Turquía entregará a España 16 años después restos de militares fallecidos en el accidente del Yak-42

MADRID.- Las autoridades españolas recibirán de manos de Turquía un fémur y 23 frascos con restos óseos que presuntamente pertenecen a víctimas del Yakolev-42 y que permanecían en el país sin identificar 16 años después del accidente que costó la vida a 62 militares españoles, según ha informado el Ministerio de Defensa.

En mayo de 2018, el Departamento de Defensa español informó de que Turquía había comunicado el hallazgo de una pierna de una víctima del Yak que había sido enterrada en el cementerio turco de la ciudad de Macka tan solo dos meses después del accidente al no haber sido identificada.

El Ministerio pidió entonces a la Audiencia Nacional que abriera un proceso de cooperación judicial con Turquía para verificar la existencia de ese resto y tratar de identificarlo.

Este proceso, en manos de la magistrada del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha propiciado la aparición de otros 23 frascos que presuntamente contienen también restos óseos de víctimas del Yak sin identificar. Estos botes permanecían desde el accidente almacenados en el Anatómico Forense de Estambul.

Este miércoles, el encargado del Gobierno español de Asuntos Administrativos y Consulares en Estambul, Fernando López de Castro, ha viajado a la ciudad de Trebisonda (Trabzon en turco) para asistir a la exhumación del fémur, realizada por las autoridades judiciales competentes turcas.

Ahora está previsto que estos restos sean remitidos al Instituto Anatómico Forense de Estambul, donde permanecen también los tarros con restos humanos que fueron extraídos en su día con fines de identificación de ADN de las víctimas del accidente aéreo.

El Gobierno español ha acordado con las autoridades turcas que "en el más breve plazo posible" se proceda a la entrega oficial de todos estos restos a las autoridades consulares españolas con el fin de su repatriación a España.

La previsión es que el traslado se realice en valija diplomática para no romper la custodia judicial. El encargado de su traslado será el agregado de Defensa, aunque aún se desconoce cuándo será posible y cómo se realizará.
Una vez en España los restos serán sometidos a análisis de ADN. El Instituto Anatómico Forense recibirá el apoyo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para tratar de identificarlos y, por orden judicial, poder entregarlos a sus familiares para su entierro o cremación.

Hallan en un cementerio turco una pierna de un fallecido en el accidente de 'Yak-42'

MADRID.- Una pierna sin identificar de uno de los 75 miembros del pasaje del avión Yak-42 (entre ellos 62 militares españoles) se encuentra aún en territorio turco, concretamente en el cementerio de Maçka, según han confirmado a Abc fuentes del Ministerio de Defensa.

El hallazgo se produce después de que un familiar de las víctimas del Yak-42 solicitara en enero al Ministerio de Defensa que preguntase a las autoridades turcas sobre si aún permanecían restos de personas fallecidas en territorio turco.
«En su respuesta, recibida en la Embajada española en Ankara, las autoridades turcas han comunicado que una extremidad inferior, cuya identificación no pudo determinarse en su momento, fue enterrada en el cementerio de Maçka el 24 de julio de 2003», informan las fuentes.
En el Ministerio de Defensa, que está informando a las familias al respecto, no existe constancia documental de este hecho.
El Ministerio de Defensa ha instado ante la Audiencia Nacional la apertura de un proceso de cooperación judicial con Turquía para verificar la existencia de ese resto de una víctima de la tragedia aérea del Yak-42, ocurrida el 26 de mayo del año 2003.

«El proceso iniciado persigue verificar si el resto enterrado en 2003 puede ser localizado a día de hoy, para adoptar en su caso las medidas oportunas de identificación», informan desde Defensa. En caso de que sea verificado se procedería a su identificación. Por otro lado, las autoridades turcas, en su respuesta a la petición española, también a instancias del mismo familiar de un militar español, confirman que tanto las muestras orgánicas de las víctimas como las de los familiares utilizadas para su identificación fueron destruidas, tal y como determina la legislación turca.

Los familiares de las víctimas del Yak-42 echan fuego con el Gobierno tras el indulto de militares condenados

MADRID.- El presidente de la Asociación de Víctimas del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes, se ha mostrado "furioso" por el indulto parcial concedido por el Gobierno de Mariano Rajoy a dos oficiales condenados en el caso sobre el accidente del Yakolev 42, al considerarlo "inhumano y una burla". 

   "Señor Rajoy, así no se hace memoria de 62 militares. Esto es inhumano y una burla", expresó Sencianes, visiblemente compungido, en rueda de prensa, para después garantizar que los familiares estarían dispuestos a ir "al infierno" para hacer justicia por el incidente de mayo de 2003 en Turquía.

   El presidente de la asociación además aseguró que ya se esperaban este indulto, si bien quiso dejar claro que no se explican el porqué. Y esgrimió que la causa llevaba pendiente dos años.  

   Para Sencianes, los comandantes "profanaron" cadáveres y "falsearon" documentos oficiales, por lo que exigió la salida del ejército de los implicados.

   "España ahora no sólo tiene crisis económica, sino también democrática, pues se da un golpe al Estado de Derecho", explicó, al tiempo que aseguró que el Ejecutivo de Rajoy se alinea con esta decisión en el lado de los "delincuentes".

   Por último, la asociación anticipó que seguirán buscando esclarecer los hechos en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Desde los servicios jurídicos de la asociación apuntaron que la estrategia a seguir aún no está definida, pero recordaron que un indulto "no borra" la condición de culpables de los comandantes.  

   El Consejo de Ministros aprobó este viernes la concesión del indulto parcial para el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, condenados por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42. Los indultos afectan únicamente a las penas de inhabilitación de un año que les fueron confirmadas a ambos por el Tribunal Supremo.

   Los dos oficiales fueron condenados en 2009 como cómplices de un delito de falsedad documental por su responsabilidad en el accidente aéreo que provocó la muerte de 62 militares en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, siendo ministro de Defensa el diputado del PP por Alicante, Federico Trillo, actual embajador del Reino de España en Gran Bretaña.

Los familiares del Yak-42: “Es un agravio que Trillo sea embajador en Londres”

MADRID.- Las familias de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, en 2003, conocieron el pasado 3 de febrero que el juez Fernando Grande-Marlaska decretaba el "sobreseimiento libre" de la cúpula militar de la etapa de Federico Trillo al frente de Defensa, por considerar que no existió "responsabilidad penal relevante" en la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempo de paz. Es el tercer archivo del caso, contra el que ya han presentado recurso, según revela hoy 'El País'. 

Pocos días después recibieron otra noticia que también les cayó  como un jarro de agua fría: el nombramiento del exministro de Defensa como nuevo embajador español en Londres. “Queremos expresar nuestro sufrimiento moral por esta decisión, para nosotros es un agravio”, han lamentado esta mañana.

La asociación de víctimas del accidente insiste en la responsabilidad penal de los mandos militares en el siniestro del avión ucranio. "Era vox populi que los aviones eran inseguros, hubo negligencia", ha defendido el presidente, Miguel Ángel Sencianes. Por eso han recurrido el auto de Grande-Marlaska, una decisión a la que se ha adherido la Fiscalía. El Ministerio Público estimó que los mandos incurrieron en una "imprudencia grave" y una "absoluta falta de diligencia, pese a tener conocimiento de las enormes deficiencias e irregularidades que caracterizaban" ese tipo de vuelos. Todo ello, dijo el fiscal, "hacía previsible que pudiera suceder [un siniestro] que hubiera sido evitable".

“Pedimos al juez que reabra al caso y que tenga en cuenta que es una cuestión de honor”, han asegurado. Grande-Marlaska acaba de ser nombrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero ellos no creen que la nueva organización, con el responsable de cerrar el caso a la cabeza, vaya a perjudicarles: “Llevamos nueve años confiando en la justicia, eso no se quiebra por un nombramiento”, ha afirmado su abogado, Leopoldo Gay.

El proceso judicial se alarga ya nueve años, y están cansados de esperar: “Por salud mental, por todo, necesitamos un plazo, que los juicios no se alarguen tanto. Esto debía de acortarse porque no hay quien lo resista”, se quejaba Granada Ripollés, hermana de uno de los fallecidos. En opinión de la asociación, existen razones políticas para el retraso judicial. Federico Trillo, dicen, es la “mano negra” que lo obstaculiza. “Sigue sobrevolando, tiene mucho poder, más de lo que la gente se imagina”, añadía Francisco Parada, otro de los miembros.

Los familiares solicitan también al Gobierno que no conceda el indulto a los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sanz, condenados por la Audiencia Nacional en 2009 por falsear las identidades de 30 de los 62 militares fallecidos en el Yak-42, en un sumario separado del que investigaba las irregularidades que rodearon la contratación del avión ucraniano. "Nunca han pedido perdón, no han mostrado arrepentimiento", defienden. La ejecución de la sentencia se ha paralizado por la petición de indulto que tiene que resolver el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La asociación ha solicitado además audiencia con los ministros de Interior y Defensa, pero aún no ha obtenido respuesta.

Marlaska archiva la investigación sobre la contratación del Yak-42 contra el criterio del fiscal

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha archivado la investigación que instruía contra la cúpula militar del exministro de Defensa y diputado por Alicante, Federico Trillo, sobre las irregularidades en la contratación del avión Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) provocando la muerte de 62 militares que regresaban de una misión en Afganistán. 

  El magistrado, que ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, reconoce en un auto hecho público este jueves "la gravedad de los hechos" investigados pero especifica que los seis altos mandos militares imputados no tuvieron "responsabilidad penalmente relevante" en el accidente, que atribuye a la "falta de preparación" de la tripulación.

   Tras apuntar que en la Audiencia Nacional sólo se ha investigado la presunta actividad delictiva de los imputados, "nunca la de cualquier otra responsabilidad de naturaleza diversa", Marlaska señala que no cabe atribuir a estos "una acción concreta omitida, intencional o imprudente relacionada con el vuelo en sí mismo o de carácter colateral".

   El juez imputaba 62 delitos de homicidio por imprudencia grave al exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuía "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas" y al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que consideraba "responsable de la contratación" del aparato.

   También estaban imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo; y el teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la división de planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN Namsa.

   Tras señalar que ninguno de ellos "hubiese podido evitar el resultado" del vuelo siniestrado, el juez concluye que la causa del accidente no fue la adjudicación de esta operación a Namsa, su posterior subcontratación al broker Chapman Freeborn, "avalado por 30 años de experiencia en la aviación y en concreto en servicios en la zona",  ni la atribución del vuelo a la compañía ucraniana UM Air, propietaria del aparato.

  "La problemática del movimiento de tropas y su avituallamiento, encuadrado en el ámbito de la OTAN no puede estimarse generador de un riesgo añadido al que de por sí ya lleva cualquier operación militar en un escenario conflictivo", argumenta.

  En relación con las causas del desastre aéreo, el auto recoge las conclusiones del informe pericial elaborado por la Comisión Internacional de Investigación que analizó el siniestro para sostener que "no fueron las circunstancias relativas al estado y mantenimiento de la aeronave" las que lo provocaron sino "la preparación concreta de la tripulación".

  El magistrado indica, de hecho, que el avión se encontraba "en perfectas condiciones técnicas" y había pasado todos los controles de mantenimiento. "Era apto para volar", agrega antes de añadir que "disponía de combustible suficiente".

   En cuanto a la capacidad de los tripulantes, Marlaska refleja en el auto que estos "no habían recibido entrenamientos adecuados" y adolecían de "coordinación e ideas".

  "No consta que ninguno de los pilotos hubiera aterrizado previamente en el aeropuerto de Trabzon, caracterizado por una orografía montañosa", destaca el juez para añadir a continuación que carecían de "programas de formación" y se encontraba en una situación de "estrés y cansancio" que les llevó a perder la situación espacial.

   El accidente del Yak-42 ya fue juzgado por la Audiencia Nacional por la falsificación de la identidad de 30 de los 62 fallecidos. El tribunal condenó en mayo de 2009 a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a un año y medio de cárcel a los oficiales médicos José Ramírez y Miguel Sáez, aunque posteriormente suspendió la ejecución de las penas. Las penas fueron confirmadas por el Tribunal Supremo.

Golpe moral


El presidente de la Asociación de Familiares del Accidente del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes, ha calificado de "golpe moral" y "jarro de agua fría" el archivo de la causa judicial que se seguía en la Audiencia Nacional por la contratación del aparato, y ha anunciado que los allegados recurrirán el auto del juez Fernando Grande-Marlaska "con todas las fuerzas".
    Sencianes se ha preguntado cómo el juez ha decretado el sobreseimiento de la causa, en la que estaban imputados seis miembros de la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo, si la Fiscalía apuntaba en su informe que todos ellos habían incurrido en "una conducta omisiva en la contratación, ejecución, vigilancia, inspección y supervisión del aparato".
   "Vamos a luchar por la memoria de los nuestros porque murieron inútilmente, su muerte era evitable", ha señalado Sencianes antes de mostrarse "absolutamente convencido" de que los altos mandos militares tenían "dominio pleno" para haber podido evitar el accidente.
   Tras recordar que Grande-Marlaska también archivó la causa por falsear la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos y la Sala de lo Penal le obligó a reabrirla, el portavoz de la asociación de familiares de las víctimas ha indicado su intención de "continuar luchando para que prevalezca la verdad y la honestidad".
   En este contexto, ha recordado que antes de que se produjera el accidente los militares denunciaron su "miedo a volar" en un aparato que calificaron de "tartana o chatarra", en el que "la carga no iba anclada o los pilotos bebían vodka durante el vuelo".

"Ese aparato nunca debió volar", ha concluido.

Familiares piden el fin de la investigación sobre la contratación del avión Yak-42

MADRID.- Los familiares de las víctimas del accidente del Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán, han solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska que finalice la investigación sobre la contratación del aparato de cara a la celebración del juicio oral. 

   Así consta en dos escritos presentados por dos grupos de familiares, entre los que se encuentran los representados por la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42, en los que solicitan al instructor que dicte el auto de transformación en procedimiento abreviado contra los seis mandos militares que se encuentran imputados, equivalente al procesamiento.  

   Las familias también piden que "se dejen sin efecto la práctica de las comisiones rogatorias pendientes de cumplimiento", al considerar que en la causa ya obran "indicios relevantes de criminalidad" contra los imputados por 62 delitos de homicidio por imprudencia, castigados con penas de uno a cuatro años de cárcel.

   La acción penal se dirige contra el exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato, siendo ministro de Defensa, Federico Trillo.

   También están imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.

   En junio de 2008 Grande-Marlaska cursó comisiones rogatorias internacionales a 15 países, entre ellos Luxemburgo, Ucrania, Bélgica, Turquía o Noruega, para solicitar pruebas e interrogar a un total de 45 testigos.

   Los familiares sostienen que de la instrucción se ha podido concluir la "evidencia de fallos de seguridad, mal funcionamiento y mal mantenimiento" de las aeronaves ucranianas contratadas a través de la agencia de la OTAN Namsa.

   "La absoluta desidia, ceguera o complicidad a la hora de efectuar los controles a los aviones comerciales y su documentación tuvo un resultado dañoso", señala uno de los escritos antes de añadir que los mandos militares "nunca se esforzaron los garantes en averiguar y determinar cuáles serían las condiciones, que la aeronave habría de enfrentar".

   A su juicio, existían "innumerables documentos, que de haber sido obtenidos por las personas garantes en su debido momento, hubiesen impedido asistir a una tragedia como la que ocurrió aquella noche".

"No fue un suceso  fortuito o imposible de predecir", pues los responsables "conocían las condiciones de los aviones contratados, por lo que no pueden alegar sorpresa ante el resultado", concluyen.

   El accidente del Yak-42 ya fue juzgado por la Audiencia Nacional por la falsificación de la identidad de 30 de los 62 fallecidos. La Audiencia Nacional condenó en mayo de 2009 a tres años de prisión al general Carlos Navarro y a un año y medio de cárcel a los oficiales médicos José Ramírez y Miguel Sáez, aunque posteriormente suspendió la ejecución de las penas.

Compromís pide que la Generalitat homenajee a las víctimas valencianas del Yak-42

VALENCIA.- El grupo parlamentario Compromís ha presentado una proposición no de ley en el parlamento valenciano en la que pide a las Corts que insten a la Generalitat a homenajear a las víctimas valencianas del accidente del Yak-42.

   En el texto, publicada en el Boletín Oficial de las Corts Valencianes (BOCV) el portavoz de Compromís Enric Morera, solicita que la Generalitat otorgue distinciones a título póstumo a estas víctimas, en reconocimiento a su trabajo "en pro de la paz mundial".

   Morera explica que el 26 de mayo de 2003 "un trágico accidente de aviación conmocionó a toda la sociedad". Un total de 75 personas perdieron la vida tras estrellarse un avión Yakolev 42-D, a 40 kilómetros de Trebisonda (Turquía). En el aparato viajaban cinco militares valencianos.

Se trataba de Francisco José Cardona Gil, Blas Aguilar Ortega, Eduardo Hernández Máñez, Fernando España Aparisi y Francisco de Alarcón García.

   Sus familias, junto a las del resto de víctimas, han mantenido una  "larga lucha judicial por la depuración de las responsabilidades del accidente", así como por conseguir "el reconocimiento que merecen sus seres queridos muertos en el siniestro", destaca el síndic de Compromís en la exposición de motivos de la proposición no ley.

   Sin embargo, según lamenta, "hasta el día de hoy, ni el Consell de la Generalitat, ni las Corts Valencianes han reconocido oficialmente ni han homenajeado a los cinco valencianos muertos en el accidente", a pesar de "estar participando en misiones, bien de la operación Libertad Duradera o bien en la misión de paz".

Familiares de víctimas del Yak piden la declaración de 46 testigos para esclarecer la contratación

MADRID.- Familiares de víctimas del accidente del Yak-42 -que costó la vida a 62 militares españoles en Trazbon (Turquía) en mayo de 2003- representadas por la abogada María Ángeles López, han presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska solicitando la declaración de un total de 46 personas para esclarecer las posibles negligencias en la contratación de la aeronave.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 mantiene abierto este procedimiento, cuyos dos principales imputados son el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.

En un escrito de 45 folios, los familiares de dos comandantes fallecidos en el accidente solicitan la declaración de un total de 22 militares españoles en calidad de testigos.

Entiende esta parte que el testimonio de todos ellos servirá para acreditar "la dejación de funciones de control y vigilancia de la contratación, aviones y vuelos de tropas a Afganistán e Irak entre 2002 y 2003", en especial del vuelo UKM 4230, "que carecía como el resto de cualquier tipo de control por parte de la Defensa o la contratista Chapman Freebrorn", un hecho que terminó con el luctuoso acontecimiento.

Entre las testificales, solicitan un careo entre el que fuera Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) entre 2003 y 2004, Alejandre Sintes, y el JEMAD entre 2004 y 2008 Félix Sánz Roldán, con el fin de aclarar si llegó al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, la queja remitida por el teniente coronel del CISET Javier Marino.

El primero ya declaró en la Audiencia Nacional que no tenía constancia de que el escrito llegara a Trillo, mientras que el segundo indicó también en sede judicial que la queja fue cursada con toda seguridad al ministro.

Igualmente, esta parte solicita la comparecencia en la Audiencia Nacional de 15 civiles también en calidad de testigos, entre ellos varias personas que volaron antes del accidente con las tropas destino a Afganistán en aviones ex soviéticos, así como intervinientes en el contrato de los vuelos.

Interesan también la declaración de militares chilenos e italianos testigos de los últimos momentos con vida de los 62 fallecidos. Estos testigos coincidieron con los militares durante la última escala que éstos hicieron en la base aérea militar de Manás (Kirguizistán), y según esta parte son testigos de llamadas a España para solicitar un cambio de avión o la espera de un día para emprender el regreso.

Además, las familias piden al juez que requiera hasta una treintena de documentos a los ministerios de Defensa y Fomento, al Centro Nacional de Inteligencia, a las empresas Iberia Air Europa, RTVE, Cadena Ser, Cope, Onda Cero y al Juzgado de Zaragoza que llevó la vía civil del caso.

El instructor de caso, Fernando Grande-Marlaska, también mantiene imputados en esta causa al jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.

El pasado mes de marzo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó realizar nuevas imputaciones, al considerar que el vuelo era responsabilidad de la agencia de la OTAN Namsa y no de las autoridades militares españolas.

El tribunal rechazaba de esta forma el recurso de apelación presentado por la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía Yak-42 (AFATY) y otro grupo de víctimas contra un auto en el que el instructor del caso, Fernando Grande-Marlaska, rechazaba la imputación de once altos cargos y militares.

En su auto, el tribunal sostenía "las alegadas malas condiciones" en que se habría realizado el vuelo del Yak-42 "no eran responsabilidad directa de las autoridades militares españolas", que "cedieron" a la agencia Namsa "la provisión de servicios de transporte para las fuerzas españolas", y que las distintas subcontratas, gestionadas por la multinacional Chapman Freeborn, "resultan igualmente ajenas al ámbito penal".

También indicaba la Sala de lo Penal que las quejas presentadas por los militares que habían tomado vuelos de aviones procedentes de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética "no afectan a un problema de seguridad, sino que más bien apuntan a un defectuoso cumplimiento de las condiciones" del acuerdo que el Ministerio de Defensa firmó con la OTAN.

Zapatero pide a Rajoy que "si cree en el respeto" pida "disculpas" a los familiares en el acto junto a Trillo

VALENCIA.- El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió hoy al presidente del PP, Mariano Rajoy, que, "si defiende y cree en la seriedad, el rigor y el respeto", pida "disculpas" a los familiares de los militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42, en el acto en el que intervendrá mañana en Alicante junto al diputado popular en el Congreso y ex ministro de Defensa, Federico Trillo.

Rodríguez Zapatero realizó estas declaraciones durante su participación en un mitin del PSOE, con motivo de las próximas elecciones europeas que tendrán lugar el próximo 7 de junio, celebrado hoy en el pabellón Fuente de San Luis de Valencia.

En este acto estuvo acompañado por el cabeza de lista del PSOE a los comicios al Parlamento Europeo (PE), Juan Fernando López Aguilar; el primer ministro de Portugal y secretario general de los socialistas lusos, José Sócrates; la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el secretario general del PSPV, Jorge Alarte.

El jefe de Gobierno incidió en que, en el acto de mañana, Rajoy tiene una "buena oportunidad" de pedir "disculpas a los familiares del Yak-42, por lo que hicieron en esa tragedia", una tarea que, a su juicio, debería hacer Mariano Rajoy porque, tal y como recordó, "es líder del PP y era miembro del Gobierno cuando ocurrió la tragedia"

"No les pido dimisiones, les pido que respeten y que, alguna vez, asuman una autocrítica", subrayó Zapatero, quien pidió a los populares que "reconozcan su error y se dejen de mentira y de crispación".

Asimismo, lamentó que los dirigentes del PP, porque "cogieron la gripe unos cuantos militares", pidieron la dimisión de la ministra de Defensa, Carme Chacón, "el mismo día que defienden a Trillo, con lo que pasó con el Yak-42". Al respecto, se preguntó "cómo es posible tan poca seriedad y credibilidad".

Trillo pone su cargo orgánico a disposición del PP tras la sentencia del Yak-42

MADRID.- El ex ministro de Defensa y actual coordinador de Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, puso ayer su cargo a disposición de Mariano Rajoy, después de conocerse la sentencia sobre el accidente del Yak-42, pero el presidente del Partido Popular rechazó "rotundamente" esa opción, confirmaron fuentes de la sede de Génova.

Trillo también hizo el mismo gesto con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y con la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quienes también se mostraron contrarias a que abandone su actual responsabilidad política, por entender que no ha estado imputado en el proceso y que ni siquiera ha sido llamado a declarar en el juicio, señalaron las mismas fuentes.

El ex titular de Defensa puso su cargo a disposición del partido tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional en la que se condena al general Vicente Navarro a tres años de prisión por falsear las identificaciones de 30 de los 62 cadáveres de militares españoles fallecidos en el accidente del Yak 42 el 26 de mayo de 2003. También condena a dos subordinados a un año y medio de cárcel.

Al conocerse el fallo, Trillo compareció en la sede nacional de su partido para asegurar que respetaba pero que no compartía la decisión de la Audiencia Nacional. Tras afirmar que las personas que intervinieron en la repatriación de los cuerpos actuaron de "buena fe", pidió disculpas de nuevo a las familias de los militares.

Los dirigentes del PP cerraron ayer filas con el ex ministro y censuraron que los socialistas exijan que abandone su acta de diputado. Mariano Rajoy, mantiene "toda su confianza" en Trillo, aseguraron hoy de nuevo fuentes cercanas al presidente del PP.