ALICANTE.- Los
cinco exdirectivos de Caja Mediterráneo (CAM) imputados en la causa
abierta por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 por presunta
estafa han recurrido ya la fianza conjunta y solidaria de 25,8 millones
de euros que les impuso el juez Javier Gómez Bermúdez, según confirmaron a Abc fuentes de la Audiencia Nacional.
El
último en presentar su recurso ha sido el expresidente de la antigua
caja de ahorros alicantina Modesto Crespo. Con anterioridad lo habían
hecho los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores
Amorós, así como el exdirector de Recursos Vicente Soriano Terol y el
exdirector de Planificación y Control, Teófilo Sogorb. Todos ellos están
imputados por presunta estafa, apropiación indebida y falsedad en las
cuentas, entre otros delitos.
No
obstante, la interposición de estos recursos, que deberán ser resueltos
por el magistrado, no exime a los cinco exdirectivos de depositar la
fianza conjunta de 25,8 millones de euros, en el plazo de 15 días
hábiles a contar desde la notificación del auto dictado por Gómez
Bermúdez el pasado 26 de julio. El juez impuso la fianza -que deberán
depositar entre los cinco, respondiendo si es preciso con su patrimonio-
a petición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para
que los imputados cubran de forma cautelar las pérdidas ocasionadas a la
CAM por su gestión.
Cuotapartícipes afectados
Esta
cifra incluye la prima que los exdirectivos cobraron indebidamente
-estaba vinculada a unos beneficios de la caja que luego se han revelado
irreales- y la cantidad pagada de más a la aseguradora Caser para
garantizarse las indemnizaciones por prejubilación.
No
obstante, el abogado que ejerce la acusación particular, Diego de
Ramón, ha solicitado al juez que una parte de esta cantidad -12
millones- se destine a cubrir las pérdidas de sus representados, más de
medio millar de inversores que compraron cuotas participativas de la CAM
y que ahora han perdido sus ahorros.
La
elevada fianza impuesta por el juez supone que cada uno de los cinco
imputados tendrá que depositar más de cinco millones de euros ante la Justicia para responder de su posible responsabilidad penal.
Algo
que, en principio, no debería suponer un excesivo problema para el
exdirector general Roberto López Abad, quien cobró de la CAM una
indemnización de 5,5 millones de euros por prejubilarse el 29 de junio
de 2011, un mes antes de que la caja tuviera que ser intervenida por el
Banco de España.
Por
su parte, Vicente Soriano se prejubiló el 1 de marzo de 2011 y cobró
1,7 millones de euros de indemnización.
María Dolores Amorós fue
despedida por los administradores del FROB tras la intervención. Acudió a
la Justicia para reclamar una indemnización de 10 millones, pero la
juez desestimó sus pretensiones y, además, anuló su pensión vitalicia.
Gómez Bermúdez retoma este lunes la causa
El
juez Javier Gómez Bermúdez se reincorpora el lunes al Juzgado Central
de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, en el que retomará la
causa abierta a la antigua cúpula de Caja Mediterráneo (CAM) por
presunta estafa, apropiación indebida y falsedad en las cuentas, entre
otros delitos.
Uno
de sus primeros cometidos tras el período de vacaciones será resolver
los recursos que los cinco imputados -el expresidente de CAM, Modesto
Crespo, los ex directores generales María Dolores Amorós y Roberto López
Abad, el ex director de Recursos Vicente Soriano Terol y el ex director
de Planificación Teófilo Sogorb- han presentado contra la fianza de
25,8 millones de euros que el juez les impuso para resarcir los daños
que presuntamente ocasionaron a la antigua caja de ahorros alicantina
debido a su gestión.
Pero la interposición de estos recursos no exime a
los cinco exdirectivos de CAM de depositar, de forma conjunta, la
fianza de 25,8 millones impuesta, a razón de algo más de 5 millones de
euros cada uno.
Fuentes
judiciales indicaron a Abc que, dada la elevada cuantía
de esta cifra, muy probablemente será aportada con avales bancarios, que
pueden ser otorgados utilizando los bienes inmuebles de los imputados
como garantía.
En
caso de que los imputados no hayan podido satisfacer esta cantidad,
indicaron las mismas fuentes, el juez Gómez Bermúdez dictaría un auto
ordenando el embargo de los bienes por el importe que haya quedado
impagado.
Por su parte, el abogado que ejerce la acusación particular en
representación de 500 afectados por las cuotas participativas de la
CAM, Diego de Ramón, ha anunciado que si los imputados no abonan la
fianza interpondrá contra ellos una querella por un presunto delito de
alzamiento de bienes, por considerar que su patrimonio les permite
atender la petición del juez.
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