El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha recordado que “uno de los objetivos fundamentales de la ley es precisamente preservar aquello que en nuestra costa merece ser conservado, y los núcleos de valor etnológico son uno de esos valores que queremos proteger”.
Así, ha señalado que la Generalitat también ha recibido la solicitud de Moncofa, presentada por su ayuntamiento, y de Guardamar del Segura, solicitada por una asociación de vecinos en relación con la Playa Babilonia.
“En ambos casos, y en cualquier otro que se solicite, la ley está pensada para dar cobertura a esos núcleos que forman parte del patrimonio de los valencianos y debemos conservar”, ha asegurado el conseller.
Cabe recordar que el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el 26 de mayo la Ley 3/2025, de 22 de mayo, que incorpora herramientas para proteger el patrimonio litoral y los núcleos costeros tradicionales, reconociéndoles su valor etnológico con el objetivo de dotarles de herramientas para frenar, entre otros, posibles deslindes.
Esta norma recoge aspectos no previstos en la legislación estatal, como la protección de los núcleos costeros tradicionales o la compatibilidad entre los usos humanos y la conservación de los valores naturales del litoral.
En concreto, el artículo 17 establece que la Generalitat, previa solicitud municipal, podrá declarar núcleos urbanos con especiales valores etnológicos aquellos conjuntos edificados que, además de estar integrados en el entorno costero, acumulen valores culturales, históricos o etnológicos cuya desaparición supondría una pérdida para el patrimonio de la Comunitat Valenciana.
Una vez realizada la solicitud, desde la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos se va a analizar toda la documentación con el objetivo de confirmar que estas casas pueden ser declaradas núcleos con valor etnológico y así dotarles de un mayor respaldo.
La Comunitat Valenciana cuenta con alrededor de 500 kilómetros de costa que albergan 10 parques naturales.
Además, más del 70 % de la población reside a menos de 10 kilómetros del mar, lo que resalta la importancia de este entorno no solo desde un punto de vista ecológico, sino también para la economía valenciana, dado que el 15 % del PIB se genera en la franja costera, tal y como ha argumentado.
Con esta ley, el Ejecutivo valenciano busca reafirmar su compromiso de garantizar la protección de su litoral y su patrimonio natural de forma integral, a la vez que se asegura que todas las decisiones sobre autorizaciones y concesiones en la costa se tomen en beneficio de la ciudadanía y del entorno.
En este sentido, ya se ha solicitado al Gobierno la cesión de competencias, tal y como se ha realizado con diferentes comunidades autónomas.
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