Por ello, consideró que el PP "no está luchando contra la corrupción, sino buscando la impunidad de los corruptos".
Llamazares se pronunció así hoy, en una rueda de prensa en Valencia, en la que explicó las 30 medidas que plantea su grupo en el Congreso de los Diputados para luchar contra la corrupción, que, según dijo, procede de un "modelo económico especulativo y de dinero negro, que afecta a una parte de la política y contamina al resto" y que "debe pasar a un modelo económico sostenible y social".
Para ello, propuso medidas contra la economía sumergida, que en España "supone el 20 por ciento"; de regeneración fiscal y de lucha contra la corrupción política. En este último aspecto, concretó que se debe modificar la Ley de contratos de la Administración Pública para evitar el fraccionamiento de los contratos; modificar la Ley electoral, puesto que "las enormes campañas que endeudan a los partidos son parte de la economía corrupta" y modificar el Código Penal, con el fin de endurecer las penas relativas a la corrupción política y económica, como el cohecho.
A su juicio, la "regeneración política en España tiene que pasar por medidas de transparencia y control de la financiación de partidos y la Ley de contratos públicos", entre otras cuestiones. Asimismo, instó a "dejar de utilizar la corrupción como instrumento de confrontación política y a adoptar medidas para luchar contra el origen de la misma" que es, dijo, la "economía especulativa".
Preguntado sobre la Ley de Economía Sostenible que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros, manifestó que el Gobierno la ha "guardado como oro en paño" y los grupos parlamentarios "no saben nada", por lo que comentó que la espera con "expectación" porque cree que será "el inicio de un cambio del modelo de desarrollo", pero, al mismo tiempo, con "escepticismo y preocupación".
En esta línea, señaló que la crisis "está sobrepasando al Gobierno", que "da palos de ciego" y las medidas adoptadas hasta ahora en materia medioambiental no están dirigidas a un modelo de economía sostenible y resaltó que, además, el Ejecutivo "ha profundizado en una política fiscal regresiva".
Igualmente, se mostró "preocupado" por que en el caso de que dicha ley implique una reforma laboral, suponga un "recorte" en los derechos de los trabajadores. Por ello, pidió al Gobierno que "plantee un esfuerzo compartido" en el que "los que más tienen den más y los trabajadores no se vean perjudicados".
Por su parte, EUPV ha presentado en las Corts una Proposición No de Ley con 13 medidas contra la corrupción que Marga Sanz espera que se pueda debatir en un pleno del próximo periodo de sesiones, puesto que el modelo de crecimiento económico de la Comunitat Valenciana "ha sido --dijo-- paradigma del modelo corrupto, que compra volutandes".
Así, la iniciativa se estructura en cuatro bloques, el primero de los cuales se dirige a medidas para aplicar en la Administración autonómica y contempla la dotación de medios a la Fiscalía; la ampliación a 30 años de la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público a los condenados; limitación de regalos e invitaciones o exclusión de la contratación pública de empresas colaboradoras con operaciones de blanqueo de capitales, ocultación de bienes, entre otras.
En segundo lugar, se establecen medidas para el control de las contrataciones públicas, como el establecimiento de comisiones de control en las administraciones públicas y la creación de una Comisión parlamentaria especial en las Corts para el seguimiento de estas actuaciones.
Además, recoge una serie de reformas legislativas como la incorporación en "todo el ordenamiento legal" de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y la modificación "urgente" de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), en especial la supresión del agente urbanizados, porque, para Sanz, ha sido el "elemento clave para introducir la corrupción" en la autonomía.
El último bloque se dirige a aumentar la transparencia de la gestión pública y solicita una regulación de salarios de los cargos públicos para que no sean "escandalosos", la creación de un registro en el que consten las fuentes de ingresos profesionales y patrimoniales de los cargos de la Generalitat y otro sobre las recalificaciones de suelo y aumento de la fiscalidad de las plusvalías obtenidas, con el fin de que los beneficios obtenidos de las mismas "reviertan en la sociedad".
También incluye la redacción de un 'Código ético del cargo público' que respalde la "obligación de denunciar ante la Fiscalía cualquier actuación que pueda considerarse ilícita", fomentar la participación ciudadana en la vida pública y trabajar para hacer "real y vigente el pacto antitransfuguismo en todas sus facetas".
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