Un
manifiesto titulado '
Contra el confinamiento de la población' pide poner
fin a la medida del confinamiento
por ser "fascista, ineficaz, humillante, traumatizante y destructiva”.
La decisión del Gobierno, sostienen los firmantes, está "aniquilando la
economía española, con el pretexto de proteger a las personas más
afectadas por la epidemia en curso", esto es, para garantizar la
seguridad de quienes "tienen más de 60 años, rango demográfico en el que
se concentran el 96% de fallecidos".
Los firmantes "se oponen absolutamente a susodichas medidas" y recalcan que son "mayores de 70 años": Juan José R. Calaza, Andrés Fernandez Díaz, Joaquín Leguina y Guillermo de la Dehesa.
Por ello, han lanzado un manifiesto en el que "explican detalladamente
las razones técnicas, generacionales, económicas y humanas de su
oposición" a un confinamiento que es "una medida fascista, ineficaz, humillante, traumatizante y destructiva que supone más problemas que soluciones".
"Sorprende la visión cortoplacista y chapucera de medidas draconianas, tomadas en España,
cuyos impactos económicos, familiares, penales, intelectuales,
laborales, afectivos, físicos, síquicos, etc., debidos al confinamiento
obligatorio, serán sin duda devastadores", aseveran, sobre una medida
que califican de “arresto domiciliario”,
"sin que en este caso previamente haya habido juicio ni sentencia, y es,
por ende, una medida de dudosa legalidad adoptada brutal e
irracionalmente, sin ningún tipo de base científica".
El manifiesto íntegro
Los
abajo firmantes tenemos 60 años o más (algunos rondamos los ochenta)
categoría demográfica en la que se han registrado hasta la fecha 96% de
fallecimientos por la Covid-19 en España. Sucede que si los abajo
firmantes hemos vivido hasta edades relativamente avanzadas es porque
en la juventud, nuestros padres y nosotros, entendimos que los contagios
forman naturalmente parte de la vida en sociedad al potenciar la
inmunidad de grupo. Lo cual no excluye estimular el avance de la ciencia
en vacunas. Ahora, en nuestro nombre se han tomado medidas de
confinamiento que estigmatizan a las personas mayores haciéndolas
responsables, ante los jóvenes, del desastre económico que en marcha por
no hablar del que nos espera. Y tanto es así que partidos políticos
anti-constitucionalistas e independentistas propugnan medidas de
confinamiento extremosas, descontando una crisis peor que la del 2008,
en aras de abonar el terreno a sus nefastas y no ocultadas pretensiones.
Los abajo firmantes nos oponemos al confinamiento –por ineficaz,
humillante, traumatizante y destructivo- y apelamos a la
responsabilidad individual adoptando personalmente medidas de
protección en orden al distanciamiento social aunque aconsejamos aplicar
el poder coercitivo del Estado en cuanto a la obligatoriedad de
mascarillas y guantes fuera del hogar.
Asimismo,
solapando cálculos sobre dos años, teniendo en cuenta que quizás vuelva
estacionalmente la enfermedad, incluso poco después de poner fin al
confinamiento, consideramos que, si bien es preferible no infectarse
nunca, la infección de parte de la población, digamos el 70%, propulsa
una forma de Herd immunity. La cual protegerá a los mayores el próximo
invierno habida cuenta que muchas personas son reacias a vacunarse y
desconocemos los efectos secundarios de una eventual vacuna. El contagio
ha sido, de todas formas, imparable y seguirá. La tasa de letalidad
real posiblemente sea baja, doble en hombres que en mujeres siendo la
incidencia igual en ambos sexos, pero sube en general a partir de 60
años, especialmente en varones mayores de 80 con patologías previas que
representan el 50% de fallecimientos. En España, ciertamente, salimos
perjudicados respecto a Corea del Sur por un factor 1,4 (14% de la
población con más de 70 años; 10% en Corea) pero la gran diferencia en
el número de fallecidos en ambos países radica en la utilización de
mascarillas fuera del hogar: inmediatamente obligatorias en Corea del
Sur en los primeros focos. Al no haber medicación milagrosa contra la
Covid-19 en manos de un solo país, los sistemas de salud de los países
occidentales son, prácticamente, igualmente eficientes. No lo son en
cuanto al día a día de otras enfermedades. Están muriendo personas en
España por causas distintas a la Covid-19 al crearse plétoras y cuellos
de botella en urgencias. Es un mito que el “aplanamiento” de la curva
epidémica por confinamiento de la población salve muchas vidas. Y las
pocas que relativamente pudiese salvar, en el corto plazo, sería a
costa de multiplicar los fallecimientos en el medio y largo plazo. El
aplanamiento de la curva evita, quizás tropeles en urgencias, pero no
frena los contagios en medio y largo plazo. Pocas vidas salva la
descongestión de urgencias. Lo que salva vidas es la prevención y
utilización masiva de mascarillas cuando aún no se ha alcanzado un
umbral critico de contagio y protegiendo, desde un principio, a ancianos
que difícilmente pueden asumir su propia protección en residencias y
otros lugares.
No obstante, hay
que relanzar inmediatamente la economía para que jóvenes y trabajadores
en general no sufran las consecuencias de la voladura del entramado
económico. Un Estado endeudado por el desmoronamiento económico carecerá
de medios para mantener un sistema de salud eficiente capaz de salvar
vidas en el futuro. El aplanamiento de la curva epidémica, en el corto
plazo, solo se consigue, eventualmente, con un inasumible coste
económico siendo, en el medio/largo plazo, peor el remedio que la
enfermedad. La tasa de letalidad en trabajadores es muy baja, menos del
0,4%, inferior, por ejemplo, a la de la gripe (influenza) que cursa en
este momento: 0,8%. No se puede cerrar una fabrica de automóviles por
una gripe; mucho menos, toda la economía. Hay que volver a poner el país
a producir. Si en las guerras se pide a los jóvenes que den un paso al
frente para defender la Patria, en la actual situación somos las
personas mayores de 60 años las que decidimos asumir el sacrificio
moral, y eventualmente vital, por los jóvenes y el resto de la
población. Con todo, ello no justifica que las personas con baja
esperanza de vida sean relegadas en urgencias: la persona sintomática
grave que llega debe ser atendida antes que la siguiente.
Incoherentemente, la discriminación contradice de lleno la finalidad del
confinamiento: no se confina a la población para evitar el contagio a
personas de menos de 60 años, con baja tasa de letalidad, sino con más
de 60, que, por definición, tienen menor esperanza de vida. Ni cabe
posponer la atención a una persona de 95 años, con baja esperanza de
vida, en favor de otra de 65 con esperanza superior por su estado
general de salud. La dignidad de la persona, de cualquier persona, no
debe jerarquizarse por aplicación discriminatoria de discutibles
criterios de eficacia utilitarista.
En
una joya del profesionalismo científico, John P. A. Ioannidis (“A
fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are
making decisions without reliable data”, 17/03, STAT) Professor of
medicine, of epidemiology and population health, of biomedical data
science, and of statistics at Stanford University, argumenta
solventemente que los datos suministrados por distintos gobiernos y la
OMS son un completo fiasco en cuanto a la confianza que podemos
depositar en ellos. La principal laguna es que no sabemos cuántas
personas han sido infectadas realmente hasta hoy por el virus
Sars-CoV-2. Sin información fiable es arriesgado tomar decisiones,
difícil corregir el impacto de la pandemia y probable cometer
monumentales dislates. Ejemplo canónico de dislate: el estado de alarma
impuesto en España. No así en países que confían más en la autonomía y
responsabilidad personal respetando cierto distanciamiento social.
Guantes y mascarillas, incluso de buena fabricación casera, son
realmente las únicas medidas de protección relativamente eficaces. Y
quienes deseen confinarse voluntariamente son libres de hacerlo.
Esto
es lo importante. Posicionarse contra el confinamiento obligatorio no
excluye que las personas con riesgo se confinen y tomen voluntariamente
todas las medidas de protección necesarias y recaben la protección del
Estado que debe ser la misma en toda España. Lo otro, “aplanar la
curva” y “el dilema entre mitigar y suprimir” son pamplinas dado el
desconocimiento general de la verdadera tasa de letalidad del virus
emergido en noviembre 2019. Ni el intimidatorio modelo matemático del
Imperial College de Londres se sostiene en datos sólidos, de ahí que
dispare en todas direcciones esperando acertar en alguna. El modelo
anticipa el número de muertos en ausencia de medidas de distanciamiento
social, sin conocer la tasa real de letalidad, pero los modelistas
evitan estimar precisamente los fallecimientos si se aplican las
susodichas medidas. Dicen que las medidas adoptadas ya han salvado
vidas. Cómo lo saben comparativamente si no se han aplicado medidas
alternativas, verbigracia, concentrando los esfuerzos en evitar el
contagio de persona con patologías. Obviamente, desconoceremos la
capacidad predictiva del modelo.
Sorprende
la visión cortoplacista de medidas draconianas, tomadas en España,
cuyos impactos económicos, familiares, penales, intelectuales,
laborales, afectivos, físicos, síquicos, etc., debidos al confinamiento
obligatorio, serán sin duda devastadores. Esas medidas, confinamiento y
distanciamiento social, no garantizan la disipación estacional de la
pandemia ni evitan su vuelta, el próximo otoño. Por no hablar de la
economía, a la que se le planta literalmente fuego con el señuelo de
cientos de miles de millones de euros que van a dejar caer desde
helicópteros. Es lamentable que países latinos europeos que han
pulverizado sus economías, consecuencia de las exageradas medidas
impuestas, pidan a Holanda y Alemania que las salven emitiendo
eurobonos. Más razonablemente -contraejemplo de esa miopía decisoria
impuesta irracionalmente a una sociedad absolutamente desinformada,
aterrorizada y sin datos fiables en que apoyarse- algunos países
calculan integrando los efectos de la pandemia este año y el próximo con
la estructura productiva en funcionamiento, en la medida de lo
posible, para evitar el colapso económico susceptible de debilitar los
sistemas nacionales de salud en el futuro.
La
situación es tan grave desde el punto de vista científico que ningún
país dispone de datos en los que se pueda confiar suficientemente, esto
es, nadie conoce la prevalencia del virus en una muestra aleatoria no
sesgada representativa de la población general. A medida que hospitales e
improvisados centros se vean desbordados solo se harán pruebas a los
casos más severos, de mayor riesgo aparente, con lo cual aumentará la
letalidad artificialmente empeorando el sesgo de selectividad. El primer
fallecido de la Covid-19, en España, fue diagnosticado post mortem, no
estaba en las listas de infectados reportados.
Suponiendo que en ese
momento hubiese 100 personas contagiadas, con un R0 cercano a
3 para el Sars-CoV-2, pueden estimarse alrededor de 500.000/800.000
infectados en pocos días días. Con crecimiento exponencial, si el
número de infectados dobla en seis días, la mitad, desde el principio de
la infección, se habría infectado los seis últimos días. En cualquier
caso, el número de infectados reales es entre 12 y 15 veces superior al
reportado por el Gobierno. Con esos datos, no sorprendería que el
sacrificio económico resultase inútil al ser inevitable el contagio de
gran parte de la población sin haber previsto ni actuado en favor de
quienes no pueden protegerse por sí mismos. Es vergonzoso, casi
criminal, el desamparo de personas mayores residenciadas.
Con
estas estimaciones –tomadas con minuciosa precaución- el aplanamiento
de la curva epidémica quizás carezca de sentido. Salvemos al menos la
economía y el futuro de los jóvenes. El confinamiento, desde el punto de
vista de la administración judicial constituye “arresto domiciliario”,
sin que en este caso previamente haya habido juicio ni sentencia, y es,
por ende, una medida de dudosa legalidad adoptada brutal e
irracionalmente, sin ningún tipo de base científica, pretextando
proteger la vida de las personas mayores. Que, en realidad, quedan
estigmatizadas ante la sociedad. Pronto los jóvenes nos harán
responsables de la hecatombe económica culpándonos de haberles bloqueado
el futuro.
España no podrá encajar dos crisis seguidas. Primero,
epidémica; después, económica. El país quedará abatido hasta la
melancolía enfermiza, noqueado por falta de perspectivas, hundido en el
pesimismo nihilista. Todo ello será encauzado por los enemigos de la
nación para inventarse una sarta de nuevos agravios comparativos que
pueden resultar fatales a la democracia y a los españoles de bien. Ya
que no fueron capaces de evitar la primera crisis evitemos la segunda.
(*) Juan
José R. Calaza (Economista y matemático)/ Andrés Fernández Díaz
(Catedrático emérito Política económica UAM) / Joaquín Leguina
(Estadístico Superior del Estado)/ Guillermo de la Dehesa (Economista
del Estado).
