Los artífices de la red son una auxiliar administrativa encargada del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Gandía hasta el año 2007 y su pareja, un ciudadano paquistaní que regentaba un locutorio en Gata de Gorgos.
La Fiscalía sostiene que la empleada pública manipulaba el tiempo de residencia, haciendo constar que superaban los tres años, para que así los titulares del certificado pudieran solicitar los permisos de trabajo y de residencia en la Oficina de Extranjería de Alicante.
La acusada actuaba de común acuerdo con su pareja, quien conocía a los inmigrantes interesados en obtener el documento gracias al locutorio en el que trabajaba.
Por su parte, las declaraciones de los inmigrantes acusados han descubierto que dichos certificados los obtenían por pago previo, que podía oscilar entre los 300 a los 2.000 euros.
El juicio se ha tenido que celebrar en estas condiciones por la magnitud del proceso, que exigía acoger al total de los acusados junto con sus respectivos abogados, los 13 traductores, los 3 magistrados y el fiscal.
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