Tras ejercer la abogacía en Gandía, Gimeno se marchó a Alemania a estudiar porque en ese momento estaban allí los mejores procesalistas. Se quejaba de que nuestra Justicia penal es lenta e ineficaz y de que históricamente se haya puesto más empeño en castigar la delincuencia callejera que en perseguir la corrupción. Cuando nadie lo hacía, hablaba ya de los aforamientos como de un chubasquero bajo el que se guarecen los políticos investigados. O la restricción de la acción popular a los delitos contra el patrimonio social colectivo -como los delitos de corrupción y contra el medioambiente-, sin que en ningún caso la puedan ejercer los partidos políticos).
Autor del conocido «Manual de Derecho Procesal», y 99 obras más, era uno de los más brillantes magistrados del Tribunal Constitucional, institución en la que ingresó siendo muy joven –para los cánones actuales– con 39 años, a propuesta del Senado en 1988. Durante la década que permaneció en ese órgano judicial fue probablemente el magistrado que más votos particulares presentó. Esos votos fueron premonitorios de los criterios que, a la postre, se han acabado imponiendo. Y sentencias suyas establecieron una doctrina que fue germen de la actual tipificación de los delitos de odio.
En el máximo tribunal de garantías Vicente Gimeno Sendra sirvió entre
1989 y 1998 bajo tres presidentes que han sido referencia histórica: Francisco Tomás y Valiente (1986-1992), Miguel Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer (1992-1995) y Álvaro Rodríguez Bereijo (1995-1998), al que llegó a disputarle la Presidencia con el apoyo de los magistrados de procedencia judicial y no precisamente de los más progresistas. En 1998 regresó a la cátedra y desde entonces no volvió a ocupar ningún cargo público institucional.
De indudable pensamiento progresista, este valenciano nacido en Gandía, abogado de profesión en el inicio de su carrera profesional, había sido asesor (de 1982 a 1988) del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, quien formó parte del primer Gobierno que formó Felipe González tras la victoria apabullante del PSOE, en 1982, cuando sacó 202 diputados.
Nada más ser nombrado magistrado del Constitucional, declaró que «el actual modelo de juez de instrucción no es imparcial» y que prefería que el fiscal se encargase de la investigación penal.
O como cuando afirmó que «el Poder Judicial está intentando acometer una limpieza contra los corrruptos». Y si las cosas se hacían bien, las valoraba positivamente, como con las reformas que llevó a cabo el ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, que suprimió la dedicación exclusiva de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial ("un despilfarro") y estableció que la tendrían sólo los siete consejeros de la Comisión Permanente.
"No se puede tener un CGPJ que es un apéndice del Ministerio de Justicia
o un TC apéndice del Gobierno", había manifestado en alguna ocasión. A su
juicio, más que un problema de fórmula de elección de los miembros de
esos órganos, lo que tiene que producirse es "una revolución ética en
los partidos" para elegir "a juristas de verdadero prestigio".
Vocal permanente de la Comisión General de Codificación, Gimeno Sendra fue el padre de la idea de la ley de juicios rápidos y uno de los que participaron en la ley del jurado, aunque no estuvo entre los ganadores. El jurista apoyaba la instauración de un jurado escabinado o mixto, como los que existían en Francia, formado por ciudadanos y juristas, en vez del que terminó triunfando, el puro, en línea con el de Estados Unidos e Inglaterra, compuesto solo por ciudadanos.
Hace unas semanas que salió a la luz la última del más del centenar de obras que ha publicado a lo largo de su vida: Simplificación de la Justicia Penal y Civil, en la que pretende dar solución a una de sus obsesiones: lograr una Justicia respetuosa con los derechos fundamentales pero más rápida y cercana a los ciudadanos. Antes había escrito también Derecho Procesal Penal y Proceso Civil práctico, en cuatro tomos. Extendió su profunda dogmática y «auctoritas» al Departamento de Derecho Procesal de la UNED y a la Revista General de Derecho Procesal, hasta erigirlos en referentes inequívocos de esta disciplina jurídica.
Con este ilustre jurista, que falleció hoy en su casa de El Campello, se va uno de los grandes defensores de la mediación como sistema para desatascar el saturado sistema judicial. Apostaba siempre por buscar vías para reconvertir el conflicto en una solución consensuada con la potenciación de las sentencias de conformidad.
Casado con la abogada Cristina Beviá, deja cuatro hijos: Ester y Celia de un primer matrimonio, y los gemelos Vicente y Jordi Gimeno Beviá, ambos profesores universitario en Alicante y Toledo respectivamente. Imprimió tal pasión a su profesión que consiguió que tres de sus cuatro hijos se decantaran también por el Derecho.
Como hitos dentro de su amplia carrera profesional caben destacar:
- 1979-1988 Ejerció como abogado de los Colegios de Valencia, Alicante y Madrid.
- 1982-1988 Asesor del Ministerio de Justicia.
- 1983-1988 Representante del Ministerio español de Justicia en diversos comités de expertos del Consejo de Europa.
- 1988-1998 Magistrado del Tribunal Constitucional por designación del Senado.
- 2001 – Asesor del Ministerio de Justicia.
- 2001 Miembro de la Sección Especial de la Comisión General de Codificación para la elaboración de un Anteproyecto de LECRIM (O.M. de 15 de octubre).
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