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sábado, 28 de diciembre de 2019

Miguel Soler pide dialogar para que se sienta el valenciano como valor añadido y no "otra vez como arma de guerra"

ALICANTE.- El secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, ha invitado a hacer "una reflexión colectiva" y "sentarse a dialogar" para que todas las comarcas de la Comunitat puedan sentir el valenciano como un elemento de "valor añadido". "Las broncas no ayudan", ha aseverado Soler, que ha hecho un llamamiento a no utilizar la lengua "otra vez como arma de guerra".

Así lo ha manifestado el representante de la Conselleria de Educación en una entrevista donde se ha referido al anuncio realizado por la líder del PP en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, de poner los servicios jurídicos del partido a "disposición de las comunidades educativas" para impugnar los proyectos lingüísticos que consideren "impuestos".
Sobre esta cuestión, Soler ha remarcado que le "cuesta pensar qué es lo que van a recurrir". Ha apostillado que la Ley de Plurilingüismo está vigente, se ha aplicado en Infantil y Primaria "sin que pase absolutamente nada" y el próximo curso llega a Secundaria.
En este punto, ha hecho notar que lo que ha dispuesto la Conselleria de Educación es que pueda darse una aplicación progresiva, con propuestas experimentales --que siempre tendría que autorizar la administración, por lo que esta sería la responsable, ha precisado--, en aquellos centros que lo soliciten por su situación geográfica, profesorado o alumnado. 
"Se supone que en esto tendría que estar de acuerdo todo el mundo porque supone adaptar la ley a las características de cada centro. Va en la línea de escuchar, dialogar y flexibilizar. No acierto qué es lo que se va a recurrir", ha insistido.
Miguel Soler ha recordado a Isabel Bonig que ella ya instó al Gobierno de España --en la etapa al frene de Mariano Rajoy-- a recurrir la Ley de Plurilingüismo y que el Ejecutivo central no solo no lo hizo, sino que el exministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo "dijo que era la ley que querían promover para las comunidades autónomas con dos lenguas".
El secretario autonómico ha reconocido que es "un fracaso del conjunto de la sociedad" que en todos el territorio no se sienta el valenciano como un bien con valor añadido y ha observado que "no es un tema de ser castellanohablante o valencianohablante, porque va más allá".
"Estoy convencido de que no ayuda en nada este tipo de broncas. Si se ha aprobado una ley, con los votos favorables del Botànic y los 'agermanats' --escindidos de Ciudadanos--, se aplica en Infantil y Primaria y va razonablemente bien y ni el PP ni Cs nacional han presentado recurso hay que sentarse a dialogar; lo otro es utilizar la lengua de nuevo como arma de guerra".
Sobre los resultados del alumnado con la actual normativa de plurilingüísmo, Soler ha comentado que "hay que esperar un tiempo a ver si se están consiguiendo los efectos deseados".
De momento, ha apostillado, que la formación del profesorado "se ha multiplicado, con las estancias de docentes en el extranjero, las plazas gratuitas en las Escuelas Oficiales de Idiomas, la creación del Cefire de Plurilinguïsmo en Alzira plaza gratuitas EOI o un Cefire en Alzira". 
"Vamos a continuar este incremento de formación de los profesores y lo normal es que eso repercuta en la formación de los estudiantes", ha concluido.

sábado, 21 de diciembre de 2019

Castellón celebra el 87 aniversario de les Normes del 32 con un manifiesto por la igualdad lingüística

CASTELLÓN.- Castelló per la Llengua y diversas entidades sociales han celebrado un acto este sábado por el 87 aniversario de la aprobación de Les Normes de Castelló, las reglas con las que se unificó la ortografía del valenciano, que se aprobaron en 1932.

Frente a la Casa Matutano, el lugar en el que se fraguó esta normativa, se ha leído un manifiesto por la igualdad lingüística, y se han realizado muixerangues a cargo de la Conlloga Muixeranga de Castellón
. Al acto ha asistido también el concejal de Plurilingüismo y Fomento del Valenciano del Ayuntamiento, Francesc Mezquita.
Les Normes de Castelló son Bien de Interés Cultural desde 2016. 
El Consell reconoció en diciembre de hace tres años que esta normativa nació como "fruto del consenso entre literatos, gramáticos y lingüistas para afrontar los cambios que estaba experimentando la lengua en la sociedad y así garantizar el uso social, administrativo y académico".
El documento original, un 'mecanoscrit' de ocho páginas, se conserva en la Biblioteca Valenciana, y se trata del único documento que contiene parte de las firmas de adhesión de las personalidades y entidades que suscribieron el acuerdo ortográfico.

La enseñanza en castellano deja de garantizarse en zonas valenciano-hablantes

VALENCIA.- Las familias de los municipios valenciano-hablantes -reconocidos así por ley- tenían hasta la fecha garantizada la enseñanza mayoritariamente en castellano. Al menos como una opción para las familias que no quisiesen matricular a sus hijos en colegios con proyecto lingüístico en valenciano, que en estas zonas suelen ser mayoría. Sin embargo, el Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig -junto con los nacionalistas de Compromís y Podemos- ha decidido finiquitar este blindaje con un cambio en el decreto de admisión del alumnado a los centros, anuncia El Mundo

En concreto, de la nueva norma desaparece un artículo que figuraba en el anterior decreto y que contemplaba expresamente que, para los municipios de predominio lingüístico valenciano, «cualquier domicilio quedará comprendido en el área de influencia de, al menos, uno de los centros que oferten Programa Plurilingüe de Enseñanza en Valenciano o Programa Plurilingüe de Enseñanza en Castellano». 
Es decir, lo que este artículo garantizaba sobre el papel era que siempre hubiese la posibilidad de escolarización en castellano si así lo deseaba la familia en el momento de elegir colegio. 
Esta redacción desaparece en el nuevo decreto que regula la admisión a los colegios porque, según fuentes educativas, no tiene sentido mantener la referencia a dos programas plurilingües que implantó en su día el PP -el de valenciano y el de castellano- y que ya no existen. 
De hecho, la nueva ley de plurilingüismo que sacó adelante la Generalitat valenciana en la anterior legislatura implanta un modelo lingüístico único, en el que tanto el castellano como el valenciano deben tener una presencia mínima del 25% de la jornada escolar.
La Consejería de Educación se acogió a las sentencias judiciales que fijaron para Cataluña un mínimo del 25% para el castellano. 
A partir de ahí, en la Comunidad Valenciana cada centro puede aumentar la presencia del valenciano o del castellano en función de la zona en la que esté y de sus propios recursos, pudiendo alcanzar para una de las lenguas oficiales un máximo del 60% de las horas lectivas. Y esto porque, además, la presencia del inglés debe oscilar entre el 15 y el 25%.
Por tanto, la justificación de la Consejería de Educación para cargarse el citado artículo es que con la nueva ley de plurilingüismo ya está garantizada una enseñanza mínima en castellano. 
Así, en la práctica, desaparece la inmersión total en valenciano (y en castellano) que se permitía anteriormente con el sistema de programas lingüísticos diferenciados.
Ahora bien, el anterior decreto daba argumentos a una familia para demandar una enseñanza mayoritariamente en castellano aun estando en una zona valencianohablante. Con el nuevo decreto, puede darse la paradoja de que todos los colegios de un municipio con mayoría social valencianohablante se queden en el mínimo de castellano, esto es, el 25% del horario lectivo, mientras que el valenciano sería mayoritario en todos los casos al no impedirlo ya ninguna norma. 
No hay que olvidar, por otro lado, que esta salvedad sólo la contemplaba el anterior decreto para los municipios valencianohablantes, pero no para los castellanohablantes. Dicho con otras palabras, en las zonas de predominio lingüístico castellano, la enseñanza mayoritaria en valenciano no estaba por el contrario garantizada en la misma medida que la enseñanza en castellano en zonas valencianohablantes.
En este sentido, el borrador de la orden que desarrollará el citado decreto también suprime la garantía de «la continuidad de la escolarización del alumnado en el programa lingüístico en que esté matriculado el centro adscrito». 
Al pasar del colegio al instituto, por ejemplo, al alumnado había que respetarle la matrícula en el mismo programa lingüístico (enseñanza en valenciano o en castellano). También esto desaparece al quedarse un único modelo lingüístico que varía en función del centro.

EL BAREMO

El nuevo decreto de admisión introduce un nuevo criterio para la valoración de las solicitudes del alumnado que pida plaza en un colegio: la «condición de persona destinataria de la renta valenciana de inclusión», que dará derecho a 4 puntos. El principal criterio seguirá siendo el de tener hermanos matriculados en el centro, pero la Conselleria de Educación introduce cambios en la valoración de la renta.
A los 4 puntos por percibir la renta valenciana de inclusión se sumará la puntuación por la renta anual de la unidad familiar (entre 2 y 3,5 puntos), que se calculará a partir del IPREM. Si antes solo se obtenían 2 puntos, ahora podrán ser 2;2,5; 3; o 3,5.

domingo, 30 de septiembre de 2012

Sesenta lenguas minoritarias europeas luchan por sobrevivir

BRUSELAS.- «En ocasiones, la gente me pregunta si los idiomas importan de verdad en la era de la globalización. Mi respuesta es simple: el día en el que, en Europa, se dejen de hablar todas sus numerosas lenguas será el día en que Europa, como idea y como proyecto, deje de existir». 

 La frase es de la comisaria europea de Multilingüismo, Androulla Vassiliou, con motivo del Día de las Lenguas, que la UE acaba de celebrar. La realidad es muy distinta. Las lenguas minoritarias de Europa luchan por su reconocimiento contra muros sociales, culturales y políticos.
Más allá de las 23 lenguas que la UE reconoce como oficiales, hay 46 millones de europeos, cerca del 10 por ciento, que hablan 60 lenguas consideradas «minoritarias o regionales». Algunas de estas lenguas gozan de un nulo reconocimiento por los propios Estados-nación. Sólo 9 Estados de la Unión consideran cooficial una o más lenguas distintas a la nacional: Italia, España, Finlandia, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo o Malta. Si bien es cierto, en Bélgica más que cooficialidad lo que existe es una división político-lingüística que puede acabar con la división real de Bélgica en dos países.
Francia, Bulgaria, Grecia y Polonia son los Estados más restrictivos con el multilingüismo y no aceptan la oficialidad de ninguna de las lenguas minoritarias que se hablan en sus territorios estatales. La Unesco cifra en 30 las lenguas minoritarias europeas que corren serio peligro de quedar extinguidas en no muchos años. Algunas de ellas ya están en estado vegetativo. Como el romaní, lengua del pueblo gitano que sufre la misma estigmatización que la etnia gitana. Sólo en Finlandia es oficial el habla del pueblo gitano.
Esta misma situación de agonía vive el yidis que hablan las comunidades judías de Centroeuropa. El extermino de los nazis contra los judíos acabó también con la lengua de los judíos centroeuropeos. El lombardo, lengua minoritaria de la región italiana de Lombardía, también agoniza ante la total desprotección del Estado italiano. Además de España, en otros tres Estados de la UE está reconocido el multilingüismo. El inglés comparte oficialidad con el gaélico en Irlanda y con el maltés en Malta; Luxemburgo reconoce tres idiomas oficiales, luxemburgués, francés y alemán; y en Finlandia los finlandeses se pueden dirigir a sus instituciones nacionales en finés, finlandés o sueco.
Sólo 6 lenguas minoritarias superan el millón de hablantes, siendo la más hablada el catalán. Más de 7 millones de personas se comunican en catalán en España, Francia o en la pequeña ciudad de Alghero situada en la isla italiana de Cerdeña. La UE considera al catalán como «lengua de comunicación» y cualquier ciudadano puede dirigirse y ser respondido en catalán por las instituciones comunitarias, pero no todas las lenguas regionales gozan de la misma fortuna. Cataluña es la única región de la UE que cuenta con una Oficina de Información del Parlamento Europeo que difunde contenidos informativos europarlamentarios exclusivamente en catalán.
El gallego es usado por casi 2,5 millones de europeos. El occitano, lengua de los trovadores medievales, lo practican a diario más de dos millones de personas entre España, Italia o Francia. El gaélico, herramienta de entendimiento de 500.000 europeos es la lengua oficial de Irlanda y Escocia aunque no son lenguas mayoritarias en sus territorios. El sardo, lengua romance autóctona de la región italiana de Cerdeña, lo utilizan más de 1.300.000 de europeos. En Italia también se habla el siciliano, lengua de la isla de Sicilia descendiente del latín vulgar y con influencias del griego, árabe, francés, provenzal, catalán y español. El siciliano no es oficial ni está protegido y su cada vez más reducido uso se concentra en los sicilianos de mayor edad.
Existen lenguas minoritarias con más hablantes que algunas lenguas nacionales y oficiales de la UE. El caso maltés, una de las 23 lenguas oficiales en la UE, es paradigmático al ser sólo hablado por 400.000 personas. El euskera, en España; el galés, en Reino Unido; el bretón, franco-provenzal o el corso, en Francia; el frisón, en Países Bajos; el mirandés, en Portugal; o el albanés, armenio, macedonio, tártaro o ruteno, en Rumanía, son también lenguas europeas que perviven en Europa con mayor o menor protección.
España es un Estado ejemplar para los defensores del multilingüismo, aunque existen lenguas o dialectos en España que no disfrutan de ninguna protección oficial y están en riesgo de desaparición. Como le ocurre al asturiano, aragonés o la fala extremeña, lengua galaico-portuguesa hablada en los pueblos de San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno, en el extremo noroeste de Extremadura.
En los países bálticos las lenguas no sirven para entenderse. El miedo al separatismo es la causa que subyace en una inmisericorde política lingüística que ha sido sancionada por el Consejo de Europa por vulnerar los derechos lingüísticos de la minoría rusa. Ningún país de las repúblicas bálticas –Lituania, Estonia y Estonia-, exrepúblicas de la Unión Soviética, ha firmado aún la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, firmada en 1992 para garantizar la promoción y defensa de las lenguas minoritarias.
El 45 por ciento del conjunto de los habitantes de Estonia, Lituania y Letonia son rusófonos aunque están obligados a dirigirse a sus instituciones estatales en estonio, lituano o letón, respectivamente. La división lingüística en estos territorios es motivo de enfrentamientos entre los hablantes de uno u otro idioma. La política lingüística restrictiva de Estonia o Letonia llega a tal extremo que para conseguir la ciudadanía –derecho a voto- es obligatorio, incluso para los nacidos en territorio estonio o letón, dominar las lenguas nacionales. 250.000 estonios y 525.000 letones rusoparlantes tienen el estatus jurídico de «no ciudadanos» o «inmigrantes ilegales».
Las innumerables llamadas de atención del Parlamento Europeo a la Comisión Europea, consiguió que la UE celebre cada 26 de septiembre, desde el 2001, el Día Europeo de las Lenguas para «sensibilizar, cultivar la diversidad lingüística y cultura y promover el aprendizaje fuera del contexto de la enseñanza». Sin embargo, las entidades de defensa de las lenguas minoritarias alertan a la Comisión de que «sólo con políticas de declaraciones de intenciones» no se protegen los derechos lingüísticos de casi el 10 por ciento de ciudadanos europeos que no ven reconocida su lengua por los Estados que forman parte de la misma UE que se jacta de que los europeos estamos «unidos en la diversidad».