martes, 3 de abril de 2007

Baleària incorpora a partir de mayo los dos ferrys de mayor capacidad y velocidad del Mediterráneo


DENIA.- La compañía naviera Baleària incorporará en los próximos meses a las líneas Barcelona-Palma y Valencia-Palma los dos ferrys de mayor capacidad y velocidad que operarán en el Mediterráneo.

Las nuevas unidades de Baleària, construidas en los astilleros Visentini, en Italia, serán entregadas a finales del próximo mes de mayo, la primera, y en octubre, la segunda.

Las mismas fuentes indicaron que sus características los convierten, "no sólo en los buques ferry de mayor capacidad que operarán en el Mediterráneo, sino también en los de mayor velocidad", ya que navegarán a 24 nudos.

Su capacidad de carga es de 2.255 metros lineales y 196 automóviles, lo que se traduce en que podrán acoger 800 pasajeros en 120 camarotes cuádruples, además de camarotes adaptados para personas con movilidad reducida.

Estos buques tienen una eslora de 186,46 metros y una manga de 26 metros y disponen de dos motores principales de 10.800 kilovatios (kw).

La incorporación a la flota de Baleària de estos dos buques de nueva construcción está prevista en el plan de flota de la compañía, que contempla también la construcción e incorporación de otros seis buques, lo que supondrá una inversión en torno a los 300 millones de euros.

El plan de flota de Baleària da prioridad a la adecuación de los buques a los tráficos que han de atender y a la optimización del consumo de combustible, "en consonancia con el compromiso de la compañía con el medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático", indicaron las mismas fuentes.

Los dos nuevos ferrys de Baleària serán bautizados como Borja I y Borja II, denominaciones con las que la naviera rinde un homenaje a la histórica familia valenciana de los Borja.

El primero de ellos se incorporará a finales de mayo o principios de junio al tráfico Barcelona-Palma, mientras que el Borja II lo hará en noviembre a la línea Valencia-Palma.- (EFE)

El Consell da a Alicante la llave de las autonómicas al otorgarle cinco escaños más que hasta ahora



VALENCIA.- El decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de las elecciones autonómicas, firmado ya por el presidente de la Generalitat Francisco Camps, refuerza la posición de Alicante como circunscripción clave para los comicios del 27-M al elegir cinco diputados más en el nuevo hemiciclo que, como marca el nuevo Estatuto, aunque a expensas del resultado de los recursos judiciales, tendrá 99 asientos.

Las comarcas alicantinas son las que más crecen merced al imparable incremento de la población y llegan a un total de 35 escaños frente a los cuarenta de Valencia que, de esta manera, pierde peso electoral en la carrera por la Presidencia de la Generalitat. Castellón, por su parte, tendrá 24 sillones.

El decreto, que ayer entró en vigor tras su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), deja a la provincia en una situación clave para la cita electoral. Primero: Alicante gana terreno a Valencia. Hace cuatro años, los valencianos designaron a un total de 36 parlamentarios por los treinta de la provincia. Ahora, por contra, las comarcas alicantinas llegarán a 35, cinco más, por los 40 de Valencia, únicamente cuatro diputados extra.

Y segundo: la única circunscripción electoral que tendrá un guarismo impar en el reparto será la provincia lo que le otorga, según las cuentas del PP y el PSPV, la llave de las Cortes. Al ser impar el número de diputados a elegir, los populares o el bloque progresista - los socialistas, por un lado, o EU y el Bloc, agrupados junto a sus socios verdes y republicanos en las candidaturas de Compromís pel País Valencià, por otro - pueden conseguir una ventaja clave en el caso de que, finalmente, la mayoría en la Cámara autonómica se decida por uno o dos escaños, algo que las encuestas realizadas hasta ahora no descartan.

De esta manera, de los diez parlamentarios más que, de acuerdo al nuevo Estatuto, deben conformar el parlamento valenciano cinco serán alicantinos, cuatro serán electos por Valencia y únicamente uno corresponderá a la circunscripción de Castellón.

El decreto firmado por Camps hace encaje de bolillos para poder sortear el conflicto legal abierto después de que PP y PSPV no llegaran a un acuerdo para reformar la ley electoral valenciana de 1987, como exigía el nuevo Estatuto de Autonomía aprobado el año pasado.

De hecho, en una complicada argumentación, el presidente de la Generalitat se escuda en la nueva Ley de Gobierno, aprobada por las Cortes hace sólo unos días, para blindar la elección de 99 escaños y dar por derogado el artículo de la Ley Electoral, aprobada en el 87 por el presidente Joan Lerma, que marcaba el número de parlamentarios de la Cámara en los 89 actuales.

«La Ley de la Generalitat 1/1987, de 31 de marzo, Electoral Valenciana, no establece un número de diputados superior a 99, ya que su artículo 11.1 fija dicho número en 89 y este concreto precepto ha sido tácitamente derogado por la Ley Orgánica 10/2006, de 1 de abril, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana», asegura el decreto.

La norma rubricada por Francisco Camps establece, en cualquier caso, la vigencia del Estatuto y, por tanto, la elección de 99 diputados. Ahora está por ver si los tribunales lo aceptan.

El decreto, junto a la decisión sobre el número de parlamentarios y la distribución territorial, también disuelve las actuales Cortes que, hasta la constitución del nuevo parlamento, quedarán formadas por una Diputación Permanente que, como ocurre en los periodos de vacaciones parlamentarias, se podrá reunir para asuntos de urgencia si así lo estiman los grupos parlamentarios.

Igualmente, en cuanto a la cuestión del calendario electoral, el decreto fija la sesión de constitución de la nueva Cámara para el jueves 14 de junio, dos semanas y media después de los comicios; y el arranque de la campaña electoral para la medianoche del viernes 11 de mayo.
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La crisis hipotecaria en EE UU arrastra a New Century a la bancarrota y van cincuenta


NUEVA YORK.- New Century Financial se ha convertido en una nueva víctima de los problemas que están aflorando en el mercado hipotecario estadounidense. La entidad, que hasta hace un par de meses estaba considerada como una de las más activas en la concesión de créditos de alto riesgo, se declaró el lunes en bancarrota.

Éste es el colapso más destacado en un negocio del que ya han desaparecido casi medio centenar de firmas que concedían préstamos a personas con un historial crediticio dudoso.

La entidad hipotecaria explica que adopta este paso de forma voluntaria. Para sortear la crisis, New Century se desprenderá de varios de sus activos y operaciones, que pasarán a manos de Carrington Capital Management, y de Greenwich Capital Financial Products, por un valor total de casi 300 millones de dólares (224 millones de euros).

Brad Morrice, presidente ejecutivo de New Century, explica que es una decisión triste aunque necesaria ante los retos que tiene por delante la industria hipotecaria.

La entidad estadounidense también ha anunciado la eliminación de 3.200 empleos para "alinear mejor la estructura de costes con el actual entorno operativo" y dar una dimensión apropiada para una posible venta.

Los créditos de alto riesgo representan el 10% del total de las hipotecas concedidas en EE UU, según la Reserva Federal (Fed). El presidente del Banco Central, Ben Bernanke, espera que el impacto de la crisis en este negocio sea limitado en el conjunto de la economía.

La Fed no descarta, sin embargo, efectos en el empleo y el consumo privado, lo que puede seguir restando enteros al crecimiento y retrasar la estabilización del mercado.
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Alvaro Cuesta ve probabilidades de tener alcaldesa en Alicante y de gobernar en 3.000 municipios


ALICANTE.- El secretario de Política Municipal del PSOE, Alvaro Cuesta, cifró en 3.000 el número de alcaldías donde aspira a gobernar su partido tras los próximos comicios, al tiempo que precisó que otro de los retos electorales municipales es situar al PSOE como el partido más votado en el conjunto del país.

Cuesta ofreció una rueda de prensa junto a la candidata del PSPV-PSOE a la Alcaldía de Alicante, Etelvina Andreu, y recordó que su formación política gobierna actualmente en 2.700 municipios, aproximadamente, por lo que el crecimiento estimado sería de 3.000 ayuntamientos.

'El objetivo electoral es ser el partido más votado y gobernar en un mayor número de alcaldías', reiteró Cuesta.

No obstante, precisó que su partido 'no da nada por ganado, pero nada por perdido' y, especialmente, porque, según agregó, 'sondeos de voto a nivel nacional dan una línea de crecimiento al PSOE' y arrojan 'una concentración de rechazo' al PP.

Explicó que el PSOE concentrará 'una acción electoral específica' en las 16 ciudades españolas con más de 250.000 habitantes, como Alicante y Valencia, así como en otras con un número algo inferior, como Castellón, entre otras.

Preguntado sobre la alcaldía de Alicante, Cuesta dijo que el alcalde de Alicante y candidato popular en los próximos comicios, Luis Díaz Alperi, representa 'el monumento a la especulación' frente a la opción socialista de 'las buenas prácticas y del buen gobierno'.

Se refirió a las palabras del eslogan popular, 'Confianza' y apuntó el lema 'con fianza' para 'este personaje', en referencia a Díaz Alperi, quien, según recordó, 'tiene varias causas abiertas' en los Tribunales de Justicia.

'Es un exponente de intransigencia' que ha conducido a Alicante hacia 'una dinámica muy regresiva', agregó Cuesta.

Asimismo, tildó de 'iniciativa desafortunada' el denominado Plan Urbanístico de Rabasa (Alicante), que recoge la construcción de 15.000 viviendas, al entender que representa un proyecto 'opaco y motivado por intereses urbanísticos'.

Expuso que con la Ley del Suelo que actualmente se tramita en el Parlamento, 'jamás se hubiera podido plantear' pues hubiera precisado la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

'Ni en los modos, ni en las formas ni en los contenidos se puede admitir este plan, que sólo pretende hipotecar y atar el futuro de la ciudad a la especulación', añadió el representante socialista.

En ese mismo sentido, indicó que la citada Ley del Suelo recoge en su articulado que cuando se hacen modificaciones de 'determinado calibre' es importante conocer 'cómo han evolucionado y cómo se han tramitado las propiedades en los últimos cinco años'.

'Yo creo que habría que mirar el Registro de la Propiedad', dijo Cuesta en referencia al Plan Rabasa. 'A lo mejor nos encontrábamos con alguna sorpresa', agregó.- (EFE)

Ecologistas en Acción formaliza recurso en el TSJ por construcción de 2.286 casas en Sierra Escalona


ORIHUELA.- Ecologistas en Acción ha formalizado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra la urbanización del sector PAU 21 de Orihuela (Alicante), que prevé la construcción de 2.286 viviendas "en el corazón de la Sierra Escalona", según informaron hoy en un comunicado fuentes del grupo ecologista.

Los ecologistas fundamentan su recurso contencioso-administrativo contra la aprobación definitiva por parte del ex conseller de Territorio, Rafael Blasco, el 30 de diciembre de 2005 del proyecto urbanístico, por el que "se construirán 2.286 viviendas, en la ausencia de evaluación de impacto ambiental, la ausencia de garantía de recursos hídricos, el tratamiento insuficiente de las vías pecuarias, la naturaleza forestal de los terrenos incluidos en el sector PAU 21 y la ausencia de la firma del Secretario del Ayuntamiento de Orihuela en su preceptivo informe".

Ecologistas en Acción del País Valenciano considera de "enorme gravedad" que la Conselleria de Territorio y Vivienda aprobara definitivamente el proyecto urbanístico del sector PAU 21, que "incluye la construcción de 2.286 viviendas, hoteles y un campo de golf, sin la garantía suficiente de existencia de recursos hídricos".

Así mismo, indica que "obra en el expediente un Informe del Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), emitido el 19 de diciembre de 2005, once días antes de la aprobación definitiva, en el que afirma que la demanda global para abastecimientos a poblaciones en el ámbito de la CHS excede a las asignaciones previstas para este uso, lo que genera un importante déficit".

De igual modo, según los ecologistas, el expediente resalta que en "las circunstancias actuales y hasta que no se generen nuevos recursos procedentes de la desalación de agua marina de acuerdo con las previsiones, a corto plazo, del programa Agua, no existen recursos hídricos suficientes para satisfacer las nuevas demandas generadas por las actuaciones urbanísticas previstas en el desarrollo del Plan".

Por este motivo, Ecologistas en Acción ha solicitado a la Sección Primera del TSJ a que declare la suspensión cautelar de la actuación urbanística, al considerar que este proyecto urbanístico "debería haber sido objeto de una evaluación de impacto ambiental, por un doble motivo: por la naturaleza de los suelos y por la inclusión de un campo de golf en el proyecto urbanístico , que obliga a una evaluación de impacto ambiental, tal como mantiene en un escrito remitido por el Jefe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental al Ayuntamiento de Orihuela, y que este último hizo caso omiso".

En este sentido, según indicó el grupo ecologista, el proyecto urbanístico" elude la existencia de vías pecuarias en el interior del sector". Así, "a pesar de contar con un informe favorable del Servicio de Vías Pecuarias de la Conselleria de Territorio y Vivienda, la vía pecuaria 'Cañada de la Vereda' no ha sido tenida en cuenta en el proyecto de urbanización ni en la reparcelación del sector, ni las afecciones del proyecto sobre ella fueron informadas por los técnicos de la Dirección Territorial de Alicante".

De este modo, según indicó, el sector PAU 21 "se asienta en terrenos de naturaleza forestal, con importante presencia de especies forestales propias del bosque mediterráneo, que serán exterminadas si el proyecto urbanizador se ejecuta".

Por último, la demanda de los ecologistas se fundamenta en "la ausencia de la firma del Secretario del Ayuntamiento en el informe preceptivo exigido por las leyes del Régimen Local, cuando los acuerdos a adoptar por el Pleno requieran mayoría cualificada".- (Europa Press)

lunes, 2 de abril de 2007

La Comisión Europea advierte a España de los riesgos de su baja competitividad


BRUSELAS.- La mayoría de los 600.000 nuevos empleos creados en España durante 2006 fueron ocupados por inmigrantes. La incorporación de más de 350.000 trabajadores extranjeros al mercado laboral ha permitido sostener el fuerte crecimiento económico, un punto y medio por encima de la media de la zona euro durante la última década. El modelo de desarrollo económico español implica que "la creación de empleo se concentra en sectores de baja productividad, tales como la construcción, el turismo y el servicio doméstico", según el informe interno de la Comisión.

Este informe interno de finales de febrero valora el Programa de Estabilidad presentado por España en diciembre del año pasado. Bruselas advierte de que la baja productividad y el diferencial de inflación con la zona euro están "deteriorando la posición de competitividad en el exterior cuyas tradicionales ventajas comparativas se apoyaban más en los bajos costes de producción que en productos de alto contenido tecnológico". Todo ello conduce a "una ampliación del déficit exterior que podría poner en peligro las perspectivas de crecimiento a medio plazo", avisa la Comisión.

El año pasado, alrededor del 33% del nuevo empleo se creó en la construcción y un 15% adicional en servicios vinculados a la vivienda, como el alquiler y la compraventa. El turismo y los servicios domésticos contribuyeron a crear otro 30% de los puestos de trabajo nuevos. "Todos estos sectores", señala el informe al que ha tenido acceso EL PAÍS, "representan más del 75% del empleo creado en España el pasado ejercicio".

"En contraste", añade, "la industria sólo ha creado el 5% del nuevo empleo". Este desarrollo no habría sido posible sin la participación de los inmigrantes. Más de 500.000 entraron en España el año pasado, con una tasa de participación en el mercado laboral del 80%. Ello significa, que los extranjeros cubrieron más del 70% del empleo creado en estos sectores.

"España parece que está disfrutando una suerte de círculo económico virtuoso", señalan los técnicos de la Comisión. En síntesis, el proceso económico descrito es el siguiente: el consumo privado y la construcción son la causa de la intensa creación de empleo en el sector de la vivienda y en los servicios, que a su vez alimentan de nuevo la demanda interna en un contexto de sanas finanzas públicas y tipos de interés reales negativos.

¿Hasta cuánto durará este virtuosismo que ya se prolonga durante más de 12 años? Junto al aumento del déficit exterior, el riesgo asoma también por el alto endeudamiento de las familias, en gran parte explicado por la masiva inversión en compra de vivienda. Según la Comisión, esta situación "está aumentando la vulnerabilidad de una gran parte de la población por un aumento de los tipos de interés".

El riesgo de las familias españolas por su elevado endeudamiento ha sido analizado por José Luis Malo de Molina, director general del Servicio de Estudios del Banco de España, en un reciente trabajo. En su opinión, "los riesgos son particularmente relevantes para un sector de familias con elevados ratios de endeudamiento y bajos niveles relativos de renta y riqueza, y que, por lo tanto, tienen poco margen para incrementar adicionalmente su carga financiera".

No obstante, destacó la importancia de la revalorización de las viviendas, que ha supuesto un aumento neto "de la riqueza del sector que excede el 800% de su renta bruta disponible, lo que constituye un exponente de solidez financiera del mismo". A su juicio, "los riesgos que plantea el rápido aumento de las deudas de los hogares no están relacionados con la estabilidad financiera, sino con su posible influencia en las decisiones futuras de gasto".

Por encima de la media

A pesar de ello, la Comisión ve "verosímil", la proyección de crecimiento de España que se mantendrá hasta el 3,3% en 2009, siguiendo claramente por encima de la media europea. La cuestión está en que este crecimiento se sostendrá "exclusivamente por la demanda interna, que pasará de crecer el 4,7% en 2006 al 4% en 2009".

El desafío para España está en la pérdida de competitividad en el sector exterior. El bajo crecimiento de la productividad, 0,5% anual, frente al 1% de la zona euro y el diferencial de inflación están deteriorando la balanza exterior. En los próximos tres años, las exportaciones crecerán a un ritmo del 6% anual. En cambio, las importaciones, aunque se moderarán, evolucionarán del 8,5% en 2006, al 7% en 2008. Ahora, las importaciones, ya son un 25% más elevadas que las exportaciones. El endeudamiento neto exterior será del 9,5% en 2008.
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El MARQ abre este martes la muestra de arte asirio procedente del British Museum



ALICANTE.- El Museo Arqueológico de Alicante (Marq) acoge desde este martes la muestra "Arte e Imperio: Tesoros asirios", del British Museum, que reúne más de doscientas piezas del arte y la cultura asiria, además de veinte documentos sobre las excavaciones que las sacaron a la luz a mediados del siglo XIX.

"Arte e Imperio" es, según fuentes de la Diputación de Alicante, una de las mejores exposiciones arqueológicas que ha producido el British Museum y la mayor muestra presentada fuera de los grandes museos que conservan colecciones de arte asirio, como el de Bagdad o el Louvre.

Se trata de la primera vez que llega a España, y lo hace gracias a un acuerdo de colaboración suscrito a finales del año pasado entre ambos museos, y después de que personal del museo británico certificara que el Marq reúne las condiciones para albergar esta exposición.

La muestra, que permanecerá en el Marq hasta el mes de septiembre, recoge también una amplia representación de las mejores realizaciones de esa cultura, entre las que destacan relieves de los palacios de Nínive, Nimrud y Korsabad, que muestran con detalle escenas de guerra, caza, ceremonias áulicas y seres mitológicos.

Con motivo de la exposición, el museo alicantino ha editado un catálogo en español dedicado a la civilización asiria, en colaboración con el British Museum.

Prologado por el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y por el director del museo británico, Neil MacGregor, el catálogo recoge, entre otros contenidos, el descubrimiento de la civilización asiria.- (EFE)

Víctor Campos, vicepresidente del Consell, anuncia su retirada de la política tras las elecciones del 27-M


CASTELLÓN.- El vicepresidente del Consell y secretario general del PP en Castellón, Víctor Campos, anunció hoy en rueda de prensa que abandonará la política cuando finalice la presente legislatura "por motivos personales y familiares".

Según dijo, detrás de esta decisión "no hay absolutamente nada que ocultar". Descartó expresamente cualquier tipo de motivación política.

Campos, que manifestó sentirse "satisfecho y orgulloso" con la actividad política que ha desarrollado durante 16 años en el Ayuntamiento, la Diputación y el Consell, se mostró convencido de que su decisión "no implicará ningún perjuicio para los resultados electorales".

Campos compareció en la sede del Partido Popular (PP) en Castellón y aseguró que, después de esos 16 años de servicio en el partido, "ha llegado el momento de decir adiós", y afirmó que la decisión la tomó hace unos meses y se la comunicó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al presidente regional, Carlos Fabra, y al alcalde de Castellón, Alberto Fabra.

El dirigente popular, que ha esperado a hacer público su abandono de la política tras la firma del decreto de la disolución de Las Cortes y la convocatoria de elecciones, aseguró que "en la vida todo tiene un final, y, desde el punto de vista de la actividad política pública ha llegado el momento de mi retirada".

"Comprendo que algunos puedan no creer lo que digo y que hagan una interpretación distinta al respecto, lo que respeto, pero no existe ninguna otra motivación que me haya movido a tomar esta decisión", aclaró.

Campos afirmó "seguir comprometido" con el proyecto político al que representa".

Según dijo, "estamos en un buen momento electoral, en el que el PP, en la ciudad de Castellón, en la provincia y en la Comunitat Valenciana, tiene magníficas expectativas, y mi decisión no implicará perjuicio para los resultados electorales, por lo que creo que llega en el momento político adecuado".

En este sentido, explicó que ha intentado hacer las cosas bien, "unas han salido mejor y otras no tan bien, pero también he intentado no hacer daño personal a nadie, distinguiendo lo que es el debate político público del aspecto personal de mis adversarios políticos, y creo que lo he conseguido".

Campos, que encabezó la candidatura autonómica del PP por Castellón en las pasadas elecciones, descartó formar parte de ninguna de las listas electorales, incluidas las de las elecciones generales, "puesto que si tuviese interés en seguir en la política, continuaría aquí", dijo.

No obstante, indicó que la lista autonómica "será potente y estará encabezada por una persona conocida y con experiencia".

Respecto a su futuro profesional, manifestó que todavía no sabe a qué se dedicará, "puesto que son decisiones que iré adoptando junto con mi familia".

También manifestó quedarle "alguna espina clavada" a nivel personal durante los años en que se ha dedicado a la política, aunque prefirió no comentarla "puesto que no merece la pena".

Comentó que el "saldo" de la labor desempeñada en los últimos cuatro años "es positivo", puesto que "adquirí compromisos con los ciudadanos y la mayoría se han podido cumplir, sobre todo, los más importantes".

Preguntado por la reacción de Camps ante su decisión, señaló que "habría que preguntárselo a él, aunque creo que la comprende porque sabe que es personal, aunque, a lo mejor, le hubiese gustado que no la hubiese tomado".

Respecto a su cargo como secretario general del PP en Castellón, matizó que "es una cuestión que tendremos que decidir, sobre todo Carlos Fabra, aunque, una vez que pasen las elecciones tiene que haber una lógica, y si uno no está, pues no está", apostilló.

Campos, que seguirá como vicepresidente del Gobierno valenciano hasta las próximas elecciones autonómicas, aseguró que sigue "fiel y leal al proyecto político del PP" y a todas las personas que lo representan, y aseguró que a finales de la semana que viene se darán a conocer las listas autonómicas y municipales y su sucesor en el cargo en el partido.

Campos pasaba, hasta la fecha, por ser el verdadero "cerebro" del equipo de Francisco Camps en la Generalitat Valenciana y la mejor alternativa al actual presidente dentro del PP regional. Su marcha produce un profundo vacío político en la calidad y presagia los peores augurios para el partido del actual gobierno autónomo frente a una izquierda, en general, con un proyecto más democrático, regenerador y creíble.- (Agencias)

domingo, 1 de abril de 2007

La provincia de Alicante ha aumentado el censo en 338.411 nuevos residentes desde el año 2000


ALICANTE.- Alicante es la tercera provincia del país que ha experimentado el mayor crecimiento de población en los últimos seis años. De hecho, sólo Madrid y Barcelona la superan, con incrementos de 802.775 habitantes y de 573.127 personas, respectivamente.

En el caso de Alicante, la provincia ha visto aumentar su población en 338.411 personas desde el año 2000, según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, mientras que la provincia contaba con 1.445.144 habitantes censados en el año 2000, ahora tiene 1.783.555. De éstos, 892.862 son varones y el resto, 890.693, mujeres.

De cerca le sigue Valencia, con un crecimiento de 262.392 habitantes; Murcia, con un aumento de 220.978 y Málaga, que registra un crecimiento de 212.436 personas en los últimos seis años.

El importante incremento de población en la provincia de Alicante ha sido una constante año tras año. No obstante, es en 2002 cuando se da un destacado salto cuantitativo en cuanto a censados. De hecho, mientras que en 2001 la provincia contaba con 1.490.265 habitantes, en 2002 pasa a tener 1.557.968, es decir, 67.703 personas más que un año antes.

En seis años, la población censada en la ciudad de Alicante creció un 14%, sumando 45.545 vecinos nuevos. En Elche el crecimiento fue del 10,6%, con 23.241 personas nuevas empadronadas en seis años.

Benidorm registró un incremento de casi el 20% con 13.306 ciudadanos nuevos; Calpe del 36,5% con 9.649; Dénia del 26% con 10.898; Elda del 6,5% con 3.637; Ibi del 8,8% con 2.067; Xàbia del 21% con 6.146 y Alcoy del 0,2%, el porcentaje más bajo de todos puesto que en seis años tan sólo creció en 167 vecinos nuevos.

Llama la atención municipios donde el crecimiento de su población ha sido espectacular, como el caso de San Fulgencio, con un aumento del 61% y 5.891 nuevos habitantes; Rojales, con un crecimiento de 8.666 personas, un 54%; Torrevieja, que ha incrementado en 41.845 personas, lo que supone un 45,4%; San Miguel de Salinas, con 3.211 nuevos habitantes (un 45%); Polop, con 1.500 (un 41%); Els Poblets, con 1.177 vecinos (un 41%); Santa Pola, con 8.599 nuevos vecinos (un 31%); San Vicente del Raspeig, que ha pasado de 37.883 habitantes a 47.706, (un 20,5% de incremento); Teulada, con un aumento del 27% o el caso de L’Alfàs, con una subida del 23,4%.

Por el contrario, 17 municipios de la provincia de Alicante han perdido población a lo largo de los últimos seis años. Agres, Alcoleja, Balones, Beniarrés, Benifallim, Benilloba, Benimassot, Confrides, Facheca, Famorca, L’Orxa, Penáguila, Planes, Quatretondeta Vall de Ebo y Vall d’Alcalà, la mayoría municipios del interior de la provincia, han reducido el número de habitantes desde el año 2000.

Beniarrés y Benilloba son las localidades que más han acusado la pérdida de población, 73 ciudadanos en el primer caso y 75 en el segundo. La localidad de Confrides perdió 69, Balones 23, Alcoleja 44, Agres 25, benifallim 21, Benimassot 36, Facheca 41, Famorca 9, Gorga 15, L’Orxa 45, Penáguila 57, Planes 16, Quatretondeta 34, Vall de Ebo 46 y Vall d’Alcalà 2.

El 20% son extranjeros

Dos de cada diez personas censadas en la provincia de Alicante son inmigrantes. Así, la provincia tiene censadas a 360.000 personas extranjeras, según la última Encuesta de Población Activa correspondiente al segundo semestre de 2006 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

Y las previsiones son de crecimiento. Un estudio elaborado por la Conselleria de Bienestar Social revela que el colectivo extranjero residente no procedentes de países de la Unión Europea representará el 16% de la población en la región valenciana en 2009. Así, y según dicho estudio, la Comunitat Valenciana tendrá 850.000 inmigrantes en dos años.

Llama la atención la evolución de la población extranjera en la provincia de Alicante. Mientras que en 1995 la mayoría de los extranjeros residentes legales eran europeos (el 85% del total), diez años después suponían el 50% del total. Así, en los últimos años el porcentaje de extranjeros europeos se ha reducido al incrementar la llegada de latinoamericanos, magrebíes, subsaharianos, rumanos y búlgaros.

De hecho, los ciudadanos del este de Europa han experimentado el mayor aumento porcentual, en cuatro puntos sobre el total de la población extranjera en la ciudad. Mientras que en 2003 los ciudadanos de Europa del Este representaban el 6% del total de extranjeros en la ciudad, un año después crecían hasta el 10,6%, pasando en términos absolutos de 1.962 personas a 3.004.

Los rumanos han experimentado una evolución en el padrón de extranjeros en el año 2004, con un crecimiento de hasta un 80%, al tiempo que los búlgaros crecieron un 46,5%. Aunque Rumanía es la nacionalidad con un mayor incremento en la ciudad de Alicante respecto al año anterior y se consolida como una de las más relevantes a principios de 2005, la comunidad procedente de este país es mayor en Elche. En ese mismo año, duplicó en número a los censados en la capital de la provincia.

La llegada de rumanos, especialmente mujeres acompañadas de sus hijos, es un hecho que también han detectado organizaciones no gubernamentales y colectivos de apoyo al inmigrante.

Rebelión vecinal contra la construcción de 3.500 nuevos chalets en la Sierra de Aitana


ALCOY.- Los vecinos de las poblaciones de la sierra de Aitana han denunciado la creciente presión urbanizadora sobre la zona. Por ello han creado una asociación denominada Compromís pels pobles de l’Aitana. Su objetivo principal es evitar las agresiones urbanísticas que están en proyecto, como en el caso de Benasau y Penáguila, donde se prevé la construcción de más de 3.000 viviendas, así como las que se avecinan ante la masiva compra de terrenos por parte de grupos y personas vinculadas a grandes proyectos urbanizadores.

Aitana, la sierra más emblemática de la provincia por su altitud y diversidad paisajística, vive amenazada por las presiones urbanísticas. Varios proyectos aprobados, o en tramitación, en municipios de la zona han sido el desencadenante de la rebelión de los vecinos.

Hace unas semanas se constituyó, con veinte personas al frente, el Compromís pels pobles de l’Aitana. La entidad convocó ayer una asamblea constituyente para conseguir la afiliación de más personas afectadas e interesadas en crear un movimiento ciudadano en la comarca para favorecer un correcto crecimiento de los pueblos e intentar que prime una política social de la vivienda.

El presidente en funciones del colectivo, Eduard Aracil, explica que “no podemos estar pasivos ante estos hechos que afectarán negativamente el futuro ambiental, paisajístico, económico y social de este entorno privilegiado que es la sierra de Aitana, por lo que es necesario organizar un movimiento ciudadano que se enfrente a los grandes inversores y cómplices institucionales que sólo buscan beneficios individuales”.

En Penáguila ya se está organizando un movimiento ciudadano contrario al proyecto urbanizador que pretende crear un segundo pueblo, a tres kilómetros del actual núcleo urbano, destinado preferentemente a extranjeros.

La composición de la nueva zona constaba, y así lo refleja el PGOU, de unas 200 viviendas, dos hoteles y un centro de alto rendimiento deportivo. No obstante, según Aracil la pretensión actual es construir sólo las viviendas y, después de haber comprado grandes fincas, ampliar la urbanización hasta desarrollar un área con más de 1.500 chalés.

Ante esta situación, Aracil ha manifestado que “entendemos que existe un pacto entre el PSOE y el PP para que siga adelante la urbanización, ofrecimientos económicos por medio, y recalificar más terreno para ampliar el número de casas”.

También destaca el caso de Sella, donde está en marcha la construcción de 500 chalés, así como el de Benasau, que contempla la edificación de 1.300 viviendas en un área de 800.000 metros cuadrados. La noticia suscitó un gran revuelo en este último municipio, ya que con la ejecución del plan, el pueblo pasaría de los 190 habitantes actuales a más de 4.000. Por ello, surgió la asociación Frainos, que ya ha presentado 5.600 alegaciones al proyecto y escritos al Consell.

Urbanismo salvaje en zonas del interior

La presión urbanística no sólo está haciendo mella en la sierra de Aitana. También ha llegado hasta los pueblos situados en sus estribaciones, como Planes, Xixona, Alcoy u Orxeta, entre otros. En este sentido, la asociación Compromís pels pobles de l’Aitana anima a los afectados de todos estos municipios a adherirse a la entidad, “ya que están vendiendo los terrenos con los habitantes dentro y al final conseguirán que los pueblos pequeños desaparezcan”, ha apuntado su presidente, Eduard Aracil.

Según Carles Mansanet, de la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció, en la actualidad hay varios planes urbanísticos en las comarcas del interior de la provincia. Destaca el previsto en el Mas de la Foia, en Planes, con unos 300 adosados; otro con 400 chalés entre los términos de Almudaina y Benillup; y sobre 1.900 en La Sarga, pedanía de Xixona, a los pies de la Carrasqueta, con no más de 20 casas, y donde en la actualidad tan sólo habitan dos vecinos durante todo el año.

Además, destaca Orxeta, ubicado el interior de la Marina Baixa con 700 habitantes, que en una década verá su población multiplicada por veinte, tendrá un campo de golf, hotel y zona comercial.

Por último, y entre otros proyectos, se encuentra la urbanización de El Estepar de Alcoy, donde se prevé la construcción de cien chalés en un espacio que queda libre. Los vecinos han decidido movilizarse ante “la presión urbanística” que sufre la ciudad y especialmente esta zona, con el fin de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de urbanismo.
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La población alicantina es la más jóven de España


ALICANTE.- Según los últimos datos estadísticos, la edad media de los residentes en la provincia es de 41,5 años, mientras que los ciudadanos de 28 años son los más numerosos por franja de edad. La edad media de las mujeres supera en dos años a la de los varones que residen en la provincia.

La población de la provincia de Alicante es la más joven de España. Lo dicen los últimos datos estadísticos, que sitúan la edad media de los alicantinos en 41,5 años de edad. Por sexo, los hombres son más jóvenes que las mujeres. Así, mientras la edad media de los varones de la provincia es de 40 años, la de las mujeres es de 43.

Es más. La población alicantina ha rejuvenecido en los últimos años, en gran medida por la llegada de inmigrantes, que han disparado las cifras de nacimientos en los hospitales de la provincia. De hecho, la media de bebés nacidos en Alicante el pasado año de madre extranjera fue del 21,43% sobre 14.639 alumbramientos.

Ante esta situación, la provincia registra uno de los porcentajes más altas del país de habitantes con edades por debajo de los 40 años. De hecho, casi el 55% de la población alicantina se encuentra en esta franja de edad. O lo que es lo mismo, alrededor de 938.000 alicantinos tienen menos de 40 años.

No obstante, es en los 28 años donde se concentra el mayor número de residentes en la provincia, seguidos de los ciudadanos de 30 años, 29 y 27 años de edad. Así, 30.874 alicantinos tendrían 28 años, 30.429 tendrían 30; 30.327 se ubicarían en la franja de 29 años y 30.199 en la de 27.

Sólo los menores de entre 0 y 3 años representan el 3,87% de la población total de la provincia. De hecho, 67.089 censados en Alicante conforman la franja hasta los tres años. Las estadísticas detectan así 16.157 alicantinos de entre 0 y 1 año, 16.974 de un año, 16.705 de dos y 17.253 de tres.

Los menores de entre 4 y 18 años de edad suponen el 15,23% del total de alicantinos, mientras que la población de entre 19 y 30 años es de unas 317.000 personas, lo que supone el 18% del total de residentes en Alicante.

Los ciudadanos de entre 31 y 40 años de edad, poco más de 287.626 personas, suponen el 16,6% de la población censada en la provincia de Alicante.

A partir de los 40 años, la población empieza a descender. Así, de entre 41 y 50 años hay censadas 239.760 personas, el 13,8% del total; de entre 51 y 60 años hay 201.500, el 11,6%; de entre 61 y 70 años, el 10%; de entre 71 y 80 años, el 7% y de más de 81 años, con 53.000 personas, el 3% del total.
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Caja Mediterráneo invierte en empresas 50 millones más de lo que ingresó por venta de participaciones


ALICANTE.- Caja Mediterráneo invirtió el pasado año 206,6 millones de euros en empresas y en adquisición de acciones en sociedades, superando en más de 50,6 millones el montante económico desinvertido. La CAM refuerza así sus peso corporativo, con una cartera industrial que integra hasta 17 sociedades, de las que 6 cotizan en bolsa.

La estrategia industrial de la CAM mantiene su pulso, al igual que el resto de las principales entidades de ahorro, La Caixa, Caja Madrid y Bancaja. Los datos del informe anual de gobierno corporativo revelan como la entidad alicantina prosigue con su apuesta por la participación directa e indirecta en proyectos empresariales. De hecho, en el pasado ejercicio, las inversiones superaron en 50,6 millones a la venta de participaciones en sociedades.

La partida destinadas a adquisiciones ascendió a 206.685.000 euros frente a los 156.045.000 de la suma total de las desinversiones. Unas partidas que incluyen los propios movimientos internos que hace la entidad en sus propias empresas del grupo. Del total invertido, ya sea directamente o a través de sus distintas firmas, 128,4 millones corresponden a compañías que cotizan en bolsa, a los que se suman otros 78,1 millones de otros proyectos empresariales con presencia en la gestión o en sus órganos de gobierno.

Aunque son decenas las iniciativas empresariales en que se integra la caja, con participaciones entorno al 30%, lo que es la cartera industrial propiamente la integran 17 sociedades, de las que 6 cotizan.

Dentro del grupo de empresas participadas con actividad en bolsa se encuentran las energéticas Unión Fenosa –donde posee un 5,15% de las acciones– y Enagás (5,03%); el turoperador alemán TUI (5,13%); la cadena hotelera Sol Meliá (5,01%); la concesionaria de autopistas y servicios Abertis (1,68%); y Bolsas y Mercados Españoles (0,87%).

En 2006 se produjo un cambio en la inversión de 122,6 millones de euros en Union Fenosa. También aconteció una operación en el grupo turístico TUI por valor de 5,8 millones para reforzar su posición en el consejo de administración.

En contraste, la CAM abandonó Metrovacesa, que le reportó 307 millones de euros, tras la venta de su participación del 2,44% en el capital del holding inmobiliario.

En cuanto a los movimientos en otras sociedades fuera de la bolsa, destacan inversiones como la de Ribera Salud, a la que destinó más de 14,4 millones, para poder igualar la participación de Bancaja. También aparece una partida de más de 4,7 millones en Inversis, donde tiene un 15%. No obstante, donde destaca una mayor presencia es en los proyectos turísticos y promotores, como es el complejo hotelero La Jaquita (Canarias), junto a Sol Melià, al que destinó más de 8,1 millones de euros, y en el que posee un 25%.

Un aspecto relevante es que la cartera de sociedades cotizadas de la caja alicantina alcanza ya un valor de más de 1.400 millones de euros, por lo que la actividad industrial se ha consolidado como una estrategia preferente. El mayor valor inversor pertenece a Unión Fenosa, al ascender a 599,6 millones de euros, seguido de la concesionaria Abertis –224,7 millones– y en tercer lugar, TUI, con 206 millones.

La realidad es que la aportación de las plusvalías empresariales a la cuenta de resultados de Caja Mediterráneo, así como los dividendos extraordinarios que ha reportado la venta de participaciones como la de Metrovacesa, han impulsado de una forma importante el volumen de negocio de la entidad financiera.
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Los alicantinos morosos deben 100 millones de euros a las administraciones públicas


ALICANTE.- Las administraciones públicas mantienen abiertos 199.983 expedientes por deudas impagadas en la provincia de Alicante, tanto de empresas como de particulares. Distintos organismos, desde los dependientes del Estado hasta la Generalitat, la Diputación Provincial y los ayuntamientos, tratan de cobrar alrededor de 100 millones de euros correspondientes a impuestos, tasas o embargos que, pese a la dificultad para que se reintegren a la tesorería pública, no están considerados como incobrables.

Un estudio de la empresa Informa D&B, que lidera entre la sociedades privadas españolas el suministro de información económica y financiera, sitúa a la provincia en el quinto puesto del ránking nacional (tras Barcelona, Madrid, Murcia y Valencia) en deudas impagadas a la Administración.

La morosidad con organismos públicos en la provincia creció un 26,27% en 2006 empujada, según el informe, por irregularidades en los pagos a las administraciones incubadas desde el principal sector económico de Alicante: la construcción y la actividad ligada a la vivienda. Los expertos de Informa reflejan en su estudio que seis de las 10 provincias más deudoras están situadas en la costa mediterránea, a la que califica como «zona histórica de impagos». «Esta situación - recoge el informe - se debe básicamente a la creación de empresas de promoción inmobiliaria y de la construcción - el 39% de las empresas deudoras pertenece a estos sectores - que no cumplen con todos los requisitos que la ley exige».

La deuda familiar en España está cifrada oficialmente en más 13.000 millones de euros, lo que incluye cuentas pendientes - las más voluminosas - con los bancos. Los expertos en coyuntura económica calculan que la deuda con las administraciones correspondiente a Alicante se eleva a unos 100 millones de euros, lo que equivale a un endeudamiento medio de 500 euros por moroso.

Cuando los analistas de Informa aluden a las anomalías detectadas en la actividad inmobiliaria, explican que «esta situación irregular se transmite a lo largo de su vida mercantil [de las mercantiles]: las empresas desaparecen sin presentar su disolución, quedando en paradero desconocido e ignorando su cierre la Administración».

En el conjunto de España, las deudas impagadas a la administración aumentaron un 19,7% en 2006. Las provincias con menos impagos en 2006 fueron Teruel (4.603), Ceuta (2.373), Ávila (2.286), Soria (1.596) y Melilla (1.371).

Alicante es la quinta provincia española en número de deudas impagadas a las administraciones, con un total de 199.983 , más de 141.000 de ellos en vía ejecutiva. El 39% de las sociedades deudoras de España pertenece a la inmobiliaria y la construcción , muchas de las cuales ni siquiera notifican su cierre. La morosidad con organismos públicos ha crecido en la provincia un 26,27% en un año. El capítulo que engrosa el endeudamiento de dudoso cobro de particulares y empresas con la Administración corresponde a los embargos , de los que se dictaron en 2006 un total de 46.102 en la provincia, un 136,02% más que el año anterior.
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Un millar de personas recuerda en Alicante a los republicanos muertos en la Guerra Civil


ALICANTE.- Centenares de personas -algo más de un millar según la Policía Local- marcharon esta mañana en Alicante para recordar a los republicanos que perdieron la vida en la ciudad durante los últimos días de la Guerra Civil, y para exigir la colocación de dos monumentos en homenaje a esas personas.

La marcha cívica salió del puerto de Alicante, donde numerosos republicanos lograron huir en barco y otros fueron apresados al final de la Guerra Civil, y continuó en paralelo al mar hasta la actual barriada de La Goteta, donde hace 68 años se instaló un centro de reclusión de presos denominado "Campo de los Almendros".

Una enorme bandera republicana abrió esta movilización, convocada por la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante, que congregó a varios centenares de personas con banderas republicanas y pancartas en las que exigían la construcción de ambos monumentos.

El escritor y miembro de la asociación Enrique Cerdán Tato explicó, en declaraciones a Efe, que uno de los objetivos de la marcha era conmemorar "una fecha lamentablemente triste para Alicante, puesto que la República y la Guerra Civil terminó en el puerto de esta ciudad".

Al margen de este "homenaje a todas aquellas víctimas del franquismo, hombres, mujeres e incluso niños que estuvieron pasando vicisitudes atroces, primero en el puerto y luego en los campos de concentración", la movilización también pretendía reivindicar los permisos para la construcción de dos monumentos en sendos lugares emblemáticos.

Cerdán Tato recordó que la comisión ha pedido a la Autoridad Portuaria de Alicante y al Ayuntamiento los permisos para levantar un "monumento bellísimo" del escultor alicantino Eusebio Sempere en el puerto, y un memorial en el campo de los Almendros para "recordar de forma digna a quienes defendieron la legitimidad republicana".

En la marcha participaron, entre otros, representantes de asociaciones cívicas y de partidos políticos, como los candidatos a la alcaldía de Alicante de EU y el Bloc, José Antonio Fernández Cabello y Antoni Arqués, respectivamente, y la coordinadora general de EUPV y candidata a la presidencia de la Generalitat de Compromís pel País Valenciá, Glòria Marcos.- (EFE)

Declaración por la Libertad de Expresión Digital


A todo ciudadano, a todo blogger:

Es más que evidente la importancia que en los últimos años ha ido cobrando la Red como lugar donde se democratiza la información, donde todo ciudadano, como en la antigua polis, podrá posicionarse, hablar y comunicarse con los demás.

Como casi siempre ocurre, el mercado fue el primer agente en rentabilizar las enormes ventajas que aportaba la Red, pero ha llegado ya el momento de la política, la política realizada desde la sociedad civil, es decir, la que sirve de canal de acceso del ciudadano al Estado.

Aunque el concepto de democracia representativa seguirá vigente, se podrán extraer ciertas ventajas de la democracia directa para hacer a la primera más participativa y sobre todo, realmente representativa. En la Sociedad de la Información, a través de la Red, el ciudadano va a recuperar una parte de su libertad política secuestrada por las élites.

Pero este potencial de libertad política está expuesto a un serio peligro. Porque es también evidente que el poder ha detectado la tremenda importancia que ha adquirido y adquirirá la Red como fuente de información y de interrelación y, por lo tanto, procurará mitigar su influencia.

La libertad de conciencia y de expresión, pilares de la libertad individual, nuestro valor supremo, están más amenazados que nunca. Esto es especialmente preocupante en España, donde se produce una concentración del espacio informativo, ante la pasividad o impotencia del ciudadano, y donde se intenta, desde el poder, cerrar medios de comunicación por manifestar sus propias opiniones.

Determinadas propuestas de legislación (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, Estatuto del Periodista, Ley de Propiedad Intelectual o la Directiva Europea sobre Retención de Datos en las Comunicaciones Electrónicas), fomentan el intervencionismo en el ámbito digital, amenazando la existencia de los bloggers y los medios independientes, con el pretexto de regular el comercio electrónico, proteger los derechos de autor o garantizar nuestra seguridad.

A día de hoy, todavía nadie controla la Red, máximo exponente de un orden social espontáneo, pero se están haciendo serios intentos, y los abusos a los que el individuo va a estar sometido, como la pretensión de dejarle fuera de los circuitos de opinión o de controlarle desde el poder, se harán cada vez más evidentes a medida en que la Red vaya cobrando importancia.

Así, el poder intentará:

1. Designar arbitrariamente qué personas tendrán acceso a la información pública.
2. Controlar los canales de la Red, investigando nuestras relaciones privadas y profesionales.
3. Fiscalizar la Red, exigiendo la identificación pública en Internet.
4. Dificultar la creación de sitios web, burocratizando su mantenimiento.
5. Someter Internet a un régimen legal más estricto que el que hay fuera de la misma Red. Lo que sea legal fuera de Internet que lo sea dentro.
6. Imponer criterios políticos para la concesión de autorizaciones o licencias para los nuevos medios de comunicación digitales, incluidos la radio y la televisión.

De tal forma entendemos que, con el propósito de contribuir a mantener la libertad de expresión en el amplio mundo digital, es necesario unirnos y:

1. Denunciar conjuntamente cualquier abuso contra nuestra libertad de expresión y conciencia, que afecte al libre acceso a la información pública, al control no judicial de nuestras relaciones privadas y a la absoluta libre concurrencia del espacio digital.
2. Comprometermos a reflejar esta declaración en nuestros blogs, y difundirla para crear una red que actúe ante cualquier violación de los principios que defiende.

Trabajo se negó a pagar 23.000 euros que Zaplana gastó en "Turrones Picó" y no certificó en su día


MADRID.- Los desaforados gastos de Eduardo Zaplana al frente del Ministerio de Trabajo entre 2002 y 2004 siguen en aumento. Además de duplicar su fondo presupuestario personal para gastos de protocolo, y de incluir artículos de la cesta de la compra entre los gastos oficiales del Ministerio, las últimas facturas, que ya con el Gobierno socialista el Ministerio se negó a pagar, corresponden a 23.000 euros invertidos en turrón, que el ex ministro dejó sin pagar.

Para la Navidad de 2003, Zaplana encargó a la empresa Turrones Picó un pedido especial que superaba las cuatro toneladas de peso y cuyo importe ascendía a 55.000 euros. Estos pedidos navideños se enviaron, entre otros destinatarios, a decenas de periodistas, y su importe no se presentó como un único objeto, sino fraccionado en siete facturas. Según informa el diario El País, de haber agrupado el importe del turrón en una sola, al superar su importe los 12.000 euros, Trabajo habría tenido que darle una tramitación distinta, mediante concurso.

Partida anual, casi agotada

La primera factura, por cerca de 5.000 euros fue pagada en enero de 2004, y posteriormente se pagaron tres recibos más, con un importe total cercano a los 29.000 euros. Las tres facturas restantes, recibidas entre febrero y abril de 2004 se traspasaron al gobierno socialista, que se negó a pagarlas porque la partida anual de protocolo estaba prácticamente agotada y porque no encontró ningún certificado que justificase ese gasto.

El portavoz del PP aseguró que “es rotundamente falso” que duplicase los gastos de protocolo. El ex titular de Trabajo no duplicó, efectivamente, los gastos totales, sino sólo su asignación personal. Su antecesor en el cargo, el también popular Juan Carlos Aparicio, se atribuyó 18.600 euros de gasto al año para uso protocolario personal, y Zaplana elevó esta cifra a 36.000 euros para sí mismo. El actual titular de Trabajo, Jesús Caldera, volvió a rebajar su presupuesto personal hasta los 24.000 euros.

De los 169.400 euros del gasto total protocolario fijado por Zaplana en 2004, se asignó a sí mismo más de 110.000, quedando sólo 60.000 cuando el Gobierno socialista subió al poder. Otro dato significativo es, por ejemplo, que solo en marzo de 2004 Zaplana utilizó para sus gastos protocolarios 2.999,72 euros, mientras que Caldera, en el mismo mes de 2005 consumió solamente 50,61 euros para el mismo fin. Caldera gastó en su protocolo personal durante los 8 meses que ocupó el cargo en 2004 lo mismo que Zaplana se asignaba para cada mes.

Las cajas prevén en 2008 el fin del "boom inmobiliario" por la caída de la demanda


MADRID.- El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros -Ceca-, Juan Ramón Quintás, advirtió de que si la situación actual de ruptura del equilibro entre oferta y demanda de viviendas se mantiene durante todo el año los precios de los pisos nuevos se estancarán en 2008, algo impensable hace tan sólo un par de años en el cénit del último «boom» de la construcción residencial.

Quintás pronosticó, durante la inauguración del Foro de la Nueva Economía en Madrid, que el crecimiento de la economía española se mantendrá este año en términos similares a los de 2006, si bien a un ritmo ligeramente inferior como consecuencia de la desaceleración el consumo privado y de la inversión en vivienda. Ceca estima que el aumento medio este año será del cinco por ciento.

El euríbor - tipo de interés con el que se firman las hipotecas- se cerrará este mes en el 4,10% y la hipoteca media en 140.725 euros a 25 años, con un cuota mensual de 787 euros, por los 710 euros que se pagaban en 2006. Datos que comparados con los del año pasado representan un aumento medio de 932 euros anuales de media en España, cantidad que aumenta en la provincia de Alicante hasta los 1.200 euros.

La venta de viviendas, tanto nuevas como de segunda mano, entró a finales de año en un proceso de ralentización en la provincia como lo demuestra el hecho de que la propias empresas dedicadas a la tasación de inmuebles hayan congelado sus valoraciones, algo impensable hace un año, cuando los pisos se revalorizaban mes a mes.

Las cajas de ahorros estiman que existe un gran desfase entre la demanda de pisos nuevos y la construcción de los mismos, que en algunas zonas de España mantiene un ritmo frenético. «Esta circunstancia puede producir una contracción en el sector de la construcción, clave en la creación de riqueza y empleo», según apuntó Quintás.

El Parlamento Europeo alerta de la “codicia” del urbanismo expansivo e intensivo español


BRUSELAS.- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que acaba de elaborar el informe de su tercera visita en febrero pasado a municipios de Valencia, Almería y Madrid para analizar su urbanismo, hace “una crítica muy dura y habla de dejación de los poderes regionales y locales” sobre el urbanismo extensivo, según Enrique Climent, presidente de la "Asociación Abusos Urbanísticos No" (http://www.abusos-no.org).

El próximo once de abril comenzará el debate sobre este informe y la propuesta resultante será elevada al pleno de la cámara europea. El parlamento de la UE ya aprobó en diciembre de 2005 otro informe anterior, por 550 votos a favor y 45 en contra, de la diputada Jeanelly Fourtou, en el que se pedía el inicio de un proceso de corrección e indemnización de los abusos urbanísticos que afectan al medio ambiente y a derechos fundamentales.

La Comisión Europea puede que pida una propuesta legislativa o incluso exija una denuncia ante el Tribunal de Justicia.

El informe de los eurodiputados, que recientemente visitaron la Comunidad Valenciana, Almería y la Comunidad de Madrid para investigar quejas urbanísticas, advierte de la "codicia" del sector de la construcción en España y de sus abusos sobre los derechos de los ciudadanos.

El conservador polaco Marcin Libicki y el laborista británico Michael Cashman, que presentaron su informe ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), lamentaron particularmente la situación en la Comunidad Valenciana y se quejaron del trato recibido de sus autoridades.

En su visita de finales de febrero y principios de marzo, los eurodiputados encontraron ayuntamientos con "planes urbanísticos que no emanan de necesidades reales de crecimiento poblacional y turístico, sino de su avaricia y codicia". También visitaron pueblos cuya extensión crece "fuera de toda proporción como resultado de las ambiciones de alcaldes atraídos por los cantos de sirena de los constructores".

Abusos generalizados

El texto, que comenzará a ser debatido en la reunión del próximo 11 de abril y que podría ser elevado como propuesta de resolución al pleno del PE, no se ciñe a las autonomías visitadas, sino que da a entender que los abusos urbanísticos son generalizados en el Estado español.

"En ningún otro país de la UE los derechos de propiedad de los ciudadanos son objeto de este tipo de abusos o con esta extensión", reza el informe, que describe un panorama desolador de la costa mediterránea española. "Las colinas son invadidas por un cáncer de viviendas idénticas, no porque sean necesarias, sino porque proveen beneficios al urbanizador y al constructor, al arquitecto y al abogado", se lee en el texto.

Entre las víctimas de abusos, españolas y del resto de la UE, están quienes ven sus terrenos expropiados en virtud de las legislaciones urbanísticas sobre el suelo, que según los eurodiputados presentan "anomalías" a escala autonómica y estatal. En paralelo, "muchos miles" de personas han adquirido viviendas de "buena fe" y descubierto después que eran ilegales, por lo que viven ahora "bajo la espada de Damocles", según el informe.

Falta de cooperación en la Comunidad Valenciana

La visita incluyó municipios de Madrid, Almería y de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, en todos los casos, objeto de quejas ciudadanas dirigidas al Parlamento Europeo. Es en la Comunidad Valenciana donde la delegación encontró "la mayor arrogancia y la menor explicación sobre los proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras hermosas y frágiles", según el informe.

En el debate ya habido en la comisión de Peticiones, Cashman denunció los "intentos de atacar la integridad" del presidente de la comisión parlamentaria, el polaco Marcin Libicki, y de él mismo, y aseguró, sin citarle, que algún miembro del Parlamento Europeo participó en esa "campaña de difamación".

Además, mientras alabó la "transparencia" con que actuaron las autoridades autonómicas de Madrid y Andalucía, censuró la "falta de cooperación" del conseller valenciano de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, quien, según dijo el laborista, llegó a negar la existencia de los centenares de quejas recibidas en el PE. "Intentaron impedir que diésemos voz a gente que no la tiene", afirmó Cashman.

El eurodiputado del PP Luis Herrero-Tejedor pidió en nombre de su partido "disculpas" a Cashman y a Libicki en el caso de que "alguien les haya maltratado" y expresó su "repulsa más enérgica" a este tipo de prácticas. El socialista valenciano Joan Calabuig denunció por su parte que el portavoz del PP en el Parlamento Valenciano había calificado de "montaje" los trabajos de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

David Hammerstein, del grupo Los Verdes, criticó la "falta de lealtad de la Generalidad Valenciana hacia las instituciones europeas, cuyas recomendaciones ha ignorado olímpicamente". El español Willy Meyer (Izquierda Unida) y la italiana Luciana Sbarbati (Liberal) abogaron por que el Parlamento Europeo exprese por escrito su rechazo a la recepción que tuvo la delegación. "En los ocho años que soy miembro de esta comisión, nunca había sucedido algo así", dijo Sbarbati.

Las autoridades locales, regionales y nacionales no ponen freno a los abusos del desarrollo urbanístico en España, que en los últimos años se han extendido por numerosas localidades por medio de planes que incrementan la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles y en los que los principales perjudicados son sus habitantes y los compradores de las nuevas construcciones.

Éstas son, en general, la conclusiones del informe elaborado por la delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha visitado Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunidad Valenciana para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado ciudadanos españoles y extranjeros.

Este informe viene precedido por otro que realizó la ONU, el pasado mes de diciembre, en el que ya se alertaba de la 'especulación urbanística' desenfrenada que vive España.

El Parlamento Europeo afirma que "la aplicación de las leyes de tierras sigue siendo problemática en muchas regiones autónomas españolas", donde se detectan "presiones para comprometerse en masivos desarrollos urbanos".

La peor parte del informe es para el Gobierno de la Comunidad Valenciana, donde advierte de los peligros para los residentes locales y donde la delegación constató la actitud "más arrogante" de sus autoridades y obtuvo "las menores explicaciones" sobre "proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras muy bellas y frágiles".

Por otra parte, Cashman y Libicki "lamentan sinceramente" que finalmente no se celebrase ninguna reunión con representantes del Ministerio de la Vivienda, con quienes les hubiera gustado hablar del proyecto de la nueva ley del suelo. La reunión se canceló por motivos que "no parecieron muy creíbles", según expusieron en su informe.

Negación de derechos

En términos generales, el informe constata que "la comisión de Peticiones continúa profundamente preocupada por el resultado de la negación continua y persistente de los legítimos derechos de muchos ciudadanos europeos en España, particularmente en la región valenciana, a sus tierras y casas".

Da cuenta de "un gran número de casos documentados" de ayuntamientos que han autorizado planes de desarrollo urbano "no por requisitos relacionados con el crecimiento de la población y el turismo" y "más debido a lo que parece ser su avaricia".

Asimismo, aborda el enorme desarrollo urbanístico que ha acompañado a la "bonanza económica" española durante los últimos años y se pregunta "a cuántos dueños de compañías constructoras en España podemos encontrar en el top 100 de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo".

Afirma que "los residentes de repente encuentran que el tamaño y la población de su comunidad rural se ha multiplicado de manera desproporcionada", de lo que ellos no obtienen ningún beneficio, "pero los constructores sí".

También se observa como "otro fenómeno preocupante" que "cada vez más europeos compran propiedades de buena fe" y sólo después se enteran de que tienen que pagar más tasas a los constructores. "Esta es la Europa de la libertad de movimiento, de la libertad de mercancías y servicios, libertad para explotar en impunidad", proclama el informe.

Directivas incumplidas

El texto considera "probable" que entre las directivas europeas que se violan figuran las relativas al impacto medioambiental, la gestión de aguas y basuras, la fauna y "también muchos casos la directiva contra el lavado de dinero".

En este escenario, admite que las competencias del Parlamento Europeo son "relativamente limitadas", pero transfiere la "responsabilidad real" a las "comunidades autónomas y a las autoridades nacionales españolas" para "corregir este abuso percibido como generalizado", incluso "ante los tribunales si es necesario".

Reclama a la Comisión Europea que actúe para investigar "posibles infracciones" de la ley de la UE; a las autoridades locales, regionales y nacionales "sobre todo de la Comunidad Valenciana", a que "respeten la ley y que se limiten los "poderes excesivos" que en ocasiones disfrutan los constructores.

Sugiere una mayor implicación ciudadana en los planes de desarrollo urbanístico y que se creen tribunales especiales en las comunidades autónomas y se estudien eventuales compensaciones a quienes han perdido sus propiedades por la aplicación de algunas leyes del suelo.

jueves, 29 de marzo de 2007

Trichet, presidente del BCE, anima a España a aumentar productividad para ser más competitiva


BARCELONA.- El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, defendió la moderación salarial para garantizar la creación futura de puestos de trabajo, sobre todo en los países que tienen un desempleo elevado, que no son competitivos o que tienen un nivel bajo de progreso, entre los que incluyó a España, sobre la que dijo que debe aumentar mucho su nivel de productividad.

En una entrevista a 'Catalunya Informació', Trichet expuso que "el nivel superior de productividad laboral es algo importantísimo (en España) que se debe fomentar y eso depende de la formación adecuada de los trabajadores" y de un mercado "lo más flexible posible".

Tipos más bajos que antes del euro

Además, considera que España es uno de los países más beneficiados por el euro y que los tipos de interés "a medio y largo plazo" son "mucho más bajos" que antes de la existencia de la moneda comunitaria.

Trichet se defendió de las críticas sobre que en España los precios han subido más que en otros países europeos, recordando que la inflación que había antes de la llegada de la moneda única estaba muy por encima de la actual.

Respecto a la evolución actual de los tipos de interés, dejó la puerta abierta a nuevas subidas, aunque puntualizó que España se ha beneficiado de las bajadas que tiempo atrás aprobó el BCE.- (Europa Press)

Las exportaciones alicantinas han experimentado un fuerte repunte en el comienzo del año 2007


MADRID.- El primer dato de comercio exterior del año muestra un saldo positivo para la provincia de Alicante, al elevar las exportaciones un 14,7%, con un saldo de 21,6 millones de euros, descontadas las importaciones.

Los sectores productivos de la provincia de Alicante vuelven así a tirar del negocio exterior de la Comunidad Valenciana, por lo menos en cuanto a tasas de crecimiento, al reflejar una subida del 14,7%, lo que supone unas ventas por valor de más de 303,2 millones de euros.

En cuanto a las importaciones, el valor de las compras alicantinas a otros países alcanza los 281,6 millones, lo que supone un 20,2% más. Esta mayor subida, sin embargo, no impide que el balance sea positivo, puesto que el saldo comercial para la provincia es de más de 21,6 millones, con una tasa de cobertura del 107,7%. La principal beneficiaria es la industria tradicional, que toma oxígeno para su recuperación.

La industria del calzado es el primer referente del impulso exportador, con un incremento del 15,6%; para un negocio de 105,2 millones de euros en el mes de enero. Sin embargo, no es el único sector en auge. De hecho, las empresas de la piedra natural y mármol del Vinalopó han elevado sus ventas exteriores en un 19%, con más de 27,3 millones. Tampoco les va a la zaga el juguete, con una subida del 8,8%, al igual que la madera y sus manufacturas, con un 3,5% más.

Por el contrario, la industria textil sufre mayores problemas para su recuperación y mantiene la tendencia de caída, que alcanza un -4,6% en la producción general (textil-hogar, hilados), aunque esa tasa se reduce a un -0,3% en el caso concreto de la confección. Además, junto al calzado, sufre en mayor medida el problema de las importaciones, debido a la invasión de material asiático.

En el conjunto de la Comunidad Valenciana, el global exportador en enero fue de 1.633,89 millones de euros, lo que representa un incremento del 8,8%. La menor subida fue la de Valencia, pese a mejorar un 6,3%, mientras Castellón creció en un 10,2%. No obstante, el valor global de ambas provincias fue mayor que el de Alicante, con ventas exteriores por 896,7 millones y 433,9 millones de euros, respectivamente.

El conseller de Empresa, Justo Nieto, calificó los datos de positivos, con un destacado crecimiento de las exportaciones de Alicante, “lo que nos hacer ser optimistas para este 2007 y viene a reforzar el carácter exportador de las empresas”. Nieto destacó “el esfuerzo que se realiza por conseguir una presencia sólida en el exterior” y ha reiterado el apoyo del Consell “en una apuesta decidida por la internacionalización”.

En el análisis por productos, se evidencia también como los cítricos de la región registran exportaciones valoradas en 299,68 millones de euros y mantienen un ascenso del 12,1% con las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior. También el resto de frutas y hortalizas marcan un buen comportamiento exterior, con una subida del 12,5%, para un negocio de más de 88,7 millones de euros.
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