supervisores, quienes se concentran en la solvencia de estas entidades y tuvieron que intervenir porque "no se puede dejar caer un sector financiero".

   En la misma línea, ha defendido que "la supervisión está para evitar crisis sistémicas", no de entidades concretas, fundamentalmente porque "no hay medios humanos" para realizar una inspección exhaustiva continua de todas las entidades, sino un "seguimiento trimestral de balances" para, en función de sus resultados, decidir "qué inspecciones se van a hacer".

   En cuanto al papel de la Generalitat y los contactos con los consellers de Economía por los que se interesaban el socialista Ángel Luna y Mireia Mollà, de Compromís, ha indicado que no tuvo "ninguna conversación" con el Gobierno valenciano, salvo un contacto con el exconseller José Manuel Vela, con quien coincidió cuanto se intervino la CAM y se "saludó".

 "Qué hacía Vela en la CAM, no lo sé", ha confesado ante las preguntas de la oposición por ese encuentro.

   El representante de EUPV Lluís Torró le ha preguntado por "irregularidades" detectadas en la CAM como "sueldos mal regulados, excesivos para administradores, que no correspondían", a lo que Atienza ha replicado que "era un tema en el que el Banco de España no entraba porque se entendía que era competencia de las comunidades autónomas", mientras que el organismo estatal "era supervisor de la solvencia y de las normas establecidas para los bancos".

   A preguntas de Vicente Betoret (PP) por esa competencia autonómica sobre los sueldos de los administradores, Atienza ha insistido en que "eran competencia de las comunidades autónomas" dado que hubo un "conflicto competencial" y "el Tribunal Supremo dictaminó que el Banco de España tenía competencia sobre la solvencia y se puede interpretar que -el tema de los sueldos-- era competencia de las comunidades autónomas".

   En cuanto al proceso seguido con la CAM, el ex director general del FROB ha detallado los pasos dados y ha insistido en que el SIP para la creación de Banco Base "se rompió porque no se pusieron de acuerdo sus miembros" y en que "era mucho más económico vender la CAM que liquidarla".

   Sobre esta cuestión, Mariano Herrera ha cifrado el coste de la venta a Banco Sabadell --al que adjudicó la entidad alicantina por un euro-- en "unos 8.000 millones de euros", 5.249 millones correspondientes a la inyección inicial de capital y "2.600 o 2.700 de pérdida esperada" por el esquema de protección de activos establecido para un período de diez años.

   A su juicio, "es un coste enorme, pero muy inferior al de una liquidación", que se estimó por parte de los expertos independientes en "entre 16.500 y 19.500 millones de euros".

   A preguntas de la oposición, ha recalcado que esa adjudicación "se diferencia en todo de un regalo" porque el Sabadell requirió esos fondos "para que la operación pudiera ser factible", al entender que "el deterioro de los activos de CAM era tal que los pasivos eran muy superiores y para que compensara, necesitaba eso".

   "El FROB está vendiendo un banco, que son unos activos y pasivos, y si los pasivos valen más, hay que pagar la diferencia, eso no es un regalo y la prueba es que ninguna otra entidad hizo una oferta", ha sentenciado Herrera, quien "desearía que hubiera habido mejores ofertas".

   Sobre la posibilidad de que las declaraciones de Fernández Ordóñez acerca de que "la CAM era lo peor de lo peor" influyesen en el proceso, ha subrayado que "estas entidades no se basaban a la hora de hacer ofertas o en un conocimiento superficial y en alguna frase que han oído, sino en un análisis a fondo de todos los activos, pasivos y contingencias de la entidad".

   Por otro lado, ha asegurado que "es mucho más difícil que los supervisores vean cosas que son indicio de delito porque no es su función, que es la solvencia, y no es lo mismo ser supervisor que administrador de una entidad". 

Así, ha explicado que "el FROB --y no el BdE-- es el que tiene acceso a toda la información", incluida alguna "muy útil" en este sentido como "correos electrónicos y otros papeles que no se entregan al Banco de España y otros supervisores".

El Ministerio de Medio Ambiente no subirá el precio del agua que llega por la MCT

MURCIA.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha trasladado a los alcaldes de Murcia, Lorca, Cartagena, Alicante, Elche, así como a los miembros del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), que "no se realizará el incremento del precio del agua y se paralizará cualquier actuación".

   Así lo ha comentado en un contacto con los medios el alcalde de Murcia, el oriolano Miguel Ángel Cámara, quien ha asegurado que Ramos se comprometió también en dicha reunión a "estudiar las propuestas y trabajar en una global que contemple todos los aspectos relacionados con los abastecimientos de agua".

   En dicho encuentro, celebrado el martes en Madrid y al que también acudió la directora General del Agua, Liana Sandra Ardiles, se solicitó la modificación del convenio entre esta entidad y Acuamed para reducir el volumen del agua desalada, así como el precio de la misma, "motivada por la entrada en funcionamiento de las nuevas desaladoras de Torrevieja y Águilas", ha explicado Cámara.

   Al hilo, Cámara ha comentado que el secretario de Estado de Medio Ambiente "se mostró receptivo y entendió el planteamiento de los alcaldes presentes en la reunión".

   Los alcaldes han recordado que el anterior gobierno socialista, presidido por Zapatero "obligó a la MCT a firmar un convenio de compra de agua desalada para trasladar el coste de las desaladoras a los usuarios de Murcia y Alicante".

   El acuerdo, ha mantenido Cámara, "supuso un incremento desmesurado de precios y una discriminación hacia los más de dos millones de españoles que residen en el Sureste frente a los habitantes de las demás regiones".

   "Es una muestra más de la política errónea de construcción de desaladoras desarrollada por el Gobierno socialista en su afán por marginar a las regiones mediterráneas y supone una pesada herencia que pretende trasladar a las economías domésticas aquella caótica y mala política de agua que, si no se corrige, volverá a castigar a murcianos y alicantinos", ha asegurado Cámara.

   Y es que, ha criticado, "se ha pretendido trasladar los costes de las infraestructuras de la desalación solo a los usuarios del agua de Alicante y Murcia"; algo que, a su juicio, "no era justo, porque es una infraestructura general no necesaria, construida por un capricho del Gobierno del PSOE contra las regiones del Mediterráneo".

   "Si es una actuación de Estado es una infraestructura estatal y debe ser financiada con la solidaridad de todos los españoles, como ha ocurrido con otras infraestructuras y desaladoras de las mismas características, como Cataluña, financiada con fondos generales y pedíamos ese mismo trato", ha subrayado Cámara.

   De ahí que los alcaldes de los municipios con mayor población integrados en la MCT manifestaran al secretario de Estado su oposición a los convenios establecidos y han planteado que las inversiones realizadas por Acuamed con aportación del Estado para la construcción de las plantas sean asumidas por todo el país, como ha ocurrido anteriormente en Cataluña y las comunidades insulares.

   Asimismo, han insistido en la imposibilidad de incorporar a la red el total del agua a producir por las desaladoras, ya que su coste de funcionamiento resultaría inviable, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Murcia.

   Los alcaldes han remarcado, además, a Ramos la necesidad de que la MCT mantenga el régimen jurídico-administrativo de funcionamiento actual, ya que a lo largo de toda su historia "ha contribuido de una forma eficiente, eficaz y sostenible a garantizar el abastecimiento de agua a todos los municipios de su ámbito".

Los alcaldes solicitan la modificación del convenio entre MCT y Acuamed para reducir el precio del agua desalada

MURCIA.- Los alcaldes de los municipios con mayor población abastecidos por la Mancomunidad de Canales del Taibilla han solicitado este martes la modificación del convenio entre esta entidad y Acuamed para reducir el volumen del agua desalada, así como el precio de la misma. 

   La petición se ha producido esta tarde, en la reunión mantenida con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y la directora General del Agua, Liana Sandra Ardiles, a petición del comité ejecutivo de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

   A la misma han asistido el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, las alcaldesas de Alicante, Sonia Castedo; Cartagena, Pilar Barreiro; y Elche, Mercedes Alonso; así como el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, y el presidente de la MCT, Adolfo Gallardo.

   Los alcaldes han recordado que el anterior gobierno socialista, presidido por Rodríguez Zapatero, obligó a la MCT a firmar un convenio de compra de agua desalada para trasladar el coste de las desaladoras a los usuarios de Murcia y Alicante.

   El acuerdo, ha mantenido Cámara, "supuso un incremento desmesurado de precios y una discriminación hacia los más de dos millones de españoles que residen en el Sureste frente a los habitantes de las demás regiones".

   "Es una muestra más de la política errónea de construcción de desaladoras desarrollada por el Gobierno socialista en su afán por marginar a las regiones mediterráneas y supone una pesada herencia que pretende trasladar a las economías domésticas aquella caótica y mala política de agua que, si no se corrige, volverá a castigar a murcianos y alicantinos", ha asegurado Cámara.

   Los alcaldes de los municipios con mayor población integrados en la MCT han manifestado al secretario de Estado su oposición a los convenios establecidos y han planteado que las inversiones realizadas por Acuamed con aportación del Estado para la construcción de las plantas sean asumidas por todo el país, como ha ocurrido anteriormente en Cataluña y las comunidades insulares.

   Asimismo, han insistido en la imposibilidad de incorporar a la red el total del agua a producir por las desaladoras, ya que su coste de funcionamiento resultaría inviable, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Murcia.

   Los alcaldes han remarcado, además, a Federico Ramos la necesidad de que la MCT mantenga el régimen jurídico-administrativo de funcionamiento actual, ya que a lo largo de toda su historia "ha contribuido de una forma eficiente, eficaz y sostenible a garantizar el abastecimiento de agua a todos los municipios de su ámbito".

   En este sentido, han reiterado también que la MCT nunca se ha financiado con cargo a los presupuestos generales del Estado, sino por los recursos generados por los usuarios. De esta forma, alicantinos y murcianos han amortizado y costeado todas las infraestructuras destinadas al abastecimiento de agua potable sin necesidad de recursos externos.

   "Obligarnos a asumir costes derivados de decisiones políticas sectarias y partidistas promovidas por los gobiernos socialistas sería un atropello para los habitantes del Sureste, simplemente por vivir en una de las zonas de mayor actividad económica y riqueza del territorio", han concluido.

   Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente se ha mostrado receptivo y ha entendido el planteamiento de los alcaldes presentes en la reunión, a quienes ha manifestado su disposición a estudiar la propuesta y no adoptar ninguna decisión hasta que se elabore una propuesta global. De este modo, según han informado las mismas fuentes, el posible incremento del precio provocado por las desaladoras no se llevará a efecto.

Banco Sabadell ampliará capital en hasta 1.400 millones de euros tras adquirir la CAM

MADRID.- Banco Sabadell anunció este lunes una ampliación de capital de entre 1.300 millones y 1.400 millones de euros, tras adquirir la CAM, y así reforzar su solvencia y dar entrada a nuevos accionistas internacionales significativos.

La operación permitirá al inversor financiero colombiano Jaime Gilinski convertirse, a través de su vehículo de inversión Itos Holding, en el principal accionista del banco con alrededor de 5 por ciento de la entidad, según fuentes cercanas a la operación, y al fondo estadounidense Fintech en un inversor de referencia.

La entidad señaló que adoptó esta ampliación de capital "tras constatar el creciente interés de inversores internacionales por entrar en el capital de Banco Sabadell como accionistas estables y sumarse así a su proyecto empresarial".

El anuncio de esta operación llega en un momento en el que la solvencia de la banca se ha convertido en una de sus principales prioridades antes de afrontar en 2014 una prueba de resistencia en Europa.

Sabadell señaló que la operación le permitirá reforzar su balance tras las últimas adquisiciones realizadas en España y situarse entre los bancos mejor capitalizados de Europa, con un ratio proforma de Core Tier 1 de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) por encima del 11 por ciento.

En junio de 2012, el Gobierno español solicitó un crédito europeo de hasta 100.000 millones de euros para sanear a la banca española repleta de activos tóxicos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de 2007, de los que ha recibido hasta las fecha 41.300 millones de euros.

Además, la banca española afrontará a finales de septiembre un ejercicio de transparencia en el que deberá incrementar las provisiones para afrontar la correcta reclasificación de los créditos refinanciados, considerados en el mercado como una fuente de pérdidas ocultas de la banca española.

En un intento por mejorar la transparencia y generar más confianza entre los inversores, Banco Sabadell desveló el lunes los resultados de una prueba de resistencia independiente encargada por el propio banco a la consultora Oliver Wyman.

La prueba de resistencia realizada en julio y septiembre contiene distintos escenarios macroeconómicos para el período junio 2013 a diciembre de 2016.

Según las conclusiones de este informe fechado el 6 de septiembre y divulgado el 9 de septiembre por la propia entidad, en el escenario central Banco Sabadell arrojaría unas pérdidas acumuladas en la cartera crediticia de 11.600 millones de euros y en la cartera de activos adjudicados un quebranto de 7.400 millones de euros.

En el escenario más pesimista, la entidad registraría unas pérdidas de 14.300 millones de euros en su cartera crediticia y 8.700 millones de euros en la cartera de activos.

Según este informe, la entidad lograría un exceso de capital de capital de 5.800 millones en el escenario central y un superávit de solvencia de 2.400 millones de euros en el escenario pesimista sobre un requisito de capital core Tier-1 (mide el nivel de solvencia de las entidades) sobre activos ponderados por riesgo del 9 por ciento para ambos escenarios.

Sabadell explicó el lunes que el primer aumento de las dos operaciones de capital se compone de un importe de hasta 650 millones de euros, de los que ya hay comprometidos 425 millones de euros (275 millones corresponden a Itos Holding del inversor colombiano y 150 millones de euros a Fintech Investments). Esta operación se realizará a un precio de 1,64 euros por acción, lo que implica un descuento del 8,9 por ciento respecto al cierre de mercado del lunes de 1,801 euros.

Este primer aumento se llevará a cabo mediante una colocación privada acelerada (accelerated bookbuilding) e incluye 30 millones de acciones propias exclusivamente a inversores cualificados.

El número máximo de acciones objeto de la colocación acelerada asciende a 396,3 millones de títulos. Asumiendo su completa colocación, la ampliación supondría un 13,36 por ciento de Sabadell antes de la colocación acelerada y un 11,89 por ciento con posterioridad a esta operación.

El segundo aumento de capital, dirigido a los accionistas de Banco Sabadell, consiste en un aumento de capital con derechos de suscripción preferente y se llevará a cabo inmediatamente tras completarse la colocación acelerada de la primera ampliación.

En la segunda ampliación, las acciones se ofrecerán al precio de 1,10 euros por acción y los derechos de suscripción preferente cotizarán del 16 al 27 septiembre.

En este tramo de la ampliación, el descuento asciende a casi 39 por ciento sobre el cierre del lunes.

Las acciones empezarán a cotizar en el mercado el próximo día 8 de octubre y tendrán los mismos derechos económicos y políticos que las actualmente cotizadas.

La operación está asegurada en su totalidad por Deutsche Bank AG y JP Morgan Securities International, indicó Banco Sabadell.

La Subdelegación del Gobierno prohibe la cadena humana prevista en Guardamar al no comunicarla en tiempo

ALICANTE.- La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha denegado a Acción Cultural del País Valencià la celebración de una nueva cadena humana 'Per la llengua i la llibertat' prevista en la localidad de Guadamar del Segura ya que se considera "no comunicada" porque se incumplió "notoriamente" el plazo establecido en la legislación para hacerlo y porque la persona física que realizó la comunicación no acreditó la representación que afirmaba ostentar.

   Así consta en la resolución de la Subdelegación ,con fecha de este jueves, donde se especifica que contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 48 horas desde la notificación.

   ACPV anunció el pasado viernes una convocatoria para este martes, a las 17.07 horas, de una cadena humana 'Per la llengua i la llibertat' en Guardamar, "el último pueblo donde se habla valenciano, en el extremo meridional de los territorios de habla catalana".

   Según informó la entidad, además de la cadena humana, para la que preveían facilitar automóviles desde Crevillente y Elche para quienes quieran participar, realizarían una concentración en la Plaza Jaume II, en el Monumento a la cultura y lengua común.

   En la comunicación, con fecha del viernes 6 de septiembre y firmada por un representante del Casal Jaume I de Crevillent-ACPV, se hacía constar la intención de la entidad de realizar una cadena humana "valenciana" para la "reivindicación del valenciano, lengua común y compartida con Catalunya y las Islas Baleares, como lengua vehicular en todos los ámbitos de la administración pública y, además, expresar de manera pacífica y alegre la necesidad de profundizar en el autogobierno de los valencianos".

   Igualmente, se señalaba la voluntad de defender "la libertad del pueblo valenciano de expresar de manera democrática el grado de autogobierno que desee lograr y la solidaridad con el resto de pueblos que se encuentran en una situación igual o parecida".

   En la resolución, el subdelegado del gobierno en funciones, dispone que, a raíz del escrito recibido, se considera "no comunicada" la reunión ya que el plazo previsto en la legislación "ha sido notoriamente incumplido" y añade que no se acredita por la persona física que realiza la comunicación la representación "que dice ostentar".

   En este sentido, se señala que el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/83 establece que la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se deberán comunicar con una antelación de diez días naturales "como mínimo" y 30 "como máximo". Si se trata de personas jurídicas, la comunicación deberá hacerse por su representante. En el caso de que existan causas "extraordinarias y graves" que justifiquen la "urgencia" de la convocatoria, la comunicación podrá hacerse con una antelación mínima de 24 horas.

   Subdelegación comunica a los organizadores o promotores de la concentración que, según la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones incumpliendo la norma 9/1983 que regula el derecho de reunión es "responsabilidad de los organizadores o promotores" y constituye una infracción grave o muy grave a la norma.

Economía licita por 478.950 euros el stand de la Comunitat en Fitur 2014, un 5% menos

VALENCIA.- El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica este lunes la licitación de la fabricación y montaje del stand de la automía en la Feria Internacional del Turismo Fitur 2014 por un importe de 478.950 euros más IVA.

   Así lo ha señalado la Conselleria de Economía, que ha resaltado que el valor estimado del contrato del anuncio de este año reduce en más de 30.000 euros el importe máximo de licitación del stand de la Comunitat Valenciana de la pasada edición, en concreto un 5 por ciento menos con respecto al presupuesto de licitación para el stand de Fitur 2013.

   El anuncio de licitación se publicó el pasado 28 de agosto en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y, tal y como publica hoy el DOCV, los interesados pueden presentar sus solicitudes durante los 40 días siguientes a la publicación del anuncio en el DOUE, es decir, el plazo finalizará el próximo 5 de octubre.

   Este anuncio de licitación comprende la creatividad, el diseño, el proyecto técnico, la construcción, la instalación, la decoración, el transporte, el montaje, desmontaje y mantenimiento del stand ferial para la presentación de la oferta turística de la Comunitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo, Fitur'14.

   La Generalitat, a través de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo pretende "priorizar en su política turística de cara al ejercicio del año que viene, todas aquellas acciones claves y estratégicas para el sector turístico, y que además supongan un incremento en las oportunidades de negocio para las empresas turísticas", subrayan desde este departamento.

   Por ello, la próxima edición de Fitur 2014, que tendrá lugar del 22 al 26 de enero, la Comunitat Valenciana asistirá con un stand más tecnológico y con un mayor enfoque a la zona de negocio.

   Para la próxima edición del certamen, la Conselleria apuesta "por un uso eficaz del stand, aumentando su uso profesional, la orientación al cliente final y a todas las empresas de touroperación interesadas en comercializar la oferta turística de la Comunitat Valenciana".

   En 2014 la Comunitat Valenciana seguirá participando con un único stand para todas las marcas, con el objetivo de presentar una imagen como destino más potente y, además, evitar duplicidades y reducir costes.

   Así, el stand de la Comunitat Valenciana mantendrá, en la próxima edición de Fitur, los espacios existentes destinados a uso profesional, como la zona business, además de nuevos espacios con enfoque más tecnológico.

   El stand de la Comunitat estará ubicado como cabecera en el pabellón 7, asegurando así la máxima visibilidad y afluencia de público. En la próxima edición, el stand ocupará una superficie de 1.545 metros cuadrados, frente a los 1.643 metros cuadrados del año pasado, es decir, algo más de un 5% menos.

   Asimismo, en el expositor habrá una gran plaza central con un escenario para actividades de promoción e institucionales. Además, el stand contará con un espacio para la Tourist Info S.XXI y un punto informativo Travel Open Apps.

   Además, continuará contando con espacios de uso para prensa con todo tipo de medios técnicos, el tradicional show cooking para mostrar las especialidades gastronómicas de los destinos turísticos, así como espacios de uso profesional como la zona business y la zona para empresas.