VALENCIA.- La Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas ha elaborado un protocolo, que ha remitido a los servicios
sociales de atención primaria y a las unidades de trabajo social
sanitario, para velar por menores que queden desprotegidos al estar sus
padres, madres o las personas tutoras, acogedoras o cuidadoras que se
hacen cargo de ellos afectadas por COVID-19 y no puedan atenderles.
El protocolo, elaborado desde la Dirección General de Infancia y
Adolescencia, será de aplicación "en aquellos casos en los que las
personas progenitoras o tutoras estén hospitalizados o hayan quedado
aisladas en sus domicilios, sin posibilidad de prestar atención a los
niños o niñas", según ha detallado el departamento dirigido por Mónica
Oltra en un comunicado.
La vicepresidenta ha señalado que el objetivo es "estar preparados
por si se produce alguna situación de estas características" y ha
añadido que, en la elaboración de este documento, se ha primado que la
persona menor de edad pueda quedarse en su entorno conocido, "primando
las intervenciones en su propio medio escolar, social y familiar" y
preservando "las relaciones interpersonales", manteniendo unidos a los
hermanos y hermanas en las medidas de protección que se adopten.
"En todos los casos se contará con la colaboración de la persona
protegida y de su familia", afrontando la toma de decisiones desde "el
consenso", ha indicado Oltra, que ha puntualizado que, en este sentido,
"se garantiza el derecho de las personas menores de edad a recibir de
forma accesible y adaptada a las circunstancias información sobre su
situación y de las medidas de protección" que se le van a garantizar.
La intervención, que se realizará en aquellos casos que lo
requieran, será "mínima y proporcionada", "evitando cualquier injerencia
innecesaria en la vida de la persona protegida y de su familia", ha
garantizado la vicepresidenta. Por ese motivo, ha indicado que siempre
que sea posible se contactará con la familia más allegada para que se
hagan cargo de los niños o niñas que se encuentren desprotegidos.
Oltra ha señalado que, en aquellos casos en los que no exista una
alternativa de atención en el entorno, se valorará si es posible ejercer
la guarda mediante un acogimiento familiar "de urgencia" y, solo en los
casos en los que resulte imposible, se derivará a los niños, niñas y
adolescentes a una de las unidades de convivencia previstas para esta
situación.
Las unidades de convivencia se han planteado como "un espacio
amigable basado en la creación de un ambiente hogareño, confortable y
cálido, con una equipación y decoración adecuada al uso a que se
destina, y a las edades de las personas menores de edad que allí
residan", ha manifestado la vicepresidenta, quien ha explicado que el
diseño está inspirado en el nuevo modelo residencial para la infancia y
la adolescencia en situación de desprotección puesto en marcha la pasada
legislatura.
Así, se respetarán, en todo momento, la religión, identidad de
género, identidad cultural y otras opciones personales, "siempre y
cuando sean compatibles con la Convención de los Derechos del Niño y se
garantizará la participación de los niños y niñas durante todo el
proceso, estableciendo mecanismos y espacios de participación adaptados a
su edad y madurez".
Asimismo, se le asignará una persona "de referencia" dentro de la
unidad de convivencia "para establecer un vínculo de afecto y seguridad
con la persona acogida y evitar que esta tenga que explicar en
diferentes ocasiones su situación o información personal", ha indicado
la vicepresidenta.
Oltra ha incidido en que se trabajará para que la estancia en el
recurso sea "lo más parecido en el día a día en el hogar familiar".
En
este sentido, se le permitirá llevarse sus enseres personales con el
fin de hacer "más suyo" el espacio de convivencia y se habilitarán los
medios necesarios para mantener contacto con sus familiares, amistades y
red de apoyo.
El protocolo también contempla la realización de un plan
individualizado de estancia que permita "minimizar el impacto emocional y
psicológico, y en el que se incluirán salidas en el caso de niños,
niñas y adolescentes con necesidades especiales, como puedan ser
conductas disruptivas o trastorno del espectro autista, entre otros".
El protocolo establece que, en todos los casos, todas las medidas
adoptadas serán comunicadas a la Fiscalía de Menores de la provincia
correspondiente, y también incluye recomendaciones para los y las
profesionales sobre cómo afrontar la situación tanto en el caso de los
niños o niñas como de los y las adolescentes.
La vicepresidenta ha incidido en que el trabajo que se realice en
estos casos, como el que se hace en cualquier política dirigida a
personas menores de edad, se basa en "un trato personalizado, afectivo,
digno y respetuoso".
