BRUSELAS.- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que acaba de elaborar el informe de su tercera visita en febrero pasado a municipios de Valencia, Almería y Madrid para analizar su urbanismo, hace “una crítica muy dura y habla de dejación de los poderes regionales y locales” sobre el urbanismo extensivo, según Enrique Climent, presidente de la "Asociación Abusos Urbanísticos No" (http://www.abusos-no.org).
El próximo once de abril comenzará el debate sobre este informe y la propuesta resultante será elevada al pleno de la cámara europea. El parlamento de la UE ya aprobó en diciembre de 2005 otro informe anterior, por 550 votos a favor y 45 en contra, de la diputada Jeanelly Fourtou, en el que se pedía el inicio de un proceso de corrección e indemnización de los abusos urbanísticos que afectan al medio ambiente y a derechos fundamentales.
La Comisión Europea puede que pida una propuesta legislativa o incluso exija una denuncia ante el Tribunal de Justicia.
El informe de los eurodiputados, que recientemente visitaron la Comunidad Valenciana, Almería y la Comunidad de Madrid para investigar quejas urbanísticas, advierte de la "codicia" del sector de la construcción en España y de sus abusos sobre los derechos de los ciudadanos.
El conservador polaco Marcin Libicki y el laborista británico Michael Cashman, que presentaron su informe ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), lamentaron particularmente la situación en la Comunidad Valenciana y se quejaron del trato recibido de sus autoridades.
En su visita de finales de febrero y principios de marzo, los eurodiputados encontraron ayuntamientos con "planes urbanísticos que no emanan de necesidades reales de crecimiento poblacional y turístico, sino de su avaricia y codicia". También visitaron pueblos cuya extensión crece "fuera de toda proporción como resultado de las ambiciones de alcaldes atraídos por los cantos de sirena de los constructores".
Abusos generalizados
El texto, que comenzará a ser debatido en la reunión del próximo 11 de abril y que podría ser elevado como propuesta de resolución al pleno del PE, no se ciñe a las autonomías visitadas, sino que da a entender que los abusos urbanísticos son generalizados en el Estado español.
"En ningún otro país de la UE los derechos de propiedad de los ciudadanos son objeto de este tipo de abusos o con esta extensión", reza el informe, que describe un panorama desolador de la costa mediterránea española. "Las colinas son invadidas por un cáncer de viviendas idénticas, no porque sean necesarias, sino porque proveen beneficios al urbanizador y al constructor, al arquitecto y al abogado", se lee en el texto.
Entre las víctimas de abusos, españolas y del resto de la UE, están quienes ven sus terrenos expropiados en virtud de las legislaciones urbanísticas sobre el suelo, que según los eurodiputados presentan "anomalías" a escala autonómica y estatal. En paralelo, "muchos miles" de personas han adquirido viviendas de "buena fe" y descubierto después que eran ilegales, por lo que viven ahora "bajo la espada de Damocles", según el informe.
Falta de cooperación en la Comunidad Valenciana
La visita incluyó municipios de Madrid, Almería y de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, en todos los casos, objeto de quejas ciudadanas dirigidas al Parlamento Europeo. Es en la Comunidad Valenciana donde la delegación encontró "la mayor arrogancia y la menor explicación sobre los proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras hermosas y frágiles", según el informe.
En el debate ya habido en la comisión de Peticiones, Cashman denunció los "intentos de atacar la integridad" del presidente de la comisión parlamentaria, el polaco Marcin Libicki, y de él mismo, y aseguró, sin citarle, que algún miembro del Parlamento Europeo participó en esa "campaña de difamación".
Además, mientras alabó la "transparencia" con que actuaron las autoridades autonómicas de Madrid y Andalucía, censuró la "falta de cooperación" del conseller valenciano de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, quien, según dijo el laborista, llegó a negar la existencia de los centenares de quejas recibidas en el PE. "Intentaron impedir que diésemos voz a gente que no la tiene", afirmó Cashman.
El eurodiputado del PP Luis Herrero-Tejedor pidió en nombre de su partido "disculpas" a Cashman y a Libicki en el caso de que "alguien les haya maltratado" y expresó su "repulsa más enérgica" a este tipo de prácticas. El socialista valenciano Joan Calabuig denunció por su parte que el portavoz del PP en el Parlamento Valenciano había calificado de "montaje" los trabajos de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.
David Hammerstein, del grupo Los Verdes, criticó la "falta de lealtad de la Generalidad Valenciana hacia las instituciones europeas, cuyas recomendaciones ha ignorado olímpicamente". El español Willy Meyer (Izquierda Unida) y la italiana Luciana Sbarbati (Liberal) abogaron por que el Parlamento Europeo exprese por escrito su rechazo a la recepción que tuvo la delegación. "En los ocho años que soy miembro de esta comisión, nunca había sucedido algo así", dijo Sbarbati.
Las autoridades locales, regionales y nacionales no ponen freno a los abusos del desarrollo urbanístico en España, que en los últimos años se han extendido por numerosas localidades por medio de planes que incrementan la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles y en los que los principales perjudicados son sus habitantes y los compradores de las nuevas construcciones.
Éstas son, en general, la conclusiones del informe elaborado por la delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha visitado Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunidad Valenciana para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado ciudadanos españoles y extranjeros.
Este informe viene precedido por otro que realizó la ONU, el pasado mes de diciembre, en el que ya se alertaba de la 'especulación urbanística' desenfrenada que vive España.
El Parlamento Europeo afirma que "la aplicación de las leyes de tierras sigue siendo problemática en muchas regiones autónomas españolas", donde se detectan "presiones para comprometerse en masivos desarrollos urbanos".
La peor parte del informe es para el Gobierno de la Comunidad Valenciana, donde advierte de los peligros para los residentes locales y donde la delegación constató la actitud "más arrogante" de sus autoridades y obtuvo "las menores explicaciones" sobre "proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras muy bellas y frágiles".
Por otra parte, Cashman y Libicki "lamentan sinceramente" que finalmente no se celebrase ninguna reunión con representantes del Ministerio de la Vivienda, con quienes les hubiera gustado hablar del proyecto de la nueva ley del suelo. La reunión se canceló por motivos que "no parecieron muy creíbles", según expusieron en su informe.
Negación de derechos
En términos generales, el informe constata que "la comisión de Peticiones continúa profundamente preocupada por el resultado de la negación continua y persistente de los legítimos derechos de muchos ciudadanos europeos en España, particularmente en la región valenciana, a sus tierras y casas".
Da cuenta de "un gran número de casos documentados" de ayuntamientos que han autorizado planes de desarrollo urbano "no por requisitos relacionados con el crecimiento de la población y el turismo" y "más debido a lo que parece ser su avaricia".
Asimismo, aborda el enorme desarrollo urbanístico que ha acompañado a la "bonanza económica" española durante los últimos años y se pregunta "a cuántos dueños de compañías constructoras en España podemos encontrar en el top 100 de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo".
Afirma que "los residentes de repente encuentran que el tamaño y la población de su comunidad rural se ha multiplicado de manera desproporcionada", de lo que ellos no obtienen ningún beneficio, "pero los constructores sí".
También se observa como "otro fenómeno preocupante" que "cada vez más europeos compran propiedades de buena fe" y sólo después se enteran de que tienen que pagar más tasas a los constructores. "Esta es la Europa de la libertad de movimiento, de la libertad de mercancías y servicios, libertad para explotar en impunidad", proclama el informe.
Directivas incumplidas
El texto considera "probable" que entre las directivas europeas que se violan figuran las relativas al impacto medioambiental, la gestión de aguas y basuras, la fauna y "también muchos casos la directiva contra el lavado de dinero".
En este escenario, admite que las competencias del Parlamento Europeo son "relativamente limitadas", pero transfiere la "responsabilidad real" a las "comunidades autónomas y a las autoridades nacionales españolas" para "corregir este abuso percibido como generalizado", incluso "ante los tribunales si es necesario".
Reclama a la Comisión Europea que actúe para investigar "posibles infracciones" de la ley de la UE; a las autoridades locales, regionales y nacionales "sobre todo de la Comunidad Valenciana", a que "respeten la ley y que se limiten los "poderes excesivos" que en ocasiones disfrutan los constructores.
Sugiere una mayor implicación ciudadana en los planes de desarrollo urbanístico y que se creen tribunales especiales en las comunidades autónomas y se estudien eventuales compensaciones a quienes han perdido sus propiedades por la aplicación de algunas leyes del suelo.
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