ALICANTE.- El 'president' de la Generalitat, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, ha
insistido en que el técnico de la Conselleria de Vivienda a quien
expedientó la Generalitat Valenciana --fue suspendido de empleo y
sueldo-- por las viviendas de protección pública (VPP) del residencial
Les Naus de Playa de San Juan, cuyas adjudicaciones está investigando
una jueza, ha regresado a su puesto de trabajo, "pero no lleva tareas de
visado" de inmuebles.
Así lo ha recalcado el jefe del Consell
este lunes a preguntas de los medios de comunicación en la ciudad de
Alicante, tras asistir a la I Muestra Olis d'Alacant. Todo ello, después
de que un cargo de Vivienda manifestara como testigo el pasado
miércoles ante la magistrada que ese funcionario le dijo "lo siento, la
he cagado y asumiré todas las responsabilidades".
De este modo
lo apuntaron fuentes conocedoras de esa declaración, en la que también
participaron otros dos técnicos de la Conselleria e indicaron que ese
trabajador revisó personalmente y por iniciativa propia esos expedientes
sobre los inmuebles.
Se da la circunstancia de que una de las
personas que resultó adjudicataria de una VPP en el residencial de
Playa de San Juan es la pareja de ese funcionario que fue expedientado.
Al mismo tiempo, ella es arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante.
Pérez Llorca ha hecho hincapié en que la Generalitat abrió un
expediente a este técnico, si bien al haber una "investigación penal se
tiene que interrumpir esa causa administrativa" y esta persona se ha
reincorporado, "pero no lleva tareas de visado de las viviendas".
El jefe del Consell ha subrayado que "hay que respetar la ley" y que,
"sobre todo", aquí "prevalece" el derecho a la presunción de inocencia.
Asimismo, ha afirmado que, en la medida en la que "se resuelva" esa
cuestión, "ya se verá qué actuaciones se tienen que tomar con esa
persona".
Preguntado
por el hecho de que los grupos de PSPV, Compromís y EU-Podem en el
Ayuntamiento de Alicante alertaran de que los miembros de la comisión
municipal de VPP no fueron informados de que funcionarios que no
asistieron presencialmente "habrían manifestado por escrito su
disposición a colaborar, aclarar o aportar información relevante", el
jefe del Consell se ha limitado a señalar que "hay una investigación
judicial en marcha" que "surge porque la propia Generalitat Valenciana
dio traslado de las circunstancias que se estaban produciendo en ese
edificio y que por lo tanto hay que dejar que esa investigación
evolucione".
"Yo siempre he sido muy respetuoso con cualquier
investigación judicial, creo que hay que separar un poco la cuestión
política y la cuestión judicial, y esperemos un poco a ver cómo se
resuelve", ha resaltado, al tiempo que ha defendido que "enseguida se
pusieron los medios cuando se tuvo noticias de lo que había pasado en
Les Naus" y en que hay que dejar "trabajar a la justicia".
En la misma línea, sobre la comisión de investigación sobre la
gestión del bono comercio, constituida este lunes en la Diputación de
Alicante, el 'president' ha aseverado que "también hay una investigación
judicial abierta" y "hay que dejar de trabajar a la justicia".
"¿Las comisiones de investigación paralelas a las investigaciones
judiciales suelen ser efectivas? Pues valórelo usted mismo con lo que
pasa en las demás comisiones de investigación que se dan en este país.
Generalmente son poco productivas", ha añadido al ser preguntado por
este asunto.
La puesta en marcha de este órgano se produce en
un contexto marcado por la causa judicial que investiga posibles
irregularidades en la gestión del bono de la Diputación para municipios
de la provincia durante 2022 y 2023.
En ella figura como único imputado el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, quien ya ha trasladado a la institución provincial su intención de comparecer en esa comisión.
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