Ahora es el PP de Alicante el que le estalla a Feijóo en las manos / Francisco Poveda *

Esto es un artículo de opinión y por lo tanto todo son opiniones por percepciones subjetivas sobre el mayor escándalo político acaecido en la ciudad de Alicante desde el advenimiento de la democracia municipal en 1979: el de las adjudicaciones de viviendas protegidas VPP a hijos de familias socialmente bien situadas, en lo que parece todo un ejercicio ventajista con resultado de privilegio por militar o estar cerca del partido hoy en el gobierno local. Nada de lo conocido tiene un pase con los ecos de corrupción que se oyen por todos los confines de España. 

Y ésto, ¿lo sabía el alcalde Barcala o tenía obligación de saberlo? Yo creía en principio que no aunque tenía esa obligación pero ahora todo apunta a que sí pudiera haberlo sabido y de ahí esta conspiración provinciana que intuyo y huelo en base a datos que he recogido como rutina desde el verano entre destacados políticos y líderes sociales en torno al poder coyuntural. Su enrocamiento sobre la licencia a la Cámara de Comercio en el Puerto pudiera estar en el trasfondo de este susto que tiene sin dormir al alcalde. 

La cuestión es que en el Pleno municipal de julio de 2024, uno de mis tres concejales favoritos, Rafa Mas, de Compromís, ya denuncia en público esta situación y el alcalde hace oídos sordos. Un video de la sesión visible ahora en redes sociales así lo atestigua y será prueba de cargo para la jueza titular del nº 5 en Alicante si finalmente abre procedimiento abreviado tras las diligencias preliminares originadas por una denuncia de 'Hazte Oir', la primera directamente ante un juez. Porque lo que dijo Rafa en su día lo oyeron todos los concejales y funcionarios presentes.

Mi teoría pues es que la documentación periodística sale originalmente del Ayuntamiento conseguida por el sector mazonista del PP, concretamente de cajones de funcionarios de los niveles 1 y 2, para acabar políticamente con un Barcala crecido ante la caída en desgracia del ex líder regional del partido y con unas aspiraciones sucesorias fuera de la realidad y de su propia realidad, tras su participación clave en la reciente renovación de la concesión municipal del transporte urbano y la de recogida de residuos y limpieza viaria a favor de las dos empresas que las venían disfrutando. 

Así que se pudiera ir tranquilamente con sus objetivos principales resueltos; espero que se me entienda bien por los lectores más lúcidos. Porque Barcala va a terminar dimitiendo.

Y quien o quienes proporcionan esa documentación certera por iniciativa propia a un medio subvencionado desde la Generalitat aprovechan de paso para quitarse de en medio, con un perfecto ajuste de cuentas, a una ya muy recalcitrante funcionaria, parece que devenida en déspota ilustrada, María Pérez-Hickman, supuestamente detestada por cada vez muy molesta para sus compañeros a partir del pavo que se le sube, aún más, tras ser nombrada una de las varias directoras generales imitando el esquema de funcionamiento del Ayuntamiento de Málaga. 

Ahora habría que revisar, visto lo visto, cómo accedió al funcionariado municipal doña María ya que cuenta con un familiar directo muy bien situado en Génova 13 desde hace años. Veremos si solicita una excedencia ya mismo o espera al pronunciamiento de los tribunales de justicia sobre negociación prohibida a funcionarios públicos, que puede acabar en su inhabilitación si estuviésemos en presencia de otros presuntos delitos añadidos en este caso. 

El resultado del expediente informativo solicitado al secretario de la Corporación no ha cambiado formalmente la suerte de esta proba funcionaria ahora reprobada por los hechos que han trascendido a la Opinión Pública, que ya comienza a emitir veredictos sobre la moralidad de los actores en presencia en todas las tertulias de barra o en las encuestas de las televisiones locales. Lo que vulgarmente se conoce como 'pena de telediario'.

Personalmente no me explico cómo Barcala todavía no ha suspendido de empleo y sueldo a esta alta funcionaria, presuntamente corrompida y supuestamente corrupta, que ha venido a arruinar el crédito social y la reputación de toda su extensa familia, venida desde Valladolid en su día, por haber precipitado sobre todos sus miembros el "efecto terminator" y dejarlos expuestos a la cultura de la cancelación por un rechazo colectivo, que aconsejaría la pronta vuelta a su lugar de origen. 

El resto son daños colaterales, caso de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que con su dimisión responde a la confianza de Barcala por ser íntima amiga de su hija Rocío sin mayor mérito político anterior que se sepa. 

También aparece en la lista de beneficiados, para sí mismo o familiares, Francisco Nieto, arquitecto municipal adscrito al área de Urbanismo donde casualmente también trabaja otro Pérez-Hickman bastante más prudente porque no está en el documento del escándalo, de momento, tras las insinuaciones del vicealcalde Manuel Villar en pleno cotejo de beneficiados de las VPP con listas de funcionarios del Ayuntamiento. 

Hace dos semanas parecía que iba a depender de la gestión de esta crisis la suerte política de Barcala pero por adelantar él acontecimientos, ahora quien va a controlar los tiempos del proceso es la izquierda extrema y moderada, quien se le ha adelantado en ir a la Fiscalía Anticorrupción por varios presuntos delitos que parece afectan más a María Pérez-Hickman en lo penal junto al resto de funcionarios que han ido apareciendo, que también tendrán lo suyo como van apuntando las primeras pesquisas policiales.

En principio Feijóo todo parece indicar que no va a ofrecer ya mismo de 'motu proprio' la cabeza política de Barcala aunque tampoco está claro que repita como cabeza de lista del PP en las próximas elecciones municipales por Alicante ni que obtenga un premio de consolación como conseguir acta para el Senado. Pero no hay que pararse aquí porque las ramificaciones de la trama alcanzan a beneficiados fuera de las administraciones públicas. 

Por ejemplo, indicios muy sólidos apuntan a dos afortunados hijos de Jesús María Izaguirre Ugarte, ex notario de la plaza y, casualmente en su momento por estar en activo todavía, de la promoción de estas VPP. Es persona para mi de triste recuerdo tras haber admitido en Sala y reconocido en un procedimiento penal de noviembre de 2019, a preguntas de la defensa, el letrado Antonio Checa, haber faltado a la verdad en la redacción de un acta notarial aportada en sede judicial y por él firmada, lo que, a mi juicio, define y explicaría su supuesta catadura moral y profesional en este contexto.

Otros indicios apuntan al efecto, por presunto tráfico de información privilegiada, e incluso influencias, a la diputada regional del PP, Dolores Peña Villaescusa, según fuentes del PP local y del entorno político íntimo de Barcala, ya que entre los beneficiados aparecen empleados del colegio 'El Valle' con el que mantiene una estrecha relación de años así como dos hijas de miembros de la escisión del 'Rotary Club' de Alicante que ella protagonizó, y que se suelen reunir en el Real Liceo Casino una vez al mes. 

Una pista relevante para la jueza instructora y la UCO, saber ahora quienes son todos y cada uno de estos rotarios escindidos por si hubiese por ahí mas beneficiados indebidos, directos o indirectos.

La investigación parece se centra, en principio, tras desvelar sus apellidos el diario 'Información', en el matrimonio Pastor-Escámez, un promotor inmobiliario local de financiación privilegiada en su día desde el Banco Central y el de Fomento (ya desaparecidos) y su esposa como sobrina carnal y rica heredera del banquero Alfonso Escámez, a quien siempre he de agradecer que me honrase en 1997 con la única entrevista que concedió en su vida a un periodista y que me invitase a almorzar en 'Jockey' tras mostrarme en la planta de su despacho de presidente el piano original del compositor granadino Manuel de Falla.

Los recuerdo a ambos porque hace años sufrieron en su residencia de la partida de Santa Faz, un suculento robo doméstico, presuntamente por cómplices del servicio, de origen sudamericano (colombianos), y que finalmente no se denunció ante la Policía, por motivos que no se hicieron públicos y porque, al parecer, los desleales empleados desaparecieron sin dejar rastro. Ignoro si llegó a intervenir posteriormente la Inspección de Hacienda para inventario.

"El colegio El Valle, del que Begoña Méndez es directora, fue rescatado por la Consellería de Educación en 2012, cuando gobernaba el PP en la Generalitat Valenciana. El centro privado, situado en pleno distrito de la playa de San Juan, fue el primero que solicitó pasar a ser concertado", según publicó en su día el diario Información y recogió eldiario.es.

"Dolores Peña sólo tiene una empresa, de la que es administradora solidaria: Servicios Educativos La Nucia SL. La administradora tiene una larga trayectoria en el PP de Alicante. Esposa de Pedro Romero, portavoz en el Ayuntamiento de Alicante con Luís Díaz Alperi de alcalde, fue secretaria del grupo popular en el consistorio", recogió también eldiario.es.

"La firma Servicios Educativos La Nucia SL fue constituida el 6 de noviembre del 2019 con Begoña Méndez Torres como administradora solidaria de la mercantil . Por su parte, los otros administradores solidarios figuran en el Registro Mercantil en numerosas empresas del sector educativo desperdigadas por varios puntos de la geografía española.

Así, Luis Miguel Rodríguez Zarza, el otro administrador, también es socio de Servicios Educativos Condomina SL, una firma que fue adjudicataria de una concesión administrativa del uso privativo normal de una parcela de dominio público para la construcción y explotación del centro privado El Valle. La firma obtuvo la concesión en 2005, con Díaz Alperi de alcalde de Alicante". 

"Luis Miguel Rodríguez Zarza y Begoña Méndez aparecen en una firma con la esposa de un concejal que dio el visto bueno a la cesión a 50 años de los 10.000 metros cuadrados de suelo público". 

"Dolores Peña ya se vio envuelta en otra polémica cuando El País publicó que, en apenas ocho meses, había comprado tres casas en Alicante valoradas en dos millones de euros (una de las viviendas fue pagada íntegramente al contado)", remata eldiario.es.

Y en esta coyuntura no se habla de Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalitat y responsable política directa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, donde la investigación de la Justicia debe y tiene que entrar a fondo porque desde esa dependencia administrativa se visó la documentación de  solicitantes de las viviendas de la urbanización 'Les Naus' levantada en una parcela pública municipal de la Playa de San Juan.

Porque es responsable última la Generalitat de verificar que los beneficiarios con los requisitos marcados por la normativa autonómica son los que deben ser para no acabar siendo el sistema un privilegio para rentas altas desde una suerte de casualidades precisamente en el contexto de una emergencia habitacional para el común de los alicantinos y que alcanza al 42,6% de la población

Sabiendo lo que se va sabiendo y se sabe, hasta ventajistas próximos o en los aledaños del PP, sobrados de recursos y contactos con información privilegiada, han aprovechado este chollo para intentar especular con algo no concebido para ellos, presuntamente falsificando o alterando la documentación solicitada en las bases para una apariencia total de legalidad.

 Las 140 viviendas en cuestión, algunas ya habitadas desde hace pocos meses, se ofrecían por la promotora de la cooperativa a mitad de precio de mercado con una media de 214.000 euros como precio tasado. 

Curiosamente en un supuesto sorteo entre los más de 2.000 demandantes, este resultó favorable a familias pudientes, lo que da pié a una reversión de las otorgadas con irregularidades manifiestas y para evitar ahora su venta especulativa al doble y con dinero negro de por medio para que no se detecte la operación. 

Y también a  revocar alquileres irregulares muy por encima de los 1.000 euros mensuales de renta.

Las investigaciones administrativas abiertas arrojan la identificación de los primeros implicados, dentro de relaciones cruzadas de parentesco entre Ayuntamiento y Generalitat en Alicante, y marcan el camino, tanto a la Fiscalía Anticorrupción como al Juzgado de Instancia nº 5 de la capital, hasta verificar si entre los agraciados están directamente o a través de terceros, familiares y/o amigos, más concejales del Ayuntamiento, jefes de gabinete del Consell, funcionarios directamente interesados de la Generalitat u otros empleados municipales más. 

 

(*) Periodista y profesor