Otros tres técnicos llamados a la comisión de VPP en el Ayuntamiento comunican que no comparecerán

 ALICANTE.- Tres de los cinco técnicos llamados a la sesión de la comisión municipal de viviendas de protección pública (VPP) prevista para este viernes en el Ayuntamiento de Alicante han comunicado que no comparecerán, según consta en la documentación.

En la anterior reunión, la del 14 de abril, cinco funcionarios decidieron no comparecer --algo que es voluntario-- y solo lo hizo un exempleado --ya jubilado-- que trabajó en el consistorio en un periodo en el que se tramitaron cuestiones relativas a la parcela municipal que fue enajenada y sobre la que luego se construyó el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan y cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

Para la sesión de este viernes, falta conocer cuál será la decisión que finalmente adopten los dos funcionarios restantes, ya que los otros tres han comunicado que no acudirán. Se trata, por un lado, del jefe del Servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental, cuya comparecencia está fijada para las 09.30, y, por otro, de la arquitecta del consistorio que resultó adjudicataria de una VPP en Les Naus, prevista para las 13.00 horas.

La jueza que investiga las adjudicaciones en esta promoción ha citado a esta trabajadora municipal para que declare como investigada el 5 de junio, junto con otros nueve beneficiarios de inmuebles. Se da la circunstancia de que esta arquitecta del Ayuntamiento de Alicante es pareja del técnico al que la Conselleria de Vivienda de la Generalitat expedientó --fue suspendido de empleo y sueldo-- por visados de Les Naus.

La magistrada ha citado como investigadas, además de a estas diez personas, a la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y a la exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman. 

También a funcionarios de la administración local y la Conselleria y, por parte de Fraorgi, gestora de la cooperativa promotora del complejo, al administrador único. En total son 15 personas investigadas, que se suman a otras siete que declararán como testigos.

Una de estas trabajadoras que ha comunicado que no comparecerá el viernes ha indicado en un documento que queda "a disposición" para "aclarar por escrito cualquier duda" relativa a informes que emitió "en el expediente de licencia de obra".

La próxima sesión llega después de que este martes el vicealcalde de Alicante y presidente de la comisión, Manuel Villar, del PP, confirmara que dos funcionarios "querían ponerse a disposición" de este órgano y emplazara al viernes para dar detalles al respecto.

 "En ningún momento se ha intentado ocultar nada", resaltó.

Así lo señaló en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno local, después de que recientemente los grupos de izquierdas en la corporación municipal --PSPV, Compromís y EU-Podem-- reclamaran la "convocatoria urgente" de una sesión extraordinaria de la comisión tras saber que "varios de los funcionarios inicialmente previstos para comparecer, cuya ausencia fue comunicada" a este órgano, "habrían manifestado por escrito su disposición a colaborar, aclarar o aportar información relevante", circunstancia que, según estas formaciones, "no fue trasladada a los miembros de la comisión ni a los grupos municipales en tiempo y forma".

La oposición de Alicante subraya la "gravedad" del "escándalo" de las VPP tras la citación de 15 investigados

 ALICANTE.- Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Alicante, que son PSPV, Vox, Compromís y EU-Podem, esperan que la causa judicial sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, llegue «hasta el final» y permita aclarar si ha habido o no irregularidades en este proceso, al que se han referido como un «escándalo» de «gravedad extraordinaria».

Así lo han trasladado este miércoles los respectivos portavoces de estas formaciones, en declaraciones distribuidas a los medios de comunicación, después de que la jueza haya citado como investigadas a 15 personas, entre las que están la exconcejala de Urbanismo que integró el gobierno del alcalde 'popular' Luis Barcala, Rocío Gómez, y la exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman.

La magistrada, además de a Gómez y a Pérez-Hickman, ha citado como investigados a funcionarios del Ayuntamiento y la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana, así como a diez beneficiarios de las adjudicaciones, y, por parte de Fraorgi, gestora de la cooperativa promotora del complejo, al administrador único. Las 15 personas investigadas se suman a otras siete que declararán como testigos.

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha afirmado que las citaciones judiciales conocidas del caso de Les Naus «ponen el foco en cargos políticos del entorno del alcalde, Luis Barcala, y que han formado parte de la estructura municipal».

«Las citaciones a declarar como investigados en la causa acreditan que el escándalo en Les Naus no ha sido una exageración de la oposición ni una polémica artificial, sino un pelotazo con vivienda pública de una gravedad extraordinaria», ha señalado, al tiempo que ha abundado en que «el PSOE denunció este asunto en la Fiscalía Anticorrupción y está personado en la causa».

Y ha continuado: «Mientras el PP está tratando de boicotear la comisión municipal para esclarecer lo que pasó realmente, el juzgado está dando pasos adelante para arrojar luz y aclarar lo ocurrido con la adjudicación de viviendas públicas en Alicante».

En esta línea, Barceló ha señalado que «algunos de los técnicos que se negaron a participar la semana pasada en dicha comisión tendrán que declarar ahora como testigos».

Además, ha insistido en que «este escándalo no ocurrió al margen del Ayuntamiento, sino dentro del propio Ayuntamiento», lo que, a su juicio, «evidencia la necesidad de asumir responsabilidades políticas, algo que le corresponde al propio alcalde» después de que hayan sido citadas como investigadas Gómez y Pérez-Hickman.

Finalmente, la portavoz del grupo municipal socialista ha reiterado «la exigencia de transparencia» y ha reclamado que «se esclarezcan todos los hechos relacionados con la gestión de las viviendas de Les Naus».

Desde Vox, su portavoz en el consistorio, Carmen Robledillo, ha remarcado que su partido exige «que esta investigación llegue hasta el final y que se depuren todas las responsabilidades, caiga quien caiga».

«No vamos a aceptar excusas, silencios ni intentos de tapar lo que ya es uno de los mayores escándalos de los últimos años en el Ayuntamiento de Alicante», ha destacado, al tiempo que ha señalado: 

«Esperamos que comparezcan ante la justicia todas aquellas personas que hayan tenido algún tipo de responsabilidad, ya sea política, técnica o administrativa. Los alicantinos merecen saber quién tomó las decisiones, quién permitió estas adjudicaciones y quién miró hacia otro lado».

A juicio de Robledillo, «no puede haber privilegios ni impunidad para nadie» y, «si alguien ha actuado mal, debe responder ante la justicia».

 «Alicante necesita claridad, responsabilidades y recuperar la confianza en sus instituciones», ha zanjado.

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Rafa Mas, ha resaltado que la justicia ya va «dando pasos» e «imputando a personas por el escándalo de Les Naus». 

«15 son los imputados, dos de ellos de la máxima confianza de Luis Barcala, y mientras tanto nosotros en la comisión de investigación municipal seguimos con falta de documentación, se nos oculta información. Se nos ocultan declaraciones de los de los comparecientes, no nos dan explicaciones. Por fin la justicia actúa y máxima confianza a la jueza en este caso de investigación», ha aseverado.

Mas se ha preguntado «qué más datos le faltan» al alcalde «para apartar de sus responsabilidades a una de las imputadas por este caso de presunta corrupción como es el caso de Les Naus».

 «Qué más motivos le faltan», ha insistido.

«Nos lo tendrá que explicar, lejos de amedrentar, lejos de amenazar, lejos de coaccionar a los concejales de la oposición tendría que estar ya el propio alcalde declarando de forma voluntaria ante la jueza», ha sentenciado el portavoz de Compromís.

Finalmente, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, considera que la citación de 15 investigados en el caso de las VPP de Alicante «confirma» que esta no era una «polémica menor» ni «una simple discusión administrativa», sino «un asunto de enorme gravedad que afecta de lleno a la gestión del suelo público, a la limpieza institucional y al derecho a la vivienda de miles de familias».

«Cuando un juzgado da este paso, lo que queda claro es que existen indicios suficientemente serios como para investigar a fondo lo ocurrido», ha aseverado el edil de la coalición, quien ha pedido «máxima transparencia, colaboración absoluta con la justicia y la asunción de todas las responsabilidades políticas que correspondan» porque «Alicante merece saber qué se hizo con su patrimonio público, quién tomó las decisiones y en beneficio de quién».

Al respecto, ha indicado: 

«No podemos normalizar que, mientras cerca de 10.000 solicitudes de vivienda evidencian la emergencia habitacional que vive nuestra ciudad, el suelo público destinado a vivienda protegida quede bajo sospecha de haber sido utilizado para favorecer intereses particulares».

«Este caso demuestra también la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de control, fiscalización y transparencia en el Ayuntamiento de Alicante para impedir que algo así vuelva a repetirse. La vivienda pública es una herramienta esencial para garantizar derechos, no un espacio para privilegios ni para prácticas opacas», ha concluido.

Ciudadanos pide a la jueza de las VPP de Alicante que cite como testigo al técnico expedientado por visados de 'Les Naus'

 ALICANTE.- La acusación popular del partido Ciudadanos en la causa que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, ha pedido a la jueza que cite como testigo al técnico al que la Conselleria de Vivienda expedientó --fue suspendido de empleo y sueldo-- por visados de esta promoción.

Así se desprende de un escrito con fecha de presentación de este lunes, en el que reclama que se practique una prueba testifical a este funcionario, "jefe de la Sección de Vivienda Protegida".

Todo ello, después de que un cargo de Vivienda manifestara como testigo el pasado miércoles ante la magistrada que investiga las adjudicaciones que ese funcionario le dijo "lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades".

De este modo lo apuntaron fuentes conocedoras de esa declaración, en la que también participaron otros dos técnicos de la Conselleria e indicaron que ese trabajador revisó personalmente y por iniciativa propia esos expedientes sobre los inmuebles.

Se da la circunstancia de que una de las personas que resultó adjudicataria de una VPP en el residencial de Playa de San Juan es la pareja de ese funcionario que fue expedientado. Al mismo tiempo, ella es arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante.

Precisamente, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha insistido en que ese técnico ha regresado a su puesto de trabajo, "pero no lleva tareas de visado" de inmuebles. El jefe del Consell ha hecho hincapié en que la administración autonómica abrió un expediente a este empleado, si bien al haber una "investigación penal se tiene que interrumpir esa causa administrativa" y esta persona se ha reincorporado.

En su escrito, Ciudadanos reclama a la jueza que cite como testigo a ese funcionario de Vivienda por, de acuerdo con esta acusación popular, su "responsabilidad exclusiva en la tramitación".

 En concreto, argumenta que, según un informe de la Secretaría Territorial Adjunta de Vivienda del 2 de febrero, ese trabajador "fue el técnico responsable único de la revisión e instrucción de la totalidad de los expedientes de visado de dicha promoción".

También apunta a un posible "conflicto de interés y falta de imparcialidad". "Es necesario aclarar la posible concurrencia de causas de abstención o recusación, dado que el citado técnico tiene, presuntamente, a su esposa como adjudicataria de una de las viviendas de la promoción bajo su supervisión, lo cual pone en duda la objetividad de sus actuaciones técnicas y validaciones", añade.

Asimismo, la acusación popular de Ciudadanos habla de "admisión de responsabilidad", al señalar que, "como consta en las diligencias y declaraciones previas", al ser cuestionado el secretario territorial adjunto de Vivienda sobre este asunto, "manifestó" que, al interpelar al funcionario "sobre las posibles irregularidades, este admitió haberse equivocado y expresó su voluntad de asumir toda la responsabilidad".

Finalmente, ve "necesario" saber "los motivos concretos de la actuación del citado técnico a la vista de que no solo pudo presuntamente beneficiar a su esposa, sino también a otras personas", debido a que "visó como correctos determinados expedientes que no cumplían con los requisitos legales, así como por falta de documentación esencial para ser adjudicatario de dichas viviendas".

Llorca insiste en que el técnico expedientado por las VPP de Alicante vuelve al trabajo "pero no lleva tareas de visado"

 ALICANTE.- El 'president' de la Generalitat, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, ha insistido en que el técnico de la Conselleria de Vivienda a quien expedientó la Generalitat Valenciana --fue suspendido de empleo y sueldo-- por las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus de Playa de San Juan, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza, ha regresado a su puesto de trabajo, "pero no lleva tareas de visado" de inmuebles.

Así lo ha recalcado el jefe del Consell este lunes a preguntas de los medios de comunicación en la ciudad de Alicante, tras asistir a la I Muestra Olis d'Alacant. Todo ello, después de que un cargo de Vivienda manifestara como testigo el pasado miércoles ante la magistrada que ese funcionario le dijo "lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades".

De este modo lo apuntaron fuentes conocedoras de esa declaración, en la que también participaron otros dos técnicos de la Conselleria e indicaron que ese trabajador revisó personalmente y por iniciativa propia esos expedientes sobre los inmuebles.

Se da la circunstancia de que una de las personas que resultó adjudicataria de una VPP en el residencial de Playa de San Juan es la pareja de ese funcionario que fue expedientado. Al mismo tiempo, ella es arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante.

Pérez Llorca ha hecho hincapié en que la Generalitat abrió un expediente a este técnico, si bien al haber una "investigación penal se tiene que interrumpir esa causa administrativa" y esta persona se ha reincorporado, "pero no lleva tareas de visado de las viviendas".

El jefe del Consell ha subrayado que "hay que respetar la ley" y que, "sobre todo", aquí "prevalece" el derecho a la presunción de inocencia. Asimismo, ha afirmado que, en la medida en la que "se resuelva" esa cuestión, "ya se verá qué actuaciones se tienen que tomar con esa persona".

Preguntado por el hecho de que los grupos de PSPV, Compromís y EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante alertaran de que los miembros de la comisión municipal de VPP no fueron informados de que funcionarios que no asistieron presencialmente "habrían manifestado por escrito su disposición a colaborar, aclarar o aportar información relevante", el jefe del Consell se ha limitado a señalar que "hay una investigación judicial en marcha" que "surge porque la propia Generalitat Valenciana dio traslado de las circunstancias que se estaban produciendo en ese edificio y que por lo tanto hay que dejar que esa investigación evolucione".

"Yo siempre he sido muy respetuoso con cualquier investigación judicial, creo que hay que separar un poco la cuestión política y la cuestión judicial, y esperemos un poco a ver cómo se resuelve", ha resaltado, al tiempo que ha defendido que "enseguida se pusieron los medios cuando se tuvo noticias de lo que había pasado en Les Naus" y en que hay que dejar "trabajar a la justicia".

En la misma línea, sobre la comisión de investigación sobre la gestión del bono comercio, constituida este lunes en la Diputación de Alicante, el 'president' ha aseverado que "también hay una investigación judicial abierta" y "hay que dejar de trabajar a la justicia".

"¿Las comisiones de investigación paralelas a las investigaciones judiciales suelen ser efectivas? Pues valórelo usted mismo con lo que pasa en las demás comisiones de investigación que se dan en este país. Generalmente son poco productivas", ha añadido al ser preguntado por este asunto.

La puesta en marcha de este órgano se produce en un contexto marcado por la causa judicial que investiga posibles irregularidades en la gestión del bono de la Diputación para municipios de la provincia durante 2022 y 2023. 

En ella figura como único imputado el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, quien ya ha trasladado a la institución provincial su intención de comparecer en esa comisión.

La izquierda asegura que no fue informada de que técnicos llamados a la comisión de VPP querían "colaborar"

 ALICANTE.- Los grupos de izquierdas con representación en el Ayuntamiento de Alicante, que son PSPV, Compromís y EU-Podem, han reclamado la "convocatoria urgente" de una sesión extraordinaria de la comisión municipal de viviendas de protección pública (VPP) porque "varios de los funcionarios inicialmente previstos para comparecer, cuya ausencia fue comunicada" a este órgano, "habrían manifestado por escrito su disposición a colaborar, aclarar o aportar información relevante", circunstancia que, según estas formaciones, "no fue trasladada a los miembros de la comisión ni a los grupos municipales en tiempo y forma".

Así lo han manifestado en un escrito, con fecha de este viernes, dirigido a la presidencia de la comisión, después de que cinco de los seis primeros técnicos llamados a comparecer este martes no lo hicieran.

Este órgano acordó anteriormente solicitar varias comparecencias, que son voluntarias. De estas seis fijadas, solo acudió un ex funcionario que ya esta jubilado y que trabajó en un periodo en el que se tramitaron cuestiones relativas a la parcela municipal que fue enajenada y sobre la que luego se construyeron esos pisos del residencial Les Naus, de Playa de San Juan, y cuyas adjudicaciones ya está investigando una jueza.

En ese escrito, que está firmado por los portavoces de PSPV, Compromís y EU-Podem, que son Ana Barceló, Rafa Mas y Manolo Copé, respectivamente, han indicado que, "de confirmarse estos hechos", se habría producido "una ocultación de información relevante para el esclarecimiento de los hechos investigados" y "una alteración del normal funcionamiento de la comisión, al impedir o condicionar la participación de comparecientes clave".

También "una vulneración del derecho de los grupos municipales a ejercer su función de control, afectando directamente a los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir la actuación pública".

PSPV, Compromís y EU-Podem consideran que "estos hechos no solo desvirtúan el mandato del pleno que dio origen a esta comisión, sino que puede suponer vaciar de contenido la misma, desvirtuándose la función de control que debe ejercerse por los grupos políticos en su función fiscalizadora".

Por todo ello, han solicitado que se convoque de forma "urgente" una sesión de la comisión, "con carácter monográfico", para "dar cuenta de los hechos descritos", "depurar responsabilidades en relación con la falta de traslado de información a la comisión" y que "se informe expresamente sobre las decisiones adoptadas por los órganos o responsables municipales en relación con la gestión de estas comparecencias y la no comunicación de dicha información a la comisión", así como "garantizar el acceso completo a toda la documentación y comunicaciones existentes".

Además, han pedido "que en dicha sesión se incorpore y ponga a disposición de todos los grupos municipales" la "totalidad de las comunicaciones, escritos o manifestaciones realizadas por los funcionarios en relación con su disposición a colaborar con la comisión".

También "cualquier informe, nota o documento interno vinculado a la gestión de estas comparecencias" y "que se adopten las medidas necesarias para asegurar la comparecencia efectiva de los técnicos que hayan manifestado su voluntad de colaborar, o, en su defecto, se habiliten mecanismos formales para la incorporación de sus aportaciones al expediente de la comisión".

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Barceló (PSPV) ha exigido "explicaciones, depuración de responsabilidades y que salga a la luz todo lo que", según ha sostenido, el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), "está intentando tapar sobre el escándalo de Les Naus".

 "Queremos saber quién dio la orden de ocultar a la comisión la disposición de los funcionarios a colaborar, porque es algo gravísimo", ha apostillado.

"No vamos a permitir que una comisión creada para esclarecer un pelotazo en la adjudicación de vivienda pública se convierta en una herramienta para encubrirlo", ha enfatizado la portavoz socialista, para luego sentenciar:

 "Barcala tiene que aclarar quién tomó esta decisión y con qué objetivo. Vamos a llegar hasta el final, y el PP no tendría que tener miedo a que se conozca toda la verdad".

Por otro lado, Mas (Compromís) ha dicho que están "hartos" de que "mientan", "escondan información" y haya "ocultación de documentación".

 "Hartos de que este proceso que persigue investigar esta estafa a los alicantinos se dilate. Vamos a pedir y depurar responsabilidades", ha resaltado.

El portavoz de la coalición valencianista ha acusado al presidente de la comisión, el vicealcalde Manuel Villar (PP), de mentir en la reunión celebrada el martes "porque afirmó que no querían comparecer los técnicos, cuando en verdad dos de ellos sí que estaban dispuestos a comparecer, no presencial", pero sí a contestar "preguntas por escrito".

"Este hecho se nos ocultó, nos mintieron y obviamente la oposición responsable pide responsabilidades y vamos a llegar hasta el final. Los alicantinos tienen el derecho a saber toda la verdad y deben recuperar ya la confianza en los Ayuntamiento y todo pasa por depurar responsabilidades", ha zanjado Mas.

En la misma línea, Copé (EU-Podem) ha aseverado que en ese escrito los tres grupos de izquierdas reclaman "verdad, transparencia y respeto a la comisión", ya que, "si había técnicos dispuestos a colaborar, la comisión tenía derecho a saberlo".

"No se puede jugar con una comisión creada por el pleno. Ocultar información relevante vacía de contenido la función de control democrático que nos corresponde ejercer. La ciudadanía merece saber qué pasó en Les Naus, pero también si ahora se está dificultando que se investigue con normalidad", ha agregado.

Y ha concluido: "Si no hay nada que esconder, que se entregue toda la documentación y comparezca quien tenga que comparecer. Esto no va de partidos. Va de instituciones limpias, de rendición de cuentas y de respeto a la democracia municipal".

Morant y Mas vuelven a pedir la dimisión de Barcala por la polémica de las VPP de Les Naus

ALICANTE.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas, han pedido la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, tras la polémica con las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

Así lo han manifestado ambas este jueves en declaraciones a los medios antes de comenzar la romería de la Santa Faz desde la Concatedral de San Nicolás, en el centro de la ciudad de Alicante, hacia el monasterio.

En este sentido, Morant ha incidido en que el Consell en Alicante sorprende "con un escándalo detrás de otro" y ha remarcado que el gobierno del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, impulsaron "un cambio normativo" que ha permitido "que se pudieran adjudicar de manera absolutamente irregular estos pisos".

"No ha habido fiscalización por parte de las administraciones, básicamente se han regalado estas viviendas a quien se ha querido", ha agregado.

Además, la ministra ha aseverado que una VPP es "para las familias que los necesitan, no para aquellos que cobran más de 4.000 euros al mes", o quienes "son amigos o tienen carné del Partido Popular".

Por ello, ha alertado de que Barcala es "el máximo responsable" y ha exigido "responsabilidades" a la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.

"Ha sucedido en Alicante y va a suceder en otros sitios, porque han cambiado la norma precisamente para que se puedan adjudicar los pisos a dedo a personas que no lo necesitan, que ganan más de 4.000 euros al mes", ha manifestado.

Finalmente, Morant ha pedido "que se vuelva a la norma anterior", que hacía "que las viviendas fueran a las personas que lo necesitan", y que devuelvan los pisos "aquellos que nunca los debieron de tener".

Por su parte, Mas ha expresado que este jueves es un día "agridulce", debido al contexto político, con la polémica de "las VPP de Les Naus" y la situación con la Cámara de Comercio de Alicante y su dirigente, Carlos Baño, investigado por una denuncia relacionada con el programa de los bonos comercio de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

Asimismo, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts ha apuntado que "el PP debería dar explicaciones" y dedicarse a "poder hacer una limpieza profunda".

 "Dejarlo todo en manos de la jueza no es suficiente, hay una parte ética y moral que corresponde al compromiso de servicio público", ha enfatizado.

Sobre este tema, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), en declaraciones a los medios, no se ha pronunciado, ya que "no es el día de hablar de eso", sino "de una romería que pone a Alicante en el centro de las festividades de la Comunitat Valenciana".

El Consell replica a la ministra de Vivienda que ya está "reforzando" los mecanismos de control sobre VPP

VALENCIA.- El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha replicado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ya está "reforzando" los mecanismos de control sobre las viviendas de protección pública (VPP) a raíz de la polémica iniciada hace unas semanas por las adjudicaciones de pisos del residencial Les Naus de Playa de San Juan (Alicante) a cargos del PP en el Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos.

"Estamos reforzando los mecanismos de control que no existían en la etapa socialista. Ahora no valdrá con el visado por parte de única persona, se dará transparencia al listado de adquirientes y se valorará el arraigo en el proceso de concesiones", ha asegurado en su comparecencia tras la reunión semanal del gobierno valenciano.

Barrachina (PP) ha contestado así a las declaraciones que hizo la ministra socialista este pasado jueves en su visita a Les Naus, donde exigió a la Generalitat la "vuelta a los controles" y a la "normativa garantista de transparencia" que había en el anterior gobierno del Botànic con las VPP, con el fin de que no se vuelvan a producir casos como el de esta promoción en la que un juzgado investiga presuntas irregularidades.

Cuestionado por las palabras de Rodríguez, ha criticado que "desde que tenemos un Gobierno con una ministra así, el precio de la vivienda se ha disparado y la oferta se ha reducido en cientos de miles por temor tanto a la okupacion como a la limitación a los propietarios". 

"Nosotros, todo lo contrario", ha subrayado, y ha reiterado que llevan más de 4.000 viviendas públicas en marcha "frente a cero" del Botànic.

"Los socialista hicieron dos cosas en vivienda: perseguir a la iniciativa privada y no activar la iniciativa pública por desidia. Nosotros hacemos las dos, todo con la mayor garantía", ha insistido.

Al portavoz del Consell también se le ha preguntado cómo va la investigación de la Generalitat sobre la polémica de las VPP de Alicante, y también por la vivienda adjudicada en la pedanía de La Torre de València a quien fuera exdirector del Institut Valencià Cartogràfic durante el Botànic, Xavier Navarro, que investiga Fiscalía a raíz de una denuncia de la Agència Valenciana Antifrau.

Barrachina ha asegurado que la VPP de Navarro fue "firmada por Rebeca Torró", actual secretaria de Organización del PSOE y entonces directora general de Vivienda de la Generalitat, aunque ha remarcado que desconoce "cuál es la situación".

En general, ha asegurado que "felizmente se está remitiendo a Fiscalía todo lo que va apareciendo" sobre posibles irregularidades en las VPP, con lo que confían en que el ministerio público "actuará con toda la rapidez y con la máxima contundencia para que ante cualquier duda se pueda tener mayor rigor, inmediatez y transparencia máxima".