ALICANTE.- Después de siete años de investigación y
de tres aplazamientos de la vista oral, la Audiencia Nacional busca
ahora fechas libres para juzgar el proceso abierto por los negocios de
la CAM en el Caribe. Una causa cuyo enjuiciamiento estaba señalado para
ayer con la vista puesta en la posibilidad de que los exdirectivos de la
caja Roberto López Abad y Daniel Gil Mallebrera hubieran seguido los
pasos de sus compañeros de banquillo, los empresarios Juan Ferri y José
Baldó, quienes hace meses aceptaron los hechos que se les imputan a
cambio de evitar la cárcel, según relata el diario Información.
Los
cuatro son los únicos acusados que quedan en este procedimiento después
de que, tras admitir los hoteleros que recibieron créditos irregulares
de la entidad, que defraudaron a Hacienda y pagar cerca de 28 millones
al Fondo de Garantía de Depósitos y a la Agencia Tributaria, se
retiraran las acusaciones para nueve de los once encausados, entre ellos
uno de sus empleados, otros exdirectivos de la caja y cuatro exmiembros
de la comisión de control.
De
haberse sumado la conformidad de López Abad y Gil Mallebrera a la de
sus otrora socios en Valfensal (la sociedad que Ferri y Baldó crearon
con la CAM para la aventura empresarial de la caja al otro lado del
Atlántico), el proceso hubiera quedado ayer visto para sentencia. Pero
no fue así.
El acuerdo no ha
sido posible y no porque los ex altos ejecutivos no hayan barajado esa
posibilidad para evitar el riesgo de acabar en prisión por los cuatro
años que se les reclaman a cada uno por un delito de administración
desleal.
La
propuesta planteada por sus representantes legales pivotaba sobre dos
vértices: admitían la culpa a cambio de una rebaja considerable en la
cantidad con la que tendrían que hacer frente a la responsabilidad civil
y, además, su exclusión de otra de la causas abiertas por la gestión de
la CAM en la que ambos figuran como investigados, la que indaga si la
caja financió pelotazos de una decena de mercantiles en la compra de
terrenos. Un proceso, denominado TIP Suelo, aún en fase de instrucción.
La
exculpación fue rechazada de plano por el Fondo, acusación particular
en este proceso, en línea, en lo relativo a lo económico, con la postura
de Caser. La aseguradora con la que la caja tenía contratada una póliza
de responsabilidad civil de sus altos cargos tampoco está por la labor
de hacer frente al abono de alrededor de siete millones (de los más de
13 que reclama el Fondo) a cambio de no arriesgarse a una condena que le
obligue a desembolsar los 15 millones de la póliza.
De
haberse aceptado la propuesta de los exdirectivos, López Abad habría
saldado sus cuentas con la Justicia con menos de un año de prisión en
esta pieza del Caribe a expensas de lo que diga el Supremo en la de las
dietas del expresidente Modesto Crespo, única causa en la que ha sido
condenado (a dos años y medio de cárcel) tras dos absoluciones
refrendadas ya por el Alt0 Tribunal.
Para
Daniel Gil, habría sido su primera condena pero, excluido de TIP Suelo,
únicamente le habría quedado pendiente el proceso que indaga las
relaciones de la caja con Hansa, donde se enfrenta a una petición de
cuatro años de cárcel por otro delito de administración desleal.
Comparte banquillo ahí con la exdirectora general María Dolores Amorós,
con el fundador de la promotora, Rafael Galea, y con el exdirector del
holding inmobiliario de la caja.
La
falta de esa conformidad unánime en la pieza del Caribe, donde el Banco
de España y las acusaciones sostienen que las operaciones provocaron
una agujero a la caja de 28 millones, obliga a la Audiencia Nacional a
buscar hueco en su agenda para un juicio que está previsto que se
prolongue un par de semanas.
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