El ex interventor del ayuntamiento de Orihuela, que denunció pago de facturas falsas a la empresa Necso, vuelve a trabajar hoy en un destino inferior

El ex interventor municipal de Orihuela, José Manuel Espinosa, que denunció supuestas irregularidades contables en el Ayuntamiento, presuntos pagos de facturas falsas a la empresa Necso y que reconoció haberse apropiado de 30.000 euros, reanudará hoy su actividad laboral en el consistorio, después de dos años de baja laboral.

Según indicó él mismo, hoy está previsto que vuelva al trabajo, "casi con toda probabilidad" en las dependencias de la Policía Local.

El funcionario, que durante 25 años ocupó el puesto de interventor, indicó que su nuevo destino no lo ha elegido él, "sino que es una imposición", y apuntó que desconoce las tareas que realizará, aunque "seguramente serán de carácter administrativo".

Espinosa mantuvo que el nuevo puesto supone "degradarme, porque pasar de interventor a administrativo pelado es un salto al vacío, importante, que también se notará en una disminución del salario" y consideró que "el puesto que me den me viene pequeño".

Espinosa, que estuvo de baja laboral por depresión durante dos años, huyó a Zaragoza tras confesar que había robado 30.000 euros de las arcas municipales y denunciar el pago de presuntas facturas falsas de Necso, motivo por el que fue destituido por el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP.

El ex interventor dijo que tiene "ilusión y ganas" de volver a trabajar, a pesar de que había solicitado la incapacidad laboral permanente que, según indicó, no le han concedido "aunque anímicamente no estoy apto para el trabajo".

Añadió que espera recuperarse, "ser un poco de lo que fuí", y apuntó que, "para ello, tiene que haber voluntad en el resto de la gente, porque ahora mismo ese apoyo no lo tengo".

Por su parte el concejal de Personal, Antonio Franco, que dijo desconocer cuál será el destino de Espinosa, indicó que "es lógico que no vuelva a su anterior ocupación. En primer lugar porque hay un interventor nuevo, aunque no me cabe la menor duda de que en cualquier sitio será bien recibido".

Franco manifestó que podría "ser un buen sitio las dependencias de la Policía municipal y servicios sociales" y dijo que "será el alcalde quién le informe de su nuevo destino".

José Manuel Espinosa ratificó en el juzgado número 3 de Orihuela, el pasado 14 de noviembre, las declaraciones previas realizadas ante el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, sobre los presuntos pagos que el Ayuntamiento realizó a la empresa Necso.

El fiscal anticorrupción investiga la existencia de facturas falsas por un importe de 240.000 euros a la empresa Necso en el año 2002 y el pago de 180.000 euros a los trabajadores de la mercantil por salarios extra no incluidos en el contrato que en 2004 tenía vigente la empresa. (EFE)

Desde el PP de Elche se pide la dimisión de Gema Amor en el Consell por lo de "Terra Mítica"

Más de una treintena de militantes del PP de Elche han pedido la dimisión de la consellera de Cooperación, Gema Amor, hasta que se resuelva el procedimiento judicial abierto por la gestión de la antigua Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) durante su etapa como directora general.

La solicitud ha sido formulada en una carta dirigida al portavoz del Comité Electoral Regional del PP, Vicente Ferrer, con fecha del pasado 25 de enero.

Los firmantes de la misiva justifican su petición en "el eco y la sorpresa que ha producido en la ciudadanía la implicación" de la consellera de Cooperación en "el procedimiento judicial admitido a trámite, a instancias de la Fiscalía, por los presuntos delitos de falsedad documental, malversación y fraude fiscal" por el caso Terra Mítica.

Igualmente, exigen que se aplique la misma doctrina que el PP ha reclamado reiteradamente al PSPV-PSOE en el caso que se imputaba al alcalde de Elche, el socialista Diego Maciá, por un presunto delito de tráfico de influencias e información privilegiada derivado de una operación inmobiliaria, cuya denuncia fue archivada finalmente por la Fiscalía Anticorrupción.

Piden al partido que inste a Amor a que renuncie a su cargo institucional "hasta tanto se resuelva el procedimiento judicial abierto en su contra por los presuntos delitos anteriormente" citados.

En el supuesto de que no se avenga a dimitir, proponen que renuncie a su inmunidad parlamentaria y a su condición de aforada para que pueda tramitarse el procedimiento judicial "sin interferencias algunas".

Los presuntos hechos de la denuncia de la Fiscalía que se le imputan fueron realizados durante 2000 y 2001 cuando "no ostentaba cargo institucional que conllevara inmunidad o aforamiento", añaden.

Los firmantes exponen a Vicente Ferrer que en su "condición de portavoz electoral regional estás cumpliendo con tu deber" al tratar de "poner de manifiesto la honestidad, honradez, ética y deontología que deben presidir y demostrar en todas sus actuaciones todas aquellas personas que ocupen cargos públicos en representación de los partidos políticos", especialmente las que tienen "responsabilidad institucional".

Por ello, se ven "obligados" a poner en su conocimiento "las noticias que en el día a día están publicándose en relación a las presuntas anomalías en la gestión de determinadas actuaciones económicas en el asunto del parque temático Terra Mítica donde implican, o al parecer así lo pretenden" a la consellera.

Argumentan que su petición está justificada para demostrar "el recto y digno proceder en los principios que inspiran el deber" político.

"Es obvio, compañero de partido Vicente Ferrer, que tus competencias no alcanzan las de adoptar acuerdos en el sentido que se solicita, pero, como responsable en la estructura orgánica regional, sí estás en la obligación de trasladar esta cuestión a los órganos superiores correspondientes para la adopción de dichas medidas", finaliza la carta. (EFE)

El Colegio de Aparejadores detecta que se construyen viviendas ´cada vez más pequeñas´ en Alicante

El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante (Coaata) ha detectado que las viviendas que se construyen en la provincia "cada vez son más pequeñas", según destacó hoy el presidente de este órgano, Antonio Morata, quien precisó además que "cada vez las promociones son más grandes".

Morata, quien hoy presentó un estudio comparativo del sector de la Construcción en la provincia de Alicante, resaltó que en 2006 "la tendencia global de descenso del número de edificaciones no se ha correspondido proporcionalmente con el número de viviendas ni con el volumen edificado".

En su opinión, "una de las principales conclusiones" que se pueden extraer del estudio es que el "tamaño de las viviendas construidas cada vez es menor". Así, según dijo, las promotoras "reducen el tamaño de las viviendas e incluyen más cantidad de domicilios en los mismos metros cuadrados edificables".

Esta circunstancia "es reflejo de la sociedad en la que vivimos" y, a su parecer, responde a "multitud de factores", entre los que mencionó la disponibilidad de suelo, los factores demográficos y económicos. Así mismo, el estudio revela que la provincia de Alicante registró durante el pasado año un "suave" descenso del 3 por ciento en el número de visados de viviendas, tendencia que "no es catastrofista como a veces se quiere hacer ver", por lo que es previsible que el propio sector "pueda introducir elementos de corrección que impidan el colapso", según puntualizó.

Del análisis expuesto por Morata se desprende también que el número de visados de viviendas registrados en 2006 fue de 48.133, un 3 por ciento más que en 2005 --en que se visaron 46.687 unidades--, y un 9 por ciento menos en que 2004, en que esta cifra fue de 52.737 unidades. En opinión del presidente de Coaata, "la desaceleración del número de viviendas iniciadas en 2006 ha sido frenada fundamentalmente por la entrada en vigor del llamado Código Técnico de la Edificación (CTE)", según el cual a partir del 30 de septiembre de 2006 todos los proyectos inmobiliarios deben incluir medidas especiales de ahorro energético, seguridad en caso de incendio y seguridad de utilización.

Prueba de ello, según indicó, es el aumento registrado en el mes de septiembre, periodo en el que "el número de viviendas visadas se vio duplicado respecto a la media mensual, con una cifra de 7.779 viviendas". La segunda fase de esta nueva normativa se hará efectiva en marzo de este año, lo que hace prever que este comportamiento del sector registre de nuevo un "repunte" similar al de septiembre de 2006.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Por otra parte, el informe elaborado por el Coaata detecta que los municipios ubicados en la costa son "los grandes protagonistas" del sector urbanístico. En estos puntos de la provincia, como Benidorm, Alicante, Elx, Pilar de la Horadada, Santa Pola, San Vicente, Orihuela o La Vila Joiosa, el efecto del turismo y la migración residencial hacen que "no se llegue a apreciar en esas comarcas el efecto de la ralentización", según explicó.

Morato hizo además un balance pormenorizado de los municipios de la provincia, y subrayó que Elx fue la localidad con más visados de viviendas registrados en 2006, con 328 unidades para un total de 3.399 viviendas; seguido de Alicante, con 312 visados para 4.166 viviendas; Orihuela, con 147 visados para 2.624 domicilios; Torrevieja, con 139 visados para 2.967 construcciones; Dénia, con 125 documentos para 2,240 viviendas y San Vicente del Raspeig, con 109 visados para 1.479 viviendas.

En cuanto a las expectativas de futuro, el presidente de Coaata se mostró convencido de que "continuará la tendencia suave al descenso" en el sector de la provincia, situación que, según precisó, "es similar a la del resto del país". No obstante, comentó que las particularidades del mercado inmobiliario alicantino hacen prever que "en los próximos años una de cada tres viviendas que se construyan vaya a personas extranjeras".

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El cambio climático afectará más a la zona mediterránea española, según nuestros expertos

Un informe del Instituto Nacional de Meteorología predice olas severas de calor y disminución de las precipitaciones en verano

Las regiones del Mediterráneo español serán las más afectadas por los efectos del cambio climático, que supondrán un aumento «significativo» de las temperaturas, ya que son las que soportan un mayor «estrés climático».

Así lo expuso el jefe del Servicio de Climatología del Instituto Nacional de Meteorología (INM), José Antonio López, uno de los veintitrés científicos españoles que intervinieron en el último informe del Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC en sus siglas en inglés).

López explicó que los efectos del cambio climático serán globales y de ellos no se librará ninguna región del mundo, pero serán diferentes en cada una y en España las variaciones se apreciarán más en verano que en invierno, con severas olas de calor, similares a las de 2003, que pueden repetirse cada cinco años.

El INM ha elaborado un estudio, en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, en el que se detallan de forma «regionalizada» los impactos que el cambio climático puede provocar en España durante las próximas décadas, un estudio que hará público el martes la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Las predicciones realizadas por expertos del Instituto Nacional de Meteorología a partir de los principales modelos de estudio que se utilizan en el mundo concluyen que el aumento de las temperaturas a lo largo de las próximas décadas encaja con el incremento que han experimentado durante la segunda mitad del siglo XX.

José Antonio López explicó que las predicciones están en sintonía con las globales que ha hecho el Grupo Intergubernamental, y precisó en ese sentido que el aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones se apreciará más durante los meses de verano.

«Está menos claro qué va a pasar en invierno», dijo el científico, quien advirtió, además, que todos los estudios apuntan hacia una mayor variabilidad de esas precipitaciones cada año o incluso dentro de cada ejercicio.

Lluvias torrenciales

Explicó que esa variabilidad afectará al actual régimen de precipitaciones y complicará el aprovechamiento y la regulación de los recursos hídricos, y que el aumento de las lluvias torrenciales, sobre todo en las regiones mediterráneas, multiplicará los problemas causados por este tipo de precipitaciones.

José Antonio López precisó que los estudios apuntan a que el aumento de las temperaturas en España como consecuencia del calentamiento global será «especialmente significativo» durante el verano, y que las olas de calor severas, similares a las que padeció España en el 2003, se podrían repetir cada cinco años.

Sobre los efectos durante el invierno «hay más incertidumbre», ya que hay una mayor dispersión de los resultados, explicó el experto.

Las regiones más afectadas serán las mediterráneas, ya que son las que soportan un mayor «estrés climático» y se encuentran ya en la actualidad cerca de los «límites» en términos de precipitación y de temperatura.

López dijo que el aumento de las temperaturas y la disminución de las lluvias propiciará en los ecosistemas mediterráneos una mayor «tensión climática».

Desertización

A grandes rasgos dibujó un panorama general en el que la mitad sur de la Península se parecería, a mediados del siglo, al norte de África y el norte de España se parecería al sur peninsular, y advirtió de que el cambio climático agravará problemas como el de la desertización.

«En el sureste peninsular tenemos ya zonas que son casi desiertos, y el problema se va a agravar», dijo el científico, aunque precisó que las incertidumbres de lo que va a ocurrir a escala local son todavía muy grandes.

Las precipitaciones se reducirán hasta en un 40% en la mitad sur de la Península Ibérica en el último tercio de este siglo, según recoge el 'Informe sobre Escenarios Climáticos para España', elaborado por expertos del Instituto Nacional de Meteorología y que se presentó al Consejo Nacional del Clima. En la mitad norte de la Península también se producirá una reducción de precipitaciones, aunque "más pequeña".

El documento presentado es la primera fase de un proyecto cuya finalidad es "generar proyecciones regionalizadas de cambio climático para el siglo XXI, con datos con suficiente resolución espacial y temporal para su aplicación por parte de una amplia variedad de usuarios".

En el «escenario más pesimista», es decir, si la comunidad internacional no ataja en serio las emisiones de CO2 responsables del aumento de las temperaturas, España podría sufrir incrementos térmicos de entre 5 y 8 grados en el último tercio de este siglo. Sobre todo «en el interior peninsular, y algo menos en el litoral», y más en las temperaturas veraniegas que en otras estaciones del año, precisó Francisco Cadarso, director del Instituto Nacional de Meteorología. Así, máximas de hasta 50 grados serían habituales en ciudades del sur de España. En el supuesto más optimista, en caso de que las medidas empezaran a surtir efecto, el aumento de las temperaturas será sólo de entre 3 y 6 grados.

El cambio climático también hará menguar los recursos hídricos. Habrá más evaporación por el calor, más sequías y más prolongadas, y menos precipitaciones. En el Norte ese descenso podría ser de entre el 10 y el 20%, según las áreas.

Son algunos de los datos recopilados por los científicos españoles, que han «regionalizado» los posibles efectos del cambio climático en la península y en Baleares a partir de diferentes escenarios (conocidos en el argot científico como A2 y B2) basados en la evolución que pueden seguir las emisiones de gases de efecto invernadero y en el desarrollo económico y social de cada región.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, abogó por evitar el catastrofismo y dijo que los estudios invitan «a la acción» política y a la implicación de todos los sectores para mejorar los escenarios futuros y para evitar que se cumplan las predicciones con las que coinciden todos los modelos utilizados por la comunidad científica internacional. (EFE y COLPISA)

El último y nuevo "misterio" económico de Elche

La economía local gana en solidez mientras se adapta a la globalización

Avanzan los servicios, aunque calzado y construcción siguen fuertes

Un estudio municipal destaca la «robustez» del mercado de trabajo

Gaspar Maciá

La economía ilicitana cerró el 2006 con evidentes muestras de adaptación al escenario global y con una mejora en su solidez. Las empresas de servicios ganan terreno y van tomando el relevo a los sectores tradicionales de actividad, sobre todo al industrial. En la recta final del año, el mercado de trabajo evolucionó con «robustez» y reaccionó de forma positiva a las políticas de empleo. Así se indica en el Análisis coyuntural correspondiente al cuarto trimestre del 2006, realizado por el Grupo de Estudios de Kiu Comunicación para el Ayuntamiento.

Según el estudio, en el último trimestre del año la industria y la construcción mantuvieron su fortaleza, respondiendo «con éxito a las incertidumbres planteadas en el corto plazo». El calzado prosiguió su transformación para ajustarse al nuevo marco comercial internacional, favorecido por la implantación de aranceles para el calzado de piel de China -16,5%- y Vietnam -10%- por un plazo inicial de dos años por prácticas desleales (dumping).

Los efectos de esta medida adoptada por la Comisión Europea en octubre ya se notaron en diciembre, según el estudio, ya que se observó «un frenazo en la importación de calzado asiático«. FICE ha detectado en enero señales de «recuperación del producto», lo que debe traducirse en cifras positivas para el sector en los próximos meses.

Los últimos datos conocidos sobre la producción de calzado en Elche, correspondientes a octubre pasado, apuntan también en esa dirección. Aunque el número de pares exportados es inferior al del año anterior, se detecta un crecimiento en el valor, situándose en torno a los seis millones de euros, lo que supone un incremento del 12,7%.

En cuanto al otro gran motor económico del municipio, la construcción siguió su proceso de «desaceleración suave» durante el pasado año, manteniéndose en torno a las 3.300 viviendas, consilidando el avance del 28,6% logrado en el 2005. Durante el último trimestre se produjo un incremento del 12,5% en el número de licencias de obra nueva, cifra que se sitúa un 0,5% por debajo del aumento registrado el año anterior.

Empleo

El análisis coyuntural , que se realiza cada trimestre, permite tomar el pulso regular a la evolución de la ciudad atendiendo a sus principales parámetros socioeconómicos.

Uno de ellos es el mercado de trabajo. Los indicadores de empleo ofrecieron durante el último trimestre «un balance alentador», con un flujo constante de mano de obra que se incorpora a la demanda de puestos de trabajo. El informe destaca que en el 2005, la industria y las mujeres registraron relevantes subidas del desempleo.

Sin embargo, los analistas señalan que «la superación de la primera fase de ajuste del calzado y la menor presión de los fujos migratorios enfriaron notablemente» el aporte de estos colectivos a las listas del Servef.

La industria redujo durante el pasado año un 5,2% el número de parados, mientras que el desempleo global creció un 1,3%, hasta los 18.101 desempleados censados en el municipio. Pero estos datos, según apunta el estudio, no implican que se destruyera empleo neto. «Por cada persona que se incorporó al paro registrado, se produjo un aumento de 2,2 trabajadores en alta laboral en el régimen general de la Seguridad Social». Esta cifra se duplica si se contabilizan los distintos regímenes de cotización.

Otro dato positivo en este apartado es que el dato provisional de los contratos realizados en el último trimestre del 2006 -cifra que se incrementa con la definitiva- apenas representa un descenso del 4,2% respecto respecto al 2005. Si se comparan los datos de ambos períodos, reflejan un aumento de la contratación del 5,2% interanual, y de un 170% en la de carácter indefinido, que supuso el 15% del total.

Turismo

La llegada de turistas a la ciudad siguió creciendo durante el año pasado -en buena parte debido a la estancia de la Dama entre mayo y noviembre-. Este aumento de los visitantes se tradujo en un incremento de la cifra de ocupación de los hoteles del término municipal.

Durante el último trimestre del 2006, Elche superó la media provincial en más de un punto al registrar un 64,7% de ocupación, con un crecimiento interanual de 11,2%, frente al 2,6% provincial.

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La rehabilitación sustituirá a las obras de construcción hasta 2012 en Alicante

Promotores y arquitectos apuestan por ella ante la falta de suelo y la complejidad de las nuevas leyes

La rehabilitación de viviendas ocupará un papel central en la actividad de las principales constructoras en los próximos años ante la falta de suelo en las grandes ciudades y la complejidad legal para ejecutar grandes planes. Por ejemplo, el 70% de las edificaciones que se realicen en Valencia en un plazo de cinco años serán restauraciones.

J. SANCHIS

El sector de la construcción se enfrenta a un cambio de ciclo caracterizado por una moderación en el incremento de los precios de las viviendas que se adecuará al IPC en 2008. Pero, además, la nueva legislación urbanística de la Comunitat Valenciana ha aumentado la complejidad para lograr la aprobación de los grandes planes que han caracterizado el desarrollo urbanístico de los últimos años.

A ello se une la falta de suelo para urbanizar que empieza a evidenciarse en los principales municipios de la Comunitat Valencia.

La situación ha llegado a tal extremo que, según la Asociación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de Valencia (ACPV), en un plazo de cinco años el 70% de las obras de construcción que se realicen en Valencia ciudad serán rehabilitaciones. Lo mismo sucederá en otras grandes poblaciones.

El presidente del Colegio de Arquitectos de la Comunitat, Juan Manuel Castillo Carpio, también consideró que esta será la tendencia en el sector de la construcción durante los próximos años. El estudio realizado por la empresa Tecnigrama para esta asociación revela que la actividad rehabilitadora se incrementó un 9% durante 2006 en la ciudad de Valencia. Una tendencia que sigue al alza.

Fuentes de esta asociación recordaron que hasta que no se apruebe la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia quedan únicamente bolsas aisladas de suelo sobre las que los promotores pueden actuar. Es más, precisaron que esta nueva normativa solo prevé la construcción de 15.000 nuevas viviendas, una cantidad que en su opinión es insuficiente.

Otro de los factores que va a jugar un papel importante en que las nuevas actuaciones urbanísticas se centren en la recuperación de viviendas en los cascos históricos es la complejidad de la nueva normativa urbanística.

El Consell ha aprobado desde 2003 Ley de Ordenación del Paisaje y Protección del Territorio (LOPPT), desarrollada con un Reglamento del Paisaje, y la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que han cambiado el marco normativo vigente desde 1994 cuando se aprobó la Ley de Regulación de la Actividad Urbanística (LRAU).

Con esta nuevo catálogo de leyes es necesaria la aplicación de 1.059 nuevos artículos para redactar un plan urbanístico. La rehabilitación de un edificio, en cambio, presenta menos complicaciones legales, según las mismas fuentes.

Castillo Carpio apuntó que, al margen de estos factores, el nuevo fenómeno puede también asociarse a “cambios sociales emergentes”. Entre ellos se refirió al aumento de la capacidad adquisitiva, sobre todo de gente de mediana edad, que tiene una vivienda fuera de la capital “pero ahora quiere volver al centro de la ciudad”.

Mercado en desarrollo
El 10% de los edificios que existen en el municipio de Valencia tienen más de 60 años. 423 son anteriores al siglo XIX, 8.000 al XIX, unos 9.000 a la primera década del siglo XX y unos 25.000 se construyeron antes de la Guerra Civil.

Los expertos consideran que todo ello hace que exista un amplio mercado que aún está por explotar y al que ahora se están dirigiendo las principales empresas constructoras.

Muchos de estos edificios presentan problemas de conservación, pero tienen la ventaja de que no implican el desarrollo de nuevo suelo y la actuación se realiza sobre un edificio ya construido.

Se evita, de esta forma, un crecimiento desmesurado y se recuperan y regeneran partes de las ciudades que hasta ahora estaban deshabitadas o en proceso de abandono, explicaron fuentes del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA).

Valencia cuenta con varias áreas declaradas aptas para proceder a la rehabilitación de edificios. El centro histórico se encuentra dentro de este marco normativo dentro del Plan Riva que incluye los barrios del Carmen, Velluters, Seu-Xerea, Universitat-Sant Francesc y Mercat.

Además, también han sido declaradas áreas a rehabilitar el barrio del Cabañal y el entorno monumental de San Miguel de los Reyes.

Planes Riva y Racha
La política de rehabilitación está siendo apoyada desde la Generalitat Valenciana con ayudas directas a los propietarios que quieran mejorar su vivienda y actuaciones integrales a través de planes concretos de rehabilitación de las infraestructuras para acondicionar estas áreas y hacerlas atractivas a la población.

Esta política de ayudas por parte de la Administración autonómica es otro de los factores que, según los expertos consultados, va a contribuir al incremento de las rehabilitaciones.

En el caso de la ciudad de Valencia, la Generalitat ha puesto en marcha el Plan Riva y en Alicante, el Plan Racha. El Riva, promovido por la Conselleria de Infraestructuras, nació en 1992 con el objetivo de regenerar el centro histórico de Valencia.

En este marco, se han realizado actuaciones en el Barrio de Velluters que ha permitido regenerar las infraestructuras y recuperar esta zona, además de dotarla de distintas instalaciones como centros para la tercera edad o minusválidos. También se ha procedido a rehabilitar el barrio de la Muralla Musulmana, varias áreas de actuación integrada del PGOU de Valencia, la Manzana de Guillén de Castro, Liria y Gutenberg, según resaltaron fuentes de Infraestructuras.

La siguiente actuación de la Conselleria de Infraestructuras se realizará en el barrio de Ruzafa. Entre otras intervenciones se ejecutará un aparcamiento público en la plaza Manuel Granero con 469 plazas así como la remodelación del jardín.

Hasta el mes enero de este año, la Conselleria de Infraestructuras ha invertido en proyectos de reurbanización y regeneración 19 millones de euros y ha actuado sobre un área de 42.642 metros cuadrados.

En estos momentos, se encuentran en marcha la rehabilitación de la calle Quart y adyacentes. Además, ya se han redactado los proyectos de reurbanización de la plaza del Ángel y calles Portal de la Valldigna, así como otras intervenciones en Velluters Norte.

Una vez finalizados todos estos proyectos, Infraestructuras habrá actuado sobre 61.222 metros cuadrados con una inversión de 22,9 millones.

El Plan Racha en Alicante se inició en 1997 con un convenio entre Infraestructuras y el Ayuntamiento. La Conselleria está llevando a cabo actuaciones de rehabilitación urbana, conservación y renovación de las infraestructuras con una inversión de 23,9 millones de euros.

De "Las Provincias"

La mitad del millón de viviendas en la provincia están vacías o son de segunda residencia

Alicante es la tercera zona de España con más casas desocupadas la mayor parte del año pese a los intentos del Consell de incentivar el alquiler

Víctor M. Romero

El anuncio desde el Ministerio de Economía y Hacienda de querer subir un 50% el IBI a los propietarios con «viviendas vacías» y el posterior desmentido por parte del ministro del área, Pedro Solbes, ha devuelto a la esfera pública el debate del acceso a la vivienda y el precio de los inmuebles. Y más en Alicante, una de las provincias que en los últimos cinco años ha estado en el punto de mira del «boom» inmobiliario y en la que el 43% de las 980.048 viviendas de la provincia están vacías o son de segunda residencia, según los últimos datos hechos públicos por Instituto Nacional de Estadística (INE) -única fuente fiable y cuyos datos fueron hechos públicos en 2004 - . Una cifra que, según varios expertos del sector de la promoción consultados por este periódico, podría haber crecido «sin problemas» hasta el 50% e incluso superarlos.

En concreto, el INE cifró el número de viviendas de Alicante en 980.048 casas, de las que 157.445 estaban vacías. Un dato que supone el 16% del total de viviendas de la provincia y que, según los expertos, se debe a un crecimiento de la construcción que no ha ido unido a un aumento de la demanda, «algo que se ha intensificado en los últimos tres años». Desde que el INE publicó estos datos se estima que el parque de viviendas en la provincia supera las 1.127.472 inmuebles, por lo que el número de viviendas vacías superaría, según los expertos, las 170.000 viviendas.

En lo que se refiere a las viviendas de segunda residencia, Alicante es la provincia con un mayor número de casas de este tipo en España al contar en 2004 con 267.754 viviendas, lo que supone el 8,4% de la oferta total en el ámbito nacional, situándose por delante de Madrid (8,2%), Valencia (5,9%) o Barcelona (5,8%) entre otras. Estos datos reflejan que la mitad del parque de viviendas de la provincia está desocupado durante más de diez meses al año, ya que las viviendas de segunda residencia suelen ser utilizadas por sus propietarios durante unos 45 días al año. Un dato que sitúa a Alicante como la tercera provincia de España con más viviendas deshabitadas la mayor parte del año.

En opinión del director general de Vivienda y Proyectos Urbanos del IVVSA, Bernabé Bueno, a la hora de valorar estos hay que tener presente que «la provincia presenta unas características eminentemente turísticas», y que en estos datos también se incluyen «los inmuebles que no presentan condiciones mínimas de habitabilidad». Por ello, Bernabé Bueno cree que para sacar las viviendas al mercado es necesario trabajar sobre las que «se encuentran desocupadas todo el año y que podrían ser habitadas de manera inmediata».

Desde la Asociación por Una Vivienda Digna señalan que el parque de viviendas vacías refleja el desmesurado urbanismo que se ha practicado en los últimos años y abogan por aplicar cargas fiscales a las viviendas vacías. Según explica el miembro de la asociación Luis Castrillo «para nosotros, una vivienda de segunda residencia, pese a que sea habitada tan sólo un día, no puede sufrir un recargo de impuestos porque hay viviendas vacías suficientes para satisfacer la demanda del acceso a una vivienda».

De "Información"

El 37% de ciudadanos consultados culpa a Zaplana de la crisis en la CAM, incluidos los de Alicante

La crisis de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), cerrada el pasado 2 de febrero tras meses de hostilidades, caló en la sociedad valenciana, pese a tratarse de un proceso interno de una entidad financiera.

Sin embargo, el sesgo eminentemente político que acabó tiñendo la negociación para cubrir las vacantes en el consejo de administración y la comisión de control de la caja con sede en Alicante no pasó inadvertida para la ciudadanía que, además, se muestra contundente en el reparto de culpas y en el vaticinio de eventuales efectos «colaterales».

De hecho el 45% de los encuestados por Metroscopia considera que el enfrentamiento interno en el seno del PPCV a cuenta de la renovación de cargos en la entidad financiera podría pasarle factura a los populares en las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el próximo 27 de mayo.

Esta proporción, no obstante, baja considerablemente -hasta el 37%- entre los electores que en los comicios de 2003 se decantaron por el PPCV, mientras que es superior para los votantes socialistas -52%- y de Esquerra Unida -53%-.

Pacto «sociozaplanista»

La crisis de la Caja de Ahorros del Mediterráneo alcanzó su punto culminante cuando trascendió públicamente el pacto que suscrito entre el sector zaplanista del PPCV con el PSPV, a espaldas de las direcciones regionales de los populares en Valencia y Murcia, que incluso obligó a intervenir directamente a Mariano Rajoy, quien se posicionó a favor de las tesis de Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, en el transcurso del Foro ABC, celebrado el 30 enero.

El eco de las hostilidades fue advertido por la mitad de los encuestados, que se considera en condiciones de opinar al respecto.

En este punto la conclusión es clara. A la pregunta de quién tuvo más culpa de la situación de conflicto, el 37% de los consultados apunta a Eduardo Zaplana, frente al 6% que lo hace a Francisco Camps.

Esta percepción se repite tanto en los votantes del PP -aunque en este caso el 32% apunta al portavoz parlamentario y aumenta en cinco puntos el apartado de no sabe/no contesta- como en los de la oposición.

Sin diferencias en Alicante

Los resultados también son homogéneos en las tres provincias. Aunque la corriente zaplanista se ha hecho fuerte en Alicante, donde todavía mantiene importantes apoyos a nivel orgánicos, también en este territorio predominan los encuestados que opinan que el ex presidente de la Generalitat fue el principal causante de la crisis en la entidad financiera -36%-.

El enfoque de las hostilidades desde el punto de vista de quién tuvo más razón en el conflicto interno provocado por la renovación de cargos en la entidad financiera también arroja un dictamen favorable al actual presidente del PPCV.

Para el 35% de los encuestados, Camps tenía la razón en el conflicto. Únicamente ocho de cada cien consultados se decantan por otorgársela a Eduardo Zaplana.

http://valencia.abc.es

Las principales cajas de ahorro elevan sus ganancias más de un 70% durante el año 2006

Bancaja fue la tercera caja de ahorros española que obtuvo mejores beneficios durante el año 2006, cuando logró unas ganancias netas de 796 millones de euros, lo que supone un aumento del 139,7% respecto al cierre del ejercicio anterior.

Las seis grandes cajas de ahorros que operan en España obtuvieron un beneficio neto conjunto de 5.895,4 millones de euros en 2006, el 72,06% superior al logrado el año precedente, cuando estas entidades ganaron 3.426,36 millones.

En las cuentas conjuntas de este grupo de cajas -La Caixa, Caja Madrid, Bancaja, CAM, Caixa Catalunya y Caixa Galicia- tuvieron un especial protagonismo las plusvalías que ingresaron algunas de ellas por la venta de parte de su cartera industrial, así como los dividendos procedentes de sus participadas. Esta circunstancia, unida al crecimiento de su actividad comercial permitió un espectacular crecimiento en sus beneficios en un año récord para estas entidades.

La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, la Caixa, fue la que logró un beneficio más abultado, ya que ganó 3.025 millones de euros y duplicó los resultados del año anterior. De ellos, 1.520 millones corresponden a resultados extraordinarios conseguidos por la venta de algunas de sus participaciones industriales, por lo que sin estas plusvalías, el beneficio de la Caixa hubiera ascendido a 1.505 millones de euros, el 24,4% más que el ejercicio anterior.

En total, la entidad consiguió el año pasado unas plusvalías de 1.934 millones de euros por la venta de participaciones, entre las que destacan los 698 millones ganados por la venta del 13,8% del Sabadell, los 680 millones por el 39,5% de Colonial, los 462 millones por el 46,35% de Crédit Andorrà y el 100% de CaixaBank France, y los 61 millones por el 0,3% de Suez.

Al margen de los resultados extraordinarios, el beneficio de la Caixa estuvo impulsado por un crecimiento del 22,8 % en las inversiones crediticias y con un margen de explotación, el que mejor refleja la actividad bancaria, que creció el 15,3%, sin incluir las plusvalías.

Los segundos beneficios más abultados en 2006 entre estas entidades fueron los de Caja Madrid, ya que consiguió entró en el selecto club de empresas españolas cuya ganancia neta anual supera los 1.000 millones de euros.

La caja presidida por Miguel Blesa ganó 1.032,9 millones -un 22,8% más-, gracias al tirón del crédito, que creció al 31% y el incremento del 24,2% de los recursos de clientes gestionados. Además, los resultados se vieron fuertemente impulsados por los dividendos procedentes de su participación del 9,9% de Endesa. En tercer lugar por beneficios se situó Bancaja, con unas ganancias netas de 796 millones de euros, lo que supone un aumento del 139,7% respecto al cierre del ejercicio anterior.

De este total, 425 millones de euros provinieron de los ingresos típicos de la caja y 371 de los atípicos, entre los que destaca la venta de su participación en la sociedad inmobiliaria Metrovacesa, que aportó un beneficio de 400 millones de euros.

El grupo Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) obtuvo unos beneficios netos de 334,8 millones de euros, un 21,15% respecto a 2005, lo que supone que su resultado atribuido ha aumentado en los últimos cinco años un 67%, según la información recopilada. (EFE)

La Generalitat impulsa el "zumosoil", un combustible elaborado con cáscara de naranja

El uso en coches del bioetanol, elaborado a partir de naranja, puede reducir un 90% las emisiones de CO2

El proyecto impulsado por la Conselleria de Territorio y Vivienda para elaborar un biocombustible para automóviles a partir de la pulpa y corteza de las naranjas permitirá reducir hasta un 90% las emisiones de CO2 en la Comunitat. El ex vicepresidente de EE. UU., Al Gore propuso incluso un nombre: el zumosoil.

Mirar al futuro y luchar contra el cambio climático. El conseller de Territorio, Esteban González Pons, anunció esta semana en Madrid, durante unas jornadas sobre este proceso que empieza a notarse en todo el planeta, que la Generalitat va a impulsar la obtención de bioetanol a partir de la pulpa y cáscara de las naranjas que puede ser utilizado como combustible con efectos contaminantes mucho menores que los derivados del petróleo.

El proyecto, impulsado por Territorio y Vivienda en estrecha colaboración con la Conselleria de Agricultura, pretende el desarrollo en la Comunitat de una planta para la fabricación de este combustible.

La Administración autonómica ya se ha puesto en contacto con Ford, referente mundial en la construcción de motores de bioetanol, para que se implique en el proyecto fabricando en Almusafes estos motores. La Generalitat también ha mantenido conversaciones con las dos principales empresas de fabricación de gas españolas, Abengoa y Acciona, que han mostrado su interés en el proyecto. Aunque Territorio no descarta que puedan participar en el proyecto empresas valencianas.

Materia prima de sobra
De esta forma, la Comunitat tendría la materia prima (500.000 toneladas de pulpa y corteza de naranja) y las instalaciones para generar 37,5 millones de litros de bioetanol capaz de dar servicio al 25% del parque actual de automóviles.

Además, la Generalitat pondrá en marcha un Plan Renove Verde que facilite la adaptación progresiva del parque móvil a este tipo de combustible.

El bioetanol es un alcohol producido a partir de la fermentación de los azúcares que se encuentran en los vegetales. Se trata de un combustible con alto poder energético.

Una de sus primeras aplicaciones a los motores fue impulsado por Henry Ford que diseñó el Ford T para funcionar con etanol. Hasta los años 80 la principal motivación para fabricar este alcohol fue su uso como combustible alternativo.

Ahora, el interés se ha centrado en su menor impacto medioambiental. La combustión de bioetanol produce el mismo C02 que absorbió la planta en su crecimiento, con un equilibrio entre emisiones y la captura de este gas.

El Ciemat (Centro de Estudios Energético, Medioambientales y Tecnológicos) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, calcula que el ahorro de emisiones de CO2 del ciclo del etanol E85 (el que se usará como combustible) es del 90% respecto a la gasolina, 170 gramos de CO2 por kilómetro recorrido.

Según los cálculos de la Conselleria de Territorio, si en 2017 el 12% del parque automovilístico consume bioetanol, las reducción de las emisiones de CO2 sería de 0,65 millones de toneladas, un 15% del total.

En 2037, con un 40% del consumo procedente de los biocombustibles, los ahorros en emisión superarían el 45% del total (2,15 millones de toneladas. Si todo el parque utilizara este alcohol, las reducciones llegarían al 90%.

El combustible ya tiene una propuesta de nombre: Zumosoil, una propuesta que el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, sugirió a González Pons. El bioetanol puede utilizarse como combustible para coches solo o mezclado con gasolina. El resultante se conoce como gasohol. La combinación más frecuentes son el E10 y el E85, que contienen el etanol al 10% y al 85%, respectivamente.

El proceso más común de elaboración es la fermentación para convertir azúcares en alcohol. Técnicos de Agricultura han trabajado para superar las dificultades en el proceso de elaboración química y que permiten por primera vez fabricar biocombustible a partir de la naranja.

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El freno a los planes urbanísticos desata la alarma entre promotores y constructores recalcitrantes

El sector muestra su preocupación por la paralización de los proyectos, la nueva legislación y la ralentización de las ventas

La política de la Conselleria de Territorio y Vivienda de frenar la aprobación de grandes planes urbanísticos ha desatado la alarma entre los promotores y los constructores. El sector advierte de que si continúa el freno a los proyectos la economía valenciana sufrirá las consecuencias, ya que la construcción supone el 12,2% del PIB autonómico.

Crearemos el urbanismo de ladrillos verdes y una política sandía: verde por fuera y roja, como el corazón, por dentro.’’ Estas fueron las primeras palabras de González Pons como responsable de Territorio y Vivienda. El nuevo conseller aseguró que seguiría la política de su predecesor, Rafael Blasco, pero los hechos han sido bien diferentes.

J. SANCHIS/VALENCIA

La llegada de Esteban González Pons a Territorio el pasado mes de mayo supuso un cambio notable en la política urbanística del Consell. Frente a unos primeros tres años de la legislatura marcados por una expansión de urbanismo con la aprobación de numerosos planes parciales en toda la Comunitat Valenciana, el nuevo conseller ha dado un giro radical.

Esta nueva política se ha caracterizado porque González Pons, frente a su predecesor, se ha dedicado a fomentar el área medioambiental (la “política sandía”) de su departamento, como la propuesta de creación de un nuevo parque natural junto al cauce del río Turia o el reciente anuncio de promocionar un biocombustible a partir de los desechos de la naranja. En cambio, ha dejado las cuestiones urbanísticas en un segundo plano en una estrategia que parece dirigida a frenar la oleada de críticas que había sufrido la política de su predecesor.

Una de las consecuencias fue que hasta el mes de noviembre, aprovechando el parón estival, se redujo el ritmo de aprobación de planes y las reuniones de las comisiones territoriales de urbanismo.

En ese periodo tan sólo se aprobó el plan de Porchinos en Ribarroja, un proyecto emblemático al contemplar la construcción de la ciudad deportiva del Valencia C.F. Desde noviembre, las comisiones territoriales han vuelto a ponerse en marcha, aunque a un ritmo mucho menor y se limitan a dar luz verde a las actuaciones en suelo programado en los Planes Generales , mientras que los Planes de Actuación Integrada (PAI), sobre terreno no urbanizable que debe ser reclasificado, están a la espera.

Los promotores reconocen en privado que desde noviembre se están aprobando “muy pocos planes en Alicante y Valencia y algo más en Castellón”. El presidente de la Federación de Empresarios Valencianos de la Construcción (Fevec), Eloy Durá, reconoció el parón que ha sufrido la aprobación de planes urbanísticos en los últimos meses.

La preocupación del sector se ha intensificado ante algunas de las propuestas lanzadas por el conseller, como la de repartir las plusvalías obtenidas con la venta de suelo entre los propietarios de los últimos 25 años, medida que algunos promotores calificaron de inaplicables.

Esta política no fue, en un principio, bien acogida por los promotores y constructores que vieron con reticencia la nueva línea marcada por González Pons. Una actitud que se ha suavizado durante los últimos meses tras varios gestos del Consell, pero que aún continúa.

El gerente de la Asociación de Provincial de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunitat Valenciana, Benjamín Muñoz, prefirió no pronunciarse, ya que esta agrupación no quiere interferir en el proceso electoral.

De todas formas, algunos promotores explicaron que no había “malestar” en el sector, aunque sí “diferencias de criterio, normales entre una Administración y unos empresarios”. Pero se mostraron seguros de que habría un cambio tras las elecciones.

Una teoría no compartida por otros empresarios que mostraron su malestar por la situación que están atravesando. “¿Qué pasaría si a la Ford le cortaran la materia prima hasta las elecciones? No es justo que paren el sector para ganar unos votos”, aseguraron. “Nosotros creamos más empleo y riqueza y esto no puede continuar así”, resaltaron.

En la misma línea, añadieron que muchos promotores “están pendientes de créditos y de aprobación de proyectos por lo que nadie se atreve a hablar en voz alta, pero como esto siga así muchas empresas van a cerrar”.

Las mismas fuentes recalcaron que muchos empresarios tienen millones de euros invertidos en futuras promociones que están pendientes de la aprobación de la Conselleria en Valencia, Castellón y Alicante “y están con las manos atadas.

En Castellón está pendiente de aprobación el proyecto de Mundo Ilusión, que afecta a 18,5 millones de metros cuadrados. Una iniciativa que ha sido publicitada en toda España.

En Alicante hay grandes proyectos pendientes como el plan Rabasa, con más de 15.000 viviendas, o campos de golf en Elda o Villena (ambos Ayuntamientos socialistas). El Manhattan de Cullera es otro de los grandes PAI que esperan la aprobación de Territorio.

Nueva legislación
La inquietud también se ha visto agudizada también durante estos últimos meses por la entrada en vigor de una nueva legislación que complica aún más la aprobación de los planes.

En febrero de 2006 comenzó la aplicación de la Ley Urbanística Valenciana (LUV). En agosto entró en vigor el Reglamento del Paisaje que desarrolla parte de la Ley de Ordenación y Protección del Paisaje en la que se establecen las normas que deben cumplir las actuaciones urbanísticas para no dañar el entorno.

La Ley del Golf, aprobada en noviembre, también ha cambiado el marco legal al prohibir que junto a los campos se puedan construir urbanizaciones. En definitiva, con las reformas legislativas la aprobación de un PAI supone la aplicación de 1.059 artículos con la complejidad técnica y jurídica que todo ello conlleva.

Toda esta nueva normativa ha impresionado a los promotores. Uno de los más importantes en la Comunitat resumía la situación con una lacónica frase: “Así no hay quien apruebe nada”.

Nuevo ciclo
La inquietud es evidente. Promotores y constructores señalan la llegada de un nuevo ciclo que se caracterizará por una ralentización del incremento de los precios de la vivienda. Otro de los efectos de este cambio de ciclo, según los promotores, es que la edificación se reducirá a la mitad, de las 800.000 actuales, hasta alcanzar lo que consideran demanda estructural.

Eloy Durá señaló que “antes con sólo poner el cartel vendías el 30% de las viviendas, ahora las vendemos pero cuesta mucho más”. El presidente de Fevec mostró la incertidumbre en la que se encuentra el sector ante el conseller el pasado jueves durante la entrega de sus premios anuales. Durá reconoció la existencia de un cambio de ciclo y pidió en voz alta lo que muchos empresarios sostienen en privado: la necesidad de liberar más suelo.

Durante los últimos años la construcción ha pasado a suponer el 12,2% del PIB de la Comunitat y ocupa a más de 270.000 personas frente a las 125.000 de hace diez años (un 116% más).

Los constructores sostienen que como prosiga esta situación muchas empresas se verán abocadas al cierre con las consecuencias que puede tener para la economía valenciana.

El gerente de la Asociación de Promotores, Benjamín Muñoz, recordó que han organizado unas jornadas para estudiar hacia dónde se dirigirá el sector en los próximos años. Estas jornadas reunirán a economistas, demógrafos, antropólogos y analistas que determinarán las tendencias poblacionales y macroeconómicas y su incidencia.

Destacó que el sector “está un poco expectante” y reivindicó el papel que ha jugado la construcción en el crecimiento económico de los últimos años. Muñoz, que resaltó las buenas relaciones con el conseller, afirmó que creían que se les iba a reconocer el esfuerzo, “pero ahora dicen que las empresas del ladrillo son un sumidero de inversiones, a lo mejor ha llegado el momento de recapacitar y levantar el pie del acelerador”. “Si estamos sobredimensionando la oferta habrá que atemperarla”, recalcó el gerente de los promotores.

El pasado jueves, en el acto de entrega de los premios de Fevec, el conseller de Territorio, pese a no estar previsto que interviniera, aprovechó las peticiones que le lanzó el presidente de esta asociación para tratar de tranquilizar al sector. Se comprometió ante ellos a definir qué suelo podría ser urbanizado en el futuro y cuál no para evitar la incertidumbre. Aunque también pidió a los empresarios un esfuerzo en la mejora de la calidad.

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Elda guardará el bastón de mando del presidente Manuel Azaña por ser ciudad-símbolo de resistencia republicana durante la Guerra Civil

El Ayuntamiento de Elda ha recibido el bastón de mando de Manuel Azaña, uno de los presidentes durante la corta vida de la Segunda República. Se trata de una pieza que ha sido entregada a Elda, porque la ciudad simboliza la resistencia republicana en la Guerra Civil. Hasta el momento, el ex presidente de la República de Portugal, Jorge Sampaio, custodiaba esta pieza histórica, cargada de simbolismo, y fue el mismo Sampaio el que decidió que Elda era el lugar indicado para que se guardara y cuidara.

El alcalde de Elda, Juan Pascual Azorín, recibió en mano el bastón la semana pasada, durante su estancia en Madrid con motivo de la promoción de Elda en la Feria del Turismo (Fitur). Azorín se ha mostrado muy honrado con este gesto y ha prometido custodiar la vara y exponerla para que todos los eldenses puedan disfrutar de esta pieza que recuerda el poder republicano en Elda.

Por el momento, el Ayuntamiento estudia el lugar de exposición. Azorín ha adelantado que podría ser cualquiera de los museos de la ciudad e, incluso, de forma temporal, la biblioteca pública Alberto Navarro.

Un honor

El historiador eldense, Ramón Valero Escandell, ha resaltado el papel de Elda en este momento histórico: «Elda volvió a ser protagonista en defensa de esa legitimidad que Azaña representaba como presidente».

«En Elda y Petrer se trató de fraguar la última resistencia, otorgando durante unos días un protagonismo histórico especial a estos pueblos, y aquí fue donde el gobierno Negrín conoció la dimisión del presidente Azaña», concluía Valero.

Para este historiador, recibir el bastón de Manuel Azaña, al cual denomina el cetro republicano, es «un honor para los que consideramos que los ciudadanos deben asumir como propia la historia de quienes le precedieron, suponiendo un reconocimiento a un papel histórico desempeñado por estas tierras».

De aquellos años de Azaña quedan en Elda «hitos entrañables», según este historiador, como la plaza Castelar, el Colegio Castelar y las Escuelas Nacionales, que hoy ocupan el colegio público Padre Manjón y la nueva biblioteca municipal Alberto Navarro.

En relación a la figura de Azaña, Valero Escandell ha destacado que recuperó algunas de las ideas que Castelar había predicado tiempo atrás «y de las que miles de eldenses, de toda condición y credo político, estaban especialmente orgullosos: el amor incuestionable a España, compatible con una amplia descentralización territorial en todos los aspectos; la defensa de la legalidad democrática y del imperio de la ley; la República como expresión de esa democracia; el progreso material que alcanzase a todas las capas sociales y la regeneración ciudadana a partir de la educación».

Este podría ser el primer paso de un proyecto mucho mayor, puesto que el concejal de Promoción Exterior y Turismo, Carlos Ortuño, ha adelantado que la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó prepara la creación de una ruta local que recuerde los lugares donde se vivió la última resistencia del bando republicano durante la Guerra Civil.

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Elche se sitúa a la cabeza de la provincia en cuanto a construcción de viviendas

Elche fue durante el pasado año el municipio de la provincia con más promociones inmobiliarias aprobadas, según un estudio realizado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante (COAATA), que será presentado el próximo lunes.

En el avance de dicho estudio, que recoge datos de los últimos cinco años, a partir del 2004 comenzó a notarse la desaceleración en el sector de la construcción en la provincia. Respecto al último año, destaca que el municipio de Elche fue el que más proyectos de nuevas viviendas presentó ante el colegio para su visado preceptivo.

Por otra parte, vecinos de la costa de Orihuela rechazan las 1.500 nuevas casas en Cala Mosca. Consideran que no hay demanda para tantas viviendas y que los extranjeros venden las suyas porque no tienen servicios y porque se sienten inseguros, dice una residente. El Pleno municipal aprobará el próximo martes la urbanización del último tramo litoral sin explotar.

Martina Scheurer, alemana afincada en el litoral oriolano y militante de Los Verdes, afirmó que en la actualidad no existe demanda de viviendas en el litoral «porque los extranjeros no quieren venir a invertir y después no tener ningún tipo de infraestructuras aquí». Scheurer explicó que en estos momentos «no es necesaria la construcción de 1.500 viviendas más, porque en este tema el único que va a salir ganando va a ser el constructor». A su juicio, el terreno podría destinarse «a mejorar la calidad de vida de quien vive aquí».

El coordinador comarcal de Los Verdes, José Manuel Dolón, acudió a la manifestación de ayer para dar el punto de vista de la formación política a la que representa. Según Dolón, «nuestra propuesta es que no se urbanice, pero si hay que hacerlo que se respeten 100 metros desde la costa al interior, que no vaya en altura y que no se haga el muelle deportivo». El ecologista añadió que la protesta pretendía ser «una llamada de atención a las autoridades oriolanas, las españolas y las europeas para que se ponga freno a la masificación».

Algo más de medio centenar de vecinos de Orihuela Costa, la mayor parte de ellos de nacionalidad extranjera, se concentraron ayer en la Cala de la Mosca para rechazar la edificación en estos terrenos de 1.500 viviendas, como tiene previsto aprobar el Pleno municipal el próximo martes con los únicos votos del equipo de gobierno del Partido Popular. La zona es la única que queda en todo el litoral oriolano y practicamente en el de la Vega Baja sin construir, por lo que el rechazo por parte de partidos políticos de la oposición y colectivos vecinales no se ha hecho esperar.

La concentración de ayer por la mañana estuvo convocada por militantes y simpatizantes de Los Verdes que residen en la costa, aunque también se sumaron a la misma integrantes de otros partidos como el PSDE -que hace sólo dos semanas abrió su sede en la zona litoral- y Aemico, uno de las dos formaciones de residentes en las playas de Orihuela que tiene pensado concurrir a las próximas elecciones municipales.

Con pancartas en castellano, alemán e inglés, en una de las cuales se podía leer un elocuente «we don't love Medina» (no queremos a Medina), adornado con un corazón, los manifestantes salieron desde el aparcamiento de un supermercado situado frente a la Cala de la Mosca y cruzaron la N-332 para dar un paseo por la zona que se va a construir. Varias patrullas de la Guardia Civil se desplazaron hasta las inmediaciones de los terrenos que construirá el grupo Gomendio para evitar que el medio centenar de personas volviera a cruzar la carretera nacional, plagada de coches como es habitual, sin poner en peligro sus vidas.

Sin demanda

El coordinador comarcal de Los Verdes, José Manuel Dolón, recordó que la Cala de la Mosca ya se pretendió urbanizar hace años y que durante décadas ha sido un espacio de baño público «que muchas personas han disfrutado y que hay que proteger». Por su parte, Martina Scheurer, militante de la formación izquierdista, afirmó que hay muchos residentes extranjeros que han puesto en venta sus viviendas, por lo que considera que «no hay demanda para construir 1.500 casas más».

Gerard Perret, otro de los vecinos del litoral oriolano, instó al alcalde, José Manuel Medina, a que «modifique el proyecto en lugar de defender el punto de vista de sus amigos, los constructores». Los grupos de la oposición también han solicitado al regidor que negocie con el propietario del terreno la posibilidad de cambiar el proyecto que aparece en el caducado Plan General oriolano. Medina se comprometió a hacerlo aunque aseguró que la urbanización está aprobada desde hace años y que no cree que el promotor vaya a ceder su terreno a favor del Ayuntamiento sin pedir nada a cambio, a la vez que el Consistorio no está en condiciones de endeudarse para pagar ese suelo que por su situación en primera línea de costa alcanzaría un precio astronómico.

La urbanización del grupo Gomendio está dentro del planeamiento aún vigente del municipio. Además, con su aprobación el promotor debe ceder suelo que será el necesario para que a su vez el Consistorio ponga a disposición del Ministerio de Fomento el terreno necesario para la duplicación de la N-332 en esta zona. Además, también se contempla el terreno para la construcción del paseo marítimo que pretende recorrer todo el litoral oriolano y que ya lleva un año en marcha en la zona de Playa Flamenca, todo ello sin coste alguno para las arcas municipales.
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El Tribunal Superior y el Tribunal Supremo ya rechazaron que se construyera un hotel en el campo de golf de El Plantío

Los concejales socialistas Blas Bernal y Luis Almarcha y «el vecino» Andrés Cremades presentaron ante los medios de comunicación las alegaciones que han registrado para tratar de impedir que el Ayuntamiento permita construcción alguna en El Plantío.

J.F. Picó

La trascendencia del documento no radica sólo en la petición para que la promotora Finca Lo Cirer no construya los 204 apartamentos turísticos, sino en que los ediles socialistas se hacen eco de dos sentencias.

La primera está fechada en 1992 y fue dictada por el Tribunal Superior de la Justicia de la Comunidad Valenciana. En su fallo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) «autoriza la construcción del referido campo de golf, salvo el hotel proyectado, sin expresa imposición de las cosas procesales».

La sentencia, fechada en junio del 1992, era fruto de un recurso presentado por la promotora del campo de golf y el hotel, que había visto cómo inicialmente la Conselleria de Obras Públicas, en manos del PSOE, había rechazado el ambicioso proyecto.

El TSJ estimaba parcialmente el recurso, aceptaba el campo de golf, pero excluía cualquier otra edificación. A pesar de esta decisión, Promoblanca, que luego se convirtió en Finca Lo Cirer, solicitó «a prisas y corriendo», según fuentes conocedoras del caso, la Declaración de Interés Comunitario, que le era concedida apenas siete meses después de la sentencia.

Antes de que fuera firmada la DIC, la Generalitat decidió recurrir en casación al Tribunal Supremo. Y hubo que esperar tres años para que hubiera una decisión. La Sala Tercera del TS (Sección Quinta) dictaba una sentencia que declaró no ha lugar el recurso de la Administración autonómica, ratificando por lo tanto la decisión del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, que sí al campo de golf, pero no al hotel.

Así se recoge en un escrito remitido el 21 de febrero al Ayuntamiento por la Conselleria de Obras Públicas, en el que solicita al Ayuntamiento que «se cumpla en sus propios términos la sentencia fieme número 796 de 11 de junio de 1992 del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana».Y así, como si estas sentencias no hubieran existido -al menos, nadie se había hecho eco hasta ahora-, se ha llegado al punto actual.

Los técnicos municipales estudian la solicitud de licencia para construir 204 apartamentos de lujo sobre 14.500 metros cuadrados, después de que una sentencia -que aún no es firme- haya rectificado el permiso concedido por el Ayuntamiento en mayo del 2005 para edificar sobre 22.500 metros cuadrados. Y mientras, la promotora plantea que tiene todos los derechos para continuar las obras, ampliamente ejecutadas en su primera fase, y ha llevado al Ayuntamiento a los tribunales para luchar por los 22.500 metros cuadrados.

Al margen de estas alegaciones, Bernal y Almarcha anunciaron que se dirigirán a la Conselleria de Territorio para que anule la Declaración de Interés Comunitario concedida en 1993.

Ya se desveló el pasado 12 de diciembre una presunta irregularidad en el inicio del expediente, que no ha sido desmentida, ni siquiera por la promotora. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que debió servir para que el Consell autorizara la Declaración de Interés Comunitario (DIC) no incluía la construcción de un hotel, como luego sí fue permitido por la Generalitat en la polémica DIC de 1993 y, más tarde, por el propio Ayuntamiento, que también admitió años después que daba lo mismo edificar un hotel de 100 habitaciones que 204 apartamentos turísticos.

El concejal y ex portavoz adjunto del PSOE, Luis Almarcha, fue rotundo al inicio de su intervención: «Los casos de Mercalicante, Benalúa Sur o los aparcamientos son una broma en comparación con Lo Cirer y forma parte de los desmanes que desde hace veinte años se vienen perpetrando en la Sierra de Colmenares».

Blas Bernal fue el primero en tomar la palabra ante los medios de comunicación. Recordó algunos puntos «oscuros» del expediente, como que la Declaración de Impacto Ambiental no hubiera previsto el hotel, y la Declaración de Interés Comunitario, sí. El concejal socialista solicita que «se inicie un nuevo expediente y si necesita nuevas declaraciones, que se soliciten».

Almarcha fue quien aportó de forma detallada los datos sobre el alambicado expediente, abierto desde principios de los años noventa. Además de apuntar la existencia de las sentencias, el edil del PSOE dio un dato más: «No he encontrado en Urbanismo que el campo de golf tenga licencia de primera ocupación, como tampoco he encontrado y lo he preguntado si las actividades que allí se desarrollan, como comprar material deportivo o tomarse algo para saciar la sed, tiene alguna licencia municipal de actividad».

Correcto en todo momento y sin querer realizar valoración alguna, el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Manuel de Barros, trataba de explicar la comparecencia de dos concejales de su grupo para presentar unas alegaciones. «Lo han hecho a título personal, porque el grupo también va a registrar sus alegaciones», explicaba el concejal del PSOE.

Reconoció que quienes fueron los responsables del grupo hasta hace sólo un año le consultaron que iban a convocar a los medios de comunicación para hablar sobre El Plantío. «No soy un dictador, soy una persona demócrata y respetuosa, estamos en un Estado libre y cualquier persona puede presentar alegaciones».

Comentó que Blas Bernal y Luis Almarcha fueron las personas que llevaron este asunto hasta que dejaron la dirección del grupo. «Fueron quienes presentaron el contencioso administrativo, aunque luego fui yo quien lo asumió hasta la sentencia que nos fue favorable», añadió el portavoz del PSOE.
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Ahora sí es seguro que el AVE llegará a Alicante

El Gobierno saca a concurso el tramo de entrada del AVE a la Estación Intermodal

Fomento licita el acceso a Alicante por 106 millones y destina otros 70 al de Albacete

El Gobierno dio otro pequeño impulso a las obras del AVE entre Madrid y la Comunitat con la autorización de dos importantes tramos: los accesos a las ciudades de Alicante y Albacete. Las obras de la plataforma de vía que va desde la partida rural de La Alcoraya hasta la futura estación Intermodal saldrán a concurso por 106 millones.

La línea de alta velocidad se acerca a Alicante. El Consejo de Ministros autorizó ayer la licitación de dos nuevos tramos de la línea de alta velocidad Madrid-Comunitat Valenciana, localizados en las provincias de Albacete y Alicante, por un presupuesto de 176 millones de euros. Ambos tramos son relevantes, ya que suponen el acceso a las estaciones de ambas capitales.

El trazado que discurre por la capital alicantina mide diez kilómetros y discurre entre la partida rural de La Alcoraya y el acceso a la futura estación Intermodal. El importe por el que saldrán a concurso las obras será de 106 millones de euros y su plazo de ejecución, de 30 meses.

Entre los elementos singulares del trazado destaca un viaducto sobre la carretera local que enlaza el polígono industrial Pla de la Vallonga y el área empresarial de La Cementera, y otro sobre la autopista AP-7 y la rambla de Las Ovejas.

También prevé el proyecto la excavación de un túnel en la sierra La Serreta, de 333 metros de longitud, y el soterramiento de las vías en un tramo de 298 metros que conectará con el acceso a Alicante ya construido, según precisó el Ministerio de Fomento en un comunicado.

Por lo que respecta al tramo de acceso a Albacete, tiene una longitud de 7,2 kilómetros y las obras saldrán a concurso por un presupuesto de 70,23 millones euros. El proyecto contempla la ampliación de la plataforma para el haz de vías de la estación de la capital manchega, la construcción de dos andenes para las futuras vías de ancho AVE y la reubicación de las instalaciones de Mantenimiento de Infraestructura de Adif, entre otras actuaciones.

Entre 2010 y 2012
La subdelegada del Gobierno en la provincia de Alicante, Etelvina Andreu, destacó esta actuación del Gobierno central, ya que en su opinión refleja “la decidida voluntad y apuesta de la Administración por la alta velocidad”, aunque no llegó a aventurarse a fijar una fecha para su llegada a la ciudad.

Los plazos que maneja Fomento sitúan 2010 como el año en el que los convoyes del AVE deberían llegar ya hasta Valencia, pero a tenor del desarrollo de las obras desde la Generalitat lo han puesto en duda cada vez que han tenido ocasión. El Consell tampoco cree posible que la conexión con Alicante entre en servicio antes de 2012.

Lo cierto y verdad es que entre Madrid y Alicante todos los tramos están ya en fase de licitación, en obras o incluso terminados salvo tres próximos a la capital de España (Torrejón de Velasco, Aranjuez y Ontígola) y la estación intermodal, que siguen en proyecto. Otra cosa es el ramal hacia Murcia, cuyo trazado aún sigue en fase de estudio por las alegaciones que han presentado una decena de municipios de la Vega Baja. Si no se desbloquea pronto, no estará listo ni en 2014.

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Las descargas de pescado en el Puerto de Alicante descienden un 77,3% en 2006

El Ministerio de Fomento confirma que la caída registrada en Alicante es la mayor de España

Las descargas de pesca en el Puerto de Alicante han descendido un 77,32% entre enero y noviembre de 2006; se ha pasado de 3.510 a 796 toneladas. Esta caída ha sido la más importante de toda España, según los datos aportados por el Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado.

EFE

El puerto de Alicante ha registrado entre enero y noviembre de 2006 un descenso en el número de descargas del 77,32%, la caída más importante registrada en España. En este tiempo se han recibido 796 toneladas de pesca fresca, frente a las 3.510 del año anterior.

Los puertos españoles recibieron entre enero y noviembre del pasado año 221.469 toneladas de pesca fresca, el 2,32% más en relación al mismo periodo de 2005, cuando se alcanzaron 216.448 toneladas, según el informe de Puertos del Estado del Ministerio de Fomento.

El puerto de Valencia también ha registrado un descenso en el número de descargas del 26,37%, pasando de las 1.824 toneladas a las 1.343; mientras que el de Castellón aumentó su tráfico en un 18,37%, alcanzando este año las 8.403 toneladas.

El incremento registrado en el conjunto de España está motivado por la buena entrada en varios puertos, entre los que destaca el de Huelva, con un 70,13% más, al alcanzar las 2.785 toneladas durante los once primeros meses del 2006. También Gijón, Almería, Santander o Vigo incrementaron su volumen de mercancías.

EUPV exige que se acaben las ´complicidades´ de la Generalitat con el ´entramado de Terra Mítica´

El candidato de EUPV por Alicante, Lluís Torró, exigió hoy que se acaben "las complicidades, inhibiciones y silencios" de la Generalitat con el "entramado de facturas falsas y sobre costes de Terra Mítica" y consideró "prácticamente imposible" que el Gobierno valenciano "no supiera que se facturaba a empresas inexistentes".

EFE

Así lo indicó en un comunicado en relación con la información publicada hoy, que revela que la Policía Judicial de Valencia ha comprobado, por orden del juzgado que investiga la causa abierta contra Terra Mítica y una veintena de empresas más vinculadas a las obras del parque temático de Benidorm por un presunto delito a la Hacienda Pública, que 10 de las firmas denunciadas, que cobraron por servicios nunca realizados en la construcción del recinto de ocio, no existen o no tienen actividad.

Torró reprochó al Consell su "defensa numantina de la gestión de la antigua Sociedad Parque Temático de Alicante porque, conforme van progresando las investigaciones judiciales en torno a Terra Mítica, está cada vez más claro que el parque sirvió, además de para especular con los terrenos, para llenar los bolsillos de forma ilegal a una red de personajes sin escrúpulos vinculados al PP".

En su opinión, "si el Gobierno de Francisco Camps no levanta las alfombras y cuenta lo que sabe, será cómplice directo de todo esto". Según dijo, las últimas informaciones llevan "a pensar que es prácticamente imposible que el Gobierno valenciano no supiera que se estaba facturando a empresas inexistentes porque la gestión del parque ha estado siempre bajo control público".

"Aquí el interés no ha estado en generar un proyecto que sirviese de motor al turismo en una zona que, por otro lado, no parecía necesitarlo, sino de facilitar un marco en el que hacer negocios turbios", agregó. En todo caso, consideró que hay "unas responsabilidades políticas tan evidentes, que no parece lógico que nadie del PP, a estas alturas, haya presentado su dimisión".

"Al margen de cualquier otra consideración, y en el supuesto poco probable que el Gobierno desconociera lo que está pasando, alguien debería dar la cara por lo que ha pasado en torno al parque", manifestó.

Veinte expertos fijarán cantidad y ubicación de campos de golf en el País Valenciano

Una veintena de expertos fijará las características, el número y ubicación de los futuros campos de golf que se construyan en la Comunidad Valenciana al amparo de la nueva ley. El informe que emita la comisión, convocada por la Conselleria de Territorio y Vivienda, será vinculante “políticamente” para aprobar los nuevos proyectos.

Despolitizar el debate sobre los campos de golf en la Comunidad Valenciana. Este es el objetivo que se ha marcado la Conselleria de Territorio y Vivienda con la creación de una comisión de diecinueve expertos para que marquen las líneas básicas que, según manifestó el conseller Esteban González Pons, marcarán el desarrollo de estas instalaciones en los próximos años.

González Pons explicó que esta iniciativa surge al amparo de la nueva Ley del Golf, aprobada el pasado mes de noviembre, y recoge una propuesta de Esquerra Unida para realizar un plan de acción territorial.

La comisión, que se constituyó ayer y se volverá reunir en 10 días, congrega a 19 expertos de todos los sectores (federación de golf, empresarios turísticos, arquitectos, urbanistas o ecologistas, entre otros).

En este sentido, el conseller explicó que los representantes del Consell en este organismo no asistirán a las reuniones hasta que no se haya redactado un borrador de ponencia que puede estar finalizado en un plazo de dos meses. “No queremos coartar a nadie ni politizar el dictamen”, aseguró el conseller, quien manifestó su deseo de que esté terminado antes de las elecciones.

Las conclusiones orientarán sobre la construcción los campos de golf de forma que ésta sea de carácter homogéneo y se ajusten a criterios de racionalidad y sostenibilidad.

El conseller resaltó que el informe será “vinculante política pero no jurídicamente”, y añadió que “si se hace bien” marcará las decisiones políticas del gobierno valenciano. Y añadió que “no se trata de un tema menor, ya que este deporte es el que más ha crecido en un plazo de diez años en la Comunidad Valenciana al ritmo de un 10% anual”.

El objetivo de la comisión es, según González Pons, elaborar “una hoja de ruta” para el desarrollo futuro. Este grupo decidirá cuántos son necesarios, su ubicación aproximada, qué condicionantes ecológicos deben reunir y cuál es el margen de crecimiento del sector.

La Comisión de expertos para la redacción de las directrices para la implantación sostenible de campos de golf en la Comunidad Valenciana, a partir de la Ley 9/2006 de 5 de diciembre, reguladora de éstos, arrancó ayer mismo.

González Pons inauguró la primera jornada de trabajo de este comité de expertos de todos los sectores relacionados con el golf. En el Consell confían en que el informe "esté terminado antes del fin de la legislatura". Punto que no pudo asegurar ya que «los políticos no vamos a intervenir ya que el tema del golf ya ha está demasiado politizado y es hora de que sean los expertos los que opinen y saquen sus propias conclusiones, queremos que trabajen con toda libertad».

La Comisión está constituida por Vicente Collado, jefe de Área de Urbanismo; Juan Grau, presidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana; Alejandro Escribano, arquitecto especializado en planificación territorial; Manuel Nieto, director general de EVREN (evaluación ambiental); Juan José Galán, presidente de la Asociación Española de Paisajistas; Manuel García Ferrando, catedrático de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia; José García Comín, director de la agencia Backspin, experto en comunicación del sector y portavoz de la Comisión; Ramón Nomdedeu, presidente del Club de Golf Costa Azahar (campos de golf de titularidad pública); Francisco Vallés, abogado (campos de titularidad privada) ; Juan Manuel Gisbert, catedrático de la ETSI Agrónomos de la Universidad Politécnica de Valencia; Javier Marroquín, del Ayuntamiento de Benidorm (municipios turísticos); Jorge Guarro, jefe servicio promoción de la Agencia Valenciana de Turismo; Hermenegildo Puchades, jefe de área del deporte de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte; Juan Manuel Baixauli, representante de la Asociación de empresas del sector turístico; Francisco José del Campo, director del departamento agroambiental de la Universidad Miguel Hernández (botánico) y Ignacio Luis Serra, coordinador de WWF/ADENA Valencia (asociaciones ecologistas).

El Comité presentará un borrador del informe en el plazo de dos meses y hasta entonces trabajará con total independencia de la Consellería.

En la actualidad hay 22 campos de golf en la y otros 55 se encuentran en tramitación con la antigua legislación, frente a los 42 que hay en Cataluña o los 80 en Andalucía.

El conseller de Territorio y Vivienda recordó que estadísticamente la autonomía podría albergar hasta 65, “pero es algo que tiene que decidir el grupo de expertos”. En cualquier caso, matizó que si se construyeran estos 65 campos la superficie que ocuparían equivaldría “al 0,5% del territorio destinado al cultivo de naranjas en la Comunidad Valenciana”.