VALENCIA.- El Gobierno no interferirá en la investigación de la Fiscalía
Anticorrupción en las causas abiertas para depurar posibles
responsabilidades penales derivadas de la gestión de Caja Mediterráneo
(CAM) y Bancaja. Esta declaración de principios está recogida en la
respuesta del Ejecutivo a una pregunta formulada por José María Ángel
Batalla, senador socialista designado por la Cortes Valencianas.
Batalla formuló al Gobierno textualmente la siguientes pregunta:
"Tiene conocimiento el Ministerio de Justicia de si el Fiscal General
del Estado ha realizado actuaciones para depurar todo tipo de
responsabilidades penales que pudieran derivarse de la gestión de las
Cajas de Ahorro Valencianas (Bancaja y la CAM)".
En su respuesta, el Ejecutivo admite que la Fiscalía Anticorrupción
está realizando sendas investigaciones para conocer el "alcance de los
hechos y las responsabilidades penales, que pudieran derivar de los
mismos". A continuación, el Ejecutivo esgrimió las funciones que de
acuerdo con el artículo 124.1 de la Constitución le corresponde al
ministerio fiscal, es decir, "la promoción activa de la justicia en
defensa de la legalidad y los derechos de los ciudadanos y del interés
público tutelado por la ley, velar por la independencia de los
tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social".
"Desde el Gobierno", añade la respuesta, "como fue destacado por el
Ministerio de Justicia en su comparecencia del 25 de enero ante la
Comisión de Justicia de la Cámara de los Diputados, existe la firme
convicción y el compromiso formal de que la relación entre el Ejecutivo y
el ministerio fiscal tenga por base y se sostenga en los principios de
legalidad e imparcialidad contenidos en los artículos 124 de la
Constitución y 7 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
El Gobierno cierra su respuesta al senador socialista incidiendo en
que su relación con la Fiscalía estará guiada por "ese profundo respeto a
dichos principios [legalidad e imparcialidad]".
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