Sánchez desvela y destroza en el Congreso la impostura de un Abascal (Vox) ausente en el hemiciclo

 MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido hoy contra el líder de Vox, Santiago Abascal, por el desvío de dinero a su bolsillo denunciado por excompañeros, ironizando sobre que llegara a la política para regenerarla cuando «su patria y su bandera es un billete de 500 euros y su proyecto es forrarse». Sánchez desvela y destroza así en el Congreso la impostura de un Abascal (Vox) ausente en el hemiciclo

Sánchez ha sacado a colación estas denuncias de algunos de los que fueron compañeros de Abascal en su réplica al líder de Vox, que se ha ausentado tras agotar su turno en la sesión donde Sánchez comparece para dar explicaciones sobre la posición del Gobierno respecto de la guerra en Oriente Medio.

Este miércoles, en el pleno por la guerra de Irán, el presidente singularizó sus ataques en el líder de Vox, por el supuesto desvío de dinero a su bolsillo, denunciado por exdirigentes del partido. A fin de cuentas, la "patria" y la "bandera" de Abascal, dijo, es "un billete de 500 euros" y su proyecto es "forrarse".

En su turno de respuesta a los portavoces este miércoles, Sánchez no tenía delante a Abascal. El jefe de Vox había dado su discurso de réplica tras la primera intervención del presidente y se marchó después. El líder socialista, no obstante, sí que quiso responderle, y a la acusación de la ultraderecha de que "quiere la guerra porque el ruido oculta sus corruptelas", de que usa "cualquier desastre para tapar su corrupción", se lanzó. 

Y puso el dedo en la llaga, abordó una de las debilidades de los ultras: las denuncias internas por la red empresarial montada por la cúpula. "También se tiene que ir porque no me puede expulsar de su partido", se burló.

Pedro Sánchez ha arremetido contra el líder de Vox, Santiago Abascal, tras las acusaciones de sus excompañeros de filas. “Dice que todo esto lo hace por la patria. Y llega el señor Gallardo y dice que cobra dinero de forma ilegal. El señor Espinosa de los Monteros, asegura que Vox se ha convertido en un entramado económico que es cada vez más sospechoso y opaco. Y el señor Ortega Smith, uno de los fundadores, asegura que el señor Abascal ha convertido a Vox en su gallina de los huevos de oro”.

“Sabemos que ahora mismo el señor Abascal desvía 2,5 millones de euros de la Fundación Disenso a su bolsillo personal. El que venía a regenerar la vida democrática de nuestro país”, ha añadido para concluir que, en su opinión, “el señor Abascal no es un político, es un intermediario. Y por tanto hemos pasado de la caja B de Bárcenas del Partido Popular a la caja A de Abascal en Vox”. 

Se ha referido a las denuncias públicas que han hecho el exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo, el exportavoz del Congreso Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega Smith, y gracias a ellas -ha subrayado- se sabe que Abascal ha desviado 2,5 millones de euros de su fundación, Disenso, «a su bolsillo personal».

Así, Sánchez se hizo eco de las denuncias públicas del exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo, del ex portavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros, del ex secretario general del partido Javier Ortega Smith. 

 Aunque estos hablan del desvío de 11 millones de euros públicos desde 2020 de Vox a su Fundación Disenso, Sánchez acusó a Abascal de un desvío de 2,5 millones de euros de su fundación, Disenso, "a su bolsillo personal".

Abascal, se rió, "el que venía a regenerar la vida democrática de nuestro país". 

"Con razón no está aquí, porque se le caería la cara de vergüenza, se pondría colorado", ironizó, para plantear una pregunta: si uno de sus asesores, Kiko Méndez-Monasterio, su mano derecha, cobra 27.000 euros al mes, entonces "cuánto cobra el asesorado".

 Su empresa de comunicación Tizona habría facturado a Vox solo el año pasado 1,3 millones de euros.

Es el que venía «a regenerar la vida democrática de nuestro país», ha ironizado el presidente para proponer a los diputados de su bancada que dejen de llamarse Vox «y pasen a llamarse Abascal S.L.».

«Con razón no está aquí, porque se le caería la cara de vergüenza, se pondría colorado», ha sostenido Sánchez que ha vuelto a plantear que si uno de los asesores de Abascal cobra 27.000 euros al mes, «cuánto cobra el asesorado».

 Según Sánchez, las evidencias se acumulan y ponen de relieve que el líder de Vox no es un político sino un intermediario: «hemos pasado de la caja B de Bárcenas del PP a la caja A de Abascal en Vox».

 También ha recordado en este sentido que su partido acumula tres investigaciones por parte del Tribunal de Cuentas por donaciones irregulares, préstamos vinculados al primer ministro de Hungría, Víktor Orban, «claramente pro Putin», además de reconocer -ha afirmado Sánchez- que el 80 % de la campaña de las europeas de 2014 «fue pagada con dinero iraní».

La consecuencia es que las evidencias cada vez pesan más y apuntan a que el líder de Vox no es un mero político, sino "un intermediario". 

 Y entonces trazó la línea, la comparación entre la corrupción de los populares y la presunta corrupción de Vox: "Hemos pasado de la caja b de [Luis] Bárcenas del PP a la caja a de Abascal en Vox".

Sánchez recordó que la formación de ultraderecha acumula tres investigaciones por parte del Tribunal de Cuentas, multas por más de un millón de euros, préstamos para las elecciones del año 2023 por valor de 9,2 millones de euros por el primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, "que es claramente pro Putin", y el 80% de la campaña de las europeas de 2014 "fue pagada con dinero iraní".

 "Con dinero iraní", remarcó, para hacer ver la paradoja. El presidente acabó con una propuesta a la bancada ultra: que dejen de llamarse Vox "y pasen a llamarse Abascal SL", dado que la "patria y la bandera" del jefe del partido "es un billete de 500 euros".

 "Aquí Abascal está para forrarse", resolvió.

 Ver vídeo:

https://youtu.be/Z2WbF-Okwzc?si=nT_WWyur8oDu7eJj 

Baldoví ve "patética" la comparecencia de Mazón en el Congreso

VALENCIA.- El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha tachado de «patética» e «indignante» la comparecencia del 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en la comisión de investigación de la dana en el Congreso y ha considerado que el dirigente valenciano «ha hecho lo que hace siempre: victimizarse, culpabilizar a los demás y querer meter con calzador su relato judicial de que no tuvo nada que ver».

De este modo ha valorado, en declaraciones a los medios este lunes, la comparecencia de Mazón, que ha asegurado, entre otras cosas, que cuando salió de El Ventorro «no sabía que había gente que se estaba ahogando» y que quizá no oyó la llamada de la entonces consellera Salomé Pradas a las 19.10 horas el 29 de octubre porque tenía el «móvil en la mochila».

A juicio de Baldoví, «la imagen que quedará en el día es que el 'president' de la Generalitat, cuando ya sabía que había gente desaparecida, metía su teléfono móvil en la mochila». 

El síndic de Compromís ha señalado que este lunes se le ha visto a Carlos Mazón «más incómodo, porque hoy no podía leernos discursos de 23 minutos», a diferencia de lo que hizo la pasada semana en la comisión de la dana de Les Corts.

Sin embargo, ha criticado que el dirigente valenciano «en todo caso ha hecho lo que hace siempre: victimizarse, culpabilizar a los demás y querer meter con calzador su relato judicial de que era un 'president' que no tuvo nada que ver con las alertas».

Y ha incidido en que Mazón «no está contestando a las preguntas clave» en su comparecencia en el Congreso, como la de «qué hacía en esa hora clave donde se estaban ahogando las personas» ni tampoco «ha detallado claramente dónde estuvo esa hora». 

Además, ha apuntado Baldoví, el jefe del Consell ahora en funciones «ha dicho que llevaba también en la mochila un jersey para poder cambiarse».

«Es decir, está diciendo o intentando decir que no fue a casa a cambiarse, que llevaba el jersey ahí, en una mochila donde cabía realmente de todo», ha deslizado. Por todo ello, ha considerado «patético» e «indignante» el relato de Carlos Mazón en el Congreso.

No obstante, ha asegurado que lo que le parece «más indignante de todo» es que, «gracias a la complicidad» de los líderes del PP y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente «hayamos tenido a este semejante presidente, el peor presidente de la historia al cargo de cinco millones de valencianas y valencianos». 

«Patético sería ser muy amable con lo que está pasando hoy», ha zanjado.

Las llamadas con Pradas, la salida del Ventorro y el ES Alert

 MADRID.- El 'president' en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, reconocí este lunes en el Congreso de los Diputados que la consellera de Interior durante la Dana, Salomé Pradas, le informó del posible riesgo de la presa de Forata a las 18.16h de la tarde de la catástrofe y, sobre el envío del ES Alert a las 19.43h, media hora antes de que acabara enviandose el SMS masivo a la población.

El titular del Consell en funciones aseguró en la comisión de investigación de la Dana del Congreso que no recibió ningún whatsapp de la consellera aunque estuvo "en contacto con ella todo el día" porque "iba llamando periódicamente".

 El diputado socialista Alejandro Soler le consultó en concreto por el período entre las 12.52h y las 17.43h en el que no figura ninguna llamada con ella, a lo que Mazón respondió que habló con ella "a través" de su equipo porque él estaba "en distintos actos".

En cuanto a la llamada de Pradas a las 18.16h, el president de la Generalitat aseguró que estarían "hablando de Utiel" y "de las carreteras". 

Entonces, se acababa de decretar el nivel 2 de emegencia en la presa de Forata, por lo que Mazón explicó que en esa llamada "comenzaban las preocupaciones por Forata".

 "Creo que sí", se ratificó al respecto. Además, el líder popular reconoció que pudo haber alguna llamada que no escuchó. En concreto, sobre la que le hizo la entonces consellera a las 19.10, a preguntas de la diputada de Compromís Àgueda Micó, indicó que a lo mejor no la oyó porque tenía el móvil "en la mochila".

Mazón fue interrogado en varias ocasiones sobre su itinerario y, aunque inicialmente se remitió a sus declaraciones realizadas en medios de comunicación donde había el trayecto, sí aclaró en la comisión de investigación que tras la comida en El Ventorro con Maribel Vilaplana fueron al aparcamiento, que él no entró en el parking, y que tras despedirse de la comunicadora, se desplazó directamente al Palau de la Generalitat.

 Todo ello, eso sí, sin vincular estos movimientos con ninguna aproximación horaria. Es más, reiteró que no podía entrar en el "minutaje" exacto de aquella tarde.

En otro momento sostuvo que "durante todo ese tiempo estaba haciendo llamadas", si bien el listado de llamadas -hecho 'a mano'- que ha presentado a Les Corts Valencianes recoge un vacío entre las 18.57h y las 19.34h de aquella tarde, donde no habló por teléfono con nadie. 

Fue a esa hora cuando habló con el secretario autonómico de transportes, Javier Sendra, y según Mazón fue la primera vez que fue consciente de que había problemas en l'Horta Sud.

En cuanto a la llamada de las 19.36h de Pradas, que no atendió, Mazón explicó que debía de estar hablando con otra persona, por lo que "era difícil" que la cogiera. 

"No atender a una llamada de 20 y tantas que hice no significa estar incomunicado, como se ha dicho. No significa apagar el teléfono", se defendió el dimitido presidente valenciano, quien devolvió la llamada a Pradas a las 19.43h. 

Fue entonces cuando, según declaró Mazón, supo "que se iba a producir un aviso por el riesgo en la presa de Forata a la población a través de SMS y radio y televisión". Antes, dijo, nadie le informó sobre este aviso.

Uno de los aspectos que también destacó fue el relativo a sus escoltas. 

Según el relato del president, interrogado por el diputado de ERC Gabriel Rufián, los escoltas le acompañaron desde el Palau hasta el restaurante aunque todo apunta a que no llegaron a entrar puesto que, según Vilaplana, estuvieron a solas en el reservado.

 En ese sentido, Mazón aclaró en sede parlamentaria que a la salida, los escoltas ya no estaban.

"Llegué con escoltas y después salí sin escoltas al Palau de la Generalitat”, narró más tarde, a preguntas del portavoz socialista, para añadir que antes de la Dana intentaba "evitar los escoltas", por lo que era "muy habitual" que fuera sin ellos. También admitió haberse puesto un jersey durante la comida. 

"No me cambié de ropa, pero cuando tengo frío me pongo un jersey. En invierno si tengo frío me pongo un jersey, suelo llevarlo", dijo el president en funciones

Además, el president de la Generalitat aseguró que a las 19.43h del día de la dana no "sabía que había gente que se estaba ahogando" y que "no hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada". 

Ha dicho que no fue hasta las cinco de la madrugada cuando no se supo que había personas fallecidas, pese a que él mismo compareció a las 00.30h de la madrugada ante la televisión pública valenciana, À Punt, para anunciar que se podía confirmar la existencia de "cuerpos sin vida".

Respecto a la hora del envío del mensaje de Es-Alert que no se mandó hasta las 20.11h pese a que había un borrador desde las 18.37n, como ha recordado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, Mazón dijo que habrá que "preguntárselo a los responsables operativos". 

 Así, recordó que la normativa de emergencias no atribuye al president ninguna función operativa, si bien la Ley valenciana permite al jefe del Consell, en una situación catastrófica, asumir el “mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia, pasando a su directa dependencia la estructura organizativa del plan territorial de emergencia de la Comunitat Valenciana”.

En todo momento, defendió que Pradas "nunca se negó a mandar el mensaje" ni le "solicitó consulta para que lo mandara" porque eso no le "corresponde" a él. 

Cuando Belarra le preguntó si el presidente de la Generalitat era un "florero" sin responsabilidades, él replicó que había "técnicos con más de 30 años de experiencia" dando a entender que no debía tomar decisiones quien "no tiene la capacitación profesional" y "no solamente por normativa ni por competencia" sino porque así lo dice el plan de emergencias e inundaciones.

Sánchez le recuerda a Feijóo que su antecesor, Pablo Casado, denunció las corruptelas de la señora Isabel Díaz Ayuso y su entorno familiar

 MADRID.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha arremetido este miércoles en el Congreso contra el jefe de la Oposición, Alberto Núñez Feijóo, al decirle que  él no tiene "ningún miedo a las elecciones", pero que las generales se harán cuando tocan y le ha acusado de haber "medrado" en su partido a costa de "tapar la corrupción": "Lleva 25 años consintiendo", le ha espetado.

"La triste verdad es que usted lleva 25 años conviviendo, consintiendo y auspiciando las corruptelas del partido, que es el más condenado por casos de corrupción de la historia democrática en nuestro país. Usted ha medrado a base de tapar la corrupción en el suyo", le ha soltado.

Se ha retrotraído a su carrera en el PP gallego que, ha apuntado, "que se financiaba de forma irregular con los tejemaneje de Crespo y la complicidad de Manuel Fraga. Después, ha proseguido, Feijóo alcanzó puestos "de máxima responsabilidad y remuneración" bajo los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, "a base de mirar a otro lado".

"Y obtuvo la presidencia nacional del PP a base de defenestrar al señor (Pablo) Casado, que entre otras cosas lo que hizo fue denunciar las corruptelas de la señora (Isabel Díaz Ayuso) y su entorno familiar", ha rematado, antes de volver a sacarle su foto con el "narcotraficante" Marcial Dorado. 

"De todos los que estamos aquí, señor Feijóo, el único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted", ha incidido.

Asimismo, ha protestado de la "doble moral" que, a su juicio, practica el PP, según la cuál él tenía "que saber todo lo que hacía el señor Cerdán, a espaldas del partido, pero en cambio el señor Rajoy no podía saber que los sobres que recibía eran ilegales, o la señora Ayuso que el ático en el que vive está a nombre de un testaferro".

También ha sacado a colación la ponencia política aprobada por el PP en su congreso nacional del pasado fin de semana y se ha ido a leer la página 34 de la misma para informar a la Cámara de la que ha bautizado como "cláusula Quirón".

"Darle la vuelta a la relación entre el contribuyente y la administración tributaria, incorporando el derecho al error en el ordenamiento tributario español para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones fiscales y reducir la indefensión del contribuyente", ha detallado, antes de traducir al "cristiano" que si el PP gobierna "va a introducir una reforma medida para salvar al novio de la señora Ayuso", investigado por haber defraudado al fisco.

"¡Es impresionante, el descaro es total, y luego hablan de autoanministías! ¡Pero qué despropósito, qué descaro, qué desvergüenza y qué ley del embudo! Subir aquí a decir que si gobiernan, van a aplicar una autoamnistía a la pareja de la señora Ayuso", ha clamado.

El presidente ha insistido en que es consciente de que la gente está "enfadada y decepcionada" con él y "con toda la razón", pero ha recalcado a Feijóo que también sabe que la gente "no es ciega" y sabe que "la indecencia de unos pocos no define al resto" y que ni José Luis Ábalos ni Santos Cerdán "eliminan siete años de una extraordinaria gestión".

"Es injusto que ustedes nos pidan borrarnos del mapa por tres personas que han podido cometer casos de corrupción cuando el Partido Popular no se ha movido una silla por 228 fallecidos en la dana, ni con 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid", ha apostillado.

Y, en este contexto, ha asegurado que no tiene "ningún miedo a las elecciones", pero que se tienen que convocar "cuando tocan".

 "Las legislaturas son de cuatro años, y tienen que estar, dos años más en la oposición. Da la sensación de que están ustedes diciendo que van a ganar las elecciones y luego les pasa lo que les pasa, que siguen en la oposición", le ha dicho a Feijóo.

También se ha referido a las "cacofonías" sobre los pactos o los "cordones sanitarios" a Vox que, según ha dicho, se han escuchado en el congreso nacional de los 'populares'.

 "Luego ha dicho (Miguel) Tellado que quieren gobernar y solitario y yo también pero los españoles nos dicen que tenemos que pactar", le ha recordado, antes de apuntar que su problema es que "no pueden llegar a acuerdos salvo con Vox".

"Si a ustedes les avergüenza decir que van a pactar con Vox y gobernar con ellos, ¿por qué creen que se van a sentir orgullosos el resto de españoles y españolas? 

Toda su candidatura se construye en una gran mentira, señoría, la promesa de una independencia, de una autonomía que no tiene porque es sólo un títere de la extrema derecha que se ha apoderado de su partido y también de su ideología", ha zanjado.

El PSOE propondrá la comparecencia de Maribel Vilaplana en la comisión de la dana en el Congreso tras pedirlo las víctimas

 VALENCIA.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha confirmado que el PSOE propondrá la comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, después de que las víctimas de las riadas «quieren que vaya a declarar», aunque ha precisado que su partido todavía está «trabajando» en el plan de trabajo porque hay de tiempo «hasta el viernes».

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas este miércoles en Les Corts Valencianes sobre una información de 'elDiario.es' que asegura que el PSOE duda si debe incluir a la comunicadora en su lista de personas que deben comparecer en la comisión en la Cámara Baja.

«Yo soy la misma persona, no me puedo desintegrar. De hecho, presenté el plan de trabajo que el Partido Socialista aquí en Les Corts Valencianes habíamos preparado y ahí estaba la señora Maribel Vilaplana, pero también estaban, por ejemplo, las víctimas, cosa que como saben se tumbó», ha expuesto. 

Así, ha aprovechado para denunciar el «veto claro» por parte del PP y Vox «primero a la voz de las víctimas y luego a declaraciones como por ejemplo la de Maribel Vilaplana».

En cualquier caso, ha señalado que los socialistas se encuentran «todavía trabajando el plan de trabajo» de la comisión de investigación en el Congreso, «porque tenemos hasta el viernes», pero ha recalcado que existe «un compromiso que adquirió el presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- con las víctimas --de la dana-- la semana pasada y era que atenderíamos las peticiones que nos hicieran».

Morant ha hecho hincapié en que la de la Cámara Baja es «la primera comisión en la que se les ha dado la oportunidad de comparecer» a las víctimas de las inundaciones del pasado 29 de octubre y ha especificado que estas «nos van a dar nombres para comparecer» en dicho foro. 

«Nos van a facilitar también nombres de técnicos que consideren tienen algo que aportar y también de testigos», ha apuntado.

En esta línea, ha desvelado que los socialistas han «conversado» con las víctimas y estas «quieren que vaya a declarar la señora Maribel Vilaplana» en la comisión del Congreso, razón por la cual el PSOE lo propondrá en su plan de trabajo.

Mientras, ha lamentado que parece que haya «otros partidos que no respetan los tiempos y que tienen ganas de ir sacando titular a titular» y ha argumentado: «No tengo que desmentir nada que todavía no ha existido».

«El plan de trabajo del PSOE en el Congreso para la comisión de investigación todavía no se ha presentado y, por tanto, lo que no entiendo es que tenga que estar confirmando o desconfirmando cosas que todavía no existen», ha afirmado.

Precisamente, este mismo miércoles, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha hecho hincapié en que Vilaplana, quien «supuestamente» comió con el 'president' Carlos Mazón el día de la dana, debe acudir a la comisión de investigación en el Congreso.

Compromís insiste en que la periodista que "supuestamente" comió con Mazón el 29-O debe comparecer en el Congreso

 VALENCIA.- El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha hecho hincapié en que la periodista Maribel Vilaplana, quien "supuestamente" comió con el 'president' Carlos Mazón el día de la dana, debe acudir a la comisión de investigación sobre la catástrofe en el Congreso.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas sobre una información de elDiario.es de que el PSOE duda si debe incluir a la comunicadora en su lista de personas que deben comparecer en la comisión en la Cámara Baja.

"Ya sabemos lo que hizo todo el mundo esa tarde excepto Mazón, por lo que sería bueno que la persona que supuestamente estuvo comiendo con él indique en sede parlamentaria, donde no puede mentir, si estuvo comiendo realmente, hasta qué hora y a qué hora salió Mazón del Ventorro", ha expuesto Baldoví.

Ha insistido en la necesidad de saber "las horas de entrada y salida"  de Mazón de este restaurante de Valencia donde tuvo lugar la comida en el día de la dana que arrasó la provincia de Valencia y provocó 228 fallecidos.

Preguntado por la posición de la jueza de Catarroja encargada de investigar la gestión de la dana, que dijo que no procedía llamar a declarar a Vilaplana, Baldoví ha indicado que "una cosa es el camino judicial y otra la comisión de investigación".

"Siete meses después, la sociedad valenciana y las víctimas no saben dónde estuvo Carlos Mazón, y por responsabilidad y por dignidad se merecen una explicación", ha reivindicado, y ha destacado que durante esa comida "Mazón abandonó al pueblo valenciano" mientras "ya había víctimas en los pueblos inundados".

Además de Maribel Vilaplana, Compromís propondrá que la comisión de investigación solicite la grabación de la reunión del Cecopi del 29 de octubre, el recorrido que hizo aquel día el coche oficial de Mazón y el registro de sus llamadas, según avanzó este martes su portavoz en el Congreso, Àgueda Micó.

Dentro del plan de trabajo que registrará Sumar, grupo al que pertenece Compromís en la Cámara Baja, figurará la comparecencia de Mazón, la exconsellera Salomé Pradas, el presidente Pedro Sánchez o la exministra Teresa Ribera.

El Congreso, sólo con el voto a favor de PP y PSOE, aprueba que haya aumento del gasto militar

 MADRID.- El Congreso ha rechazado este jueves oponerse al aumento del gasto militar y al plan de rearme de la Unión Europea (UE) con el voto de PP y PSOE, en una votación que ha servido para demostrar las discrepancias en el seno del Gobierno de coalición en materia de defensa y seguridad, ya que Sumar ha votado en contra de eso y ha apoyado que España abandone la OTAN.

La iniciativa del BNG incluía puntos para rechazar las "amenazas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Groenlandia y Panamá y su plan para la Franja de Gaza, que sí han concitado el acuerdo de las dos partes del Ejecutivo.

Por otra parte, el Congreso ha rechazado una iniciativa del PP que pedía al Gobierno, entre otras medidas, someter a votación en el Congreso las decisiones relativas al gasto militar y a la guerra de Ucrania, con los votos en contra de PSOE y Sumar y la abstención de Vox y Junts.

El Congreso tumba la Agencia Estatal de Salud Pública

 MADRID.- El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves el proyecto de Ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), lo que obligará a empezar su tramitación desde cero. El dictamen que se había aprobado en comisión con el único voto en contra de Vox, ha sido ahora abatido en el Pleno de la cámara porque PP y Junts se han pasado al 'no' en protesta por el veto del Gobierno a una serie de enmiendas referidas a otra norma.

En concreto, la Agencia ha caído con 176 votos en contra frente a los 167 que han sumado el PSOE, Sumar y el resto de aliados parlamentarios, y dos abstenciones.

Ahora, tras rechazarse el dictamen, la Agencia Estatal de Salud Pública deberá volver a empezar con la presentación de un nuevo proyecto de ley el Gobierno o con una proposición de ley de los grupos parlamentarios.

 "Vamos a estudiar la manera de volverla a traer", ha dicho la ministra Mónica García en los pasillos del Congreso.

El voto de PP y Junts no tiene que ver con la Ley de Agencia de Salud Pública, pues de hecho los 'populares' hablaban inicialmente de introducir mejoras en la ley a su paso por el Senado. 

El cambio ha surgido porque una bronca surgida minutos antes por la decisión del PSOE de negarse a aplazar la votación de la Ley de desperdicio Alimentario, en la que el Gobierno hizo eliminar enmiendas que el Senado había aprobado en contra de su criterio. 

El PP y Junts, junto con ERC, pidieron aplazar la ley de agricultura hasta que la Mesa del congreso resolviese sus recursos, pero como los socialistas se negaron, optaron por tumbaron la de Sanidad.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado las interrupciones del PP por su disconformidad con el orden del día: "Lo primero, quería pedir perdón en nombre de esta Cámara por el espectáculo lamentable que nos está ofreciendo nuevamente el PP", ha señalado, al tiempo que ha lamentado el comportamiento de la derecha en un día que, a su juicio, "debería ser felicidad".

En este punto, García ha defendido que, después de la pandemia de Covid-19, uno de los "deberes más urgentes" era la creación de la Agencia. "Un organismo diseñado para reforzar nuestra capacidad de vigilancia, mejorar la coordinación entre administraciones y dotarnos de una respuesta más ágil. Se trataba de construir un sistema de prevención del siglo XXI capaz de anticiparse a los desafíos", ha apuntado García.

La ministra ha asegurado que la pandemia "pilló con el pie cambiado" y "con los radares apagados", algo que "no puede volver a pasar", por lo que ha justificado la creación del organismo, al tiempo que ha recordado que las competencias en materia de vigilancia continuarán en las comunidades autónomas.

"Esta ley es un granito de arena más en contra de todos los negacionismos presentes en la sociedad. España va en la dirección correcta, está a la altura de los retos que tiene por delante y está preparada para abordarlos. Esta ley es una deuda del pasado, pero sobre todo es un compromiso con el futuro", ha destacado la ministra de Sanidad.

Por su parte, la diputada del PSOE Carmen Martínez ha celebrado que la Agencia es un "ítem de excelencia" en el sistema sanitario y ha recordado que incluye el concepto de 'One Health': 

"Que tiene en cuenta factores como el cambio climático y, por supuesto, el estilo de vida".

Durante su intervención, García también ha defendido y agradecido el trabajo que realizó en la pandemia el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, quien no descarta presidir la nueva Agencia.

"Gracias y mil veces gracias por estar ahí, por dar la cara, por tu profesionalidad, por hacerte cargo de la salud de todo un país y por aguantar los insultos", ha señalado García al director del CCAES, que ha estado presente en el Pleno.

En contra, la diputada del PP María del Mar Vázquez ha dudado sobre la independencia de la Agencia, al tiempo que ha asegurado que "va a acabar siendo un chiringuito".

 "Mal vamos si antes de que nazca esta Agencia ya conocemos al que se postula como director de la misma, Fernando Simón. El portavoz de las mentiras institucionales, la marioneta del Gobierno que disfrazaba de ciencia las instrucciones que recibía", ha achacado la 'popular'.

En este punto ha coincidido el diputado de Vox, David García, quien ha calificado a Fernando Simón como "títere" del Gobierno durante la pandemia de Covid-19.

 "Esta agencia dijimos que podría convertirse en un chiringuito para colocar a los suyos y no nos equivocábamos. El infame señor Fernando Simón, aquí presente, funesto portavoz del Gobierno de Sánchez durante la pandemia, el mismo que reconoció haber sido testigo de mentiras flagrantes por parte de este Gobierno, se postula ahora como candidato a dirigir esta agencia", ha señalado.

Luz verde definitiva a la Ley de Desperdicio Alimentario

El pleno del Congreso ha dado este jueves luz verde definitiva a la Ley de Desperdicio Alimentario, tras el debate de las enmiendas introducidas por la Cámara Alta. La norma aprobada por el Gobierno en enero de 2024, promueve la donación de alimentos sobrantes en el sector de la distribución, obliga a los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados a suscribir convenios de colaboración con ONG para esta donación y contempla sanciones por incumplimiento.

La nueva norma establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos que inevitablemente se conviertan en desperdicio alimentario, siendo la prioridad máxima el consumo humano, a través de la donación o redistribución de los alimentos.

En el segundo orden de prioridades se contempla la transformación de los alimentos que no se hayan vendido pero que mantengan condiciones óptimas de consumo, que se transformarán en otros productos, como zumos o mermeladas.

 Cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria y, ya como residuos, la obtención de compost o biocombustibles.

En cuanto a bares y restaurantes, tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido sin coste adicional alguno en envases reutilizables o fácilmente reciclables y se enfrentarán a sanciones de no hacerlo.

Asimismo, el proyecto de ley establece una serie de medidas de buenas prácticas, tanto para la administración como los distintos eslabones de la cadena, para evitar el desperdicio.

 Por ejemplo, contempla que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta de productos considerados "feos, imperfectos o poco estéticos", o promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos.

Además, la norma anima a incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo con la jerarquía de prioridades de uso. En este sentido, prevé que el Gobierno adopte políticas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención del desperdicio.

En cuanto al Gobierno, la norma contempla que deberá elaborar un Plan Estratégico para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicio alimentario, que se revisará cada cuatro años y definirá la estrategia general contra el desperdicio, así como las orientaciones y estructura que deberán seguir las CC.AA. 

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en consulta con otros ministerios relacionados con la materia, deberá elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y desperdicio alimentario.

Al margen de este texto, la norma ha incluido tres enmiendas del Senado aprobadas para rebajar la protección al lobo. Por otro lado, el PP pidió aplazar el debate del texto después de que la Mesa de la Cámara vetase varias enmiendas que hace una semana aprobó el Senado en contra del criterio del Gobierno.

Yolanda Díaz avisa a Feijóo: "O deja caer a Mazón o caerá usted"

MADRID.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha avisado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que si no deja "caer" al presidente valenciano, Carlos Mazón, quien acabará cayendo será él. Ha sido en el pleno de control al Gobierno en el Congreso.

Díaz ha acusado a los de Alberto Núñez Feijóo de "ser máquinas de inestabilidad" y les ha reprochado los 7.291 fallecidos por COVID-19 con los "protocolos de la vergüenza" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

 Y las más de 200 víctimas de la dana por culpa de la administración del dirigente valenciano, Carlos Mazón.

 "Señor Feijóo, o deja caer a Mazón, o el que va a caer es usted", ha zanjado.

Pedro Sánchez ataca a Feijóo por "tapar" a Mazón

 MADRID.- El jefe el Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha atacado hoy en el Congreso al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la dana.

"Usted señor Feijóo pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha", ha espetado el jefe del Ejecutivo a Feijóo en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso, dos días después del acuerdo presupuestario entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana.

Es más, Sánchez ha asegurado que Feijóo llegó a la Presidencia del PP "para tapar la corrupción" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y "pretende mantenerse tapando la negligencia del señor Mazón".

 "Lamentable", ha aseverado.

El Congreso aprueba abrir una investigación sobre la dana con el voto en contra de PP y Vox

MADRID.- El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la dana del pasado 29 de octubre que dejó 228 muertos y asoló la provincia de Valencia, una iniciativa impulsada por Sumar, ERC, Junts y Podemos, que ha recibido el apoyo de PSOE, Bildu, PNV, CC y BNG. En contra han votado el PP y Vox, mientras que Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha preferido abstenerse.

La continuidad al frente de la Generalitat presidente Carlos Mazón ha sobrevolado el debate en el Pleno, con constantes apelaciones a la cúpula del PP para que fuerce su dimisión, sobre todo tras haber constatado la jueza de Catarroja que instruye el caso que podrían haberse evitado muertes si las autoridades autonómicas hubieran alertado antes a la población.

"Mazón carga con 228 muertes sobre su espalda, pero ustedes son los cómplices máximos de esas muertes porque son facilitadores de que un presidente criminal siga enfrente de mi país", ha sentenciado la diputada de Compromís, Águeda Micó, quien ha acusado al PSOE de haber retrasado el debate sobre esta comisión y de negarse a apoyar una moción de censura contra Mazón.

La réplica se la ha dado la socialista Marta Trenzano que, pese al apoyo del PSOE a la comisión de investigación, ha precisado que "las responsabilidades políticas, ante la ausencia de liderazgo en el PP de Feijóo y su complicidad mostrada con Mazón, deben dirimirse en las urnas".

Además, ha mostrado su temor a que "Mazón aguantará para asegurarse dos años de sueldo, a razón de 75.000 euros anuales si llega hasta julio y 15 años de sueldo en el caso que agote la legislatura. La miseria política tiene un nombre, Carlos Mazón", ha aseverado, antes de apostillar que "no existe semántica suficiente para escribir tanta aberración" como la que ha supuesto la estrategia del PP en este asunto, a su juicio, plagada de "bulos manufacturados en los despachos de Génova".

Los impulsores de la iniciativa han defendido la necesidad de depurar responsabilidades políticas, dar voz a los afectados e impulsar medidas para que no vuelva a ocurrir una tragedia similar, empezando por asumir las consecuencias del cambio climático y repensar el urbanismo en esas zonas, entre otras cuestiones.

"Queremos que todo el que haya incurrido en una negligencia rinda cuentas para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades con un debate sereno y alejado del partidismo", ha enfatizado la portavoz adjunta de ERC, Teresa Jordà. 

Desde Junts, Isidre Gavín ha exigido determinar las responsabilidades de "quien actuó tarde y mal y no asumieron sus responsabilidades ni antes ni ahora".

El diputado murciano de Podemos Javier Sánchez Serna ha señalado a Mazón como "responsable último" de esa gestión "que llevó a la muerte a 224 personas que no iban a morir igual". 

"El apoyo cerrado que hoy exhiben PP y Vox para salvar a Mazón pronto se les va a volver en contra", ha avisado, dando por hecho que el Congreso citará al presidente valenciano que "no podrá mentir impunemente".

Desde Bildu, Mikel Otero, que acumula 15 años como profesional de emergencias, ha incidido en que la prevención es crucial. "No hay sistema de atención de emergencias, ni unidad militar de emergencias, ni declaración de emergencia nacional, ni nada que permita parar el primer golpe de un fenómeno extremo si no se toman las decisiones a tiempo y desde la cercanía, y si no hay una población alertada y preparada", ha comentado.

La posición del PP la ha defendido la secretaria general del Grupo Popular, Macarena Montesinos (en la imagen), que ha intentado rebatir la "sarta de barbaridades y falacias" que ha achacado a quienes apoyan la comisión descargando toda la responsabilidad en el Gobierno central y reproduciendo los argumentos esgrimidos durante esta semana por su partido. 

"Les recuerdo que fueron quienes aprobaron la ley criminal de la Huerta, la que llenó de basura el barranco del pollo, ocasionó la riada y tantas pérdidas humanas", ha dicho a los socialistas.

Obviando los mensajes de presión para que aparten a Mazón, Montesinos ha remarcado que la gestión de la Generalitat debe fiscalizarse en las Cortes Valencianas y que la labor de las Cortes Generales se controlar al Gobierno. Por eso, ha puesto en valor la comisión sobre la dana que el PP ha activado en el Senado. "Ustedes no buscan la verdad, están en el rédito político", ha zanjado.

Por su parte, el diputado de Vox por Valencia Ignacio Gil Lázaro ha reiterado que Mazón tiene que irse "inmediatamente" pero "al día siguiente de que se vaya Sánchez", al que ha achacado una "inacción criminal premeditada" por no haber decretado el estado de emergencia nacional tras la riada.

El Gobierno aprueba la ley para prevenir el consumo de alcohol en menores

 MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de prevención del consumo de bebida alcohólicas y sus efectos en los menores de edad, un texto que recoge, entre otras medidas, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan realizar pruebas de alcoholemia a menores y mayores de edad en lugares y circunstancias específicas donde el consumo de alcohol esté prohibido, como colegios e institutos.

De este modo, los agentes de Policía y Guardia Civil realizarán pruebas no invasivas como el etilómetro y podrán ser repetidas a petición de la persona afectada. En cuanto a las sanciones, la multa impuesta a los menores de edad por la comisión de la infracción leve relacionada con el consumo de alcohol podrá ser suspendida a cambio de la participación en programas preventivos de sensibilización y concienciación o rehabilitadores en función de cada caso.

Esta es una de las medidas de este proyecto que fue presentado el 30 de julio al Consejo de Ministros, elevado a audiencia e información pública en agosto y que ahora es aprobado por el Consejo. El texto, que ahora seguirá su trámite parlamentario, surge de las recomendaciones de la Ponencia 'Menores sin alcohol' de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas y que tiene como objetivo prevenir el consumo de alcohol, retrasar la edad de inicio y reducir los episodios de consumo intensivo en este grupo vulnerable.

"Esta es una ley pionera que armoniza todas las leyes que teníamos a lo largo de nuestro territorio, leyes de las comunidades o leyes incluso municipales que abordaban este problema. Armoniza todas las medidas que ya estaban en marcha y añade unas medidas nuevas", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Asimismo, el proyecto de Ley prohíbe el consumo de alcohol para todas las personas en centros de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas elementales artísticas, aunque sí que estará permitido el alcohol en universidades. Tampoco se podrá beber en centros de protección de menores y residencias de estudiantes que admitan a personas menores de edad.

El alcohol también estará prohibido en centros deportivos, de ocio o espacios dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan concebido específicamente para personas menores de edad.

"No existe una cantidad segura de alcohol de cualquier tipo que no implique un impacto negativo en la salud. Tenemos que desterrar de nuestro imaginario esa idea arraigada y anticientífica que dice que puede haber algunos beneficios en la salud con el consumo moderado", ha afirmado García.

El texto recoge la prohibición del emplazamiento de publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública en un radio de 150 metros de centros educativos, centros sanitarios, de servicios sociales y socio-sanitarios y de parques y lugares de ocio infantil.

Esta medida entrará en vigor un año después de la publicación de la ley, sin afectar a aquellas situaciones ya existentes antes de ese momento. "Cabe decir que las bebidas fermentadas que tengan menos de un 0,5% de alcohol estarán permitidas", ha indicado García.

Además, se prohíbe cualquier forma directa, indirecta o encubierta de publicidad de bebidas alcohólicas o productos que simulen ser una bebida alcohólica incluyendo el nombre comercial, la denominación social, símbolos o marcas comerciales de las personas o empresas productoras de dichas bebidas, dirigida a personas menores de edad.

Tampoco se podrá usar en la publicidad la imagen o la voz de personas con menos de 21 años; personas mayores de edad cuando se presenten caracterizadas o disfrazadas de personas menores de edad; personas o personajes, reales o de ficción, cuya relevancia pública o su popularidad estén vinculadas con la población menor de edad, mujeres en estado de gestación, aunque hayan prestado su consentimiento, o la imagen de un feto.

Al ser preguntada por si Sanidad se ha reunido con representantes del sector para consensuar la ley, García ha asegurado que han mantenido encuentros "con todo el mundo", aunque ha señalado que la ley se ha hecho "con un eje fundamental", que es "la protección de los entornos de los menores y de los adolescentes".

Así, el proyecto de Ley permite que las Administraciones públicas en materia de planificación urbanística puedan valorar, con el objetivo de prevenir el consumo de alcohol en personas menores de edad, la limitación de apertura de nuevos establecimientos.

"Teniendo en cuenta la concentración de puntos de venta minorista de bebidas en las inmediaciones de centros educativos, de protección social de personas menores de edad o establecimientos en los que se desarrollen espectáculos o actividades recreativas públicas destinadas a menores de edad", señala el proyecto.

Además, el suministro automático de bebidas alcohólicas requerirá que las máquinas de dispensación incorporen mecanismos técnicos "eficaces, con vigilancia y custodia directa", que permitan impedir su adquisición por personas menores de edad. Estas máquinas no podrán instalarse en la vía pública, ni en lugares donde esté prohibida la venta o consumo de bebidas alcohólicas.

Por su parte, los establecimientos de autoservicio deberán limitar un espacio concreto dentro del local para exponer las bebidas alcohólicas, que esté separado de los espacios con productos específicamente destinados a las personas menores de edad.

Al hilo, los establecimientos dedicados mayoritariamente a la venta de productos para personas menores de edad, no podrán venderse bebidas alcohólicas ni otros productos que los imiten, ni exhibirse en los escaparates o en el interior.

El texto permite desarrollar protocolos para detectar el consumo de alcohol en menores y fomenta la inclusión de registros de consumo en la historia clínica. En caso de que un menor de 16 años sea atendido en los servicios de urgencias por intoxicación etílica, será objeto de una evaluación integral que implicará a sus padres.

El proyecto también promoverá la inclusión de nuevos contenidos sobre prevención del consumo de alcohol en primaria, secundaria, formación profesional, bachillerato y planes de estudios universitarios y de formación del profesorado.

También se implementarán programas para concienciar a las familias sobre los riesgos del alcohol y dotarlas de herramientas para prevenir su consumo en menores.

Podemos confirma su "radical voto en contra" de la ley migratoria

 MADRID.- Podemos se ha reafirmado este jueves en que votará "radicalmente en contra" de la delegación de parte de las competencias de inmigración a Cataluña pactada entre el PSOE y Junts y ha replicado a las críticas que les ha dedicado la portavoz de los independentistas en el Congreso, Míriam Nogueras, lanzándole una primera propuesta: "No ser racistas".

Esta ha sido la respuesta de la formación morada a las palabras de Nogueras, después de que ésta reprochara a Podemos que se "quejan por todo" en vez de hacer propuestas.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra ha contestado mediante un mensaje la red social 'X' directamente a Nogueras: "Primera propuesta, no ser racista".

Por su parte, el secretario de Organización del partido morado ha advertido a Junts que "van a votar radicalmente en contra" y que no pretendan "esconder su racismo" con las legitimas aspiraciones de autogobierno en Cataluña.

Es más, ha retado a la formación catalana a tratar de sacar su proposición de ley con PP y Vox, que tienen una postura similar a Junts en materia de migración, aunque aprecia que están también en el "no" por motivos tácticos.

Además, Fernández ha incidido en que el texto legislativo acordado por PSOE y Junts en realidad busca "descentralizar" el racismo y no las competencias migratorias.

"Esto es evidente tanto por la motivación política del acuerdo como por su contenido explícito en una exposición de motivos, que contiene marcos de la derecha y de la ultraderecha. Es un acuerdo que normaliza el racismo institucional, que legitima el racismo", ha ahondado el dirigente morado, para reprochar luego que tampoco cierra los Centro de Internamiento de Extranjeros ni prohíbe las devoluciones en caliente en frontera.

De hecho, ha lanzado una advertencia a Junts al espetar que "no pretendan esconder su racismo detrás de las legítimas demandas de autogobierno del pueblo catalán".

 "No se puede pretender hacer políticas racistas con los votos de izquierdas y, por tanto, no van a contar en ningún caso con los votos de Podemos para este acuerdo", ha insistido.

Fernández ha explicado que Junts ya les ha enviado algún mensaje pero su postura es firme y clara a la hora de rechazar los términos de la proposición de ley. 

Por ello, les ha invitado a intentar sacar adelante su texto con PP y Vox, con los que coinciden ideológicamente en materia de inmigración aunque también se suman al voto en contra por "razones de tacticismo político".

Finalmente, ha defendido que la prioridad del bloque de investidura en el Congreso debe consistir en aprobar de una vez la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a más de medio millón de migrantes irregulares.

El Gobierno aprueba el anteproyecto para crear el registro de medios de comunicación, que controlará la CNMC

 MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio Digital y Función Pública, el anteproyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, con el que se prevé crear un registro estatal de medios de comunicación accesible a los ciudadanos, y que controlará la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

Así lo ha anunciado este martes el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro. En este registro, según fuentes de su departamento, los medios deberán inscribir su estructura de propiedad y los fondos públicos (nacionales y extranjeros) que reciben en concepto de publicidad.

Las mismas fuentes señalan que será un procedimiento dirigido por la CNMC para evaluar los procesos de concentración de medios y "garantizar, de esta manera, que se respete la pluralidad informativa y la independencia editorial".

En este sentido, López ha destacado que el registro de medios de comunicación dependerá de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y no del Gobierno.

"Es registro de medios, tal y como establece la legislación europea, tendrá que contener la propiedad de los medios, transparencia absoluta sobre la propiedad de los medios y también sobre la publicidad institucional que reciben esos medios", ha manifestado.

El ministro ha recalcado que los medios tendrán que "mantener actualizada" esa información en ese registro que tendrá la CNMC, que será quien "vele por el cumplimiento de esta normativa europea".

De este modo, con esta ley el Gobierno atribuyen esa competencia a la CNMC para, como ha comentado López, "tenga ese registro y para que haya esa transparencia sobre la propiedad y sobre la financiación pública a través de campañas institucionales de los medios de comunicación".

Para el responsable de Transformación Digital, se trata de una ley "importante que refuerza a todos, a los derechos de todos los ciudadanos".

 "Y mucho más en un contexto como el actual, donde hemos visto retrocesos, por ejemplo, en sistemas de verificación, en redes sociales, en medios de comunicación".

Esta norma, que adaptará el ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación, "propicia un entorno digital seguro, predecible, plural y fiable tanto para la innovación tecnológica como para el acceso a la información".

Además, busca reforzar el derecho de los ciudadanos a acceder a una información veraz en un entorno mediático plural y, para ello, establece la creación de un registro estatal de medios de comunicación accesible a los ciudadanos, donde deberán inscribir su estructura de propiedad y los fondos públicos (nacionales y extranjeros) que reciban en concepto de publicidad, así como un procedimiento, dirigido por la CNMC, para evaluar los procesos de concentración de medios y garantizar, de esta manera, que se respeta la pluralidad informativa y la independencia editorial.

En cuanto a los servicios digitales, la ley "avanzará en la protección de los derechos digitales y en la defensa de la calidad de la democracia".

Para ello, se nombra a la CNMC coordinador de servicios digitales, con lo que colaborará con la Comisión Europea para velar por que los proveedores de servicios digitales (plataformas y buscadores) cumplan con el Reglamento europeo de servicios digitales; designar 'alertadores fiables', que son entidades acreditadas para alertar sobre contenidos ilícitos; propiciar que los proveedores de servicios de internet se doten de canales de denuncia de contenidos ilícitos; exigirles transparencia sobre los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en sus plataformas; y proteger a los consumidores cuando realizan contratos online.

En relación con el registro de la CNMC, López ha incidido en que han decidido cumplir con la normativa europea "que exige que haya un registro de medios donde se vea la propiedad de los medios, la financiación a través de campañas públicas y también evitar la concentración para que haya pluralismo".

 "El Gobierno de España ha decidido que esa competencia recaiga en una autoridad independiente como es la CNMC", ha aseverado.

"La palabra es transparencia y yo creo que los ciudadanos merecen saber quién es el propietario de un medio, qué financiación pública recibe de campañas de comunicación institucional o si se produce una concentración", ha comentado.

En este punto, López ha explicado que para acceder y para formar parte del registro que exige Europa para formar parte de los medios de comunicación, hay que "tener transparencia sobre la propiedad, sobre la financiación pública y también sobre la concentración".

"Europa dice que tiene que haber un registro donde se vea la propiedad y se establezcan esos límites", ha insistido el ministro, destacando que esos límites "se discutirán con Europa y se abordarán en la CNMC cuando se haga el reglamento".

Esto, según ha advertido, en materia de medios digitales "es mucho más difícil" porque las televisiones "son pocas y es fácil".

 "Pero eso es una discusión que habrá que tener con Europa", ha apostillado.

El PP lleva al Congreso un plan para derogar la tasa de residuos obligatoria para los ayuntamientos en 2025

  MADRID.- El PP defenderá en el Pleno del Congreso de la próxima semana una iniciativa para exigir que se derogue la obligatoriedad de implantar y aplicar, a partir de abril de 2025, una tasa de residuos al 100% de los municipios.

La obligación de fijar esa tasa se introdujo en 2022 mediante la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En su proposición no de ley, el Grupo Popular esgrime que la tasa ya está suponiendo un "quebradero de cabeza" para los ayuntamientos, encargados de su aplicación.

En concreto, el PP explica en su propuesta que muchos ayuntamientos vienen financiando todo o parte de los servicios de basuras con recursos generales del presupuesto municipal, pero ahora no podrán hacerlo al tener la obligación de cubrir con la tasa el 100% del coste del servicio de basuras, porque la tasa no puede ser deficitaria. Así, dicen, los ayuntamientos "se ven obligados a repercutir al ciudadano" la tasa.

A esto el PP suma una petición para que el Gobierno respete la autonomía municipal y reconozca "la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos", permitiendo que las entidades locales puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos, con recursos económicos disponibles en el presupuesto municipal. 

A su vez, los 'populares' demandan realizar un estudio del impacto pormenorizado que permita definir el coste por servicio en la gestión de los residuos.

Justo el PSOE llegó a un acuerdo con ERC, Bildu y BNG para que los ayuntamientos puedan minorar el coste de esa tasa mediante el importe recaudado por un impuesto que grave las estancias turísticas.

Dicho acuerdo se plasmó en una enmienda transaccional que se iba a votar en el Pleno del Congreso que debatía la ley del impuesto a las empresas multinacionales, pero como requería unanimidad de todos los grupos, su votación no fue posible porque Vox lo denegó. 

Ahora buscan la fórmula legal para introducir esa medida, que bien pudiera ser una enmienda a alguna ley en trámite.

La idea del PSOE y sus socios es que el coste de esa tasa pueda ser minorado por la implantación de un impuesto a las estancias turísticas en la parte que corresponda al impacto turístico en la generación y recogida de residuos en el municipio.

El objetivo es animar a los municipios a aplicar las tasas a los turistas y aliviar la carga fiscal de los residentes evitando o reduciendo el impuesto de basuras.

Sumar y Podemos piden crear en el Congreso una comisión de investigación sobre la DANA

 MADRID.- Sumar y Podemos han coincidido este martes en reclamar la creación de una comisión de investigación en el Congreso para "depurar" las responsabilidades relativas a la DANA que ha afectado a numerosos puntos de nuestro país, especialmente Valencia, y que ha dejado más de 210 fallecidos. Eso sí, cada uno promoverá su propio texto y negociará pos su lado.

Así lo han anunciado, tanto la portavoz adjunta de Sumar y dirigente de Compromís, Àgueda Micó, como el portavoz adjunto de Podemos, Javier Sánchez Serna, en una rueda de prensa desde el Congreso.

En concreto, desde Sumar, la intención es "esclarecer" todo lo que pasó en los días de la catástrofe medioambiental, tanto "la parte previa" como la "posterior" gestionada por el Gobierno valenciano del 'popular' Carlos Mazón y las acciones de coordinación con el Gobierno central.

Para ello, Micó ha explicado que desde Sumar van a hablar con los diferentes grupos parlamentarios, en especial según indican fuentes de la formación, con los socialistas y los socios de investidura para que den apoyo a esta comisión y negociar si quieren introducir algún otro elemento.

Preguntada por los posibles comparecientes de dicha comisión, ha advertido que la intención de su partido es poner el foco en el Gobierno de Mazón, que es quien "tiene la competencia" en esta materia, pero reconoce que las responsabilidades afectan a "muchas áreas sectoriales" y por ende estudiarán también "qué ministros son competentes en la cuestión relativa a la coordinación y reestructuración", ha aclarado.

La dirigente de Compromís ha remarcado que la "ciudadanía necesita respuestas" de lo sucedido y ha advertido además de que lo sucedido en Valencia "va a volver a pasar" y de ahí la importancia de esclarecer los hechos. 

Asimismo ha señalado que si hay "responsabilidades jurídicas" desde Compromís, harán "todo lo que haga falta" para que esas responsabilidades también se "esclarezcan".

Por su parte, Podemos, según ha explicado Sánchez Serna, consideran "fundamental" que Mazón y muchos de sus consejeros "den explicaciones" de las decisiones que tomaron la tarde del 29 de octubre --día que se inició la DANA-- pero también que los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez expliquen "por qué no declararon el estado de alarma esa tarde y los días posteriores".

En lo relativo a los posibles comparecientes de dicha comisión, el dirigente morado ha sostenido que el "primero que se tiene que sentar" es el presidente Mazón, por ser "el principal responsable de una gestión negligente que ha causado cientos de vidas" y a partir de ahí los responsables de su Gobierno y los ministros del Gobierno central.

Preguntado por si desde Podemos están dispuestos a apoyar la comisión que tiene intención de impulsar Sumar, Sánchez Serna ha matizado que Podemos va a presentar su propia propuesta y ya están hablando con algunos "grupos de izquierdas" para ver si están dispuestos a apoyarla.

Aunque cree que lo "fundamental" es que la investigación "salga adelante" y que el Congreso también "cumpla con sus deberes", investigar la "gestión negligente del gobierno de Mazón" y la "irresponsabilidad" también del gobierno de España.

 "Queremos exigir responsabilidades políticas para que esto no se vuelva a repetir", ha concluido.

Ni Sumar ni Podemos pueden registrar unilateralmente esa comisión de investigación, así que necesitan al menos la firma de otro grupo. Cada uno de ellos negociará por separado y los morados, que encabezan el Grupo Mixto, buscan el apoyo de ERC y Bildu. Sea como sea, aunque se registren dos propuestas, al final se podrá negociar un texto conjunto que habrá de aprobarse en el Pleno del Congreso.

'Sumar' lleva al Congreso su oficina para prevenir la corrupción con capacidad de fijar multas de hasta un millón de euros

MADRID.- Sumar ha registrado una proposición de ley en el Congreso para crear una oficina de prevención de la corrupción, con potestad de aplicar multas de hasta un millón de euros en los casos más graves a empresas y organismos que incurran en las infracciones más graves o la prohibición de recibir fondos públicos durante cuatro años.

El nuevo organismo, que tendría estatus de autoridad independiente con un director no militante en partidos y con personal sacado de oposiciones, podría tambien impedir a empresas contratar con la administración pública durante tres años. En el caso de personas físicas la sanción más alta es de 400.000 euros.

Así lo han explicado este jueves el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, junto a los diputados del grupo plurinacional Enrique Santiago y Verónica Martínez, para presentar en rueda de prensa dicha proposición de ley, ya anunciada en su día por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

En este sentido, Errejón ha indicado que la corrupción implica el "secuestro del Estado por los comisionistas y las tramas corruptas" y que, ante su gravedad, optan por tomar medidas frente a la "pelea de gallos de PP y PSOE. 

Asimismo, ha avanzado que enviarán el texto a todos los grupos y ha lanzado que esta ley debería "salir por unanimidad" y se quiere "rescatar a la política de la corrupción".

Mientras, Santiago ha avanzado que Sumar traerá al Congreso una batería de 40 medidas contra la corrupción y que la oficina que plantean vela por el buen manejo de los recursos públicos, sobre todo cuando se estima que la corrupción en España ha costado unos 100.000 millones de euros.

De esta forma, el dirigente de IU ha defendido que este organismo pretende acabar con todos estos "espectáculos" empresas constituidas "exprofeso" de "comisionistas" para "cometer crímenes", que facturan "millones de euros y no tienen personal".

 "Tienen un ordenador y muchos coches de lujo", ha censurado.

Según explica, la creación de esta oficina resulta pertinente ya que España tiene obligaciones legales pendientes desde la aprobación de la Ley de Protección de Denunciantes de Corrupción, como establecer una Autoridad Independiente que vele por los informantes. 

Así, su iniciativa ahonda en los apartados que ya contiene la norma aprobada el año pasado y cree que la oficina de prevención podría estar aprobada si hay unanimidad a finales de año.

De esta forma, la filosofía de la propuesta de ley es que esta oficina, que tendrá rango de agencia independiente, es prevenir el uso correcto de todo el dinero público de origen estatal, por lo que se atañe directamente a la administración central y de forma indirecta a comunidades y ayuntamientos cuando hagan empleo de fondos estatales.

En este sentido, el texto impulsado por Sumar concierne también al sector público estatal en su conjunto, las Cortes Generales, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales, cualquier entidad con una participación mayoritaria del Estado.

En el apartado sancionador, se recoge el impedir las funciones de dicha oficina, no entregar la información requerida, ocultar documentación sobre la investigación abierta o manipular la información demandada, denuncias falsas, entre otros supuestos.

De esta forma, se estipula en las infracciones más graves multas que oscilan entre 30.001 a 400.000 euros si las responsables son personas físicas y de 600.001 hasta un millón de euros si son personas jurídicas.

Adicionalmente, podrá imponer la prohibición de concesión de subvenciones públicas o cualquier tipo de ayuda, así como beneficios fiscales, durante un plazo máximo de cuatro años; o la prohibición de contratar con el sector público durante tres años. Y con independencia de las sanciones, los responsables de tramar un posible caso de corrupción deberán "restituir los daños producidos e indemnizar a los perjudicados".

También a personas individuales y sociedades que sean perceptoras de subvenciones, créditos, avales y ayudas públicas, incluidos partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, unido a cualquier contratista o sub-contratista de concesiones estatales.

La iniciativa de Sumar recoge que el director de este organismo no podrá estar afiliado a ningún partido, sindicato o asociación empresarial o profesional, tendrá un mandato de cinco años y será elegida por el Congreso por mayoría de tres quintos de la cámara en primera votación; o por mayoría absoluta pasados seis meses del primer intento. 

Asimismo, la propuestas que se elevan procederán tanto de los grupos parlamentarios como de la sociedad civil.

Uno de los elementos destacados es que este organismo tendrá funciones de investigación sobre posible destino irregular de fondos públicos, pudiendo indagar su el uso privado o a tercero si hay sospechas de presuntas corruptelas. Por ejemplo, se pauta la tramitación de denuncias ante actos u omisiones que lleven a fraude, conflicto de intereses u otra actividad ilegal.

Así, los funcionarios al servicio la potestad de inspección pudiéndose personales en entidades del sector público para examinar expedientes y registros, acometer entrevistas a sus miembros con los debidos derechos que guarda la ley (incluidos la obligación de guardar silencio y asistencia letrada) o requerir documentación tanto a instituciones como a entidades y personas que manejen fondos públicos. 

Otro apartado es poder requerir a entidades bancarias información de movimientos de cuentas y operaciones financieras.

De esta forma, el cuerpo de inspección de la oficina será seleccionado por oposición y tendrán la consideración de autoridad estatal, con presunción de veracidad, además de poder contratar peritajes.

Todo ello, precisa el texto, sin perjuicio de las actuaciones propias de entidades como el Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado, la Fiscalía o la autoridad judicial, de colaborar aportando información y suspender sus actuaciones si se inicia un procedimiento penal.

Por otro lado, se recoge el deber de colaboración con la oficina de todo cargo público y que la oficina, aparte de su régimen sancionador, deberá informar de la justicia de hechos presumiblemente constitutivos de delito.

Entre las funciones de prevención, el texto normativo elevado por Sumar al Congreso concede a esta oficina la labor de detectar riesgos de corrupción y crear un sistema preventivo de alerta temprana ante posibles irregularidades o malas prácticas administrativa.

De esta forma, entre sus funciones se encuentran la elaboración de un código de conducta a personal con altas funciones ejecutivas y obligar a que el sector público disponga de un sistema interno de prevención de corrupción. 

Dichas entidades tendrán que remitir esas medidas con carácter bi-anual a la oficina y detallar los mecanismos puestos en marcha. Por otro lado, podrá requerir a administraciones, entidades perceptoras de fondos públicos y personas físicas información sobre su actuación interna ante la corrupción.

Otra de las disposiciones es la creación de un buzón destinado a recibir denuncias o quejas, para decidir si abre expediente informativo sobre autoridades o altos cargos. A su vez, se establece que las actuaciones de investigación no podrá exceder de seis meses, con posibilidad de extenderlos otro semestre si la complejidad del caso lo aconseja.

Intervención completa de José Luis Ábalos desde el Congreso de Diputados

  https://youtu.be/ez3imxRAJi0?si=J1rbXE8xX9Zep5rG

La portavoz de Compromís advierte a los cinco diputados de Podemos que lo “coherente es dejar sus escaños”

MADRID.- La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de Compromís, la valenciana Águeda Micó, ha manifestado su sospecha de que Podemos tenía decidido romper con Sumar desde hace mucho tiempo, incluso antes de conformarse el grupo parlamentario, y ha defendido que lo “coherente” al consumar ese movimiento era que sus cinco diputados dejaran el escaño, aunque tenían claro que eso no iba ocurrir. 

“Creo que era inevitable y lo tenían decidido. Da la sensación que lo tenían decidido mucho antes (irse al Mixto) incluso de conformar el grupo parlamentario. Creo que a nadie le ha venido como una cosa nueva lo que ha pasado”, ha desgranado en declaraciones al programa ‘Parlamento’ de RNE.

Micó ha manifestado que reciben “sin más” la marcha de Podemos al Mixto porque, en su caso, pensaba que “en algún momento pasaría”, aunque no entienden que finalmente la formación morada dé el paso alegando que así conserva su capacidad política, cuando Sumar es un espacio plurinacional de relaciones horizontales entre partidos donde todos conservan su autonomía.

Sin embargo, Micó ha remarcado que Podemos es un partido “independiente” y ellos mismos verán si abandonar Sumar es una “buena o mala decisión”, convencida de que tendrán puntos de encuentro con Podemos durante la legislatura para impulsar medidas progresistas.

Cuestionado por la posición de los ‘comunes’ que han demandado a los miembros de Podemos que devuelvan el escaño, Micó ha opinado que lo “coherente” es que sus cinco diputados hubieran dejado el acta dado que concurrieron a las elecciones bajo las siglas de Sumar después de rubricar un acuerdo de coalición.

No obstante, la portavoz adjunta de Sumar ha reconocido que todos en la coalición eran conscientes de que dicha renuncia “no iba a pasar”.

La diputada de Compromís también ha opinado que la voluntad de Podemos es presentarse en solitario a los comicios europeos y no solo a esa cita electoral, porque detecta que lo que quiere la formación morada es tener un espacio ajeno a lo que es Sumar a nivel estatal.

La investigación de la vacunación Covid en España arranca en octubre en el Congreso de los Diputados

MADRID.- La comisión del Congreso de los Diputados que investigará diversos aspectos relacionados con el proceso de vacunación contra el Covid-19 en España arrancará en octubre sus trabajos, siete meses después de su aprobación. Fue el pasado 11 de marzo cuando el Pleno de la Cámara Baja, con la única abstención de Vox y el PNV, acordó poner en marcha esta comisión de investigación, que en su día impulsaron Más País-Equo y Compromís.

Sin embargo, la comisión no se constituyó hasta junio, cuatro meses después de su aprobación y justo antes de que culminara el periodo ordinario de sesiones, y eso pese a que sus promotores, pero también el PP, reclamaron en diversas ocasiones activarla ya. Finalmente, según confirmaron a la agencia de noticias  Europa Press fuentes parlamentarias, la labor efectiva de la comisión que preside el socialista Guillermo Meijón comenzará en octubre, previsiblemente la primera semana.

Como suele ser habitual en las comisiones parlamentarias de investigación, con su arranque los distintos grupos del Congreso deberán diseñar un plan de trabajo y definir un calendario de comparecencias. El objetivo de esta comisión es analizar la posible existencia de estructuras de tráfico de influencias que hayan posibilitado prácticas irregulares de vacunación, así como investigar a sus beneficiarios y los fallos en el control del protocolo de quienes se vacunaron antes de que les tocara.

Asimismo, tendrá entre sus retos averiguar las posibles irregularidades, falta de transparencia y cláusulas abusivas que han podido darse en relación con los contratos con las farmacéuticas, y las actuaciones relativas a estos hechos tanto por parte de la UE como de los Estados miembros por separado.

 

 Más allá de las posibles responsabilidades legales y/o administrativas, la comisión deberá investigar los hechos para depurar las responsabilidades políticas que se puedan derivar, así como para asumir las medidas que se consideren oportunas para no repetir estas prácticas "irregulares".

 

Y es que, según el texto de la iniciativa, en plena tercera ola ha seguido habiendo "fallos en la ejecución del plan de vacunación, "con dosis echadas a perder, problemas con la distribución, fallos en la logística o falta de jeringuillas adecuadas para el máximo aprovechamiento"