VALENCIA/ALICANTE.- PSPV y Compromís han reclamado que la comisión de investigación en Les
Corts sobre irregularidades en la adjudicación de las viviendas de
protección pública (VPP) "no sea una farsa", mientras el PP ha asegurado
que no tienen "nada que ocultar" y por eso apoyarán este jueves la
propuesta de Vox para crear este órgano.
El pleno de Les Corts
ha debatido este miércoles por la tarde las propuestas de PSPV,
Compromís y Vox para crear una comisión de investigación al respecto. El
PP ha dejado claro que solo apoyará la de Vox al considerar que las de
los grupos de izquierda buscan "manchar la política".
Por
tanto, la propuesta saldrá adelante en la votación de la sesión de este
jueves gracias a los votos de los dos grupos de la derecha. Compromís y
PSPV fueron los primeros grupos en registrar sus peticiones de
comisiones de investigación para depurar responsabilidades políticas.
Posteriormente, Vox presentó su propuesta para crear una comisión
sobre las adjudicaciones de VPP tanto en la promoción Les Naus,
construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante), así
como de "todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que
se consideren en el plan de trabajo".
Todo ello a raíz de
conocerse que la ya exconcejala de Urbanismo de Alicante Rocío Gómez y
familiares de la también dimitida directora general del Ayuntamiento
María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, estaban entre los
adjudicatarios de estas VPP.
Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al
cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria después de
trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.
Una jueza de Alicante ha abierto diligencias previas tras recibir una
denuncia por estas adjudicaciones.
Durante el debate, la
diputada de Compromís Mª José Calabuig ha advertido que "este caso de
presunta corrupción tiene nombres y apellidos", entre los que ha
apuntado al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y a la
vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero.
Calabuig ha acusado al Consell de haber eliminado controles en las
adjudicaciones de VPP mediante un decreto aprobado en 2024. "Cuando el
PP dice 'vamos a simplificar', van a saquear las viviendas públicas", ha
ilustrado.
Además, ha exigido "que se devuelvan los pisos"
adjudicados irregularmente y que el plan de la comisión de investigación
se acuerde entre todos los grupos de Les Corts, con el objetivo de que
"se investigue cada documentación y cada adjudicación".
Desde
el PSPV, José Antonio Díaz ha denunciado que se hayan adjudicado VPP "en
una urbanización con pista de pádel y piscina, a mitad de precio" y que
estén "okupadas por cargos del PP", mientras ha recordado una reciente
noticia sobre la muerte de una persona en situación de sin hogar en una
calle de Alicante.
"Esa urbanización se ha convertido en una de las agrupaciones más
grandes del PPCV. Imagino que Camps, en el futuro congreso,
probablemente irá allí a hacer campaña", ha ironizado en alusión al
'expresident' Francisco Camps y a su intención de volver a presidir el
PP valenciano.
Para el diputado socialista, la polémica de
estas VPP supone "un abismo moral" que Les Corts tienen "la obligación"
de investigar. "No vamos a convertir que se convierta en una farsa", ha
advertido al PP, a quien ha acusado de no tener un modelo de vivienda
pública.
También ha subrayado que "el inicio del procedimiento
fue a los tres meses de llegar Luis Barcala al Ayuntamiento de
Alicante, gracias a una tránsfuga", y que la primera denuncia a Fiscalía
Anticorrupción fue presentada por el grupo municipal socialista.
Por su parte, el síndic del PP, Nando Pastor, ha avanzado que su
grupo solo votará a favor de la propuesta de comisión de Vox, al
considerar que "lo único que quieren" PSPV y Compromís es "manchar la
política que ha dado resultados", según él, en materia de vivienda por
parte del actual Consell.
El 'popular' ha abogado por
"analizar un asunto de interés público y depurar responsabilidades
políticas", pero ha hecho hincapié en que el Consell ya ha cesado a un
funcionario y ha trasladado los hechos a Fiscalía "por si fueran
constitutivos de delito".
"No tenemos nada que ocultar, no
tenemos nada que tapar. Somos nosotros quienes hemos ido a Fiscalía", ha
insistido, al tiempo que ha cargado contra la negativa de los grupos de
izquierda a otras propuestas de comisión de investigación en los
últimos años relacionadas con la exvicepresidenta Mónica Oltra, con
Francis Puig (hermano del 'expresident' Ximo Puig) o con el incidente
del tren en el incendio de Bejís.
Desde Vox, Miguel Pascual ha abogado por combatir "todo tipo de
corrupción" y ha defendido que su formación nunca ha "mirado hacia otro
lado" cuando ha visto "sospechas" ante posibles "irregularidades". Para
ello, ha reclamado "luz y taquígrafos" para que un caso como el de las
VPP de Alicante sea "corregido" y "nunca más vuelva a ocurrir".
"Parece mentira que tras 20 años sin haber ejecutado ni una sola
vivienda de protección pública en Alicante, la primera noticia no sea su
entrega a los vecinos, sino el trapicheo y la falta de control por
parte del Ayuntamiento de Alicante y también por parte de la Generalitat
Valenciana", ha censurado, y ha apostado por "investigarlo para saber
qué ha sucedido".
No obstante, ha incidido en que, para "mayor
indignación", cuando se le exige al alcalde de Alicante, Luis Barcala,
que aclare "todas y cada una de estas preguntas que se le formulan",
este "no es capaz de contestarlas". Por ello, ha augurado que "todo
apunta a que algo no ha funcionado correctamente", más cuando el
consistorio alicantino era "conocedor de todo esto":
"Había sido
alertado por parte de alguna de sus concejalías meses antes de que todo
esto saliese en los medios".
A su juicio, parece que "todo el
Ayuntamiento de Alicante era conocedor de esta promoción a excepción del
alcalde". Con todo, ha argumentado que, bien por "ignorancia" o por
"competencia", Barcala "debería haber dimitido desde el minuto uno por
propia decencia".
Además, ha incidido en que esta polémica no
solo "se enmarca exclusivamente a nivel municipal" porque ni el Servicio
Territorial de Vivienda ni la Conselleria "han sabido estar a la altura
de las circunstancias" y ha cuestionado que la "máxima explicación" que
haya dado el Consell es que el "técnico que tenía que revisar los
contratos de compra fue puesto a dedo por Compromís".
"¿Y quién lo
mantuvo ahí durante tres años?", ha preguntado.
Pero ha
argumentado también que la Comunitat Valenciana no puede "seguir
arrastrando las consecuencias" del Botànic y por ello hay que "devolver
la dignidad a las instituciones".
Arrendamientos no autorizados
Con al menos un caso que encaja en este
último supuesto se han topado los agentes, que han constatado la
presencia en la vivienda de la que es titular uno de los sobrinos de la
dimitida directora general y actual jefa de Contratación del
Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, de tres personas de origen eslavo que
en ningún caso podrían estar en régimen de alquiler dado que el
propietario no tiene permiso para ello, según precisan desde la
Conselleria de Vivienda.
Tres titulares de pisos, entre los que
se encuentran un hijo y el sobrino de la alta funcionaria, solicitaron y
tienen concedida la excepcionalidad de no habitarlos, para lo que
alegaron alguno de los motivos que contempla la normativa: cambios de
residencia por motivos de trabajo, estudios o cuidado de familiares,
entre otros.
Pero no consta en Vivienda ninguna solicitud para arrendar alguno de ellos, lo que es preceptivo, además de que esta actividad en este tipo de inmuebles no está exenta de control en cuanto al perfil del inquilino y el precio tasado, que tiene que seguir cumpliendo con los requisitos de una vivienda protegida.
Una vez que el Ayuntamiento remita el resultado de esta inspección, que se cruzará con el listado de adjudicatarios y el de empadronados, todos aquellos casos que no cumplan con lo establecido se pondrán en manos de la Justicia, agregan desde Vivienda.
