La Generalitat se alía con otras CCAA para exigir al Gobierno las obras de regeneración del litoral y paralizar deslindes

 VALENCIA.- La Generalitat ha participado en Madrid en una reunión de directores generales y responsables autonómicos en materia de costas para coordinar una posición común "ante la falta de convocatoria por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco)" y el inicio del procedimiento estatal para modificar el Reglamento de Costas. 

En el encuentro ha reclamado, junto a otras autonomías, "fomentar las obras de regeneración que llevan años pendientes y son necesarias para paralizar los deslindes".

Al encuentro ha asistido el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, quien ha destacado el "compromiso común" mostrado por las comunidades costeras y ha reclamado "mayor coordinación institucional". 

Además, ha subrayado que "el Ministerio no puede abordar una reforma del reglamento de Costas sin contar con las comunidades autónomas"

En esta línea, la mayor parte de las comunidades autónomas ha solicitado una convocatoria inmediata para abordar estas cuestiones, también la realización de las obras pendientes, así como la paralización de los deslindes que afectan a las costas. 

Asimismo, el director general ha señalado que "el Ministerio está actuando con opacidad". 

"No se puede cambiar la normativa de costas sin contar con quienes gestionamos el territorio. Basta de decisiones unilaterales", ha añadido.

En este sentido, ha resaltado la unidad de acción de las autonomías: "El Ministerio pretende aplicar la máxima de 'divide y vencerás', pero esta reunión demuestra que las comunidades autónomas estamos unidas ante el silencio del Gobierno".

La Generalitat, en un comunicado, recuerda que esta reunión da continuidad a la celebrada previamente en Valencia, donde seis comunidades autónomas con litoral --que representan el 80 por ciento de la costa española-- suscribieron un manifiesto en defensa de una gobernanza costera "coordinada, sostenible y eficiente".

En el marco de este frente común, la Generalitat ha puesto en valor los fundamentos de la nueva Ley de la Costa Valenciana, concebida para dotar al litoral valenciano de un marco normativo "estable, coherente y ajustado" a sus necesidades territoriales, ambientales y socioeconómicas. 

En este sentido, ha reclamado que el Gobierno inicie el traspaso de competencias pendiente.

La norma incorpora un sistema actualizado de ordenación del litoral con instrumentos de planificación generales y específicos, así como un modelo de catalogación de playas que define actividades compatibles según el nivel de urbanización.

Además, establece una clasificación del territorio litoral en tres áreas como son la protección ambiental; mejora ambiental y paisajística, y reordenación urbana con su correspondiente régimen de usos. 

Incluye también un sistema de inspección y disciplina orientado a asegurar el equilibrio entre conservación y usos humanos, así como mecanismos adicionales de gestión, como el inventario de terrenos degradados y la creación de bolsas de suelo destinadas a procesos de reordenación.

Finalmente, el director general ha incidido en la "necesidad" de que el Gobierno traspase a la Comunitat Valenciana la gestión del dominio público marítimo-terrestre, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía y de la disposición transitoria tercera de la nueva Ley de la Costa, y que se convoque la comisión mixta de transferencias, como se ha hecho con otras comunidades.

Este proceso permitiría que la Generalitat asuma plenamente las competencias en ordenación y gestión del litoral, reforzando la coherencia entre planificación territorial, protección ambiental y actuaciones administrativas.

Morant critica que el Consell permita construir a 200 metros de la playa: "Es inadmisible y denunciable"

 CASTELLÓN.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afeado que el Consell «permita construir de nuevo a 200 metros de la playa», algo que ve «inadmisible, rechazable y denunciable». 

«Es una barbaridad», ha sentenciado.

En estos términos se ha manifestado la líder de los socialistas, al ser preguntada sobre los efectos de las lluvias en las playas de la Comunitat Valenciana.

La ministra ha trasladado «tranquilidad» a los municipios y a los vecinos de Castellón, Valencia y Alicante, «que están sufriendo esta erosión de las playas». 

Del mismo modo, también ha hecho hincapié en que esta situación es «consecuencia» del cambio climático. 

«Es una manera muy evidente de ver cómo el cambio climático nos afecta y nos afecta no solo en la erosión y la pérdida de nuestras playas, sino también en la seguridad de las personas porque esta erosión puede llegar hasta las casas», ha comentado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad» de los políticos porque, según ha resaltado, es «inadmisible, absolutamente rechazable y denunciable» que el Gobierno autonómico, presidido por Juanfran Pérez Llorca, «pueda permitir de nuevo construir a 200 metros de la playa».

«No entiendo cómo con lo que estamos viendo esta semana ni con lo que están diciendo los científicos, queremos volver a construir en zona que se consideran inundables, porque eso pone en peligro a las personas», ha advertido.

Por tanto, ha señalado, «hay que combinar la evidencia científica con lo que ya tenemos». En este punto, ha afirmado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tiene «un compromiso» para reconstruir las playas afectadas por la borrasca 'Harry'. 

«--Las lluvias-- Se han tragado playas reconstruidas con 45 millones de euros. Se las ha vuelto a tragar», ha lamentado.

Dicho esto, ha reiterado el compromiso del Gobierno de España, al mismo tiempo que ha instado a hacer una «reflexión». 

«Tenemos que ser conscientes del cambio climático», ha zanjado.

Un estudio de la ONU sitúa a España entre los países con legislación de costas más dura para los ciudadanos

GINEBRA.- La Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE) ha presentado en Ginebra los resultados preliminares de un estudio internacional sobre la regulación del suelo en zonas colindantes con masas de agua, en una jornada que ha contado con la participación de expertos académicos y representantes gubernamentales de distintos países.

Entre los asistentes se encontraban 54 asociaciones costeras españolas, invitado por la UNECE por su representatividad de colectivos afectados por la aplicación de la Ley de Costas y por la falta de inversión y mantenimiento en el litoral español.

El trabajo, coordinado por la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante Paloma Taltavull, analiza seis ámbitos: titularidad del suelo adyacente a masas de agua, competencias administrativas, cambios en la propiedad y mecanismos de transmisión, implicaciones vecinales y comunales y su vertiente registral. El estudio recoge respuestas de hasta 26 Estados.

Tras esta presentación, la UNECE prevé publicar el estudio definitivo junto con sus conclusiones y recomendaciones, con el objetivo de que los Estados puedan evaluar y, en su caso, alinear sus marcos normativos con los criterios que se establezcan.

Titularidad del suelo y dominio público

Según los resultados preliminares, los terrenos situados frente al mar están, en la mayoría de los países analizados, sujetos a regímenes regulatorios específicos, con una prevalencia de la titularidad pública (en torno al 51 %) frente a la propiedad privada sometida a restricciones (aproximadamente el 31 %). Estos enfoques regulatorios se aplican principalmente en el ámbito costero, aunque también se extienden a ríos y lagos bajo distintos regímenes jurídicos.

El estudio identifica como un aspecto relevante el derecho de propiedad en las zonas costeras y la frecuencia de cambios de titularidad del suelo desde el ámbito privado al público, un fenómeno reportado por más del 80 % de los Estados encuestados.

Mecanismos de transferencia y efectos sobre los derechos

El informe señala que las transferencias de terrenos privados al sector público no se producen exclusivamente mediante expropiación, sino también a través de venta, donación o herencia, lo que da lugar a titularidad pública en aproximadamente la

mitad de los casos. Asimismo, indica que los mecanismos de expropiación no suelen aplicarse del mismo modo que en otros supuestos de interés público, como las infraestructuras viarias, lo que ha favorecido la configuración de un estatus específico de los terrenos costeros de titularidad pública.

En torno al 20 % de las respuestas se refieren de forma expresa a la clasificación como dominio público, generalmente asociada a compensaciones limitadas. Como consecuencia de estos cambios de titularidad, el estudio constata que los derechos de los antiguos propietarios privados pueden verse reducidos o modificados, con situaciones que varían entre países: desde la existencia de compensación económica en algunos casos, hasta su ausencia en otros, o la conservación de una posición jurídica similar a la de un arrendatario.

Estas prácticas, según recoge el informe, son percibidas en ocasiones como expropiaciones sin garantías suficientes, lo que pone de relieve la necesidad de clarificar los marcos normativos. El estudio identifica, además, otros desafíos, como la aplicación incompleta de los procedimientos de registro y las restricciones significativas asociadas al estatus de dominio público.

España en el contexto comparado

Durante el turno de intervenciones, representantes españoles señalaron que, a la luz del análisis comparado presentado, el caso español se sitúa entre los modelos más restrictivos, especialmente en lo relativo al impacto de la regulación sobre los particulares y a los mecanismos de participación pública en la elaboración normativa.

El estudio recoge, en contraste, ejemplos como Grecia, donde no se permiten playas privadas pero sí concesiones limitadas bajo condiciones de mantenimiento, accesibilidad y garantía de uso público, o Finlandia, que presenta un modelo con mayor flexibilidad regulatoria y protagonismo municipal, sin una franja pública obligatoria generalizada entre el mar y la propiedad privada.

Reforma normativa y gobernanza del litoral

Desde España se subraya que el modelo español de costas, implantado en 1988 y modificado parcialmente en 2013, no ha resuelto de forma satisfactoria los problemas de gobernanza del litoral, y que existe un amplio debate técnico y social sobre la necesidad de revisar el marco normativo.

La organización recuerda que una propuesta de modificación de la Ley de Costas permanece bloqueada en la Mesa del Congreso desde hace más de un año, pese a haber sido tramitada en ambas Cámaras, y destaca la importancia de abordar cuestiones como la protección de los núcleos históricos y etnológicos del litoral.

El estudio de la UNECE, concluyen, se configura como un marco de referencia internacional para orientar futuras reformas legislativas en materia de costas.

La Generalitat acudirá a los tribunales contra la orden del Gobierno que aprueba un nuevo deslinde de Denia

DENIA.- El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha confirmado que la Generalitat va a interponer un recurso contencioso-administrativo contra la nueva orden del Ministerio de Transición Ecológica por la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio público en el entorno de la playa de Les Deveses y el Palmar de Denia. 

En estos términos se ha pronunciado García Manzana, quien se ha desplazado a esta localidad para reunirse, junto con la comisionada de la Generalitat en el Puerto de Denia, Pepa Font, con las personas afectadas por los deslindes. 

 

Allí, el director general ha remarcado que el Consell “va a seguir cumpliendo su compromiso con las asociaciones vecinales de recurrir tanto por vía judicial como por vía administrativa los diferentes deslindes que ha impulsado el Ejecutivo central”.

 

El director general de Costas ha explicado que son más de 3000 vecinos afectados por los deslindes, donde algunos de ellos “pasan de ser propietarios de sus viviendas a concesionarios, porque la propiedad será ahora del Ministerio”. 

 

Y ha añadido que “la voluntad de la Generalitat es no dejarlos solos ante un Gobierno central que ni nos coge el teléfono para poder hablar”.

 

En esta línea, Marc García Manzana ha detallado que este es el segundo deslinde que se aprueba en unos meses, y unido al anterior afectará a un total de unos 14 kilómetros de la costa de Denia. 

 

“El Ministerio nuevamente tira hacia atrás la línea roja del deslinde cada vez que los revisan”, ha añadido. El primer deslinde de Les Deveses de Denia fue aprobado definitivamente por el Gobierno antes de las pasadas navidades y en marzo la Generalitat ya interpuso un primer recurso.

 

El director general también ha destacado el papel de la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa de la Comunitat Valenciana “para tratar de proteger a los vecinos y a sus propiedades”. 

 

Se trata de la primera norma de rango autonómico “que busca compatibilizar la protección del litoral con los usos económicos de la costa, y proteger los núcleos costeros tradicionales y las viviendas frente a deslindes como este”.

 

El director general también se ha reunido con el alcalde de Denia, Vicent Grimalt, para abordar diferentes cuestiones que afectan al municipio. García Manzana ha destacado que la apuesta de la Generalitat por el puerto de Denia con actuaciones directas como el dragado o la mejora del acceso al Moll de la Pansa y otras frutas de la colaboración público privadas para mejorar la integración de la infraestructura en el municipio.

 

El responsable de costas y puertos ha remarcado que se abordan otros proyectos como el proyecto de una concesión de una instalación de ocio y hostelería en la zona del Raset (Tamarindos) que implicará la regeneración medioambiental del entorno. 

 

En este sentido, ha remarcado que se ha iniciado el proceso y que hay constancia de varias ofertas, que tendrán que ser estudiadas y evaluadas por las administraciones y actores implicados, a los que se va a recabar su posición.

Morant, sobre el posible derribo de casas de la playa de Babilonia en Guardamar del Segura: "No estoy al día"

ALICANTE/VALENCIA.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha reconocido que "no" está "al día" sobre el futuro de los posibles derribos de casas de la playa de Babilonia de Guardamar del Segura, que estaban previstos para el pasado lunes y que fueron aplazados después de que la Generalitat pidiera la suspensión cautelar de las demoliciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En estos términos se ha expresado este viernes en declaraciones a los medios en este municipio de la comarca de la Vega Baja, en el que los socialistas valencianos van a celebrar este fin de semana una reunión interparlamentaria del PSPV.

"A lo largo del fin de semana hablaré con el alcalde y el alcalde me pondrá al día. Tengo que reconocer que no estoy al día de esta casuística", ha afirmado Morant al ser preguntada por la situación de estas viviendas, que no depende de la cartera que ella dirige en el Gobierno de España.

Habla Martínez Mus

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha criticado a la ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, por "desconocer la problemática" que existe con los posibles derribos de casas de la playa de Babilonia de Guardamar del Segura.

En un comunicado, ha valorado que las declaraciones que ha hecho este viernes Morant, quien ha reconocido que "no" está "al día" sobre el futuro de estas actuaciones, "la inhabilitan como aspirante a la Generalitat".

Estos derribos, previstos para el pasado lunes, fueron aplazados después de que la Generalitat pidiera la suspensión cautelar de las demoliciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

"No puedo imaginar la sensación, el sentimiento que debe de tener la gente de playa Babilonia, de Guardamar del Segura, al escuchar las palabras de Diana Morant. Deben de haberse sentido totalmente desamparados, totalmente incomprendidos", ha remarcado Martínez Mus, quien ha incidido en que la "amenaza" de derribo "la llevan sufriendo demasiado tiempo" y ha reprochado a la líder del PSPV que "no" esté "al día" de la "problemática".

El titular de Medio Ambiente cree que las palabras de Morant suponen algo "inadmisible e intolerable" y que "la inhabilitan totalmente para aspirar a presidir algún día la Generalitat", ya que "debería conocer la realidad valenciana como aspirante" a jefa del Consell.

Para el conseller, "es básico conocer los problemas, y más aquellos que sufren tanto la gente de Guardamar del Segura como de otras partes de la Comunitat Valenciana como Dénia, Torrasal, Cabanes, Nules, Moncofa o Xilxes".

 "Sus palabras la inhabilitan absolutamente para optar algún día, no al cargo de presidenta de la Generalitat, sino a cualquier cargo de representación de una administración valenciana", ha sentenciado Martínez Mus.

Sobre la petición de suspensión cautelar de los derribos al Miteco, desde la Conselleria de Medio Ambiente han explicado que "por el momento no ha habido respuesta oficial del Gobierno" a su solicitud, aunque han recordado que "los derribos programados para esta semana no han empezado".

La Generalitat pidió al Ejecutivo central "la suspensión cautelar de intervenciones en las viviendas de playa de Babilonia, ubicadas en el municipio de Guardamar del Segura, para proteger el patrimonio cultural por considerarlo núcleo urbano de especial valor etnológico".

El objetivo de esta decisión es "evitar el derribo de este conjunto de viviendas" y "proteger a este núcleo costero, al amparo, también, de la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana del Consell".  

Los vecinos de playa Babilonia paralizan el derribo de sus casas previsto para hoy lunes

GUARDAMAR DEL SEGURA. El derribo de las viviendas de primera línea de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, previsto para este lunes 15 de septiembre, no se ha llevado a cabo. Al menos por ahora. Han sido los propios vecinos quienes, en base al acuerdo de suspensión cautelar de la Generalitat Valenciana, han dado orden a la empresa contratada para demoler que paralizara cualquier actuación, según recoge Alicante Plaza. 

En este sentido la orden del Ministerio para comenzar hoy el derribo, quien tiene la potestad última para decidir qué hacer con estas viviendas, pasaba porque fueran los vecinos quienes contrataran a la empresa para realizar los derribos. En caso contrario, actuarían de oficio desde Costas, por lo que fueron los propietarios quienes contrataron a la empresa. 

El portavoz de la Asociación de Vecinos de Babilonia, Manuel López, ha relatado que durante la mañana del lunes “la empresa apareció con normalidad, pero le transmitimos que no había intención de demoler y que ya hacíamos valer el acuerdo de suspensión de demoliciones de la Generalitat”. 

Según López, la contratista aceptó la orden de los propietarios: “Nos comunicaron que respetarían la suspensión y que hoy no se iba a tirar abajo ninguna casa de Babilonia, ni tampoco mientras los expedientes estén en tramitación”.

El acuerdo de la Conselleria de Medio Ambiente se fundamenta en el expediente abierto el pasado mes de julio para declarar el conjunto residencial como núcleo urbano con especiales valores etnológicos, al amparo de la Ley 3/2025 de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. 

En su resolución, el departamento autonómico alerta de que la demolición supondría “un daño irreversible” y ordena la suspensión cautelar de cualquier intervención sobre los inmuebles, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano

“Hoy respiramos más tranquilos, estamos mejor que ayer. El nerviosismo ha bajado en Babilonia, aunque sabemos que no es una cosa definitiva”, expresó el portavoz vecinal. López subrayó que la decisión de la Generalitat “no es ningún invento sacado de la manga”, sino que se ajusta a la legalidad vigente: “La Ley de Costas ya prevé excepciones para estos núcleos históricos y la jurisprudencia del Supremo lo ha extendido a las figuras autonómicas. Mientras los expedientes estén en marcha existe esa protección cautelar”.

La asociación lleva meses reclamando al Ministerio para la Transición Ecológica una reunión urgente para explorar soluciones, sin haber obtenido respuesta. “Creemos que ya no es tanto una discusión administrativa como una cuestión de voluntad. Esto se va a resolver con diálogo y participación ciudadana, no con órdenes de derribo”, afirmó López.

El trasfondo económico agrava la tensión entre vecinos y administraciones. Cada propietario debe costear la demolición de su propia vivienda, un gasto que en algunos casos alcanza los 10.000 euros. 

 “Aquí no se expropia a nadie ni se indemniza. Te obligan a pagar de tu bolsillo para tirar tu casa abajo. La gente tiene que saber que esto no es barato y además te quedas sin hogar”, denunció el portavoz.

Desde el Ayuntamiento de Guardamar, el alcalde, José Luis Sáez, indicó que el consistorio carece de competencias en esta materia y que la resolución final corresponde al Ministerio de Transición Ecológica. “Estamos a la espera de lo que decida Costas”, señaló.

Por ahora, la suspensión cautelar dictada por la Generalitat frena el derribo, pero el futuro de las casas de Babilonia sigue en el aire. El movimiento vecinal mantiene la presión para que el enclave sea protegido, mientras el Ministerio tiene ahora “la pelota en su tejado”, en palabras de López.

Ocupantes de la casas de Playa Babilonia se agarran a una 'boutade' del Consell como última esperanza de aguante

ALICANTE.- Ocupantes todavía hoy de zona marítimo-terrestre con concesión administrativa extinta de la casas de Playa Babilonia se agarran para perpetuar su privilegio frente al resto de españoles a una 'boutade' ocurrente y oportunista 'a posteriori' del Consell residual del políticamente agonizante Carlos Mazón como última esperanza frente a la ejecución de sentencias del Tribunal Supremo y resoluciones consiguientes de la Dirección General de Costas que, ya en 2018, instaba a no renovar concesiones y, por consiguiente, inducía a Costas a la restauración del paisaje anterior. Esos ex concesionarios viven desde entonces en la ilegalidad, a juicio del Ministerio de Transición Ecológica y del Supremo.

Ese Consell, que se saca de la chistera el supuesto valor etnográfico del conjunto ocultando que las originales casetas para guardar las artes de pesca dieron paso a su transformación en viviendas para veraneos de privilegio, borrando ese hipotético carácter de poblado singular, no ha llegado a presentar dictámenes expertos, incluso contradictorios, que así lo acrediten frente a las pretensiones de demolición por parte del Gobierno central y los particulares con actas firmadas de conformidad y licencia municipal de derribo en regla para gastos a su costa. 

"Etnográfico" es un adjetivo que se refiere a todo lo relacionado con la etnografía, que es el estudio sistemático y descriptivo de las costumbres, creencias y prácticas de un grupo humano en su contexto natural. Un estudio etnográfico es un método de investigación cualitativa donde el investigador se sumerge en el entorno de un grupo para observar y analizar su cultura mediante la observación participante, entrevistas y recopilación de documentos por parte de un etnólogo titulado, al margen de espontáneos, farsantes, interesados e impostores de ciencia subvencionada .

Con la suspensión cautelar, no de los derribos, sino de "cualquier acción que pudiera dañar el patrimonio" por parte de la Conselleria de Cultura, no tiene ningún sentido que ningún propietario tire voluntariamente su casa. No ya es que estén suspendidos los derribos,es que hasta podrían tener consecuencias penales para quien lo realizara. Estamos muy cerca de salvarnos, pero todos debemos actuar juntos y de la misma manera", aconseja la asesoría jurídica de una parte de los ocupantes de las 65 viviendas afectadas.

"Sí, en virtud de este Acuerdo de Suspensión Cautelar de Intervenciones emitido por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana, el derribo de las viviendas en la playa de Babilonia (Guardamar del Segura) debe ser paralizado inmediatamente", argumenta.

Fundamentos Jurídicos de la Suspensión, a su juicio:

El acuerdo se basa en un sólido marco legal, principalmente en:

1. Artículo 10 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV): Este artículo otorga a la conselleria competente en cultura la potestad de suspender cautelarmente cualquier intervención en bienes muebles o inmuebles que posean valores culturales (históricos, artísticos, arquitectónicos, etnológicos, etc.) cuando estime que dicha intervención pone en peligro esos valores.
2. Existencia de Fumus Boni Iuris (Aparente Buen Derecho): Se está tramitando un expediente solicitando la declaración del conjunto como "núcleo urbano de especial valor etnológico" al amparo de la Ley 3/2025 de protección de la costa valenciana. La documentación presentada por la asociación de vecinos se considera suficiente para dar apariencia de buen derecho a su petición.
3. Existencia de Periculum in Mora (Peligro en la Demora): La demolición, prevista para el 15 de septiembre de 2025, supondría un daño irreversible, haciendo inútil el procedimiento de declaración en curso. La medida cautelar busca evitar este perjuicio de imposible reparación.
4. Competencia de la Generalitat Valenciana: El Estatuto de Autonomía (art. 49.1.5ª) atribuye a la Generalitat competencia exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico y cultural, lo que incluye los valores etnológicos.

Validez ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD)

Los fundamentos de derecho son válidos y vinculantes para todas las administraciones, incluido el MITERD (y sus organismos dependientes, como la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar o el Servicio Provincial de Costas de Alicante). Las razones son:

1. Principio de Legalidad y Jerarquía Normativa: El acuerdo es una resolución administrativa emitida por una administración autonómica dentro del ámbito de sus competencias exclusivas. Las administraciones públicas están obligadas a acatarlo.
2. Deber de Colaboración: El propio acuerdo (punto II del acuerdo) se basa en el artículo 141 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece el deber de colaboración y auxilio entre las diferentes administraciones públicas (estatal, autonómica y local).
3. Competencia Compartida pero Específica: Mientras Costas (MITERD) tiene competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre, la protección del patrimonio cultural y etnológico es una competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana. El acuerdo de suspensión actúa precisamente en este ámbito competencial específico, paralizando la actuación de Costas para preservar unos valores (etnológicos) sobre los que la administración autonómica tiene la potestad.

Conclusión

El Acuerdo de suspensión es jurídicamente sólido y ejecutivo. Obliga al Ayuntamiento de Guardamar del Segura a adoptar las medidas para su efectividad y requiere la colaboración del MITERD y sus organismos.

Por lo tanto, el derribo debe quedar paralizado hasta que finalice el procedimiento de declaración de "núcleo urbano de especial valor etnológico". 

Si el MITERD o cualquier otra parte parte interesada se opusiera a la medida, la vía para impugnarla sería la jurisdicción contencioso-administrativa, no el incumplimiento directo de la resolución", concluye.

Por ahora, las casas de Playa Babilonia no se demuelen

 ORIHUELA.- La demolición prevista para este lunes 15 de septiembre de las casas de la Playa Babilonia de Guardamar del Segura, no tiene lugar. La mañana ha comenzado en este barrio guardamarenco con relativa normalidad. Desde el primer momento, los vecinos y vecinas se han mostrado convencidos de que los acuerdos tomados en Generalitat pararían el procedimiento. Y así ha sido. Al menos por ahora, interpreta Vega Baja Digital.

Aunque tranquilos, llevan toda la mañana expectantes a ver qué ocurre, ya que, según comentan, no descartan que se presente el Ayuntamiento o  Costas para realizar algún trabajo. 

Ante esta situación, tienen previstas acciones legales que paralicen el procedimiento que, a su entender, es ilegal. «Hasta que no se resuelva el expediente en Consellería, no se puede demoler. Ni siquiera nosotros podemos dar la orden a la empresa de que lo haga».

De hecho, Cauce, la empresa contratada por los vecinos y vecinas para llevar a cabo la demolición, se ha personado en el barrio para «hacer acto de presencia» y no incumplir el contrato que tenían firmado con ellos, que dice que hoy comenzaban las obras. 

Poco más que marcar los puntos en los que se colgarán los cables de corriente de las fachadas en el caso de que la destrucción de las casas se lleve a cabo: esto es lo que ha podido hacer la empresa.

Ahora, los siguientes pasos previstos son inciertos. Costas debe acatar el expediente de Generalitat y esperar a que se resuelva. Esto es lo que dicen los vecinos de Guardamar del Segura. Mientras tanto, siguen esperando atentos, los pasos del MITECO.

El silencio del Ministerio a la suspensión de los derribos de Playa Babilonia por el Consell mantiene en vilo a los vecinos

 ALICANTE.- A días de los derribos programados de 63 viviendas históricas en la Playa Babilonia de Guardamar del Segura, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) que encabeza la socialista Sara Aagesen sigue sin aclarar la situación. Por el momento, todo es silencio con los vecinos y evasivas con la prensa, según El Español.

La Dirección General de Costas, que depende del MITECO, no responde una semana después de que la Generalitat Valenciana le haya requerido, mediante un "acuerdo de suspensión de actuaciones" a no actuar en tanto la Conselleria de Cultura resuelva el expediente presentado para declarar esas casas protegidas como núcleo etnográfico histórico. Una declaración fundamentada en la nueva Ley de Costas valenciana.

La Generalitat le ha conminado al Ministerio a no hacer ninguna actuación por los perjuicios que podría causar al patrimonio valenciano. Desde el Ministerio han afirmado a este diario que "está en manos de los vecinos" y que "son ellos quienes tienen que derribar".

También, insiste en que "las demoliciones son una obligación de los ocupantes según las sentencias del Supremo. Costas no tiene previsto entrar a demoler ahora, porque la obligación se la impone el Tribunal Supremo a los ocupantes, no a la administración, que solo intervendrá subsidiariamente".

O lo que es lo mismo, obvian el acuerdo adoptado por la Generalitat, o al menos (afirman otras fuentes), lo están estudiando por sus implicaciones legales. Y es que nos encontramos ante un conflicto competencial de primera magnitud ya que el Supremo no ha dicho que se derriben las casas, sino que da la razón a Costas en que no prorrogue las concesiones, lo que es muy distinto.

La Generalitat no ha solicitado nada al Ministerio. Ha informado de un "acuerdo de suspensión" ya adoptado para evitar, con el antecedente de "Les Casestes" de Nules, que se pueda causar un perjuicio al patrimonio valenciano que sería "irrecuperable".

¿Qué deben hacer los vecinos entonces? O continuar con las demoliciones que deben efectuar y asumir el coste ellos o hacer caso a la Generalitat y suspenderlas por el momento. Pero se encuentran con la espada de Damocles de Costas que amenaza con actuar "subsidiariamente", es decir, derribarlas por su cuenta y pasarles la factura.

Y es que el Ministerio y la Dirección General de Costas que depende de él sigue manteniendo el mismo argumentario: "La Administración General del Estado solo intervendrá abordando la demolición en el caso de que los particulares, obligados por la Justicia, no lo hagan, ya que se trata de una obligación legal impuesta a estos ciudadanos por el Tribunal Supremo".

También, que los vecinos (a los que llaman 'ocupantes' pese a tener la condición de concesionarios del Estado) "firmaron de forma expresa durante el mes de marzo compromisos estableciendo que las obras de demolición se iniciarían como fecha límite el 15 de septiembre, quedando enterados de que en caso contrario, la administración procedería a la ejecución subsidiaria".

Claro que entonces no había habido un acuerdo de la Generalitat que impide los derribos, del que el Ministerio no quiere hablar. Tan solo señalan que "la Generalitat Valenciana mantiene una posición alineada en defensa de las ocupaciones de la playa, que tan perjudiciales resultan para su conservación según los informes técnicos, en lugar de ejercer las competencias en materia de protección del medio que tienen legalmente atribuidas".

Para ello aseguran desde el MITECO que "estas ocupaciones [insisten en esta denominación peyorativa] en la playa está dañando gravemente el sistema duna-playa que además forma parte de la Red Natura 2000". Todo ello pese a los informes técnicos que demuestran que fue la construcción de un espigón al revés la que ha provocado esos daños, como los informes técnicos reconocen. 

Y concluyen: "La ocupación de la playa, que es un espacio público, es un privilegio que, solo si es legal y conveniente para la ciudadanía, puede mantenerse. Además de privatizar indebidamente un espacio al que todos los ciudadanos tenemos derecho [aunque las construyó el Estado y los vecinos son concesionarios públicos para evitar que las dunas anegasen Guardamar], estas ocupaciones generan un perjuicio ambiental  constatado por los informes científicos, sobre los que se ha basado el Tribunal Supremo para decidir, con carácter definitivo y firme, que deben retirarse del dominio público marítimo-terrestre".

Además, aseguran que se ha aportado toda la información que se ha requerido, cuando han tenido que ser los vecinos los que han llevado la ocultación de informes hasta el Defensor del Pueblo y a las Cortes Valencianas, donde la Dirección General de Costas se ha negado a acudir para explicar su posición.

El alcalde de Guardamar confirma que este lunes arrancan los trabajos para la demolición de varias viviendas en playa Babilonia

 ALICANTE.- El Ayuntamiento de Guardamar del Segura confirma a Radio Alicante que este lunes 15 de septiembre arrancarán los trabajos para la demolición de las viviendas situadas en playa Babilonia, en primera línea de costa.

Eso sí, no serán todas las viviendas previstas ya que cerca de 25 vecinos han solicitado a la empresa encargada de la demolición que se paralice el derribo. 

El periodo de concesión para ocupar ese terreno acabó hace siete años y ahora el Ministerio de Transición Ecológica obliga a su derribo para cumplir una sentencia del Tribunal Supremo, pese a la oposición de parte de los vecinos.

Recordemos que la Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, acordó suspender cautelarmente toda intervención que pueda poner en peligro los posibles valores patrimoniales existentes en el núcleo de viviendas de la playa de Babilonia.

José Luis Saez, alcalde de Guardamar, explica que en las últimas semanas el Ayuntamiento lo que ha hecho es otorgar las licencias de derribo que los propios vecinos, a través de la empresa Cauce, han metido por registro de entrada. El viernes, además, dieron permiso a la empresa para cortar la calle durante 92 días.

Pese a que no comenzará el derribo de todas las viviendas a partir de este lunes, el alcalde cree que es un proceso que "no va a tener marcha atrás". 

"Será el Ministerio el que resuelva la cautelar". 

Sáez admite que la gran mayoría de vecinos están por la labor de demoler sus concesiones, que llevan siete años caducadas, y cumplir así con lo dictaminado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. 

La Generalitat carece de competencias para impedir el derribo de las casas en playa Babilonia el martes día 15

ALICANTE.- La Generalitat ha solicitado al Gobierno central la suspensión cautelar de intervenciones en las viviendas de playa de Babilonia, ubicadas en el municipio de Guardamar del Segura, para proteger, según ella, el patrimonio cultural por considerarlo, a su juicio, “núcleo urbano de especial valor etnológico”. Pero todo parece indicar que carece de suficientes competencias ante el derribo el próximo día 15. 

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la adopción de medidas para evitar la demolición del conjunto que supondría “un daño irreversible” al patrimonio por el valor etnológico (?) que tienen estas viviendas del municipio alicantino Guardamar del Segura.

Desde la Generalitat se recuerda que la normativa establece que la Conselleria competente en materia de cultura tiene en su mano suspender cautelarmente cualquier intervención en bienes muebles o inmuebles que posean alguno de los valores mencionados en la ley del Patrimonio Cultural Valenciano cuando estime que la intervención pone en peligro dichos valores. 

Por ello, también se ha solicitado al Ayuntamiento de Guardamar que adopte las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión.

Con esta decisión, la Generalitat Valenciana busca evitar el inminente derribo de este conjunto de viviendas el próximo día 15 y proteger a este núcleo costero, incluido en la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana del Consell, argumenta la Generalitat.

Costas se mantiene firme y señala que las casas, que se extienden a lo largo de 600 metros lineales, son el primer factor de regresión de la playa de Babilonia e impiden la continuidad del litoral con el cordón dunar.  

La resolución de la Conselleria de Educación, Cultura Universidades y Empleo tiene lugar después de que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio haya sometido a consulta pública previa la redacción del reglamento que desarrolla la tramitación de núcleo con supuesto valor etnológico (?).

 Una medida trasladada esta semana a los vecinos afectados que también tiene el objetivo de que se frene la demolición de las edificaciones de la franja costera, según la agencia de noticias Europa Press.

Según el «compromiso verbal» al que los vecinos de Babilonia y el Servicio Provincial de Costas llegaron antes del verano, el trabajo de vaciado de las viviendas debería comenzar el próximo martes 9 de septiembre y el derribo el martes 15. 

De las algo más de 60 viviendas que tienen orden de derribo siete no han solicitado autorización alguna al Ayuntamiento y la demolición deberá ser asumida por Costas. 

La mayor parte de los afectados han optado por presentar su propio proyecto para evitar que el coste, que deben asumir de sus bolsillos, lo calcule el Estado, lo que sería mucho más caro, unos 56.000 euros por vivienda.

Los residentes se comprometieron a acatar los derribos que, inicialmente, estaban previstos el pasado mes de mayo, a cambio de disfrutar de un verano más en la playa. 

No parece que exista una posibilidad legal de última hora de paralizarlos más allá de la voluntad del propio Ministerio para la Transición Ecológica, que no responde a las peticiones de paralización por el patrimonial de las casas. 

Ni a las de la Generalitat, en función del articulado de la nueva ley de Costas Valenciana que considera la posibilidad de preservar este tipo de viviendas como supuesto núcleo etnológico en dominio público. 

La Generalitat carece de las competencias para llevar a cabo esa protección, según el diario Información.

La Generalitat pedirá al Ministerio la suspensión cautelar del derribo de las casas en playa Babilonia de Guardamar

 GUARDAMAR.-  La Generalitat pedirá al Ministerio para la Transición Ecológica la suspensión cautelar del derribo de las casas tradicionales de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, en virtud de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana del Consell.

Así lo ha confirmado el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, quien se ha reunido con los vecinos afectados por la demolición de estas casas tradicionales que planea el Ministerio para la Transición Ecológica.

Además, el derribo tendría que ser sufragado por los propios vecinos expulsados de sus casas, que tienen hasta el 15 de septiembre para hacerlo de manera voluntaria.

Durante su visita, Marc García Manzana ha subrayado la voluntad de la Generalitat de seguir haciendo “una oposición frontal a la actitud de Ministerio”, porque “entendemos que existen otras fórmulas antes de la expulsión y el derribo”.

En esta línea, el director general ha explicado que este conjunto de casas se puede acoger a la figura de protección como núcleo costero con valor etnológico, contemplado en la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana del Consell. 

Así, los vecinos afectados por la demolición ya han registrado una solicitud para acogerse a esta opción. En paralelo, la Conselleria ha sometido a consulta pública previa la redacción del reglamento que desarrolla la tramitación de núcleo con valor etnológico

En concreto, el artículo 17 de la Ley prevé que la Generalitat, previa solicitud del ayuntamiento, podrá declarar núcleos urbanos con especiales valores etnológicos aquellos conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales que cumplan dos características.

Por un lado, deben acumular valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados, incluyendo los propios del patrimonio cultural inmaterial. Por otro, han de estar integrados en el entorno costero de forma que su demolición o supresión supusiera una pérdida de los valores propios del patrimonio cultural, histórico o etnológico.

Las casas de la playa de Babilonia en Guardamar son viviendas levantadas sobre la arena en las primeras décadas del siglo XX. De estilo sencillo y popular, forman parte de la memoria histórica del municipio. 

El ingeniero Francisco Mira (1862-1944), natural de  Aspe, hizo posible su existencia ya que fue quien dirigió la gran repoblación forestal de las dunas, evitando que la arena sepultara el pueblo y permitiendo así el desarrollo de la franja costera.

Así, el director general de Costas ha vuelto a exigir al Ministerio que realice obras de regeneración de las playas y que garantice “la correcta continuidad de sedimentos en la desembocadura del río Segura”.

Asimismo, ha recordado que la Generalitat solicitó el traspaso de competencias en materia de costas, ya que, con las competencias traspasadas, “la decisión de demoler o buscar otras soluciones alternativas no sería del Ministerio, sino nuestra”.

Hay que recordar que el Senado aprobó en marzo de 2024 una modificación de la Ley de Costas estatal para incluir la figura de núcleos con valor etnológico, “que lleva desde entonces sin ser convocada desde la mesa del congreso para su votación”, tal y como ha asegurado el director general.

Del mismo modo, en junio de 2025, el Congreso aprobó por mayoría absoluta la toma en consideración promovida por el Partido Popular para modificar la Ley de Costas estatal en el mismo sentido. 

La Mesa del Congreso tampoco ha remitido esa toma en consideración a la Comisión de Medio Ambiente para la modificación de la ley. 

En definitiva, la Mesa del Congreso “está secuestrando la voluntad tanto del Congreso como del Senado sin dejar que se vote la modificación de la Ley de Costas estatal”, ha concluido García Manzana.

Vecinos de la playa de Babilonia en Guardamar formalizan la petición de protección de sus casas

GUARDAMAR.- Guardamar del Segura ha sido los primeros municipios en solicitar a la Generalitat la protección de las casas de primera línea como núcleo de valor etnológico, en aplicación de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha recordado que “uno de los objetivos fundamentales de la ley es precisamente preservar aquello que en nuestra costa merece ser conservado, y los núcleos de valor etnológico son uno de esos valores que queremos proteger”.

Así, ha señalado que la Generalitat también ha recibido la solicitud de Moncofa, presentada por su ayuntamiento, y de Guardamar del Segura, solicitada por una asociación de vecinos en relación con la Playa Babilonia.  

“En ambos casos, y en cualquier otro que se solicite, la ley está pensada para dar cobertura a esos núcleos que forman parte del patrimonio de los valencianos y debemos conservar”, ha asegurado el conseller.

Cabe recordar que el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el 26 de mayo la Ley 3/2025, de 22 de mayo, que incorpora herramientas para proteger el patrimonio litoral y los núcleos costeros tradicionales, reconociéndoles su valor etnológico con el objetivo de dotarles de herramientas para frenar, entre otros, posibles deslindes.

Esta norma recoge aspectos no previstos en la legislación estatal, como la protección de los núcleos costeros tradicionales o la compatibilidad entre los usos humanos y la conservación de los valores naturales del litoral.

En concreto, el artículo 17 establece que la Generalitat, previa solicitud municipal, podrá declarar núcleos urbanos con especiales valores etnológicos aquellos conjuntos edificados que, además de estar integrados en el entorno costero, acumulen valores culturales, históricos o etnológicos cuya desaparición supondría una pérdida para el patrimonio de la Comunitat Valenciana.

Una vez realizada la solicitud, desde la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos se va a analizar toda la documentación con el objetivo de confirmar que estas casas pueden ser declaradas núcleos con valor etnológico y así dotarles de un mayor respaldo.

La Comunitat Valenciana cuenta con alrededor de 500 kilómetros de costa que albergan 10 parques naturales. 

Además, más del 70 % de la población reside a menos de 10 kilómetros del mar, lo que resalta la importancia de este entorno no solo desde un punto de vista ecológico, sino también para la economía valenciana, dado que el 15 % del PIB se genera en la franja costera, tal y como ha argumentado.

Con esta ley, el Ejecutivo valenciano busca reafirmar su compromiso de garantizar la protección de su litoral y su patrimonio natural de forma integral, a la vez que se asegura que todas las decisiones sobre autorizaciones y concesiones en la costa se tomen en beneficio de la ciudadanía y del entorno. 

En este sentido, ya se ha solicitado al Gobierno la cesión de competencias, tal y como se ha realizado con diferentes comunidades autónomas.

La Generalitat y cinco autonomías reclaman al Gobierno inversiones para regenerar la costa y "frenar los deslindes"

VALENCIA.- La Generalitat valenciana ha presidido la reunión de los responsables en materia de Costas de las Comunidades Autónomas de Canarias, Murcia, Baleares, Galicia y Andalucía, donde se ha establecido una declaración conjunta para la defensa del litoral y el impulso de una nueva normativa para que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico "adaptada a la realidad" de las normas a cada territorio con herramientas para "frenar los deslindes".

Así lo ha destacado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ante seis cargos de diferentes gobiernos autonómicos encabezado por Marc García Manzana, director general de Costas Puertos y Aeropuertos.

Los dirigentes han abogado por alzar la voz para denunciar "la falta de inversiones para regenerar la costa" y "demandar una protección para las viviendas de núcleos costeros tradicionales amenazados por los deslindes", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Las seis autonomías presentes han explicado su experiencia que ha llevado a Canarias, Baleares, Andalucía, Murcia y Galicia a asumir competencias y a la región gallega a promulgar una ley. Una experiencia que ha servido también a la Comunitat Valenciana, con norma propia desde este 2025 y en proceso de asunción de competencias.

Durante su intervención, el conseller ha explicado el contenido de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, que va en la línea de las reivindicaciones de estos gobiernos autonómicos, y ha censurado que el Gobierno central "cercene los derechos de los vecinos que viven más cerca del mar".

 "Esta es la primera norma de rango autonómico que ofrece una serie de protecciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a los deslindes", ha remarcado.

En esta línea, Martínez Mus ha recordado que esta ley, entre otros, se enfoca en la preservación de los núcleos costeros tradicionales, reconociendo su valor etnográfico y habilitando un nuevo canal para su protección frente a estos procesos. 

De la misma forma, se ha recordado que la Generalitat aspira a contar con el aval, que ya han recibido otras autonomías, para gestionar las licencias de actividades en la costa.

Martínez Mus ha criticado que el Gobierno de España está "obstaculizando una gestión autonómica eficaz del litoral y de las playas, limitando las capacidades de acción directa de las comunidades autónomas, que son quienes mejor conocen las realidades específicas de sus costas".

 Por ello, considera necesario asumir el máximo de competencias posibles.

"La falta de inversiones por parte del Ministerio en infraestructuras de protección de la costa y obras de regeneración de las playas, sumado a unos deslindes que carecen totalmente de criterios técnicos, hace que las comunidades autónomas debamos dar un paso adelante en la gestión de nuestras costas", ha remarcado.

En ese sentido, ha destacado que esta jornada "es un ejemplo de esa alianza entre comunidades autónomas para intentar conjugar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente en unas costas donde la inversión estatal brilla por su ausencia".

"El litoral no puede esperar. La costa retrocede, y con ella retrocede una parte fundamental de nuestro país. Es tiempo de compromiso, de responsabilidad y de soluciones sostenibles y duraderas", ha apostillado.

Mazón avanza que la Ley de Costas está en "fase final" y buscará compatibilizar usos tradicionales y propiedad privada

ALICANTE.- El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que la Ley de Costas está en «fase final» de elaboración y ha recalcado que el objetivo de esta norma será «compatibilizar» los usos tradicionales y la propiedad privada.

Así se ha manifestado este sábado el jefe del Consell en declaraciones a los periodistas en Alicante, al ser preguntado por los cambios que prevé la nueva Ley de Costas y por si saldrá adelante este curso político.

Al respecto, Mazón ha asegurado que la norma está en «fase final» de elaboración y posteriormente se presentará en Les Corts, y tendrá el «equilibrio» como objetivo«. 

»El objetivo es proteger nuestra costa manteniéndola, no olvidándonos de ella. Proteger nuestros usos tradicionales, la propiedad privada y hacerla compatible con el mantenimiento de nuestras playas", ha sostenido.

«No hay que elegir entre intervenir o abandonar. No hay que elegir entre actividad del hombre o cero actividad del hombre o del ser humano. La convivencia es lo más importante. Por eso vamos a proteger nuestras playas, vamos a regenerar nuestras playas y vamos a hacerlas compatibles con los usos tradicionales, con la propiedad privada y con los miles de propietarios que están absolutamente ahogados sin ni siquiera poder reparar sus propios establecimientos», ha aseverado Mazón.

El president ha señalado que exigirán al Gobierno las competencias de costa «para protegerla, cuidarla y para poder convivir con ella, con sentido común». 

«Ya hay sentencias y resoluciones judiciales que están demostrando que lo que se estaba haciendo con las costas era una aberración que atentaba contra nuestras propias playas, contra nuestro propio turismo, contra el equilibrio, contra la sostenibilidad y contra el mantenimiento del sentido común», ha zanjado.

Medio Ambiente defiende la necesidad de una Ley de Protección del Litoral para contrarrestar "desmanes arbitrarios"

VALENCIA.- La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio defiende la necesidad de contar con una Ley de Protección de la costa valenciana que sea "más sensible con nuestra realidad y nos permita contrarrestrar desmanes injustos y arbitrarios" del Gobierno, como el reciente caso de Torrevieja, según ha informado el director general de Puertos, Aeropuertos y Costas, Vicente Martínez Mus.

Martínez Mus ha lamentado en un comunicado la demolición del kiosko 'El Tintero' de Torrevieja, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, y ha añadido que "se trata de un nuevo ataque del Gobierno a nuestro litoral que podría evitarse con una norma autonómica".

El director general ha reiterado el compromiso del Consell "para defender a los vecinos afectados por los deslindes, con cuantos recursos y alegaciones sea necesario" y ha recalcado que exigirán al Gobierno que ejecute "la necesaria regerenación de la costa, una de sus grandes asignaturas pendientes".

La Ley de Protección de la costa valenciana regulará, por primera vez desde el ámbito autonómico, "los usos del litoral bajo la premisa de que no todos los espacios tienen las mismas características, soportan la misma tipología de usos o requieren de las mismas intervenciones".

"De esta manera, se podrá proteger mejor nuestro territorio. Aspiramos a que sea la Generalitat la administración que decida y autorice cuestiones como las concesiones administrativas, la hostelería de nuestra costa, actividades deportivas o el plan de temporada de playas", ha reiterado el director general.

El PPCV reclama inversiones y una mayor protección del litoral valenciano

ALICANTE. La vicesecretaria de Ecología y Desarrollo del partido Popular de la Comunitat Valenciana, Elena Albalat, ha reclamado al Gobierno de España “inversiones y una mayor protección para el litoral valenciano, al que además afecta la modificación del Reglamento de la Ley de Costas”.

Albalat se ha pronunciado así tras mantener un encuentro con afectados por la Ley de Costas en Guardamar del Segura, al que también han asistido el senador de Castellón Vicente Martínez y la portavoz de Medio Ambiente del GPP en Les Corts, Elisa Díaz. 

“El PPCV pone voz al malestar de miles de vecinos en toda la Comunitat, y hoy en Guardamar en particular, que ven cómo sus viviendas están en peligro. La necesidad de actuaciones es urgente en toda la costa”, ha señalado.

La dirigente popular ha exigido al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “una estrategia global para todos los municipios. Ya está bien de inacción, hay que actuar de una vez”. Asimismo, ha exigido que desista de la reforma del reglamento de la ley de costas “que resta derechos a los propietarios de viviendas y perjudica a nuestro turismo”.

Esta misma semana Albalat también encabezó un encuentro telemático con cerca de un centenar de alcaldes, portavoces, diputados y senadores del PPCV, en el que se analizó el problema de los municipios de la Comunitat afectados por la Ley de Costas. 

Durante la reunión también se abordó la creación en Les Corts de la comisión sobre prevención de riesgos derivados de fuertes temporales tanto en la costa como en el interior, una comisión que se acordó tras los efectos del temporal Gloria ocurrida en enero de 2020. 

Al respecto, la portavoz de Medio Ambiente de Les Corts, Elisa Díaz, ha explicado que el GPP es el único grupo que ha propuesto que comparezcan los afectados por los problemas de la costa. “Es fundamental escuchar a la sociedad civil. La comisión no puede ser una pasarela de cargos, hay que conocer de primera mano las experiencias de los afectados”.

Díaz ha manifestado que es primordial que las asociaciones de vecinos estén representadas en la comisión y señaló que el problema de costas “es de envergadura, ya que los temporales y la falta de obra se están comiendo las playas, la arena y también las viviendas”.

Por su parte, el senador Vicente Martínez ha explicado la necesidad de abrir un debate sobre la Ley de Costas “para revisarla y adaptarla a la realidad”.

 “El PSOE se está dando mucha prisa en elaborar un nuevo reglamento que es lesivo para los propietarios. Solo en la provincia de Castellón hay viviendas amenazadas de derribo en Nules, Moncofa, Almenara o Cabanes. Hay que buscar un punto de encuentro entre la protección de la costa y las viviendas, muchas de ellas singulares y que forman parte de la historia de la provincia”, ha señalado.

Costas paraliza las obras en negocios en dominio público de Xàbia arrasados por 'Gloria'

JÁVEA.- El servicio provincial de Costas, que depende del ministerio para la Transición Ecológica, le ha echado el freno a las reconstrucciones exprés que habían iniciado los empresarios con negocios en el domino público marítimo-terrestre de Xàbia, según Levante-EMV. 

El temporal Gloria causó graves destrozos en los dos locales de primerísima línea de la playa de grava del Primer Muntanyar (el Benissero). Los empresarios se pusieron rápidamente manos a la obra. Retiraron el mobiliario irrecuperable. Iniciaron los trabajos para rehacer las plataformas de hormigón sobre la que se asientan estos negocios, que resultaron seriamente dañadas. 

Pero, según ha podido saber este diario, llegó una inspección de Costas y paralizó esas obras. Desde hace días no se mueve allí una piedra. Los negocios están precintados. Esa medida persigue que no se cuelen los curiosos. Está peligroso. 

Costas aprovechará ahora para revisar la ocupación que a la largo de los años han realizado estos negocios y cerciorarse de que no se han «apropiado» de más playa de la que les permite la concesión.

  

Paralización, a rajatabla

La paralización se está cumpliendo a rajatabla. La posible multa por incumplirla no se envía sólo a los empresarios que gestionan estos negocios, sino también a las firmas que lleven a cabo los trabajos. Los obreros no se exponen a pagar una sanción. 

Estos locales, de moda en los últimos años, lo tendrán complicado para abrir en Fallas, época en la que ya empezaban a engrasar la maquinaria de cara a Semana Santa y Pascua. El estropicio es grande. No se repara de un día para otro. Y Costas quiere comprobar que, a lo largo de los años, estos negocios no han ido arañando metros de playa pública.

El PPCV acusa al PSOE de "atacar" al sector turístico de la Comunitat por recurrir la Ley de Costas

ALICANTE.- El vicesecretario de Política Territorial del PPCV, Miguel Ortiz, ha acusado al PSOE de "dar la espalda a los intereses de los valencianos" y "atacar" al sector turístico de la Comunitat "con el anuncio de que van a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Costas que entró en vigor ayer".

   Según informa el partido en un comunicado, así lo ha señalado en un encuentro celebrado en Santa Pola, en el que ha estado acompañado por el alcalde de esta localidad y también diputado, Miguel Zaragoza, así como por la diputada nacional Macarena Montesinos, entre otros.

   En esa jornada, los 'populares' han analizado la entrada en vigor de la nueva ley, que beneficia a más de 3.000 viviendas y más de 400 establecimientos del litoral valenciano que, según Ortiz, facturan 167 millones de euros y dan empleo a más de 9.000 personas.

   El dirigente del PPCV mantiene, en este sentido, que con el anuncio de los socialistas de que van a recurrir esa norma "ha vuelto a quedar demostrado que sólo el PPCV da la cara por los intereses de los valencianos, frente a un PSPV movido por intereses partidistas".

   A su juicio, la postura de los socialistas evidencia "un nuevo ataque a los intereses de los ciudadanos de la Comunitat y de un sector como el turístico que representa el 13 por ciento del PIB".

   Incide asimismo en que esa actitud "demuestra que son incapaces de respaldar cualquier iniciativa que suponga una defensa de los intereses de los valencianos", ya que esa norma "recoge todas las reivindicaciones de la Comunitat y acaba con los problemas producidos por una norma antigua, obsoleta y mal gestionada durante tanto tiempo".

   Ortiz recalca que la nueva Ley de Costas "supone una muestra más de la sensibilidad y el compromiso del PP por el sector turístico valenciano y por acabar con la gran injusticia que sufría el sector de la restauración del litoral valenciano".

   Por su parte, la secretaria general del PP de Castellón, Isabel Bonig, ha criticado en un comunicado "el ataque constante a los intereses de todos los valencianos por parte del PSPV", en alusión al recurso anunciado, con el que, a su juicio, pondrán "en entredicho una solución razonable a muchos años de sufrimiento".

   Reprueba igualmente la "alarmante descoordinación del PSPV sobre asuntos tan importantes para la Comunitat y para la provincia de Castellón" y, en este sentido, señala que "según el foro en el que se encuentran votan en contra de la Ley como este caso, a favor como es el caso del PSPV de Chilches, o ni acuden como es el caso de Ximo Puig, que se ausentó para no tener que votarla".

   Bonig reivindica que la Ley de Costas es "una solución razonable que respeta el Medio Ambiente, pero también la propiedad".

El Congreso aprueba la Ley de Costas, que asegura construcciones junto al mar

MADRID.- El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma presentada por el Gobierno a la Ley de Costas de 1988 con la aprobación de las enmiendas introducidas por el PP en el Senado. Esta norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E., prevista en los próximos días.

   El trámite parlamentario se inició en diciembre, cuando el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, defendió en el Pleno del Congreso que la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no respondía a los fines y objetivos que pretendía (mantener y conserva el litoral), además de haber fomentado un marco de inseguridad jurídica para los propietarios y titulares de derechos en la costa.

   En aquel momento, PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, ERC y Compromís-Equo, pidieron en sus enmiendas a la totalidad que el texto fuera devuelto al Gobierno, aunque sin éxito, puesto que fueron rechazadas. Ya en febrero, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó esta reforma con el apoyo del PP, la abstención de CiU, y el voto de la oposición. Esta votación se repitió en la 'segunda fase' del trámite parlemantario, ya en el Senado, el pasado 24 de abril.

   Este jueves en el Congreso se han ratificado las enmiendas presentadas en la Cámara Alta. Todas ellas han contado con el voto a favor del PP y la abstención o voto en contra de la oposición, salvo en materia de cambio climático, que ERC ha apoyado a los 'populares'.

   Se trata de la primera vez que se plantea en la Ley de Costas incorporar una regulación específica para luchar contra el cambio climático en la costa española, además de que impone al Ministerio de Medio Ambiente la obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático de cara a mitigarlos.

   Según ha defendido Arias Cañete este jueves en el Congreso, esta Ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, y aumentando en todo caso su protección.

   Se prohíben también nuevas edificaciones en el litoral, tanto en el dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas), como en su zona adyacente de servidumbre de protección. Se mantiene la prohibición de la edificación residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.

   Igualmente, excluye núcleos de población (no los amnistía porque ya eran legales) del domino público terrestre porque son terrenos de núcleos urbanos, habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayoría a viviendas sencillas de barriadas populares, no a hoteles o empresas.

   En concreto, el proyecto de ley excluye del dominio público marítimo terrestre un total de 12 municipios: el poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El Palo (Málaga).

    Desde Coalición Canaria, la diputada Ana Oramas ha criticado que el archipiélago no aparezca en ningún momento en la ley, a la vez que se ha preguntado por qué sólo se han excluido esos 12 municipios y no se ha tenido en cuenta a Canarias, un argumento que considera suficiente para rechazar la ley, aparte de que cree que esta reforma no protege la costa.

   Además, en esta reforma se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros y únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988. Eso sí, se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.

   Según puntualiza Medio Ambiente, la reducción de la servidumbre sólo se podrá producir respecto de núcleos costeros que antes de 1988 tuvieran un carácter urbano, según unos requisitos marcados en la disposición transitoria primera de la Ley, y solamente para el núcleo delimitado. Por tanto, defiende que no se podrán autorizar nuevas construcciones dentro de los núcleos delimitados. "Es decir, se solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988, sin que implique permitir un solo edificio más en la costa", justifica.

   En cuanto los chiringuitos, la Ley mantiene los usos permitidos y prohibidos en el dominio público marítimo terrestre y Medio Ambiente señala que se les dará más seguridad, en cuanto a plazos y condiciones de la concesión, a la vez que se les exigirá más en términos de ordenación y cuidado de las playas.  

   Sobre las concesiones, se prorrogan las concesiones de los propietarios de viviendas situadas en la playa antes de 1988, hasta un máximo de 75 años. Durante la concesión y sus prórrogas se debe  garantizar la conservación de la costa y, además, se va a exigir a los empresarios la corresponsabilización en esa conservación del domino público.

   Este es uno de los puntos que más polémica ha suscitado entre los nacionalistas gallegos del BNG, puesto que se ha prorrogado la licencia a la empresa ENCE, situada en la ría de Pontevedra que, según insisten, es contaminante.

   Sobre este punto la reforma incluye también el hecho de que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas.

   La normativa contempla también la posibilidad de celebrar eventos de interés general con repercusión turística en algunos tramos de playa y que se puedan permitir los usos comerciales y de restauración en la zona de servicio portuaria, donde se prohíben las edificaciones para residencia o habitación.

   Desde el PSOE e ICV, sus portavoces parlamentarios han anunciado que están estudiando presentar un recurso en contra de esta ley ante el Tribunal Constitucional, al considerar que vulnera varias directivas europeas, tratados internacionales, aparte de carecer de una memoria económica y favorecer la privatización de la costa, que llevó a España al 'boom inmobiliario' y consecuente crisis económica.

   Ambos coinciden igualmente en que esta normativa podría vulnerar el artículo 132 de la Constitución, relativo al régimen jurídico de los bienes de dominio público.

   Del lado nacionalista, tanto Martí Barberà de CiU, como Joseba Agirretxea del PNV, han coincidido al resaltar que las enmiendas presentadas en el Senado a la normativa suponen una invasión de competencias.

   Desde el primer momento su tramitación la ley ha contado con la oposición de los grupos ecologistas quienes han tachado este día de "duelo" al haberse aprobado la Ley que, a su juicio, no tiene "ningún espíritu de protección".

   Precisamente, este mismo jueves por la mañana, justo cuando comenzaba el debate de las enmiendas del Senado sobre esta ley un grupo de activistas de Greenpeace se han encaramado al techo del Congreso para protestar contra la normativa y han llegado a mostrar una pancarta en la que se podía leer 'El PP vende nuestras costas'. La protesta se ha saldado con ocho detenidos.