VALENCIA.- La Sindicatura de Comptes ha detectado un total de 19 "incumplimientos
significativos" de la normativa aplicable a la Societat Valenciana
d'Inspecció Tècnica de Vehicles (Sitval) durante el ejercicio 2023, año
de la reversión pública de este servicio.
El organismo ha
publicado este lunes la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de
Sitval, correspondientes a 2023, en la que deniega emitir una opinión
debido a ocho cuestiones; sin embargo, sí advierte de 19 incumplimientos
que afectan a las áreas de personal (seis), contratación (diez),
transparencia y buen gobierno (dos) y política de seguridad de la
información (uno).
Entre otras cuestiones, en la revisión de
una muestra de contratos no menores formalizados durante 2023, se han
puesto de manifiesto "diversos incumplimientos en dos de ellos", sobre
servicios de informática en los que no consta determinada documentación.
Respecto a la muestra de contratos menores --la Sindicatura advierte
que las fuentes de la muestra no son "totalmente fiables por las
carencias de control interno"--, en cuatro de ellos no se ha
proporcionado la documentación de los expedientes, y en catorce se
observan "indicios de fraccionamiento indebido de los contratos".
La auditoría de personal realizada por el Ivace determina que 115 de
las 182 contrataciones de personal de los últimos tres años de vigencia
de las concesiones no disponían de la autorización de la Generalitat.
Asimismo, la Sindicatura no tiene constancia de que las empresas
concesionarias dirigiesen las solicitudes correspondientes a la
Conselleria de Economía Sostenible para prolongar hasta el 30 de junio
de 2023 las contrataciones temporales, la conversión de contratos
temporales en fijos y las nuevas contrataciones, ni de las resoluciones
de dicha conselleria, que "se entienden negativas por silencio
administrativo".
Otro de los
incumplimientos reseñados en el informe de la Sindicatura es que el
Consejo de Administración de Sitval acordó, en sus reuniones de 20 de
enero y 26 de septiembre de 2023, los nombramientos del director general
como personal de alta dirección.
Para ello, "no se han formalizado los
contratos requeridos por el artículo 3.4 del Decreto de regulación,
limitación y transparencia del régimen del personal directivo del sector
público instrumental de la Generalitat".
Además, apunta que
"se han realizado sin un proceso de selección público que atienda
adecuadamente a los principios rectores del acceso al empleo tal y como
establece para las empresas públicas la disposición adicional primera
del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, sin que
quede acreditado que en la elección se hayan aplicado los criterios
establecidos en el artículo 3 del Decreto 95/2016".
La
auditoría de la Sindicatura también advierte de que Sitval no había
publicado en su página web la información mínima requerida por los
artículos 14 a 26 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y
Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, relativos entre otros aspectos
a información institucional, organizativa y de planificación;
información sobre altos cargos y asimilados e información de carácter
presupuestario y patrimonial.
La
Sindicatura emite una denegación de opinión en esta auditoría
fundamentada en ocho cuestiones. Señala, sobre el inmovilizado material,
que asciende a 155.828.463 euros, lo que representa el 86,7% del total
activo.
"No podemos opinar sobre la adecuada contabilización realizada
por Sitval por varios motivos, entre ellos que está pendiente que la
Generalitat le adscriba dichas instalaciones, y en consecuencia
desconocemos los términos en los que esta se pueda acordar", explica la
Sindicatura.
Respecto a las subvenciones, donaciones y legados
y pasivos por impuesto diferido, cuyos importes ascienden a 126.770.669
euros, la Sindicatuta no opina por las mismas circunstancias.
En los gastos de personal, elude opinar por "varios motivos". Entre
ellos, que no tiene constancia documental del resultado del proceso
seguido para la identificación y determinación del número concreto del
personal laboral subrogado por Sitval.
Por otra parte, señala
que Sitval ha solicitado, pero no ha obtenido, los informes favorables
de las consellerias competentes previstos en la Ley de Presupuestos de
la Generalitat para el ejercicio 2023.
La no emisión de estos informes
implica, según dicha ley, que son desfavorables y, por tanto, que los
acuerdos retributivos de SITVAL son nulos de pleno derecho, recuerda la
Sindicatura.
Sobre las provisiones a corto plazo, que
ascienden a 1.024.000 euros, comprenden la estimación del coste de
homogenización de las retribuciones de determinadas categorías
profesionales que se han pagado en abril de 2024 por el importe de
1.212.100 euros tras el acuerdo adoptado por el Consejo de
Administración de Sitval.
"Desconocemos los efectos que este pago pueda
tener dada la situación legal antes comentada sobre las retribuciones",
señala.
Además, indica que "existe un riesgo de que Sitval
deba hacer frente al pago de determinadas reclamaciones salariales por
un total estimado de 529.000 euros, si bien no se ha aportado la
documentación de estos litigios".
Finalmente, la Sindicatura formula en la auditoría siete
recomendaciones para mejorar la gestión de Sitval. Entre ellas, destavca
la realización de estudios para obtener el valor actual de las
instalaciones de las estaciones de ITV y su comprobación con el asignado
en el inventario de la Generalitat.
También indica que la
Generalitat debe adoptar las medidas necesarias para que la adscripción a
Sitval de las instalaciones de las estaciones de ITV se formalice "en
el menor tiempo posible".
Subraya que el Ivace "debería culminar y
documentar adecuadamente la auditoría de personal encargada por el
Consell, que permita conocer el resultado del proceso seguido para la
identificación y determinación del número concreto del personal laboral
subrogado por Sitval".
Finalmente, recomienda elaborar
procedimientos escritos sobre la gestión y control de los procesos de
ingresos y recaudación por inspecciones de ITV, así como adoptar las
medidas y aportar los recursos necesarios para obtener un adecuado
cumplimiento de la normativa de seguridad de la información y de
protección de datos.
