ALICANTE.- La acusación popular del partido Ciudadanos en la causa que investiga
las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el
residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, en la ciudad de
Alicante, ha pedido a la jueza que cite como testigo al técnico al que
la Conselleria de Vivienda expedientó --fue suspendido de empleo y
sueldo-- por visados de esta promoción.
Así se desprende de un
escrito con fecha de presentación de este lunes, en el que reclama que se practique una prueba
testifical a este funcionario, "jefe de la Sección de Vivienda
Protegida".
Todo ello, después de que un cargo de Vivienda
manifestara como testigo el pasado miércoles ante la magistrada que
investiga las adjudicaciones que ese funcionario le dijo "lo siento, la
he cagado y asumiré todas las responsabilidades".
De este modo
lo apuntaron fuentes conocedoras de esa declaración, en la que también
participaron otros dos técnicos de la Conselleria e indicaron que ese
trabajador revisó personalmente y por iniciativa propia esos expedientes
sobre los inmuebles.
Se da la circunstancia de que una de las
personas que resultó adjudicataria de una VPP en el residencial de
Playa de San Juan es la pareja de ese funcionario que fue expedientado.
Al mismo tiempo, ella es arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante.
Precisamente, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez
Llorca, ha insistido en que ese técnico ha regresado a su puesto de
trabajo, "pero no lleva tareas de visado" de inmuebles. El jefe del
Consell ha hecho hincapié en que la administración autonómica abrió un
expediente a este empleado, si bien al haber una "investigación penal se
tiene que interrumpir esa causa administrativa" y esta persona se ha
reincorporado.
En su
escrito, Ciudadanos reclama a la jueza que cite como testigo a ese
funcionario de Vivienda por, de acuerdo con esta acusación popular, su
"responsabilidad exclusiva en la tramitación".
En concreto, argumenta
que, según un informe de la Secretaría Territorial Adjunta de Vivienda
del 2 de febrero, ese trabajador "fue el técnico responsable único de la
revisión e instrucción de la totalidad de los expedientes de visado de
dicha promoción".
También apunta a un posible "conflicto de
interés y falta de imparcialidad". "Es necesario aclarar la posible
concurrencia de causas de abstención o recusación, dado que el citado
técnico tiene, presuntamente, a su esposa como adjudicataria de una de
las viviendas de la promoción bajo su supervisión, lo cual pone en duda
la objetividad de sus actuaciones técnicas y validaciones", añade.
Asimismo, la acusación popular de Ciudadanos habla de "admisión de
responsabilidad", al señalar que, "como consta en las diligencias y
declaraciones previas", al ser cuestionado el secretario territorial
adjunto de Vivienda sobre este asunto, "manifestó" que, al interpelar al
funcionario "sobre las posibles irregularidades, este admitió haberse
equivocado y expresó su voluntad de asumir toda la responsabilidad".
Finalmente, ve "necesario" saber "los motivos concretos de la
actuación del citado técnico a la vista de que no solo pudo
presuntamente beneficiar a su esposa, sino también a otras personas",
debido a que "visó como correctos determinados expedientes que no
cumplían con los requisitos legales, así como por falta de documentación
esencial para ser adjudicatario de dichas viviendas".
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