VALENCIA.- Representantes de empresas productoras, periodistas, actores, sector
audiovisual y trabajadores de À Punt han pedido este viernes en Les
Corts que la Proposición de ley de la Corporación Audiovisual de la
Comunitat Valenciana, presentada por PP y Vox,
incluya un presupuesto mínimo anual para la cadena, que se fije en la
norma; consolidación y aumento de la plantilla; han defendido el uso del
valenciano y han cuestionado la falta de participación en los distintos
órganos, lo que abre la puerta a la «manipulación».
Desde la Plataforma de Asociaciones de Empresas Productoras
Audiovisuales de la Comunitat Valenciana, su representante, Luis
Gosálbez ha reclamado una dotación mínima anual del 0,45 por ciento en
los presupuestos de la Generalitat para la cadena; una parrilla de
coproducción propia externalizada, --excluyendo informativos y deportes
que deben hacerlos personal propio de la casa y compra de producción
ajena como series o documentales-- con la «obligatoriedad» de destinar,
al menos, el 40% del presupuesto anual a la producción de contenidos por
parte de productoras independientes valencianas.
En este caso, propone una limitación del 20% en la contratación a una
misma empresa o grupo vinculado así como la inclusión de una fórmula de
seguimiento para el cumplimiento de la norma, que se podría plasmar a
través de la firma de un acuerdo marco.
Por parte de La Unió de Periodistes, su presidente, Vicent Marco, ha
defendido la necesidad de medios de comunicación «públicos, de calidad,
en valenciano e independientes de los poderes políticos, bien dotados
económicamente» y ha sostenido que la norma supone «dos pasos atrás en
todas las reivindicaciones de cómo debe ser, por lógica, un medio de
comunicación público».
«Nos preocupa que se quiten todos los obstáculos a la manipulación
partidista, que se elimine toda referencia al valenciano como lengua
vehícular, que se suspenda la oferta pública de trabajo en marcha, que
se deje la puerta abierta a privatizar los informativos y que no se
garantice su financiación, que el papel relevante del sector audiovisual
desaparezca en esta ley», ha expuesto, y ha defendido que, para cambiar
lo que se debía modificar, no es necesario «arrasar con todo el resto
de avances que sí incorporaba la anterior ley».
Sobre el valenciano, el presidente de La Unió ha indicado que el
problema «no es la lengua para obtener audiencia».
«Los problemas son
otros y nos resuelven privando de los beneficios intrínsicos del
bilingüismo a toda la zona castellano hablante en nuestro territorio.
Esperemos que no vuelvan las listas de palabras prohibidas y el
'Telefem' (Telebasura)», ha indicado.
En relación con los trabajadores, ha denunciado que la ley «deja
tiradas» a 800 personas que estaban en un proceso de pruebas selectivas
en lo que era la mayor oferta pública de empleo para el sector en este
siglo. Así, ha indicado que la plantilla «actual continuará en estado de
interinidad, en una situación de inestabilidad que dura seis años».
Para el fundador y presidente de honor de ACICOM (Asociación
Ciudadanía y Comunicación), José Ignacio Pastor, es «injustificable» la
urgencia con la que se quiere tramitar una norma que ha calificado de
«vergüenza» y «bestialidad», ha criticado el «ataque» al valenciano y el
«olvido» a la promoción de la diversidad territorial. «Vergonya,
cavallers, vergonya. Retiren la ley», ha pedido.
Jorge Ballester, secretario de la Comisión del Audiovisual de la
Asociación de Actores y Actrices Profesionales Valencianos, ha pedido
que se incluya en la ley parámetros que protejan la ficción en
valenciano diferenciada del entretenimiento o de los contenidos en
general.
«No es ninguna barbaridad pedir que se blinde el 8% del
presupuesto total de la cadena para la ficción, superando en un 2% el
establecido por ley estatal que obliga a destinar un 6%, no de los
ingresos, sino del presupuesto total de la corporación», ha dicho.
El representante del Clúster de Producción y Servicios del
Audiovisual Valenciano Sergio Gómez ha calificado de «absolutamente
relevante» que haya una conexión entre À Punt y el tejido audiovisual
valenciano.
«Las leyes las hacen buenas; las personas si conseguimos
alianzas y proyectos y si vamos todos en una linea puede ser positiva en
muchos aspectos», ha sostenido.
En la Comisión también han intervenido Antonio Villarreal,
representante del Comité de Empresa de À Punt y Ana Isabel Santamaría,
presidenta del Comité de Empresa de la CVMC, quienes han reclamado la
necesidad de consolidar la plantilla actual, dar estabilidad al personal
y evitar la huida del talento porque la interinidad no permite
confianza a los trabajadores.
Villarreal ha lamentado que siguen «en la misma situación de
inestabilidad», sin convenio, y cree necesario y «urgente» incrementar
una plantilla «que se ha comprobado insuficiente».
Por tanto, reclama
una dotación presupuestaria mínima e incluir también la equiparación de
las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de empresas
privadas externas con la plantilla.
En esta línea, Santamaría también ha indicado que la falta de
personal es un «problema estructural» que afecta a todos los
departamentos --el jurídico solo tiene dos personas, ha dicho--, por lo
que las externalizaciones son «imprescindibles».
En esta línea, pide dar
estabilidad laboral a la plantilla y la necesidad de «un mayor blindaje
normativo, incluso estatutario, considerando que es un sector esencial y
que el derecho a la información es garantía de democracia en nuestra
sociedad».
Desde el PP, el diputado José Juan Zaplana ha sostenido que la ley de
2016 «manejaba una hipertrofia legislativa tremenda», que no era
«buena» y que se ha ido modificando todos los años: «Ocho años de ley,
siete años de modificaciones», con continuos «incumplimientos» en el
presupuesto --ningún año ha superado el 30%, ha dicho--.
«¿Qué pasa
cuando se incumple una ley? ¿Es algo ilegal? ¿Alguien ha ido a la
cárcel? ¿Alguien ha presentado su dimisión en el gobierno?», se ha
preguntado.
El diputado de Vox Joaquín Alés ha defendido durante sus
intervenciones que la nueva legislación «se aleja de la hipertrofia
legislativa anquilosante que fue el sello de la anterior norma».
Sobre
el uso del valenciano, ha apuntado que su promoción «no debería ser
incompatible con una parrilla que refleje de forma más realista la
realidad lingüística de toda la Comunitat Valenciana que no es
mayoritariamente valenciano hablante».
Desde la oposición, han criticado que el Partido Popular «se ha
rendido totalmente a los postulados ideológicos de la extrema derecha»
con esta norma.
Por parte de Compromís han intervenido las diputadas
Maria Josep Amigó y Nathalie Torres, quienes han mantenido «consagra un
modelo de televisión que nos hace retornar al peor momento de Canal 9»,
cuando «estaba absolutamente manipulada», al «suprimir» la participación
ciudadana y con un uso del valenciano que está «absolutamente
desaparecido e ignorado» y con financiación «sin garantía y en el aire».
En la misma línea, el PSPV, a través de la diputada Silvia Gómez, ha
calificado la ley de «gran contrarreforma legislativa, política e
ideológica» que supone una «involución democrática que permite el asalto
y el control político de À Punt».
Así, ha mantenido que la norma supone «el absoluto control político
de los medios, como en las etapas oscuras de su gobierno anterior,
donde hasta la llevaron al negro».
«Ahora sí que van a ser mensajes
sesgados porque vamos a decirle adiós a Vicente Andrés Estellés o a
Botifarra», ha resumido.
