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martes, 10 de marzo de 2020

Educación presiona a padres y colegios para evitar la exención del valenciano

VALENCIA.- La Conselleria de Educación ha modificado el formulario oficial que deben rellenar las familias o los estudiantes mayores de edad para solicitar la exención de la asignatura de Valenciano, introduciendo una declaración de responsabilidad que advierte de posibles perjuicios de la medida, publica hoy Las Provincias

«La exención puede aplazar o impedir la consecución de los objetivos de una educación plurilingüe plena y el logro de los objetivos curriculares de todas las lenguas, y puede poner en desventaja al alumnado para afrontar las exigencias y los retos de la sociedad valenciana en un futuro inmediato», tal y como reza el nuevo apartado incluido en la instancia. 
La cautela continúa señalando que el interesado acepta que ha sido informado «de forma suficiente y clara sobre las repercusiones» y que entiende las condiciones de la exención.
La medida, que se deriva de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, está pensada para alumnado de fuera que acredita una residencia temporal en la Comunitat o que se matricula por primera vez en Bachillerato, en el caso de que su centro se ubique en una zona valencianoparlante. Eso sí, es temporal (dos cursos como máximo) y deben acudir a clase, aunque no serán evaluados mientras dure su moratoria. También pueden solicitarla, sin límite, los estudiantes residentes en poblaciones declaradas castellanoparlantes.
El impreso recoge la normativa sobre la cuestión, dejando claro que la enseñanza es obligatoria y que al final de las diferentes etapas educativas los estudiantes deben estar capacitados para utilizar el valenciano en condiciones similares al castellano. 
Fuentes de la Conselleria de Educación explicaron que la introducción de la declaración responsable es de nueva creación -la versión del impreso data de noviembre de 2019- y que «el objetivo es asegurar que las familias han sido informadas de las características y la legislación del sistema educativo valenciano en cuanto al aprendizaje de las lenguas». 
Así, «el centro confirma que se les ha informado y en la solicitud estas declaran que han sido informadas». También precisaron que no hay ningún cambio respecto a cursos anteriores en lo que se refiere a la normativa reguladora.  
Por otro lado, hay centros de zonas castellanoparlantes que han recibido escritos del Servicio de Educación Plurilingüe de la conselleria en los que se recoge la misma reflexión. En uno de ellos, al que ha tenido acceso Las Provincias, se preguntaba cómo casar el derecho a la exención en estas zonas, recogido también en el Estatuto de Autonomía, con la aplicación de la Ley de Plurilingüismo, que implicará aumentar las materias vehiculadas en la lengua propia en Secundaria a partir del curso que viene.
Si bien la respuesta remite al procedimiento establecido para pedir la exención, señala que este derecho «es una medida excepcional que desde el punto de vista de la formación y el aprendizaje del alumnado, así como por lo que respecta a la organización de los centros educativos, debe ser desaconsejada».
El PP exige la retirada del documento y critica que se trate a los solicitantes «como apestados»
La portavoz de Educación del grupo popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha denunciado que el conseller Marzà «trata de coaccionar ilegalmente a quien opte por la exención del valenciano», por lo que ha exigido la retirada del impreso.
Para la diputada, la declaración responsable «condiciona a los padres creándoles un sentimiento de culpa al indicar que esa opción perjudica la educación de sus hijos». «Marzà no puede imponer a la fuerza sus ideas nacionalistas saltándose las leyes y los derechos de los ciudadanos», defendió. «Coacciona a las familias haciéndoles sentir padres de segunda cuando tienen pleno derecho a acogerse a la exención sin ser señalados como apestados», añadió.
También consideró que se trata de un modelo ilegal, recordando que el anterior «estaba recogido en la resolución de 25 de mayo de 2005 y fue publicado en el Dogv. «Ahora remiten a uno nuevo colgado en la web, pero no se sabe qué norma lo recoge».
Por otro lado, la diputada de Ciudadanos, Mercedes Ventura, criticó que diferentes alumnos de zonas castellanoparlantes hayan recibido una resolución autorizándoles la exención que les trata como estudiantes venidos de fuera. Si bien la conselleria corrigió las comunicaciones alegando que fue un error, para la diputada «es una muestra del poco tacto con que se trata un derecho recogido en la legislación».

domingo, 1 de marzo de 2020

El PPCV exige retirar "el plan que impone el valenciano en centros escolares incluso con la megafonía y extraescolares"

VALENCIA.- La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha exigido este domingo "la retirada inmediata" del plan de normalización lingüística "del Botànic que impone el valenciano en los centros escolares incluso en cuestiones como la megafonía, el comedor, celebraciones o actividades extraescolares ante las que no tienen competencias".

La diputada ha incidido en que los planes de normalización lingüística son actos administrativos "de obligado cumplimiento y sirven para que los centros expliquen cómo van a promocionar las lenguas". 
 "El problema es cómo pretende el Botànic llevar a cabo este proyecto, ya que con el PPCV los centros tenían que explicar cómo iban a promocionar el castellano, el valenciano y el inglés, mientras que ahora hay un cambio importante, y es que los centros sólo tienen que explicar cómo van a promocionar el valenciano", ha señalado.
Gascó, en un comunicado, ha indicado que la promoción del inglés "no les importa lo más mínimo" al Consell. "Aquí tenemos una prueba evidente. El inglés lo utilizan para engañar a las familias, porque el objetivo del modelo lingüístico de Puig no es el aprendizaje de lenguas, su objetivo es la imposición del valenciano", ha reprochado.
Además, la dirigente 'popular' ha aseverado que desde el gobierno valenciano "también demuestran que no les importa lo más mínimo que el castellano se convierta en una lengua residual". 
"Al final, el Botànic quiere llevar a los estudiantes de la Comunitat Valenciana a un sistema monolingüe", ha apostillado.
La diputada ha puesto el foco en "otros de los cambios relevantes respecto a la etapa del PP, "en la que solo se preguntaba por temas estrictamente pedagógicos, como la selección de materiales curriculares o cuestiones metodológicas".
Según ha remarcado, el Consell "ha empezado a preguntar en los cuestionarios por el uso del valenciano en la megafonía del centro, en la biblioteca, el comedor, el traslado de las notas, los expedientes del alumnado o las reuniones del claustro, celebraciones, la escuela 'matinera' o las actividades extraescolares".
Gascó ha afirmado que se trata de parámetros "que exceden claramente de las propias competencias de la Conselleria, que no tiene potestad en muchos de los ámbitos en los que se exige que se hable valenciano'".
Además, la portavoz de Educación ha destacado que los centros ahora "se deben comprometer a que a partir de una determinada fecha todo se va a hacer en valenciano, por lo que vamos hacia atrás y se ve claramente que quieren que todos los centros sólo utilicen el valenciano en todos los ámbitos".
Gascó ha recriminado que ni el conseller de Educación, Vicent Marzà, ni el secretario autonómico, Miguel Soler, "hayan sido capaces de justificar a qué se deben estos parámetros, más ideológicos que educativos", y ha recordado que este proyecto "se pone en marcha, la primera vez, con el decreto de chantaje lingüístico, que tumbó el TSJ".
"Cuando se aprueba la actual Ley este cuestionario es el que mandan a los centros, por lo que los niños estudian con un plan de normalización del valenciano que está sacado de una norma ilegal. Se mire por donde se mire, es escandaloso", ha censurado Gascó.
Por todo ello, el PPCV exige "que se retiren de forma inmediata estos planes de normalización del Botànic que imponen el valenciano" y que además "copian de forma textual el modus operandi de Cataluña, en el que una vez llega el plazo de tener que hablar siempre en valenciano a los niños se les espía en el patio para cerciorarse de que cumplen", ha concluido.

sábado, 29 de febrero de 2020

Puig ignora a la plataforma de padres contra el plurilingüismo

ALICANTE.- El pasado 18 de enero la FAPA Gabriel Miró y el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular de la Comunidad Valenciana lograron congregar a más de 20.000 personas en Orihuela en contra de la Ley del Plurilingüismo de PSPV-PSOE y Compromís que obligará a los alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP a partir del año que viene a estudiar varias asignaturas troncales en valenciano incluso si están exentos por vivir en zonas de predominio castellanohablante. Y a una semana de la manifestación de Alicante cada vez son más las adhesiones, según El Mundo

El secretario autonómico de Educación, el socialista Miquel Soler, ya anunció antes de la manifestación que no se cambiaría ni una coma de la ley se manifestase el número de personas que se manifestase. 
Y en esas sigue el Gobierno Botánico de Ximo Puig, Mónica Oltra y Rubén Dalmau, seis semanas después. Puig no ha querido recibir a las plataformas de padres que convocaron la exitosa manifestación en Orihuela que han convocado otra para el día 7 de marzo en Alicante. Les emplazó a mantener el pasado 13 de febrero una reunión con su delegada territorial en Alicante, la socialista Antonia Moreno. A esa reunión con los padres acudió también el jefe de Inspección Educativa, Pablo Ortega.
Según explicó a El Mundo la secretaria general de la FAPA Gabriel Miró, Sonia Terrero, la actitud de Moreno fue «muy fría y poco dialogante» a la hora de escuchar sus reivindicaciones: la derogación de la actual Ley de Plurilingüismo (el actual Decreto 4/2018) con el objetivo de aprobar una nueva legislación «que previamente cuente con la opinión de todos, una ley hecha por todos y para todos, que no discrimine ni genere desigualdad de oportunidades en los jóvenes castellano parlantes de la Vega Baja». 
Según los padres de los alumnos, mientras el jefe de Inspección se mantuvo en todo momento con un talante «cordial y amable intentando buscar un solución», Antonia Morenoles recriminó de entrada que ella no es «jurista» que por tanto no podía hablar de posibles derogaciones de leyes y que tenían que ir al sitio adecuado, a los juzgados. «No puso mucho de su parte», añadió Terrero, por lo que los padres entienden que «Ximo Puig no parece querer ejercer de presidente de los castellanohablantes».
Entre tanto desde el entorno el PSPV-PSOE les llegan a los padres voces para que centren sus reivindicaciones en la otra pata del Botánico, Compromís, ya que a diferencia de los nacionalistas ellos sí tuvieron representantes políticos en la manifestación (como el alcalde Benferri). 
También, porque los socialistas abogan por flexibilizar la ratio de asignaturas troncales en valenciano el próximo curso del 25% al 17% en programas experimentales. Los padres, sin embargo, no se fían y sostienen que cualquier acuerdo en este sentido se les entregue por escrito «porque si no nos estarían diciendo que podemos desobedecer las leyes que ellos aprueban en las Cortes, y eso es algo que no tiene sentido», manifestó Terrero.
Sea como fuere los proyectos de cada de los centros en los que se establecerá qué tanto por ciento de cada una de las tres lenguas y en qué asignaturas, deberían estar en la Conselleria antes del 6 de marzo y se ha prorrogado esa fecha hasta el día 23.
«Quienes hemos ido a la Subdelegación del Gobierno las dos veces para solicitar los permisos de las manifestaciones, y así tenemos firmado el resguardo, somos los padres integrados en la FAPA y en el Foro». Con esas palabras quiso desligarse la secretaria general de la Gabriel Miró las acusaciones acerca de que detrás de las manifestaciones están los partido políticos de derechas.
De hecho, asegura que tampoco ninguno de esos partidos les ha llamado para reunirse y conocer sus reivindicaciones tras la manifestación. «Eso sí, luego vendrán a la manifestación y les trataremos a como al resto», añadió
Además, sobre el voto de Cs en el Ayuntamiento de Alicante que dirige Mari Carmen Sánchez hace algunas semanas en contra de cambiar la denominación de 1983 de la ciudad en la que se celebrará la próxima manifestación de «valencianoparlante» a «castellanohablente», Terrero se mostró muy crítica. 
«Todo el mundo sabe que Alicante es una minoría muy pequeña la que habla en valenciano.Pero en cualquier caso le decimos a todos los partidos lo mismo: que dejen de una vez por todas de hacer política en los centros educativos, que dejen de utilizar a nuestros hijos como armas políticas y se preocupen solo de su educación.

jueves, 27 de febrero de 2020

La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística exige disculpas a Marzà por los "insultos de Compromís"

ORIHUELA.- La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística denunció este  públicamente «la brutal e injustificable agresión verbal» de la que -según apuntaron- «ha sido objeto por parte del diputado autonómico de Compromís, Josep Nadal», según recoge El Mundo

Según apuntaron, desde su cuenta de Twitter el político calificó a los miembros de la plataforma de «carceleros asesinos y fascistas» por haber presentado una campaña en la que reivindicaban el derecho de los alumnos de la Vega Baja a estudiar en castellano, «la misma lengua que empleó en su obra el admirado poeta local Miguel Hernández».
Desde el colectivo arremetieron aseguraron que «no es la primera vez que importantes dirigentes de Compromís utilizan este tipo de acusaciones [...]de una grosería sin parangón». 
E indicaron que en las vísperas de la manifestación del 18 de enero en Orihuela, fue la vicepresidenta del Gobierno Valenciano y máxima dirigente de Compromís, Mónica Oltra, quien «consideró que los padres que iban a salir a manifestarse por la libertad, estaban 'en contra del conocimiento y situados con Millán Astray'». 
La Plataforma consideró «absolutamente desproporcionados e injustificables esta retahíla de insultos por parte de políticos de Compromís» y pidió al conseller Marzà una disculpa pública y que «ponga fin a esta ola de agresiones verbales».
Al mismo tiempo, reclamaron que las autoridades municipales y provinciales, «indistintamente de su color político, acudan en defensa de los padres, madres y profesores de la Vega Baja ante el atropello sin precedentes del que están siendo objeto».

Más apoyos a la protesta contra el plurilingüismo

La manifestación convocada el próximo 7 de marzo en la ciudad de Alicante por el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular de la Comunidad Valenciana, suma la adhesión de nuevas asociaciones que rechazan la implantación en escuelas e institutos de la Vega Baja del Plan Plurilingüe del Conseller Marzà, que pretende implantar el valenciano como una de las tres lenguas con las que impartir contenidos.
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA)Gabriel Miró, germen de esta movilización que ya se celebró el pasado mes de enero en Orihuela y que tiene previsto repetirse ahora en la capital de la provincia, remitió este miércoles el comunicado de la Societat Civil Valenciana y su presencia en la concentración de Alicante en reivindicación del «Derecho a elegir lengua vehicular» y «en rechazo al requisito lingüístico».
Según la propia entidad, la Societat Civil Valenciana es una entidad que «colabora con aquellos proyectos integradores, equitativos libres y solidarios cuyo objetivo sea la mejora de la sociedad».
Como objetivo, -apuntaron ayer en un comunicado bilingüe- tienen «incidir en el ámbito público, en todo aquello que afecte a la convivencia y a la mejora de las condiciones de vida de todos los valencianos, tanto de los que han nacido aquí, como de aquellos que han decidido formar parte de la Comunidad Valenciana en razón de su residencia, trabajo o voluntad propia».
Por ello, el colectivo apuntó que mantendrán el diálogo y los contactos con el foro convocante de la protesta, «fortaleciendo nuestra colaboración mutua con el objetivo de conseguir la mejora de la enseñanza para nuestros hijos».

sábado, 1 de febrero de 2020

Ciudadanos estudia expedientar a sus ediles de Alicante tras votar contra el castellano

ALICANTE.- Los cinco concejales de Cs Alicante votaron en el pleno municipal de Alicante junto con PSPV-PSOE, Unidas Podemos y Compromís que Alicante es una ciudad de «predominio lingüístico valenciano» en plena polémica por la ley de Plurilingüismo de los nacionalistas (Vicent Marzà) en Educación, el requisito lingüístico en la futura ley de la Función Pública de los socialistas (Gabriela Bravo) y después de que su portavoz en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, acabase de llegar de las instituciones europeas donde defendió los derechos lingüísticos de los alumnos en la Comunidad Valenciana al considerar que la ley educativa «vulnera el derecho fundamental a la libertad».

El cabreo en amplios sectores del partido y en asociaciones de padres afines ante la decisión de los cinco concejales alicantinos era manifiesto en las redes sociales. Algunos dirigentes abogaban por la apertura de un expediente informativo o disciplinario para saber qué había pasado y que medidas se podrían tomar contra los concejales alicantinos por romper la principal línea ideológica de un partido que nació contra las imposiciones del nacionalismo en Cataluña
Y es que ese mismo días se celebró una asamblea del partido en la ciudad a la que acudieron la mayor parte de afiliados de la provincia y donde se puso de manifiesto por parte de sus protagonistas la ruptura de disciplina de voto.
El Mundo se puso en contacto con el responsable provincial de Acción Institucional del partido para comprobar si había consigna de votar diferente, a favor de declarar (con un declaración institucional nula a efectos prácticos pero importante a efectos simbólicos), quien sin embargo, manifestó que él dio el 'ok' al voto en contra. 
Según explicó, después de que el principal asesor del partido en el Ayuntamiento le leyese una enmienda con al que estaba de acuerdo.
Puestos en contacto con este asesor afirmó que sí que él leyó esa enmienda al responsable institucional pero que ya no está su poder y que procedía del área de Cultura, que es donde se justificó que no se quisiese votar a favor de declarara a la ciudad de Alicante de predominio castellanohablante.
Desde el área de Cultura, no obstante, se negó la existencia de ninguna enmienda y se justificó el voto junto a socialistas, podemitas y nacionalistas en que se había retirado la moción original de Vox de derogar la Ley de Uso del valenciano (1983) y que se había quedado sólo en la declaración de «predominio lingüístico». 
En este sentido argumentaron desde esa Concejalía que en 30 años de vigencia de la legislación «nadie había puesto en duda» que la ciudad de Alicante pertenece ala zona de predominio lingüístico valencianoparlante. También señalaron que el propio concejal Antonio Manresa hizo un «encendido» rechazo de la ley de Plurilingüismo de Marzà en su turno de palabra.
Así las cosas no queda claro si hubo o no hubo enmienda que justificase el rechazo a la moción de Vox. Lo que sí quedó claro es que los cinco concejales de Cs ni siquiera se abstuvieron en el punto, sino que conscientemente votaron a favor de declarar que la ciudad de Alicante es «de predominio lingüístico valencianoparlante», algo que menos a ellos extrañó a propios y ajenos.
Al parecer, uno de los dirigentes más «cabreados» con la «ruptura ideológica de su partido en la ciudad de Alicante», fue según su entorno más cercano, el propio Cantó que trabaja ya para llevar a 50 representantes de la sociedad cilvil al Parlamento y el Consejo de Europa en defensa de la libertad de elección de los padres de la lengua vehicular con la que educar a sus hijos. 
Esas mismas fuentes confirman que con la «inseguridad ideológica» provocada por los ediles de Alicante lo que único se hace es alejar a la ciudadanía de un partido «que hasta ahora tenía las cosas muy claras». 
A las puertas de una nueva manifestación. Desde este sector se manifestó que el área de Institucional en Valencia, superior jerárquica de la de Alicante que ayer dijo lo contrario, no se había dado el 'ok' a los concejales de Alicante y que por tanto habían roto la disciplina de voto.

NUEVA MANIFESTACIÓN CONTRA EL PLURILINGÜISMO: EL 7 DE MARZO
El Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, participado por Concapa, la Fapa Gabriel Miró y la asociación Idiomas y Educación ha convocado la nueva manifestación contra el Plurilingüismo en la ciudad de Alicante para el próximo día 7 de marzo de 2020 a las 18 horas.
Los padres, dijeron, quieren que se reconozca la libertad de elección de lengua, reconocido en el artículo 27 de la Constitución y el artículo 26.3 de la declaración Universal de los Derechos Humanos, recordando que no hay país de nuestro entorno en el que los niños no puedan recibir la educación en su lengua materna, si se trata de la lengua común y oficial del Estado.
Por su parte también el jueves tuvo lugar en Almoradí la segunda reunión de la plataforma Ampas Vega Baja. La plataforma está compuesta por representantes de AMPAS, padres y madres preocupados por la educación de sus hijos y por las consecuencias negativas que va a traer consigo la implantación del plurilingüismo en su comarca.
Algunas están federadas, otras no, pero con esta Plataforma se pretende dar voz a toda la comunidad educativa, dejando al margen otras cuestiones de carácter burocrático.
En la actualidad ya cuentan con representantes y asociaciones de los 27 municipios que conforman la Vega Baja.
Los asistentes valoraron de manera muy positiva la manifestación que tuvo lugar el pasado día 18, en cuyo éxito tanto colaboró Ampas Vega Baja. «La presencia en las calles de Orihuela de más de 20.000 ciudadanos de nuestra comarca es un hecho que la Conselleria de Educación no puede pasar por alto. El mensaje que lanzamos ese día fue claro: no queremos que nos impongan una ley de plurilingüismo que es lesiva para nuestros hijos, especialmente para aquellos que tienen dificultades de aprendizaje, entornos familiares difíciles, escasez de medios culturales y económicos a su alcance. Estamos absolutamente convencidos de la necesidad de que los alumnos aprendan lenguas, valenciano e inglés, pero no a costa de perder conocimientos en otras materias que forman parte del currículo y que también son decisivas para su formación».
En la reunión se fijó una hoja de ruta de actuaciones a llevar a cabo durante las próximas semanas, con el objetivo de conseguir que esta Ley no se implante en Secundaria y deje de aplicarse en los centros de primaria que ya la están llevando a cabo, ya que como explicó a El Mundo Gracia Martínez, los problemas llegarán dentro de dos años cuando en Primaria también se eleven los porcentajes de idiomas a las asignaturas troncales.
Entre estas se encuentra la participación en la próxima manifestación que contra la Ley del Plurilingüismo tendrá lugar en la ciudad de Alicante.

La disputa entre Compromís y el PSPV bloquea el requisito lingüístico para la función pública

VALENCIA.- La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, anunció el martes en una conferencia la remisión «inmediata» a las Cortes Valencianas de la Ley de Función Pública, tras dos años olvidada en un cajón. Una declaración nada improvisada, pues la Conselleria tenía previsto aprobar el proyecto de ley este mismo viernes en el pleno del Consell. 

No obstante, la tramitación de la norma fue bloqueada ayer en el llamado Consellet, la reunión previa al encuentro solemne de los consellers del viernes, en el que los secretarios autonómicos y los subsecretarios filtran y ordenan los temas a debatir en el plenario. La razón: las discrepancias entre los representantes del PSPV y de Compromís por la aplicación efectiva del requisito lingüístico.
Fuentes de la órbita socialista aseguraban a El Mundo que existía un acuerdo cerrado con los responsables de la Conselleria de Educación para aprobar esta semana el Proyecto de la Ley de Función Pública, un escenario que desmienten cargos de Compromís. Desde el PSPV se apunta que, hasta ayer por la mañana, había un pacto con el fin de retocar, tras escuchar los argumentos del Consell Jurídic Consultiu, las disposiciones previstas en la norma para aplicar el requisito lingüístico. Las mismas fuentes explican que, después del tirón de orejas del CJC, se apostó por eliminar el texto que establecía la aplicación directa del requisito en el acceso a la función pública en caso de no llegar a un consenso.
El anteproyecto que sí que se pactó en 2017 establecía que, en un plazo de seis meses, se aprobaría un reglamento para regular la exigencia de un determinado nivel de valenciano para acceder a un empleo público. No obstante, Compromís forzó la máquina y añadió otra disposición para que, «si transcurrido un año desde la entrada en vigor de la presente ley no se hubiere aprobado por el Consell el referido reglamento», la exigencia del valenciano se implantaría de forma automática. El Jurídic entendía que esto era incoherente por lo que Justicia optó por eliminarlo. A cambio, planteó a Educación crear una comisión interdepartamental para, paralelamente a la tramitación de la ley en las Cortes, elaborar un reglamento que permitiera la aplicación del requisito. Convencidos del acuerdo, el equipo de Bravo llevó su propuesta al Consellet.
La sorpresa vino cuando, durante esta reunión, el secretario autonómico de Igualdad y Diversidad, Alberto Ibáñez, tomó la palabra para explicar que, en este momento, no existía un acuerdo sobre la regulación del requisito. El hecho de que interviniera un representante de la Vicepresidencia primera que dirige Mónica Oltra y no de Educación -estaba presente la subsecretaria Eva Coscollà que fue directora general de Función Pública durante el periodo de negociación de la norma- llamó bastante la atención. Es por ello que algunas fuentes entienden que, detrás de la paralización de la norma, podría haber algún tipo de pulso entre Mónica Oltra y la emergente figura de Gabriela Bravo. Es conocido que su relación no es especialmente fluida.
Con todo, fuentes de la Vicepresidencia insistieron que Ibáñez explicó la postura de una parte del Consell que considera que con la redacción final propuesta por Bravo «queda en el aire el desarrollo del requisito». Reiteraron que no había nada cerrado y que Educación entendía que se podría haber mejorado el texto definitivo con una serie de propuestas que concretaban la aplicación de la norma y que, según las mismas fuentes, Justicia no veía claras. «Estamos a favor del requisito pero desde la proporcionalidad; no admitimos posiciones totalitarias», explicaron desde la facción socialista. 
Así las cosas, la aprobación de la normativa vuelve a quedarse bloqueada y a expensas de que alguna de las dos partes dé su brazo a torcer en las próximas semanas. De lo contrario, el calendario seguirá avanzando para una norma que se debería haber aprobado la pasada legislatura.

La Batalla de Valencia se libra en Alicante


VALENCIA.- Que el rédito político que tiene en la actualidad la confrontación identitaria valenciano-castellano en la ciudad de Valencia tiende al cero es bien sabido por la derecha. Por eso, la líder del PP valenciano, Isabel Bonig, y el adalid de Ciudadanos, Toni Cantó, se han cruzado toda la comunidad autónoma -geográficamente muy alargada- para encender pasiones en el sur del sur, en la Vega Baja, como vimos hace unos días en la manifestación de Orihuela contra la Ley del Plurilingüismo. La Batalla de Valencia resucita para librarse, en esta ocasión, en Alicante, se escribe en La Vanguardia.

Este jueves ha llegado a la capital, a la ciudad de Alicante. A la misma que aún mantiene mucha toponimia en valenciano, como los barrios de El Pla del Bon Repós, el Raval Roig o Rabassa, la Serra Grossa, el Himno de Alicante o el Himno de les Fogueres de Sant Joan, o la coca amb tonyina típica de las fiestas.
Pese a ello y a tener el estatus de cooficial, se han llevado al pleno del Ayuntamiento de Alicante dos declaraciones institucionales que buscan dejar de fomentar esta lengua: la primera, presentada conjuntamente por PP y Cs en la que han pedido a la Generalitat Valenciana “que garantice el derecho de los padres a la elección de la lengua vehicular en la educación de sus hijos, derogando los artículos” de la Ley de Plurilingüismo.
La segunda, más incendiaria, la ha propuesto Vox y ha pedido “la derogación” de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) de 1983 y, “subsidiariamente, su modificación” para sacar a Alicante de la zona de predominio lingüístico valenciano y su inclusión en la lista de municipios de predominio lingüístico castellano (la primera parte la han suprimido en el momento del debate).
En la ciudad de Alicante el valenciano no es un problema, aunque su uso en la calle sea muy bajo. Así quedaba reflejado en el informe Coneixement i ús del valencià publicado por la Conselleria de Educación en 2015. En él, además, se exponía que en la región de Alicante el 65,9% entiende el valenciano “bastante bien” o “perfectamente”, mientras que el 44,1% lo sabe hablar.
Además, ofrecía el dato de que los encuestados de la región de Alicante opinaban que el valenciano debería hablarse menos en un 17,3%, igual en un 41,7% y más en un 35,1%. Es decir, que el porcentaje de personas que preferirían mayor uso de la lengua autóctona es mayor que el de quienes apostaban por reducirlo.
El aprendizaje del valenciano en las aulas alicantinas no supone un problema sin la agitación de las banderas identitarias. Quizás se deba a que hay una alta probabilidad de que los hijos e hijas acaben haciendo su vida, en un futuro, fuera de la ciudad, en otras comarcas o en la vecina València, donde el valenciano está más presente y conocerlo puede ayudar a profundizar relaciones personales y a tener más oportunidades laborales. También, lógicamente, si optan a puestos de la Administración Pública, como en la docencia, donde fue precisamente el PP quien introdujo la obligatoriedad de acreditar el valenciano.
En el debate en el hemiciclo de la primera propuesta, se han alineado los postulados de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), PP, Cs y Vox. En sus planteamientos se han pronunciado los argumentos del “derecho a decidir la lengua vehicular” de la enseñanza, “sectarismo” e “imposiciones lingüísticas”.
Julia Llopis (PP) ha recordado que el Estatut obliga a “conocer” cualquiera de las lenguas cooficiales -castellano y valenciano- y el “derecho a usar la lengua que cada uno quiera”. Además, ha atacado al conseller Vicent Marzà por no “importarle” otras cuestiones como el abandono escolar, aunque ayer miércoles destacó que ese asunto precisamente había bajado cuatro puntos.
Igualmente le ha recriminado no ocuparse de las aulas prefabricadas: “Queremos que quiten barracones, que construyan colegios”. Muchas de las clases provisionales se levantaron durante el gobierno del PP a través de la empresa pública Ciegsa, gestión que hoy está en los tribunales por presunto desvío de dinero.
Sobre la Ley de Plurilingüismo, la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez (Cs), ha tildado de “chantaje lingüístico” que se establezca un mínimo de clases en castellano, en valenciano y en inglés. “Coartan las libertades y autonomías de los centros. Pedimos que se declare inalienable el derecho de los padres a elegir en qué lenguas quieren que estudien sus hijos”, ha defendido.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha argumentado que el conocimiento del valenciano ayuda a la “equidad” y el de Unides Podem, Xavier López, que “la exención no ha hecho más que aumentar la brecha de oportunidades respecto a quienes sí que han estudiado en valenciano”. Por su parte, el socialista Manuel Marín ha criticado que “la segregación de lenguas” que aplicó el PP “en la educación no ha funcionado”.
Como ha defendido la portavoz de La Cívica-Alacant en valencià, Anna Esteve, “dominar el uso de las dos lenguas abrirá puertas al alumnado”. “
Chavales de Villena se sienten estafados cuando descubren que les han escondido parte de su cultura y que no tienen las mismas facilidades que los de Elche”, ha dicho en referencia a la exención lingüística a la que se pueden acoger los centros de ese municipio. Igualmente, ha recordado que el bilingüismo, el aprendizaje y uso continuo de dos lenguas, especialmente en los niños, tiene “beneficios probados científicamente”.
Sobre la propuesta de Vox de sacar el municipio de Alicante de la zona valencianohablante -que permitiría a los centros escolares acogerse a la exención, es decir, no dar ni una sola asignatura de valenciano- el concejal Mario Ortolá, del partido ultraderechista, ha afirmado que la LUEV “miente” porque en Alicante “no se habla valenciano” y ha pedido “que se adapte a la verdad”.
 “Estamos convencidos que una ley tan importante, aunque a mí no me gusta y cuando tengamos suficiente poder la modificaremos, no se puede hacer sin contar con nadie”, ha espetado.
“Su discurso de odio hacia el valenciano no lo podemos desligar de su odio hacia el colectivo LGTBi. Es un pack que pretende crispar. Aquí nunca hemos tenido problemas con el valenciano, excepto en casos extremos. Desgraciadamente, aquí, en este ayuntamiento, están los casos extremos. Quieren volver a la sociedad en blanco y negro, la del No-Do, la del hábleme en cristiano, la de la mujer en casa, la de la ley de vagos y maleantes”, ha lamentado Bellido.
El edil de Compromís ha señalado que la propuesta es “profundamente anti-alicantina” porque implica “dividir Alicante” y “separarla de su historia”. “Som fills del poble -en alusión al himno alicantino- señores de Vox. Señores de PP y Ciudadanos, apoyar esta iniciativa es escupir en el escudo de Alicante. Sería una traición y una estupidez insuperable”, ha añadido.
Por su parte, Antonio Manresa (Cs), ha anunciado su oposición a la propuesta así: “Buscan volver a la guerra. No necesitamos una guerra con la lengua. Nunca hemos tenido ningún problema con el valenciano, yo lo entiendo perfectamente. El único que tenemos es la imposición en la Vega Baja”. En la misma línea, el PP ha defendido que “el conflicto del valenciano” lo ha “creado” el Botànic por la Ley de Plurilingüismo.
Sanguino (PSPV) ha recordado que Alicante dobló la población “entre 1950 y 1965”: “Acogimos a todo el mundo”. 
“Imagínese que en un futuro acogemos a gente que no habla ninguna de nuestras dos lenguas y se dice de adaptarse a la nueva realidad, dejando de impulsarlas. ¿Se imaginan que Gabriel Miró o Carlos Arniches dejaran de ser nuestro patrimonio cultural? El castellano tendría los días contados en Alicante escuchando hoy al portavoz de Vox”, ha recriminado al partido ultraderechista, y ha zanjado: “La libertad ha de basarse en proteger un legado histórico”.
La declaración institucional ha quedado rechazada por los votos en contra de Cs, PSPV, Unides Podem y Compromís; solo ha contado con los votos a favor de Vox y PP. La Batalla de València busca terrenos a priori más cómodos.