martes, 21 de octubre de 2008

Camdessus aboga por controles en el sistema financiero mundial ante la actuación de los "pícaros"

SEVILLA.- El ex director Fondo Monetario Internacional (FMI) Michel Camdessus advirtió hoy de la necesidad de poner en marcha regulaciones que pongan "control" en el sistema financiero ante las actuaciones de los "pícaros", que son los que "siempre salen ganado".

En declaraciones a los periodistas después de la inauguración de la XV Reunión de la Fundación Círculo de Montevideo, Camdessus mostró su conformidad con las "medidas de emergencia" puesta en marcha por los gobiernos europeos, aunque destacó que ahora "toca ir más allá".

De esta forma, el ex director del FMI dijo que es "importante" que ante esta crisis, que "ha crecido en el sector no regulado de la economía mundial", se actúe "poniendo control", puesto que "cuando no hay reglas, los pícaros son los que ganan".

"Hay que establecer regulaciones que corresponden a un sistema complejo", afirmó Camdessus, que apostó por una reforma "internacional" de forma de poner control en el sistema financiero, teniendo presente que "cuando hay crisis, los más pobres son los que la pagan".

El ex director del FMI señaló que se está viviendo "el final de una época", en la que se ha producido el "desprestigio del modelo que se han impuesto al mundo en los últimos 20 años y con la victoria de Asia".

"Se nos está derrumbando el sistema financiero y la economía sufre de ello, ya que no se han identificado claramente las causas para corregir esto en el corto plazo", apuntó Camdessus, que aseguró que ante esta situación hay que "encontrar un liderazgo".

En este sentido, destacó que ante esta situación de crisis hay que poner en marcha alguna medida "fuerte y creíble", a la vez que advirtió de que el "problema" es que "no bastan respuestas técnicas, sino que hace falta valores".

"El mundo ha perdido valores fundamentales como son la solidaridad y la responsabilidad colectiva", apuntó el ex director del FMI, que destacó la necesidad de "montar un sistema que proteja a los más pobres, pues hay que ser ciudadanos de este mundo".

En este contexto, Camdessus dijo que hay que hacer que la economía funcione "bien", pero "sin perder el sentido del bien común".

Alicante recibe la mención especial a la mejor ampliación urbanística que concede la Fundación Philippe Rotthier

ALICANTE.- La ciudad de Alicante ha recibido la la mención especial a la mejor ampliación urbanística que concede la Fundación Philippe Rotthier por la Arquitectura por la avenida de la Gran Vía y la plaza Juan Pablo II, según indicaron hoy en un comunicado fuentes municipales.

El concejal Juan Zaragoza, en representación del Ayuntamiento de Alicante, recogió en Bruselas (Bélgica) el pasado sábado, 18 de octubre, la mención especial a las 'Mejores Ampliaciones Urbanísticas de las Ciudades', por la avenida de la Gran Vía y la plaza Juan Pablo II.

Los Premios Europeos de Arquitectura 2008 están organizados por la sede de la Fundación 'Philippe Rotthier' por la Arquitectura y la 'A Vision of Europe', en colaboración con la Universidad de Ferrara (Italia), coincidiendo con su 25 aniversario. En representación de la ciudad de Alicante, junto al concejal de Hacienda, Ocupación de Vía Pública y Patrimonio, acudió el gerente de Urbanismo, Enrique Sanús.

El jurado internacional del premio, reunido los días 13 y 14 de junio, realizó una primera criba dejando en 80 los 250 proyectos concurrentes a los galardones. Tras la entrega de premios a proyectos realizados en 10 modalidades distintas relacionadas con la arquitectura urbana, se procedió a la entrega de las 14 Menciones Especiales a las 'Mejores Ampliaciones Urbanísticas de las Ciudades'.

Se da la circunstancia de que todas las menciones han recaído en la presente edición en ciudades españolas, a pesar de la dimensión europea de estos galardones, a los que se han presentado proyectos de 30 países. Las menciones especiales han distinguido a las ciudades de Alicante, Bilbao, Burgos, Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), Gijón, La Coruña, Oviedo, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Santander, Santiago de Compostela, Valladolid y Vitoria.

El acto estuvo presidido por Maurice Culot, presidente de la Fundación y del jurado Internacional, así como por su fundador, el arquitecto belga Philippe Rottier. Los premios recibidos por las ciudades españolas fueron entregados por Jorge Notivoli, Consejero de la Embajada de España en Bélgica.

Los premios 'Philippe Rotthier' vieron la luz en el año 1982, cuando eran pocos los proyectos y pocos los países participantes. Ahora son más de 30 los países participantes, hecho calificado por la Fundación como un triunfo de la arquitectura del "buen gusto" que demuestra la posibilidad de poder vivir y trabajar en ciudades sin las barreras arquitectónicas que se crearon hace 50 años.

Más de 2.800 emigrantes decidieron en 2007 volver a la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- Un total de 2.833 emigrantes regresaron a la Comunidad Valenciana a lo largo del año 2007 de las 35.129 personas que volvieron a España, lo que supone el 8% de los ciudadanos que decidieron retornar a su país de procedencia, según las últimas cifras oficiales facilitadas hoy en un comunicado por la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.

El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco indicó que la Generalitat, a través de los Centros Valencianos en el Exterior, mantiene una relación "estrecha" con todos los valencianos y valencianas, así como sus descendientes, que residen fuera de la Comunitat.

Según Inmigración, la valenciana es la sexta autonomía en número de emigrantes retornados por detrás de Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía y Canarias. Asimismo, Blasco indicó que la Comunitat cuenta ya con alrededor de cinco millones de habitantes, de los que más de 800.000 son de origen extranjero y unos 900.000 proceden de otras comunidades autónomas.

Los últimos datos de 2007 en comparación con el ejercicio precedente demuestran que son "menos" los emigrantes españoles que vuelven a su país de origen. La misma situación se da en la Comunidad. A lo largo de 2006 fueron 3.082 los emigrantes que volvieron a Alicante, Castellón y Valencia.

En la actualidad, la colonia valenciana residente en el extranjero es de 56.646 personas. De ellos, cerca de 20.000 viven en el continente americano (especialmente en Argentina y Venezuela), 35.313 lo hacen en Europa, casi 600 en África, 626 en Asia y alrededor de 500 en Oceanía.

"Muchos de ellos, incluso, se crearon su particular Comunidad allá donde las circunstancias les llevaron. En la actualidad, ya son 43 los centros valencianos en el exterior repartidos por toda la geografía mundial", manifestó Rafael Blasco.

Del total de estas entidades, 17 están localizadas en España, 20 en América y seis en Europa. Actualmente, según Blasco, "representan la mejor vía de contacto con la Comunidad de todos los valencianos residentes en otras autonomías y fuera de nuestro país".

Por este motivo, dijo, desde la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, "se han centrado los esfuerzos en mantener y reforzar las relaciones con ellos".

"Cada uno de los centros simboliza la lucha por conservar nuestras tradiciones y costumbres, y por ello intentamos en la medida en la que podemos, devolverles todo lo que ellos han hecho por conservar nuestras raíces", precisó Blasco.

De los 35.129 españoles retornados en 2007, más de 11.000 residían en la Unión Europea y alrededor de 5.300 en el resto de Europa, mientras que procedentes del continente americano regresaron 2.683 del Norte y 13.550 del Sur y Centro.

Finalmente 960 llegaron desde África, 1061 de Asia y 234 de Oceanía.

Intervenidas dos academias, una en Alicante, que ofrecían títulos universitarios falsos por 18.000 euros

MADRID.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a 27 personas en 18 ciudades de toda España acusadas de falsedad documental e intrusión profesional, en una operación en la que se han intervenido dos academias desde las que se ofrecían expedientes académicos y títulos universitarios falsos supuestamente emitidos por universidades peruanas. Las investigaciones no han concluido y se esperan próximas detenciones en Perú.

Según informó la Policía en un comunicado, entre los detenidos se encuentran los propietarios de las dos academias, situadas en Alicante y Málaga.

La mayor parte de los arrestados había obtenido ilegalmente títulos universitarios que les habilitaba como médico cirujano, psicólogo, médico en terapia física y rehabilitación, químico farmacéutica, ingeniero forestal o historiador.

Algunos de ellos, amparados en sus falsas titulaciones, ejercían en clínicas privada en las que inyectaban silicona o botox, recetaban fármacos o ejercían como fisioterapeutas.

Uno de los detenidos, trabajaba en una residencia de ancianos en Cáceres, en la que, según explica la Policía, una imprudencia profesional "casi les cuesta la vida a dos ancianos por la receta de unos fármacos".

La operación, denominada 'Estudiante', se inició en San Sebastián, donde se produjeron las primeras tres detenciones de supuestos fisioterapeutas que declararon haber obtenido dichos títulos previo pago de unos 18.000 euros.

La investigación continuó en distintas localidades españolas, hasta un total de 27 detenidos y 12 imputados. Además se realizaron cinco registros: dos en Alicante, otros dos en Málaga y el último en Fuengirola. Las investigaciones no han concluido y se esperan próximas detenciones en Lima (Perú) de los responsables de emitir y enviar dichos títulos a España.

A raíz de las primeras detenciones realizadas en San Sebastián pudo identificarse al propietario de la academia que ofertaba las falsas titulaciones y que estaba ubicada en una localidad alicantina. Este individuo, Eduardo P.M., poseía además una clínica en la que ejercía como licenciado en Medicina y Cirugía y su mujer regentaba una parafarmacia contigua como diplomada.

Los datos bancarios de la mencionada academia reflejaban numerosas transferencias bancarias en concepto de "convalidación de títulos". Los agentes confeccionaron un listado con los ordenantes de dichos ingresos que fue remitido al Ministerio de Educación y Ciencia. Muchos de estos sujetos habían logrado homologar sus títulos, los cuales pudo comprobarse posteriormente que eran falsos.

Asimismo se averiguó que Eduardo P.M. contaba con otro socio, José L.M., que residía en Málaga, donde poseía otra academia desde la que ofrecía también estas falsificaciones que habían sido homologadas.

Los dos propietarios de estas academias mantenían contactos con distintos sujetos de las universidades de Perú, hasta donde viajaban periódicametne. Una vez que tenían un comprador, los certificados de cargas horarias, los certificados de estudios y la resolución rectoral, los detenidos pedían que les ingresasen una cantidad de dinero que oscilaba entre los 6.000 y 12.000 euros. Cuando ya poseían el título era cuando se solicitaba el último ingreso hasta alcanzar los 18.000 euros por titulación.

Toda la documentación era presentada al Ministerio de Educación y Ciencia que, mediante resolución, les otorgaba la homologación que les habilitaba para ejercer como tales. Los dueños de estas academias habían creado paralelamente lo que denominaron 'universidad virtual' para intentar justificar así que a través de ésta realizaban los correspondientes estudios.

La mayor parte de los títulos expedidos eran licenciaturas de Médico Cirujano. De éstos, un gran numero de detenidos trabajaban en clínicas privadas expidiendo altas y bajas medicas, así como recetando fármacos. Alguno de los detenidos trabajaba en residencias de la tercera edad, como es el caso de Cáceres, "donde una imprudencia profesional casi le cuesta la vida a dos ancianos por la receta de unos fármacos", indica la nota.

Además, en algún caso los detenidos habían abierto centros de medicina estética donde fabricaban cremas para la reducción de grasa corporal y realizaban tratamientos contra las arrugas, con inyecciones de silicona, botox o vitaminas para el relleno de diversas partes del cuerpo -en especial el rostro-, aplicación de radiofrecuencia y dermoabrasión, etc.

El segundo mayor porcentaje de títulos falsificados los tenían los Técnicos Médicos en Terapia Física y Rehabilitación, que con la homologación en España podían ejercer como fisioterapeutas. La gran mayoría de los detenidos en esta rama trabajaban como tales, en clínicas de rehabilitación o como fisioterapeutas de equipos de balonmano o voleibol, entre otros.

La falsificación de titulados en Derecho era menor. En estos casos estaban colegiados y ejerciendo como tales en despachos de abogados. Con el mismo porcentaje se encuentran licenciados en Psicología. En último lugar se adquirían títulos de Enfermería, Ingeniería Forestal, Farmacia, Arquitectura o Administración de Empresas.

En total, fueron detenidas o imputadas tres personas en San Sebastián, cinco en Alicante, tres en Málaga, ocho en Madrid, una en Ponferrada, una en Zamora, una en Sevilla, una en Cáceres, una en Mallorca, dos en Granada, tres en Barcelona, una en Coruña, dos en Albacete, una en Jaén, una en Badajoz, una en Córdoba y dos en Valencia.

Costa Rica quiere ahora turistas en sus hospitales

SAN JOSÉ.- Con el turismo de naturaleza, playa y aventura consagrados a nivel mundial, las autoridades costarricenses planea ahora atraer viajeros internacionales que buscan servicios médicos.

El ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, explicó el martes que la idea de un grupo de médicos "calzó muy bien en la estrategia del país, donde el sector servicios es cada vez más importante como proveedor de riqueza".

"En el 2007 las exportaciones de servicios ya sumaron 3.600 millones de dólares, cuando las de bienes llegan a 9.600 millones de dólares y una nueva meta del gobierno es para el 2010 lograr que servicios represente unos 6.500 millones de dólares y esta iniciativa que anunciamos hoy ayudará a eso", dijo Ruiz.

El "Costa Rican Medical Holding", una organización que agrupa a 22 profesionales entre cirujanos estéticos, oftalmólogos, urólogos, cirujanos de sistema vascular periférico, dentistas y ortodoncistas, fue presentado el martes con el objeto de atraer pacientes internacionales, detalló el médico Christian Rivera, presidente de la organización.

Gozarán del apoyo del gobierno a través de las oficinas de la Promotora de Comercio Exterior, principalmente las que operan en Estados Unidos.

"En Estados Unidos el turismo de salud factura 20.000 millones de dólares anuales y se espera que se duplique... así que esto lo vemos como una enorme oportunidad, porque los costos de los procedimientos allá son hasta 30% o 40% más caros que en Costa Rica", resaltó Ruiz.

Rivera apuntó que las estimaciones más conservadoras indican que el año pasado ingresaron a Costa Rica unas 4.500 personas para realizarse algún tratamiento médico. El grupo de galenos proyectan crecer de tal manera que dentro de cinco años atiendan 30.000 pacientes al año.

"El gasto promedio de un turista de salud durante su estadía en el país es de unos 7.000 dólares... el triple de lo que gasta un turista normal", destacó Rivera, quien mencionó que por ejemplo, un aumento de senos que en Estados Unidos puede costar 6.000 a 7.000 dólares, aquí costaría unos 3.000 dólares.

La ministra de Salud, María Luisa Avila, recordó que es importante que el país desarrolle esta estrategia "de buena manera y con un sello de calidad, asegurando que los médicos que atienden sean verdaderos especialistas".

"Esto además tiene posibilidades infinitas en empleo, no solo para médicos, sino nutricionistas, psicólogos, microbiológos, hoteleros, porque esto es un multiplicador y Costa Rica goza de estándares internacionales en salud similares a países desarrollados", agregó.

La nación centroamericana atrae anualmente a casi dos millones de turistas.

La promoción de servicios de salud para pacientes internacionales es una práctica que otros países como Colombia, Brasil y Argentina han desarrollado en los últimos años.

La OCDE revisará la lista de paraísos fiscales para 2009

PARÍS.- Un total de 17 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reunidos en París a iniciativa de Francia y Alemania, reclamaron a la institución revisar su "lista negra" de paraísos fiscales, en la cual Berlín desea incluir a Suiza.

"Queremos establecer una lista negra de los paraísos fiscales, oficial, compartida por la comunidad internacional, de aquí al verano de 2009", declaró el ministro francés de Presupuesto, Eric Woerth al final de esta reunión, en la que Suiza y Luxemburgo se negaron a participar.

"Solicitamos a la OCDE completar, actualizar" la lista actual, que sólo contiene a tres países, Mónaco, Andorra y Liechtenstein, agregó Woerth en una conferencia de prensa.

El ministro francés anunció que se celebrará una nueva reunión sobre los paraísos fiscales en mayo o junio de 2009 en Berlín, antes de la cumbre del G8 prevista para julio en Italia.

"Hemos mencionado un cierto número de países, Bahamas, Islas Caimán, Islas Vírgenes británicas, Samoa, centros financieros como Singapur, para que a medida que pasa el tiempo hagamos presión sobre esos Estados, esperando la elaboración de esa lista", dijo Woerth.

El ministro alemán de Finanzas, Peer Steinbrück, estimó que Suiza merecía estar en la "lista negra" de los paraísos fiscales, y le reprochó ofrecer a los alemanes colocaciones que les permiten evadir impuestos y no cooperar suficientemente en materia fiscal.

"Suiza debería estar en la lista negra y no en la lista verde" de buenas prácticas en materia de cooperación fiscal, declaró Steinbrück en la conferencia de prensa.

"No cuestiono la soberanía de Suiza o de Liechtenstein. Es la soberanía de la República Federal de Alemania la que está cuestionada por las condiciones (fiscales) que ofrecen ciertos países", agregó Steinbrück.

Al hablar sobre el plan de apoyo de Francia a los bancos por 360.000 millones de euros, Woerth señaló que éstos deberán mostrarse absolutamente transparentes en sus relaciones con los paraísos fiscales.

Los 17 países participantes en la reunión de París pidieron a la OCDE hacer la distinción entre las naciones que han cumplido con sus compromisos en lo relativo al intercambio de informaciones y los otros que no lo han hecho.

En la reunión participaron los organizadores, Francia y Alemania, más Bélgica, el Reino Unido, Holanda, Noruega, Suecia, Dinamarca, Irlanda, Australia, Finlandia, Islandia, Italia, Japón, Corea, México y España, así como el secretario general de la OCDE, el mexicano Angel Gurría.

Austria, criticada por su aplicación restrictiva de la directiva europea sobre el ahorro, declinó la invitación, al igual que Estados Unidos, en campaña electoral.

Unos 40 países deberían ser considerados paraísos fiscales, según cuatro criterios de la OCDE: una tributación insignificante o inexistente, opacidad sobre los regímenes fiscales, ausencia de intercambio de informaciones fiscales con otros Estados y el hecho de ofrecer domicilio a sociedades de fachada con actividades ficticias.

lunes, 20 de octubre de 2008

Bancaja y CAM, hijas de las fusiones

VALENCIA.-La crisis económica y unas declaraciones del presidente del Gobierno trajeron a la actualidad la pasada semana la posibilidad de las fusiones entre entidades bancarias como vía de escape a la situación financiera internacional, tal como ha recordado "Levante"

Rodríguez Zapatero consideró "probable" que se produzcan procesos de fusiones y reestructuraciones en el sistema financiero español. Pese a todo, el vicepresidente Pedro Solbes negó estar trabajando en una modificación de la Ley de Cajas de Ahorros para facilitar la fusión de entidades de diferente autonomía.

De un modo u otro, regresa a la primera línea de la actualidad la posibilidad de una fusión entre Bancaja y la CAM.

Con todo, este tipo de operación no es nueva para ninguna de las dos cajas valencianas. Una y otra son fruto de las fusiones a lo largo de los años de numerosas cajas provinciales de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. El último proceso de este tipo tuvo lugar en 2001, cuando Bancaja absorbió Caixa Carlet.

Bancaja, Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante es el resultado de la integración de Caja de Ahorros de Valencia, fundada en 1878; Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segorbe, fundada en 1884; Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, constituida en 1899; Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto, fundada en 1841 e incorporada en 1993; y Caja de Ahorros y Préstamos de Carlet, fundada en 1909, e incorporada en 2001.

Por su parte, la CAM es una de las cajas españolas que más operaciones de fusión guarda en sus cimientos. En 1940 se fusionan la Caja de Ahorros y Monte de Piedad (CAMP) de Alicante, la CAMP de Murcia, la CAMP de Cartagena, la CAMP de Elche, la CAMP de Jumilla, la CAMP de Yecla, la Caja de Ahorros del Sindicato Católico Agrario de Yecla, y la Caja de Crédito y Ahorro de Caudete, creándose con esta operación la Caja de Ahorros del Sureste de España.

En 1975 se fusionan esta última caja con la Caja de Ahorros de Alcoy, la Caja de Ahorros de Novelda, la Caja de Ahorros de Nuestra Señora de Monserrate, de Orihuela y la Caja de Ahorros de Nuestra Señora de los Dolores, de Crevillente, dando lugar a la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia (CAAM). Un año más tarde esta última entidad absorbe a la Caja de Ahorros de la Alhama de Murcia.

En 1988, la CAAM cambia su nombre por el de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), y absorbe a la Caja de Crédito Interprofesional. Además, la Caja de Ahorros Provincial de Alicante (CAPA) adquiere parte de la red de oficinas de la Caja Rural del Mediterráneo.

Ya más recientemente, en 1990, la CAM absorbe con la Caja de Ahorros de Torrente. Un año más tarde se fusionan la CAPA y la Caja de Ahorros Provincial de Valencia, creándose la Caja de Ahorros Provincial de Alicante y Valencia (CAPAV).

Su camino se cruzaría con el de la CAM en enero de 1992, con la que se fusiona, dando lugar a la actual Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Telefónica, Iberia, El Corte Inglés o Leche Pascual apuestan por el ‘patrocinio sostenible’

MADRID.- Las grandes compañías españolas han decidido apostar por el ‘patrocinio sostenible’, es decir, un patrocinio más comprometido con el medio ambiente. Un ejemplo de esta nueva forma de publicitarse se puede observar en la última ‘Volvo Oceans Race’, la vuelta al mundo de vela arrancó hace unos días en Alicante.

Varias empresas españolas han decidido apostar por este tipo de patrocinio ‘limpio’, frente a otros eventos más contaminantes como la Fórmula 1 o el motociclismo. En la ‘Volvo Oceans Race’, considerada como la regata más importante del año, varias multinacionales nacionales han querido estar presentes con dos barcos ‘made in Spain’.

Es el caso de los barcos ‘Telefónica Azul’ o ‘Telefónica Negro’, de los que el patrocinador principal es la compañía presidida por César Alierta. Otras empresas que han querido participar en el patrocinio publicitario de este barco que lucha por ser el más rápido en esta vuelta al mundo de vela son Iberia, El Corte Inglés, Leche Pascual, San Miguel o la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

El Confidencial Digital ha podido conocer el precio aproximado de cualquiera de estos buques que partieron hace unos días del puerto de Alicante:

--Construir los barcos de esta regata, como los dos con los que Telefónica compite (el ‘Azul’ y el ‘Negro’) tienen un precio de entre 4 y 6 millones de euros.

--El equipo electrónico de cada barco cuesta unos 300.000 euros.

--Mantener un equipo completo durante toda la regata supone un desembolso de entre 30 y 80 millones de euros. Cada barco tiene entre 70 y 100 personas, incluidos los familiares de los tripulantes, que viajan con los regatistas y viven en las ciudades donde hacen escala. Incluso, existen escuelas portátiles y profesores para los más pequeños.

--Cada embarcación cuenta con 11 tripulantes. No hay límite de edad para participar en la regata (incluso hay patrones de hasta 70 años). Todos ellos son regatistas profesionales que tiene que sortear a diario unas durísimas condiciones metereológicas como aguas congeladas o fuertes vientos y tormentas.

--De hecho, a bordo de cada embarcación viaja un médico cirujano. Se barajó la posibilidad de que viajara también un periodista en cada barco para hacer diversas crónicas, pero estas condiciones hicieron imposible este extremo.

UPA reclama al Congreso la creación de una subcomisión de estudio de los márgenes comerciales en España

MADRID.- La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) propondrá mañana a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados, María Antonia Trujillo, la creación de una subcomisión que analice los márgenes comerciales en el sector agroalimentario, informó hoy la organización agraria.

UPA se entrevistará con Trujillo en el marco de la campaña que ha puesto en marcha para promover iniciativas políticas que "acaben con la vergonzante situación que están sufriendo agricultores y consumidores", con precios que, según denunció, no cubren los costes de producción de los profesionales del campo, mientras "no dejan de subir día tras día" para los consumidores.

Así, la organización solicitará que se constituya una subcomisión similar a la que está estudiando la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC), para tratar de conseguir "precios justos para los agricultores y razonables para los consumidores", a fin de "atacar este mal endémico de la economía española".

Según UPA, el Índice de Precios al Consumo de los alimentos y bebidas no alcohólicas ha aumentado un 66% desde 1990 (con una tasa media anual de crecimiento de un 4,12%), mientras que el índice general de precios percibidos por los agricultores se ha incrementado un 26% en el mismo periodo (con una tasa media anual de crecimiento de un 1,6%).

Por este motivo, volvió a demandar una ley urgente de márgenes comerciales que "termine con los abusos" a lo largo de la cadena alimentaria y defendió que esta normativa no resulta incompatible con la libertad de mercado.

También apostó por impulsar la implantación de códigos de buenas prácticas comerciales que autorregulen las relaciones entre los distintos eslabones de la cadena, y por adaptar la normativa referente a las relaciones contractuales (interprofesiones o contratos homologados) para garantizar la adquisición de productos alimentarios a los agricultores y ganaderos en los que se cubran, "como mínimo", los costes de producción.

"Estamos convencidos de que es posible que los agricultores y ganaderos reciban unos precios más justos, sin que se produzca un aumento del precio de venta al consumidor", insistió UPA.

Lo urgente y lo importante / Consuelo Sánchez Vicente

Lo que no han conseguido las guerras, el hambre, o la inmigración lo ha conseguido la crisis del sistema financiero. Las grandes potencias del mundo celebrarán en noviembre una gran cumbre mundial para ponerle bridas al capitalismo. El modelo vigente desde el final de la II Guerra Mundial, liderado por Estados Unidos, ha quebrado, y la Unión Europea quiere dejar de tener un papel secundario en el concierto.

Taponar la hemorragia era lo urgente, y el costoso plan de rescate de los bancos que han puesto en marcha los gobiernos parece estar tranquilizando al sistema financiero. Más nos vale que funcione, porque como se está diciendo el sistema financiero es el sistema sanguíneo de la economía, y los bancos las arterias y las venas.

Pero lo importante, el alimento del cuerpo económico, son las empresas que crean empleo y riqueza. Y las voces que advierten que salvar a los bancos no servirá de nada, si el dinero del rescate no llega a las empresas y a las familias, crecen por días

En España, por hablar de lo que más nos importa, no está llegando. El índice de morosidad de este país nuestro en el que pagar las deudas siempre se ha considerado un timbre de honor -y no hacerlo un baldón- se ha triplicado en el último año.

Cuántos pequeños y medianos empresarios y simples familias han contraído ya pequeñas deudas es algo que no sabemos, pero los dos millones y medio de personas que figuran en los ficheros españoles de morosos deben más de 20.000 millones de euros. Y el denominador común de la inmensa mayoría de ellos no es que no quieran pagar sino que no pueden hacerlo, bien porque han perdido su empleo, o bien porque a ellos tampoco les pagan sus acreedores lo que les deben.

A veces, particulares asfixiados a su vez por las deudas que tampoco ellos consiguen cobrar, otras, alguna de las administraciones o de las empresas públicas a las que vendieron sus productos creyendo que hacían una venta segura y que ahora les dicen que se han quedado "sin presupuesto". Solo Hacienda es puntual...

Pagos y deudas se enredan como las cerezas en un cesto. Si una empresa no cobra tiene dos opciones, pedir un crédito para continuar con la producción y mantener el empleo, o cerrar y despedir a sus trabajadores. Que los bancos vuelvan a abrir el grifo de los créditos es la única forma de que la economía real no entre en recesión.

Pero, eso es justamente lo que nos espera, advierten los expertos: una recesión, si los gobiernos no toman medidas para que el dinero 'de nuestros impuestos' que van a dedicar a salvar al sistema financiero fluya hacia las familias y las empresas, en vez de estancarse en las cajas fuertes de los bancos.

Camdessus afirma que el origen de la crisis financiera es de "índole ética"

MADRID.- El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Michel Camdessus,antiguo responsable del FMI, afirmó que el origen de la crisis financiera es de "índole ética" y consideró "urgente" volver a aplicar los "principios morales" a los negocios.

"Los gurús neoliberales nos dijeron, basándose en Adam Smith, que el mercado lo resuelve todo pero se olvidaron de su libro 'La teoría de los sentimientos morales' y hay que volver a estos principios", explicó.

Camdessus declaró que en los últimos diez años ha habido un mercado financiero "anárquico y sin regulación donde el alto grado de opacidad de las operaciones han dejado a los bancos fuera de control" y donde los máximos responsables de las entidades "no entendían lo que pasaba".

"Hubo decisiones cínicas, basadas en los beneficios, y el poder de los mercados financieros se instauró en los que estaban inventando nuevos productos", afirmó Camdessus, quien alertó de que no se está hablando de los "tres millones de personas que han perdido su casa" y concluyó que "en la aldea global los pícaros desatan las crisis que pagan los más pobres".

Por otra parte, el economista y asesor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de América Latina y el Caribe, Bernardo Kliksberg, ha escrito que la "irresponsabilidad social" de diversos operadores financieros de Wall Street, que actuaron en "contradicción total con la idea de RSE", tratando de "maximizar el lucro a corto plazo, sin atención ninguna al daño social", están en la base de la crisis actual.

En un artículo publicado en la página web de 'Safe Democracy Foundation', el experto afirma que una de "las razones centrales" de la actual crisis económica a nivel mundial son los "vacíos éticos" en la actuación de diversos operadores.

En este sentido, señala que algunos "especuladores y promotores de hipotecas basura" transmitieron el mensaje de que "los valores éticos no importan en la economía", y que en el terreno financiero sólo tienen lugar los "arreglos técnicos".

En respuesta a esta idea, el experto opina que "la ética debe volver a regir la economía urgentemente" y ya es hora de "bregar fuertemente por la responsabilidad ética en políticas públicas, por la defensa del interés colectivo y porque la responsabilidad social de la empresa privada avance de modo efectivo".

La arenga de Botín / Lorenzo Bernaldo de Quirós

Emilio Botín ha lanzado un verdadero manifiesto sobre las causas y las soluciones a la presente crisis financiera. Su pronunciamiento constituye una reivindicación de la banca comercial tradicional definida por dos criterios básicos una gestión prudente del riesgo y una huida de las aventuras en busca de rentabilidades siderales en el corto plazo.

Esa ha sido la base tradicional de la banca minorista española que ha convertido al Santander y al BBA en dos de las mejores entidades del mundo y que les está permitiendo transitar por las aguas de la tormenta sin problemas.

También lanzó con cierta una crítica a la efectividad de los denominados "consejeros independientes", considerados durante los últimos años como una especie de panacea para controlar las potenciales imprudencias de los gestores bancarios.

Pues bien, los consejos de administración de todos los bancos e instituciones liquidadas por la crisis estaban plagados de esa singular especie. El Presidente del Santander cree que ninguna entidad española necesita capital del Estado para afrontar la crisis.

Esto es correcto por lo que respecta a la banca, menos castigada por la recesión económica, por la contracción del crédito, por la restricción de liquidez y por el desplome del sistema inmobiliario que, por ejemplo, las cajas de ahorro.

Un buen número de estas instituciones van a tener serias dificultades no ya de liquidez, sino quizá de solvencia como plantean el grueso de los analistas y expertos del sistema financiero. En consecuencia es probable que precisen la ayuda estatal para superar sus problemas.

La cuestión es cómo inyectará capital el gobierno a unas entidades que no tienen dueño. Es fácil comprar acciones de los bancos como ha hecho el ejecutivo británico ahora o como hizo el sueco en 1992 cuando el sistema bancario quebró.

En este escenario, la aportación de dinero público a las cajas de ahorro debería ir acompañada de una reforma que las hiciese más transparentes y con un mayor control por parte del mercado.

Desde una óptica estructural, las entidades financieras sin dueño presenan una inexorable tendencia a cometer excesos. La situación del sistema financiero español así lo demuestra. Los bancos están más saneados ante la crisis que las cajas porque tienen propietario.

Camps afirma que los 200 millones de las líneas IVF de financiación empresarial se ampliarán en 2009

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, afirmó hoy que las líneas IVF de financiación empresarial destinadas a pymes de la Comunidad Valenciana, que cuentan con una dotación de 200 millones de euros, tienen como objetivo "dinamizar la economía y generar confianza y expectativas para seguir creciendo en el futuro".

Además, aseguró que esta medida "no termina aquí", ya que "el año que viene, si es necesario en el futuro seguir ampliando la cantidad de dinero, se seguirá ampliando", dijo.

Así lo explicó Camps tras la firma hoy en Valencia de esta iniciativa entre el conseller de Economía, Hacienda y Empleo, y presidente del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Gerardo Camps, y los representantes de las entidades participantes, Vicente Sala y Cirilo Arnandis como presidentes de las Federaciones de Cajas de Ahorros y de Cajas Rurales, respectivamente; el presidente del Banco de Valencia, José Luis Olivas; el director territorial del Banco Santander, Luis Javier Herrero; el subdirector general del Banco Popular Español, Carlos Juan Velázquez; el director regional del Banco de Sabadell, Jaime Matas; y el director de zona de Caja Murcia, Juan Hernández, además del director del IVF, Enrique Pérez Boada.

Con la firma de estas líneas de financiación, según destacó Camps, se materializa una medida, que forma parte del Plan de Impulso de la Economía Valenciana, y que fue anunciada en agosto como "fruto de una reflexión abierta" con empresarios, sectores productivos, cajas de ahorros y bancos de la Comunidad Valenciana iniciada "hace muchos meses" por la Generalitat, "dadas las circunstancias económicas que otros gobiernos no querían ver", para establecer las "posibles soluciones, en el corto y medio plazo".

La medida firmada hoy está dirigida a pymes y autónomos, y tiene como objetivo "atender las necesidades directas y concretas" y ajustarse "a la necesidad de cada iniciativa empresarial", lo que se realizará a través de las 2.752 sucursales que forman parte de las entidades que participan en el plan, y que permitirán que "esta propuesta llegue hasta el último rincón de nuestra Comunidad".

"Juntos vamos a salir de esta complicada situación económica en la que nos encontramos", aseveró Camps, quien consideró "muy importante" la colaboración dado que, a su juicio, supone "trabajar con sensatez, sentido común y responsabilidad".

Así, señaló que, ante la situación de crisis, la Generalitat "ha querido estar a la altura de las circunstancias, sabiendo muy bien cuál es su competencia, su cometido y el alcance de su capacidad para tomar decisiones" y "llevándolas hasta sus últimas consecuencias".

Esta medida está estructurada en tres líneas de financiación, una dirigida a la reestructuración de deuda y circulante, a la que se destinarán 150 millones de euros; otra a inversión en micro pymes --adquisición de inmovilizaciones materiales e inmateriales--, con 40 millones de euros; y una tercera a la renovación de flota para la actividad empresarial, con 10 millones de euros.

Respecto al tipo de interés de estos créditos para pymes, José Luis Olivas aseguró que estará "muy por debajo de los que actualmente existen en el mercado". En concreto, tendrán un tipo variable, referenciado al Euribor a seis meses, más 0,75 puntos porcentuales para la reestructuración de deuda y circulante y un aumento de 0,60 puntos para el resto.

Por entidades, la Federación de Cajas de Ahorros contará con 106.842.000 euros (Bancaja 60.202.952 euros; Caja Mediterráneo 45.139.048 euros; Caixa Ontinyent 1.500.000), la Federación de Cajas Rurales dispondrá de 27.130.000 euros (Ruralcaja 13.565.000; Caja Campo 5.642.500 euros; Caja Rural de Torrent 4,5 millones; Caja Rural Central de Orihuela 1.918.000 euros; Crédit Valencia 1.504.500).

En cuanto a los bancos, destinarán 22.609.000 euros al Banco de Valencia; al Santander, 18.637.000 euros; al Banco Popular Español, 11 millones de euros; y por último, el Banco de Sabadell contará con 7.316.000 euros y Caja Murcia 6.466.000.

El presidente del Banco de Valencia y de Bancaja, José Luis Olivas, calificó la medida de "muy acertada", ya que permitirá que el tejido productivo valenciano "tenga lo que necesita en este momento, que es apoyo económico".

Consideró que es "un camino que deberían tomar el resto de las administraciones públicas para apoyar la economía real" y evitar así que el "destruir empleo como se está haciendo actualmente".

Para Olivas, el problema "se extiende a toda la economía occidental" y se basa en la "falta de funcionamiento de mercados financieros" que provoca "falta de liquidez, por lo que las pymes, que son la economía real, no pueden acceder a créditos".

No obstante, matizó que todas las entidades financieras españolas están en una situación de solvencia "envidiable", en comparación con las de otros países europeos o Estados Unidos.

Preguntado sobre si las cajas se sienten maltratadas por el Gobierno central, Olivas afirmó que "no es un problema de maltrato de nadie" porque, a su juicio, las medidas del Ejecutivo central son "generales para bancos y cajas" y "falta ver --dijo-- cómo se distribuyen los avales prestados y la cantidad puesta a disposición del sistema financiero", algo que confío se hará "de una forma absolutamente seria y razonable".

Para el presidente de Bancaja, el porcentaje "más razonable" que correspondería a las cajas es el 50%, puesto que es lo que representan en el sistema. Además, resaltó que este tipo de acuerdos se deben tomar "lo más rápido posible" para que "el dinero empiece a fluir de nuevo a las empresas".

Detenido el edil de San Fulgencio por su presunta implicación en una trama urbanística

ALICANTE.- Agentes del Cuerpo Nacional de Policía acompañados por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, detuvieron hoy al concejal del Ayuntamiento de San Fulgencio, Manuel Barrera, por su presunta implicación en una trama urbanística, según confirmaron fuentes cercanas al caso.

El edil fue detenido a primera hora de esta mañana por la Policía Nacional, y sobre las 9.30 horas de hoy acudió al Ayuntamiento de San Fulgencio, custodiado por agentes y acompañado por el fiscal Anticorrupción, para realizar un registro del interior de su despacho y de su ordenador.

El registro se realizó a puerta cerrada y se prolongó hasta pasadas las 13.00 horas, según detallaron fuentes municipales, quienes explicaron que se ha decretado el secreto de sumario.

El edil, perteneciente a la Agrupación Independiente Mediterránea, --con la que gobierna el PSOE en coalición también con la Agrupación Popular San Fulgencio y Urbanizaciones (APSFU)-- el pasado viernes fue revocado por la alcaldesa Trinidad Martínez, de sus delegaciones como teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Comercio, Turismo, Industria, Desarrollo, Protocolo y Gabinete "por pérdida de confianza".

El pasado viernes, el fiscal Anticorrupción decidió abrir una investigación tras conocer una información publicada en la que se daba a conocer, con un vídeo grabado, que esta persona presuntamente cobró 5.000 euros de manos de una mercantil a cambio de favorecer el plan de 'La Cantera', que prevé la construcción de 4.000 viviendas, un campo de golf, hoteles, casino y un puerto fluvial en una zona que linda con el río Segura, junto a varias zonas protegidas por motivos arqueológicos y medioambientales, según la misma información.

La Universidad de Alicante investiga el aprovechamiento del lodo como combustible adicional

ALICANTE.- El Grupo de Residuos, Pirólisis y Combustión de la Universidad de Alicante está estudiando el aprovechamiento del lodo como combustible adicional y ha recibido el visto bueno del Ministerio de Ciencia e Innovación para, entre otros objetivos, conseguir un aprovechamiento del lodo de depuradora tanto como compost como combustible, cuando no sea posible otro tratamiento, según fuentes de la institución académica.

El grupo de investigación adscrito al Instituto Universitario de los Procesos Químicos de la UA iniciará el próximo mes los trabajos con lodos procedentes de depuradoras de la provincia de Alicante en instalaciones cerradas. En la actualidad, se conocen las principales consecuencias derivadas del proceso de compostaje y secado de lodos, pero no se ha analizado en profundidad sobre la parte sólida del lodo", ya que se pueden formar o concentrar algunos componentes tóxicos.

La reutilización de residuos y su aprovechamiento es uno de los propósitos fundamentales del grupo de este departamento de la Universidad de Alicante, formado por Ignacio Aracil, Juan Antonio Conesa, Andrés Fullana, Araceli Galvez, Francisca Gómez-Rico, Ignacio Martín, Julia Moltó y Helena Varela.

El laboratorio de Ingeniería Química dispone de diversos equipos como reactores y analíticos de medición de emisiones gaseosas. Además, se van a realizar análisis en los Servicios Instrumentales de la Universidad de Alicante con equipamiento innovador como el espectrómetro de masas de alta resolución, que permite analizar dioxinas en muestras a niveles de picogramos.

La investigación se realizará en instalaciones cerradas y se hará una valoración sobre la formación de compuestos clorados a 70 grados, una temperatura de referencia en la generación de compuestos químicos, donde puede haber una síntesis biológica.

"Ya hemos estudiado los compuestos que se desprenden con el proceso de secado, ahora queremos ver qué compuestos permanecen en los sólidos", indicó el director del Grupo de Residuos, Pirólisis y Combustión.

Según los estudios, "todos los indicadores dicen que la formación de dioxinas en secado y compostaje es mínima, pero se debe estudiar para intentar incluso evitarlo", ya que normalmente el proceso de generación de dioxinas en el compostaje "es despreciable y se trata de estudiar las condiciones de este proceso para tenerlo controlado".

Un borrador de la Unión Europea propone, para uso agrícola de lodos de depuradora, un límite de concentración máximo de dioxinas de 100 nanogramos por kilo de materia seca. Las dioxinas y furanos están presentes en todas las matrices naturales, es decir, en todo lo que tenga grasas; por ejemplo, están en los alimentos pero en pequeñas concentraciones, lo no suponen un riesgo para la salud.

Por otra parte, se va abordar la determinación y formación de contaminantes en los procesos de combustión de lodos, así como la destrucción con catalizadores y retención en adsorbentes en reactores, a escala de laboratorio, que se diseñarán y se montarán en las instalaciones del Instituto, a escala suficiente para obtener resultados significativos, pero que no supongan ningún riesgo de contaminación.

Finalmente, las mismas fuentes indicaron que el Grupo de Investigación "está abierto a trabajar y asesorar a empresas interesadas en estos procesos, y también con cualquier colectivo que esté interesado en que los procesos de aprovechamiento de residuos se realicen de forma correcta, con objeto de no sobrepasar los límites legales establecidos, y quizás los más importante, que no supongan un riesgo para el Medio Ambiente".

Se crea una plataforma en Elche para luchar frente a la crisis y el pago de las hipotecas

ELCHE.- Inmigrantes y españoles se han unido en Elche en una plataforma para luchar por el mantenimiento de unas cuotas de pago de hipotecas a los bancos que sean asequibles e impidan el desahucio de la vivienda y la salida a subasta de ésta por impago, según "Información".


Por el momento, 40 personas se han integrado, 20 ilicitanos y 20 inmigrantes (colombianos, ecuatorianos y rumanos, principalmente), en la recién creada Unión de Propietarios de Viviendas Hipotecarias con Intereses Impagables de Elche, que apuesta porque cada individuo se declare en suspensión de pagos y acuda a un proceso concursal de acreedores por la vía judicial.

"Se trata de evitar que se embargue la vivienda y evitar los intereses de demora", explica Felipe Naranjo, portavoz de la plataforma, quien concreta que lo primero que ha de realizar un afectado es "acudir al Colegio de Abogados para solicitar asistencia jurídica gratuita, y ante el juez hay que declararse en suspensión de pagos".

De esta manera, asegura Naranjo, "se establecen las cuotas a pagar de acuerdo con los ingresos". La plataforma asegura que el proceso de suspensión de pagos no es sólo para las empresas, sino que también puede ser utilizado por las personas de manera individual.

"Aunque los abogados dicen que la suspensión de pagos sólo es para empresas, en Madrid ya se está haciendo y hay sentencias judiciales al respecto", sostiene el portavoz de la plataforma.

En la reunión que los afectados mantuvieron esta semana, se ha decidido iniciar 20 procesos de suspensión de pagos de manera individual. Los afectados rechazan categóricamente que no se quiera pagar la hipoteca contratada, "al contrario, pero no es razonable que se hayan dado créditos para la compra de vivienda a razón de 390 euros al mes y ahora el banco pretenda cobrar por un quinto piso sin ascensor, de 70 metros cuadrados, 670 euros mensuales.

La gente quiere seguir pagando, pero una cifra razonable".

Los asistentes a la reunión de constitución de la plataforma pusieron en evidencia la angustia y desasosiego que les produce no poder hacer frente a los pagos. Una colombiana con cuatro hijos ponía encima de la mesa unos ingresos de 600 euros al mes y una cuota de hipoteca de 550 euros mensuales.

Los intereses de demora que ante los retrasos en el pago de la hipoteca están aplicando las entidades bancarias son causa de desesperación en algunos casos. "Dejas de pagar tres cuotas y te pasan unos intereses de demora de entre 6.000 y 8.000 euros, porque aplican un 25% de interés sobre el total del capital. Así es imposible vivir", considera Naranjo, quien entiende que se debe actuar. "No va a ser un camino fácil, pero lo importante es buscar soluciones".

Reclaman una ayuda de socorro del Gobierno

La plataforma de Elche promoverá, junto con otras que se están constituyendo en otros puntos del país, la creación en el ámbito del Estado de un fondo de garantía que socorra a quienes no puedan pagar sus hipotecas.

Felipe Naranjo insistía sobre esta cuestión en que "no se trata de que el Gobierno pague las hipotecas, sino que si hay una persona que no puede pagar, el Estado puede comprar la vivienda y arrendársela al anterior propietario de manera preferencial".

A juicio de Naranjo, "el problema social y psicológico que se está creando, más allá del económico, requiere de una intervención, porque hay una situación de alarma que va más allá".

La hipoteca se está convirtiendo en una pesada carga cada vez más difícil de soportar para las familias. La crisis y las continuas subidas del Euribor están provocando que cada vez más personas se vean incapaces de hacer frente al pago de sus viviendas.

El colectivo inmigrante ha sido uno de los primeros en reaccionar de forma activa ante este problema. El pasado verano se creó en Madrid la Unión de Propietarios de Viviendas Familiares con Hipotecas Impagables, integrada en su inicio por casi un centenar de familias extranjeras que adquirieron un piso gracias a un crédito hipotecario y que ahora tienen problemas para pagar las cuotas.

Esta plataforma nació en el seno de la Asociación América España Solidaridad y Cooperación, Aesco.

En poco más de dos meses «cerca de 5.000 familias de toda España, inmigrantes y españolas, han recurrido a esta plataforma cívica, según explica Gustavo Fajardo, responsable de los servicios jurídicos de la agrupación.

En Alicante, son «450 las familias que han pedido ayuda y asesoramiento a la asociación». Por este motivo, los responsables de la plataforma ultiman la puesta en marcha «de una delegación en la provincia, similar a otras que ya funcionan en Barcelona, Valencia, Murcia o País Vasco».

Precisamente, el pasado fin de semana, responsables de la plataforma en Madrid se desplazaron a Elche para mantener un encuentro con familias afectadas e informarles de todas las iniciativas que la plataforma está llevando a cabo.

El pasado martes se celebró una reunión en la sede de la Asociación de Colombianos en Elx con el objetivo de poner en marcha una delegación de la plataforma en la ciudad.

El objetivo de este colectivo es buscar una solución para quienes, momentáneamente, no pueden hacer frente a sus hipotecas debido a las continuas subidas del Euribor o a la crisis económica. Una de las iniciativas ha sido «la de plantear a las familias que se declaren en suspensión de pagos. Para ello, ya se han presentado en Madrid más de 400 solicitudes de justicia gratuita con el objetivo de plantear ante el juez dichas suspensiones», afirma Gustavo Fajardo.

Otra de las principales peticiones de la agrupación es la creación, por parte del Gobierno, «de un fondo de garantía hipotecaria para ayudar a las familias que, por circunstancias excepcionales, se ven imposibilitadas para hacer frente al pago de su vivienda».

Este fondo, «similar al que ya existe para los seguros de vehículos, sería sufragado por las entidades financieras y por quienes suscriban una hipoteca». Estas ayudas «deberían ser para familias que cumplan determinados requisitos y siempre de una manera temporal», explica Fajardo.

Responsables de la plataforma han hecho llegar estas y otras propuestas a la directora de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de la Vivienda en una reunión mantenida el pasado mes de julio «y de la que todavía estamos esperando una respuesta».

En Madrid, los afectados por esta situación ya han celebrado varias manifestaciones. El pasado 12 de octubre más de un centenar de inmigrantes se han concentraron en la madrileña plaza de Neptuno para reclamar al Gobierno un conjunto de medidas para ayudar a las familias a afrontar la crisis.

El acto fue convocado por la Asociación América España Solidaridad y Cooperación (AESCO), el Consejo de Inmigración de la Comunidad de Madrid (CODEIN) y la Plataforma de Ahorcados por las Hipotecas Impagables.

Los participantes, vestidos de rojo, exhibieron carteles con lemas como "Por la creación del Fondo de Garantía Hipotecaria", "Interés justo", "Hipotecas pagables", "Buscamos condiciones dignas para nuestras hipotecas", "ZP: Dinero para la banca, y ¿para las familias en crisis?" y "ZP: Ahora medidas de salvamento para las familias hipotecadas".

El martes 14 de octubre una comisión de vivienda fue al Congreso de los Diputados para exponer las propuestas que han desarrollado y que existen "frente al descontrol y a la mala praxis de los bancos" para que con ellas "hagan algo para la gente que no tiene solvencia". Los manifestantes vistieron camisetas rojas y se concentrarón en la Plaza de Neptuno.

La crisis está afectando en España gravemente al sector transporte

MADRID.- La ralentización económica y la falta de liquidez en las empresas está repercutiendo gravemente en el sector de transporte por carretera, dijo el lunes Fenadismer, la patronal de los transportistas independientes en España.

"La disminución muy importante de la actividad económica ... y la falta de crédito ha reducido el transporte por carretera entre un 25 y un 30 por ciento", dijo una portavoz de Fenadismer a Reuters.

La patronal representa unas 32.000 empresas con una flota de 70.000 vehículos.

La portavoz explicó que las pequeñas y mediandas empresas que representa tienen dificultades para gestionar su liquidez por la falta de crédito y la poca disposición de la banca para descontar papeles comerciales.

"Las perspetivas no son nada buenas y no esperamos ninguna recuperación antes de mediados de 2009", agregó.

Diego de Ramón se dirige a Sarkozy para que la Unión Europea depure responsabilidades en CAM

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón se ha dirigido como letrado y ciudadano comunitario al jefe del Estado francés, Nicolás Sarkozy, el pasado 25 de septiembre, en su calidad de presidente de turno de la Unión Europea, solicitando la depuración de responsabilidades en el seno de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en base a sus reiteradas declaraciones al respecto en esas fechas y en diversos foros.

"Teniendo en cuenta las recientes declaraciones realizadas en Nueva York de que: “…los jefes de Estado y de Gobierno tienen que hablar claramente y "con franqueza sobre la gravedad de la crisis financiera internacional" y mostrándose partidario de identificar a los responsables de la situación y sancionarles.” Y seguir diciendo: “…debemos preguntarnos sobre nuestras responsabilidades. Hoy, millones de personas en todo el mundo tienen miedo por sus economías, sus apartamentos, por los ahorros que han colocado en los bancos”, en declaraciones realizadas al recibir un premio de la Fundación Elie Wiesel.

Y seguir diciendo:” Nuestro deber es darles respuestas claras. ¿Quién es responsable del desastre?. Que los responsables sean sancionados y rindan cuentas, y que nosotros, los Jefes de Estado, asumamos nuestra responsabilidad”

Luego añadió: “Si no hablamos claro, no construiremos un mundo de estabilidad”.

Si a esto añadimos la declaración que hizo su excelencia ante la Organización de las Naciones Unidas, en el mes de septiembre, en la Asamblea General, en nombre la Unión Europea, de que es necesario “moralizar” el capitalismo financiero para que se ponga más al servicio del desarrollo y menos al de la especulación...", es por lo que es necesario identificar a los responsables de la situación y sancionarles.

En este caso, sería identificar a las personas físicas que, con motivo de sus actuaciones o imprudencias temerarias financieras, han ocasionado perjuicio a los sectores sociales más débiles y que el Estado debe proteger a ultranza.

Nos estamos refiriendo a las cajas de ahorro en España, situación creada por sus directores, miembros del Consejo de Administraciones (representantes politicos que, según las Comunidades Autonomas donde gobiernen con mayoria, tienen el control económico de conceder “créditos a promotoras, constructoras o empresas que se encuentren cercanas a una idea politica de desarrollo inmobiliario”).

Nos estamos refiriendo a que una misma Administración municipal, comunitaria regional española, aprueba administrativamente recalificación de terrenos de rústica a urbana y después, con esas garantias y otras de menor medida, las cajas de ahorro en España le conceden grandes créditos multimillonarios, como por ejemplo créditos sindicados de mas de mil millones de euros, a una sola entidad inmobiliaria, a la que se le han recalificado más de treinta millones de metros cuadrados en una misma Comunidad Autónoma, la de Murcia (España tiene 17 Comunidades Autonomas).

Así, solicitamos que se identifiquen y depuren las responsabilidades habidas por imprudencia temeraria financiera de las cajas de ahorro españolas, en concreto de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en las personas físicas de sus directivos y miembros del Consejo de Administración, así como sobre los contratos blindados que tienen, y la merma o disminución de aplicación de los beneficios de las Cajas, que no van a los clientes de las mismas, sino a inversiones sociales que ahora se ven reducidas, y donde se aplican criterios de orientación politica por sus representantes elegidos por los distintos partidos que lo componen.

Como quiera que este ciudadano europeo inició ante el Parlamento Europeo, durante su Presidencia, dicha denuncia y puesto que en España no se han pronunciado las instituciones nacionales (Banco de España,Comisión Nacional del Mercados de Valores y otras), y que sí se ha pronunciado la Eurocámara, pasándolo a la Comisión de Peticiones, con el número de registro 1228/07, y ésta , a su vez, al Presidente de la Comisión don Marcin Libicki, en su contestación de fecha 9 de junio de este año, en la cual se admite, y ordena:

1.-Una investigación a la Comisión Europea,sobre el fondo de la petición.

2.-Un informe opinión al Banco Central Europeo.

3.-Y una información a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.

Pese a todo ésto, y nos estamos refiriendo a más de 5.000 millones de euros, una caja; es decir, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ha obtenido por las autoridades de mi país (integrante de la Unión Europea) autorización, el pasado día 2 de septiembre, para realizar actividades en regimen de libre prestación de servicios en otros tres países europeos, concretamente en Austria, Irlanda y Suecia, que se suman a Francia, Polonia, Portugal, Italia, Alemania, Bulgaria, Bélgica, Holanda y Rumania, donde Caja Mediterraneo ya estaba autorizada para realizar estas actividades.

(Se adjunta copia de la petición de investigación de dicha Caja de Ahorros del Mediterráneo por la fuerte concentración de inversiones inmobiliarias en la costa, con grandes desembarcos de dinero y de recalificaciones, y de promotoras de la propia entidad participadas, para así ahora depurar las responsabilidades como personas físicas de sus dirigentes por su posible imprudencia temeraria financiera, y sancionarles, así como también la admisión a trámite por el Parlmento Europeo y su comisión de peticiones).

Con el mayor respeto y admiración personal, sobre cómo lleva la politica exterior de su pais, Francia, y la de Europa, le saluda atentamente reconociendole como un gran estadista. Todo ello, sin perjuicio de que, incluso sometiéndole humildemente esta petición (ante la ausencia de las instituciones españolas y sus politicos en pronunciarse en estos extremos como su excelencia lo hace) por si quisiera o creyese oportuno realizar gestión sobre el resultado de lo realizado".

domingo, 19 de octubre de 2008

El valor en alza de la política / Jordi Sevilla

No sé si habrá acabado la crisis financiera. Pero mientras tanto, estoy tranquilo, porque mi dinero tiene la garantía del Estado.Desde esta semana soy, como todos ustedes, un triple A, que es la calificación que se da a los más solventes. Y todo ello gracias a los políticos, que han adoptado medidas coordinadas para combatir la crisis actual en, al menos, tres de sus cuatro frentes: confianza, liquidez y solvencia del sistema financiero.

Vivimos en una economía, en una sociedad, basada en la confianza, que se refuerza mediante la imposición de normas y contrapesos institucionales. Y esta crisis la ha quebrado entre bancos, entre estos y las empresas y la de los ciudadanos hacia el sistema financiero. De repente, nadie se fiaba de nadie y, así, los mercados no funcionan, la economía no funciona, se paraliza, entra en quiebra.

Y en medio de la amenaza de desastre total, surge alguien de quien nos fiamos todos, alguien en quien todos depositamos nuestra confianza, alguien a quien recurrimos para salvar los muebles: el Estado. Resulta que ese depósito de confianza que tenemos agotado entre privados nos ponemos de acuerdo para tenerlo todos lleno con el Estado. Y con esa garantía por medio, poco a poco esperamos que se recupere el crédito entre el resto de agentes del sistema.

Es el Estado y no el mercado, lo público y no lo privado, quien en esta hora de crisis concita las esperanzas de todos. El arte de la política consiste en gestionar este depósito de confianza que no es, tampoco él, incondicional, ni ilimitado. Y se ha hecho bien. Haciéndonos sufrir, pero bien. La acción política ha cubierto con su manto de seguridad la falta de confianza privada.

Ahora, de cara al futuro, la política tiene que seguir equilibrando las dosis justas de mercado y Estado, en una relación que ni es ni puede ser estática ni tampoco de signo encontrado, en el sentido de que uno siempre crece a costa del otro, ya que parece que ambos pueden ir de la mano y que la mayoría nos beneficiamos de ello cuando así ocurre. En lo financiero, pero también en lo social, en lo laboral, en los servicios públicos. En suma, practicar la vieja máxima socialdemócrata de tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario.

Esta crisis lo está siendo también de una cierta orientación ideológica. En la Depresión del 29 el Gobierno americano tardó tres años en adoptar medidas porque se creía que el mercado se corregiría solo. También ahora, la creencia en la capacidad autónoma de los mercados de derivados hizo que Greenspan se negara a regularlos, llevándonos adonde estamos. La política y el conjunto de ideas y creencias desde el que se ejerce influyen mucho sobre la actividad y el bienestar de los ciudadanos. Por eso, esperemos que esta crisis se lleve por delante la intransigencia dogmática hegemónica de estas décadas, según la cuál sólo el libre mercado, lo privado y bajar impuestos, eran buenos.

No podemos, porque no es ético, ni eficaz, mantener un sistema económico que se basa en una asimetría: para ganar dinero, nada como el mercado, para no perderlo, nada como el Estado. Las fronteras deben redefinirse sin irnos al otro lado, porque los fallos del Estado también existen. Por ello, más Estado, en forma de regulación, supervisión y sanciones, precisamente para que pueda haber mejor mercado, pero también mejor Estado en forma de mejores instrumentos como los impuestos, que podrían haber ayudado a mitigar la burbuja especulativa y un gasto público sometido a evaluación de eficiencia.

Ha sido la intervención pública, definida por los políticos democráticos, la que ha ayudado a estabilizar el sistema económico en que vivimos. Pero esa intervención debe tener límites conocidos.De otra manera, se puede establecer un pulso entre mercados financieros en exigencia recurrente de más y más dinero y un Estado atrapado ante la opinión pública por una intervención como pozo sin fondo.Pulso que ya vivimos cuando las especulaciones contra las monedas del Sistema Monetario Europeo, antes del euro. Las decisiones adoptadas y conocidas deben marcar los límites a partir de los cuales la histeria de los mercados se convierte, simplemente, en autodestructiva.

Los gobiernos, con su acción, también han desatascado otros dos problemas con los que interactúa la ausencia de confianza: insuficiencia de liquidez para que el sistema funcione y posibilidad de recapitalización, vía nacionalizaciones, que contrarreste el proceso de desapalancamiento derivado de la pérdida de valor de los activos que soportaban el crédito y que podía llevar a insolvencia generalizada.

Las entidades no se prestaban ni prestaban no sólo porque no se fiaran, sino por si acaso lo necesitaban ellas para cubrir eventuales pérdidas patrimoniales. Al final, el Plan Europeo ha resultado más consistente que el americano al permitir actuar sobre los tres niveles del problema con más contundencia.

Ahora faltan dos tareas de Hércules más: implementar lo aprobado con el debido control democrático y volver los ojos hacia la economía real ahora que han llegado los tiempos duros para el crecimiento y el empleo. El volumen de recursos canalizado hacia el sistema financiero es de tal magnitud que no puede hacerse sin la transparencia suficiente sobre la actividad gubernamental, pero tampoco sin compromisos conocidos, exigibles a los gestores privados perceptores de tan ingente ayuda. Así se está haciendo en el resto de países

Por otro lado, lo decidido sobre el sector financiero es condición necesaria, pero no suficiente, para combatir la crisis económica y no sólo encajarla. Recordemos, por ejemplo, que en EEUU se han establecido líneas de crédito público directamente a empresas y se impulsan medidas de alivio a las familias endeudadas.

Para todo ello, tendremos que girar los ojos, otra vez, hacia los políticos que son los únicos que pueden hacerlo. Así es la política, la buena política. Algo que no tiene precio, pero si valor. Mucho valor para la convivencia y que ahora, además, cotiza también en la Bolsa.

60 millones en créditos unen a políticos y cajas de ahorro

MADRID.- Los partidos políticos, que tienen créditos y avales concedidos por las cajas de ahorros por un importe de unos 60 millones de euros, van a tener la llave sobre las fusiones de estas entidades financieras. Uno de cada cuatro de esos euros los ha prestado La Caixa. Especialmente activas en la concesión de créditos a partidos políticos son BBK, Bancaja y Cajasol. Entre estas cuatro entidades rondan los 30 millones en préstamos, según estimación de "El Mundo".

La presencia de políticos y ex políticos en los consejos de las cajas, e incluso en la presidencia de varias de ellas, es notable (ver información adjunta). Eso lleva a que por sus manos pase la aprobación de préstamos a los mismos partidos políticos que les han colocado en ese puesto.

El partido que más ha recurrido al crédito de las cajas -según los datos existentes en los informes de gobierno corporativo de estas entidades- es el socialista, con más de 19,5 millones de euros. Le siguen CiU e Izquierda Unida, con 11,7 millones.

En el caso de la formación coordinada por Llamazares se da la particularidad, además, de que tiene vencidos más de 810.000 euros que debía haber devuelto ya a Cajasol. El PSOE también tuvo problemas el pasado año con un préstamo de la caja sevillana, pero ya ha regularizado su situación.

Cambio en 2003

A ello se une que, según la normativa financiera, aprobada en el año 2003 por el PP, los gobiernos autonómicos deben dar el visto bueno a las fusiones. Es más, en el caso de que se ponga en marcha la integración de dos cajas de distinta región, los responsables de esas entidades deberán recibir el plácet de ambos gobiernos regionales.

La ley es tajante: «Cuando se produzca una fusión entre cajas de ahorros que tengan sus sedes sociales situadas en diferentes comunidades autónomas, la autorización para la misma habrá de acordarse conjuntamente por los gobiernos de las comunidades autónomas afectadas». Y a partir de ahí «se determinará la proporción que corresponderá» a cada administración y entidad pública de la región en los órganos de gobierno de la nueva entidad.

La implicación política en el asunto de las fusiones entre cajas es total. La hemeroteca de las últimas semanas recoge una sucesión de declaraciones de gobernantes acerca de la conveniencia o no de fusiones.

El presidente andaluz, Manuel Chaves, aseguró, pocas horas después de que José Luis Rodríguez Zapatero diera el pistoletazo de salida a este proceso, que estaba dispuesto a dar «impulso político» para la integración de las cinco cajas andaluzas. Más claro aún fue el vicepresidente y consejero de Hacienda, José Antonio Griñán: «El proyecto de una gran caja andaluza no está derogado, sino en vigor. Favoreceremos nuevos procesos de fusión cuando todas las entidades estén en la misma posición, que será en primavera cuando Cajasol consolide su fusión». Esa fusión, fruto de la integración de El Monte y Caja San Fernando, tuvo lugar en mayo de 2007.

Ha sido la última unión de cajas en España. El anterior precedente se encuentra en 2001, cuando Bancaja absorbió Caja Carlet, ahogada por una mala situación financiera.

Pero ahora parece que no va a ser necesario que pasen seis años para ver una nueva fusión. El alcalde de León y vicepresidente segundo de Caja España, Francisco Fernández, abogó días atrás por integrar en la entidad leonesa a tres de las pequeñas cajas castellanas, es decir, las de Segovia, Avila y Burgos, dejando fuera a la salmantina Caja Duero, por su mayor tamaño. Mientras, el presidente regional, Juan Vicente Herrera, del PP, consideró «urgente» abordar este proceso y destacó la «vocación» de unión de las cajas regionales.

Y el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana, del BNG, señaló esta misma semana que vería como «algo positivo» la fusión de las dos cajas gallegas: Caixa Galicia y Caixanova.

BBK-Kutxa, en marcha

Declaraciones similares se oyen en el País Vasco, donde se afirma sin rubor alguno que la proximidad de las elecciones en la región puede frenar la integración de la Kutxa y la BBK. Y se añade, además, que el PSOE y el PP vetan que a esa fusión se sume la alavesa Caja Vital. Otra evidencia más de que en este proceso no prima la lógica económica ni de mercado, sino el puro y duro interés político.

Como se ve, estas tesis no distinguen colores entre los partidos.Para los representantes de los ciudadanos, el control de las cajas de ahorros se ve como un asunto sustancial. Ningún gobierno quiere perder el control sobre las cajas de su ámbito de influencia -no en vano el reparto de los miembros de los órganos de dirección tiene mucho que ver con los resultados electorales.

A eso se une el colchón que estas entidades suponen a la hora de colocar a compañeros del partido en órganos generalmente muy bien retribuidos que se ven, en ocasiones, como el retiro ideal para quienes están cansados de la contienda política.

Este es uno de los asuntos que puede suponer el freno a las fusiones.Con menos cajas hay menos sillones que repartir, y ya hay voces que alertan de este riesgo. Eso sí, los holding financieros y carteras de cotizadas, con sus correspondientes consejos, dan otra oportunidad.

Los 755 consejeros se reparten más de 163 millones

Ser uno de los 755 consejeros repartidos en los consejos de administración de las 43 cajas de ahorros españolas resulta más que gratificante para el bolsillo, ya que, de media, cada uno de ellos se embolsó el pasado ejercicio 216.009 euros en concepto de sueldos, dietas por asistencia a los consejos y otras remuneraciones.

Las cifras resultan llamativas en cualquier caso, ya sea desde el punto de vista de la retribución (más de 163 millones de euros en total) o desde la perspectiva del número de consejeros por cada entidad. Claro que no todas las cajas de ahorros se reparten de igual manera sus asientos en la cúpula directiva, ni todas pagan a sus consejeros con el mismo sueldo. Entre las más generosas se encuentran La Caixa, que repartió en 2007 25,1 millones de euros entre sus 21 directivos, y Caja Madrid, donde la retribución a sus 18 consejeros sumó 23,4 millones de euros, es decir, más de 1,3 millones por cabeza.

Esta distribución del sueldo en comparación con otras entidades de menor tamaño se debe en parte a que La Caixa y Caja Madrid cuentan con muchas participaciones en compañías cotizadas que incrementan los bonus en forma de dividendos. Aun así, algunas cajas más pequeñas no se quedan cortas en la compensación a sus directivos, como Caja Segovia, que reparte más de 5,87 millones entre sus 17 consejeros (a 345.000 euros por barba de media), o Caixanova, con un sueldo total de 5,85 millones.

Políticos hechos banqueros

En el proceso de fusiones que se vislumbra en las cajas de ahorros tendrán un papel decisivo los partidos políticos. Pero también los sindicatos y las patronales, que tienen sentados a importantes cargos en los consejos de administración de distintas cajas.

Una de ellas es Caixa Catalunya, cuyo presidente es, desde 2005, Narcís Serra, ex ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno durante el mandato de Felipe González. Su promoción en la caja corrió a cargo del actual presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla. Pero éste no es el único caso: en Caja Navarra, por ejemplo, su presidente es a la vez el presidente del Gobierno autonómico, Miguel Sanz, mientras que en Bancaja el máximo cargo directivo corresponde a José Luis Olivas, ex presidente de la Comunidad Valenciana.

Prácticamente en todas las cajas españolas hay representación política, sindical y patronal de relevancia, un motivo que puede explicar por qué entidades como Cajastur o Cajasol tienen en sus consejos a 30 y 40 personas, respectivamente.

LOS CONSEJOS

755... So los sillones con los que cuentan los consejos de administración de las cajas de ahorros españolas. En muchos de ellos se sientan políticos.

40... Es el número de consejeros que tiene Cajasol. La entidad sevillana, pese a no ser una de las grandes del país, es la que tiene un consejo mayor.

LAS CIFRAS

15,9

Son los millones de euros que La Caixa ha prestado a los partidos políticos representados en su Asamblea. Es la entidad con una cifra más alta.

8 Cajas de ahorros afirman en sus informes de gobierno corporativo que no tienen ningún dinero prestado en este momento a alguna formación.

810.490 Son los euros que Cajasol tiene en el capítulo de morosos fruto de impagos por parte de Izquierda Unida.

EL PERSONAJE

Narcís Serra: El ex ministro de Defensa socialista es una prueba evidente del control que ejercen los políticos en las cajas.Montilla presionó para su nombramiento.

LOS ESTIMULOS

Zapatero: ««Habrá que colaborar para tener un mapa más racionalizado, competitivo y eficaz de nuestras entidades financieras».

Juan Vicente Herrera: El presidente de Castilla y León considera «urgente» la unión de las cajas de ahorros de la región.

LA CONSOLIDACION

El proceso de fusiones entre las cajas de ahorros no es nuevo.En apenas 20 años, desde 1988, nuestro país ha asistido a la desaparición de 32 entidades de esta naturaleza. De este modo, se ha pasado de las 77 cajas de ahorros que había en el citado ejercicio a las 45 que operan en la actualidad. En unos trimestres seguro que la cifra es todavía menor.

PRECEDENTES

2007... Tras más de una década de intentos, en mayo de ese año se produjo la fusión entre El Monte y Caja San Fernando, la última vivida.

2001... El entonces gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, emplazó a Bancaja a quedarse con Caja Carlet, acuciada por los problemas.

El PSOE cree que Cospedal se ausentó de los Congresos del PP en Murcia y Valencia para no hablar sobre el texto del Estatuto manchego

TOLEDO.- La secretaria de Comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, consideró ayer que la ausencia de la presidenta regional del PP y secretaria general del partido, María Dolores De Cospedal, de los Congresos que este fin de semana ha celebrado su partido en Murcia y Valencia, se explicaría en su decisión de "no dar la cara en esas comunidades y así no tener que pronunciarse" sobre el Estatuto de Autonomía regional.

Según indicó en un comunicado la dirigente socialista, "en una semana, es el segundo renuncio en el que la presidenta del PP se ve inmersa, para no dar la cara por el Estatuto de Castilla-La Mancha que aquí dice respaldar".

Recordó Padilla que De Cospedal "el martes prefirió el silencio y los escaños de su partido en el Congreso a dar la cara y poner voz a los intereses de Castilla-La Mancha como sí hizo" el presidente regional, José María Barreda, y ahora este fin de semana "se marchó a Ceuta para no tener que acudir a Murcia y Valencia y pronunciarse ahí sobre lo que interesa a nuestra región como es la caducidad del trasvase Tajo-Segura".

Para la responsable de Comunicación del PSOE regional, con estas ausencias "para no ofender a sus compañeros del PP, Camps y Valcárcel, se pone en evidencia la poca valentía y falta de compromiso con nuestro Estatuto que demuestra la dirigente popular, así como la dificultad objetiva que tiene para compaginar su doble responsabilidad de líder nacional y regional del PP".

Esther Padilla pidió finalmente a De Cospedal que se fije en José María Barreda y "en cómo está dando la cara por los intereses de Castilla-La Mancha, demostrando que si tiene que elegir, para él es más importante defender a nuestra tierra que a nuestro partido, algo que no le ocurre a la dirigente 'popular'".

Las cajas rurales reactivan un gran proyecto de 'integración'

VALENCIA.- El director de Supervisión del Banco de España, Francisco Javier Aríztegui, no se anduvo por las ramas en una intervención reciente ante el colectivo de cooperativas de crédito y cajas rurales.«Mi intervención tiene un objetivo concreto: plantearles la conveniencia de abordar con rapidez la implantación de un Sistema Institucional de Protección (SIP)», afirmó.

«El Banco de España cree que dicho proyecto es estratégico», recoge "El Mundo".

Aríztegui pasó a continuación a explicar el porqué de esa urgencia.En el último año, las cooperativas de crédito han visto cómo se reducía su cuota principalmente en el mercado de depósitos, lo que se ha traducido en un incremento en la exposición al riesgo de liquidez del sector. Como consecuencia de ello, el porcentaje que la inversión crediticia representa sobre los acreedores no bancarios llega al 103%, por encima de las cajas de ahorros (97%) y al nivel de la banca.

En cuanto al crédito concedido por estas entidades, que ha crecido un 11% en base interanual, se desacelera al igual que sucede en el resto del sector financiero, pero con la peculiaridad de que continúa sustentándose sobre la financiación al sector inmobiliario: de los nuevos préstamos otorgados en el último año por las cajas rurales, el 64% corresponde al ladrillo.

Los saldos dudosos crecen con tasas del 130% interanual, la morosidad supone ya el 1,9% de la inversión crediticia y la cobertura con provisiones es del 120%. El ratio de eficiencia es el más débil de las entidades de depósito (54,1%, en comparación con el 45,5% de las cajas de ahorro y el 37,3% de la banca) y las pérdidas por deterioro crecen un 29% y ya suponen un 27% del margen de explotación.

En definitiva, para el Banco de España es imperativo poner en marcha un SIP. Esta fórmula de integración sin pérdida de la personalidad jurídica, impulsada desde Bruselas, debe cumplir siete condiciones: a través de un contrato o de un régimen legal de asignación de responsabilidades, garantiza la liquidez de todos los participantes para evitar situaciones concursales; cuenta con fondos inmediatamente disponibles; incorpora mecanismos para el seguimiento y la clasificación de los riesgos; publica cada año un informe con el balance, la cuenta de resultados, el estado de situación y la evolución de riesgos; elimina el uso múltiple de los recursos propios y la generación de capital entre sus socios; se basa en integrar a entidades homogéneas; y la salida debe notificarse con, al menos, 24 meses.

Para las cajas rurales, el discurso del Banco de España no es nuevo. Llevan trabajando en un SIP desde mayo de 2007, cuando se debatió por primera vez en profundidad el asunto. Entonces se acordó que las cinco grandes del Banco Cooperativo -Ruralcaja y las Cajas Rurales de Navarra, el Sur, Granada y Asturias- presentaran un proyecto.

Pero el tiempo ha pasado y, aunque estas entidades siguen trabajando en el diseño del SIP, lo cierto es que aún no han aportado nada.En ese contexto llegaron, hace unas semanas, las palabras de Aríztegui, para quien cuestiones como la territorialidad o el mantenimiento de la marca, no deben seguir siendo un obstáculo para el proyecto, según fuentes del sector.

Inicio del SIP

La reacción dentro del colectivo de cajas rurales ha venido de la mano de un grupo de 15 o 20 entidades medianas, que están de acuerdo en muchos de los aspectos que debería recoger el futuro SIP, y que han decidido tomar la iniciativa en paralelo al proyecto de las cinco grandes. Entre ellas hay algunas de la Comunidad Valenciana, como las de Torrent, Caja Campo o Crèdit, además de otras de referencia en Castilla-La Mancha (Ciudad Real o Toledo), y otras regiones. Ese grupo se ha puesto en contacto con una consultora.

La evolución de estas negociaciones será clave para atisbar la transformación de una fórmula cooperativa que en los últimos años se ha dividido en dos modelos: el de las entidades tesoreras, más conservadoras, que renunciaron a buscar financiación en el exterior; y el de las cajas que optaron por el tamaño y llevaron a cabo una estrategia de expansión. Si surge un SIP deberá ser capaz de compaginar ambas sensibilidades. De lo contrario, podrían crearse varios SIP en España.

La intención de las entidades medianas, en su mayor parte bien saneadas, es definir aspectos decisivos como el porcentaje de recursos propios que deberá aportar cada uno de los socios del SIP, o qué operaciones deberán someterse a la supervisión del órgano central que debe encargarse de controlar la marcha de la futura coalición de las cajas rurales españolas, o cuáles deben ser los criterios de riesgo.

Porque hay un asunto que preocupa a todas las rurales que participan en el debate, y que quieren que esté bien presente al margen de las cuestiones de forma: evitar la posibilidad de verse arrastradas por la crisis de alguno de sus socios en el SIP.

LAS CAJAS

17.000 empleados trabajan en las 83 entidades que hay en toda España. Hay más de 4.500 oficinas repartidas sobre todo en la Comunidad Valenciana y Andalucía.

41,7 millones es el total de activos que gestionan las cajas rurales. La mayor es Cajamar.

LA CLAVE

Cajamar, presidida por Antonio Pérez Lao, cree «oportuno» que se avance en el proceso de fusión de las cajas por necesidad ante las exigencias de la «globalización».

LAS CIFRAS

11%

Es el porcentaje al que ha crecido el crédito concedido por las cajas rurales en base interanual, según las cifras del Banco de España.

64% Del total de préstamos concedidos por las cajas rurales durante el último año, ese porcentaje se ha otorgado a todo tipo de proyectos inmobiliarios.

130% Los saldos dudosos crecen a tasas de más del 130% y la morosidad supone ya el 1,9% de la inversión crediticia.

Dimiten tres miembros de la junta directiva de Caisse d'Epargne tras perder 600 millones en derivados

PARÍS.- Los tres principales directivos del banco francés Caisse d'Epargne dimitieron este domingo tras la reciente pérdida en Bolsa de 600 millones de euros, según una fuente próxima al caso.

Se trata del presidente Charles Milhaud, el director general Nicolas Mérindol, y Julien Carmona, encargado de finanzas y riesgos.

Milhaud dijo que no pide "ninguna indemnización", al confirmar su dimisión este domingo por la noche.

La decisión fue tomada durante un consejo de vigilancia extraordinario, celebrado el domingo para dirimir la suerte de los directivos de la Caisse d'Epargne tras la reciente pérdida de 600 millones de euros.

Poco después, el banco anunció la sustitución de Milhaud, de 65 años, por Bernard Comolet, actual presidente del banco para la región parisina.

Asimismo, Mérindol, será sustituido por Alain Lemaire, actual presidente del banco para la región Provenza-Alpes-Córcega, declaró a la prensa Yves Huert, presidente del consejo de vigilancia de la entidad financiera.

Milhaud, que ha dirigido la Caisse d'Epargne desde 1999, ha formulado el deseo de permanecer en el grupo "algunos meses", el tiempo de cerrar las negociaciones en vistas a una fusión con el grupo Banque Populaire, precisó la misma fuente.

Carmona, por su parte, abandona el directorio y pasaría a ser director ejecutivo encargado de las finanzas, apuntó la misma fuente.

Varios de los participantes del consejo de vigilancia, que duró varias horas, estaban decididos a pedir la dimisión del presidente del directorio, Charles Milhaud, cuyo mandato llegaba a término a finales de 2009, según una fuente cercana al caso.

Milhaud declaró sentirse "responsable" de la pérdida de 600 millones de euros, que calificó de "grave", en una entrevista con el dominical francés Journal du Dimanche.

Por su parte, la ministra de Economía, Christine Lagarde, se declaró "satisfecha" tras el anuncio de las dimisiones de los principales directivos de la Caisse d'Epargne y consideró que "ello permitirá a las cajas de ahorros volver a empezar", informó el domingo el entorno de la ministra.

Previamente, el portavoz del gobierno francés, Luc Chatel, había declarado el domingo que "cada cual debía asumir sus responsabilidades", mientras que el ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, deseó que se tomaran "decisiones" en el consejo de vigilancia.

El viernes, el presidente francés Nicolas Sarkozy exigió a los responsables "asumir las consecuencias", mientras que la oposición socialista reclamó "sanciones".

La propia Lagarde "llamó el viernes a los directivos de la Caisse d'Epargne a hacer frente a sus responsabilidades", recordó el entorno de la ministra.

"Los miembros del consejo de vigilancia hicieron el mismo análisis que la ministra", añadió la misma fuente al insistir en que la "pérdida no cuestiona la solidez del grupo y no tendrá impacto en los clientes, los empleados y los ahorradores".

A este respecto, un representante de los empleados de la entidad en el consejo de vigilancia se congratuló el domingo por la "buena decisión", en referencia a las dimisiones de los directivos.

La Caisse d'Epargne anunció el viernes una pérdida de 600 millones de euros, provocada por tres de sus corredores, que habían apostado por una subida del mercado de acciones justo antes de su caída brutal el pasado 6 de octubre.