La concejala socialista Loles Fernández explicó en un comunicado que esta ordenanza introduce una novedad "que indigna aún más", que es que los alicantinos "tengan que soportar una nueva carga".
"Si tienen una casa de más de diez años y quieren bien alquilarla, venderla o simplemente cambiar de empresa suministradora de agua, gas o electricidad tendrán que pagar de nuevo la licencia de primera ocupación", comentó la edil del PSPV, quien consideró que esta nueva obligación "debería ser suprimida".
A su juicio, "no son las mejoras medidas que se deben adoptar en época de crisis, ni las más adecuadas para fomentar, que ese importante parque de viviendas vacías que tiene nuestra ciudad, sean ocupadas".
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