«La dana marcó un antes y un
después en la vida de los valencianos, pero sobre todo, supuso un aviso
devastador acerca de las consecuencias de la emergencia climática y su
relación con el modelo especulativo de ordenación del territorio que
predomina» en la Comunitat, han manifestado.
Este evento --que tiene como objetivo «repensar y debatir líneas y
propuestas de acción para emprender estrategias tanto políticas como
comunicativas necesarias para defender el territorio y proteger la vida
de las personas dentro de este contexto de emergencia climática y
habitacional»-- ha contado tanto con representantes de la esfera
política como con integrantes de asociaciones medioambientales o de
vivienda de la sociedad civil, según ha precisado la formación política
en un comunicado.
Para poder trabajar los contenidos, los participantes se han
distribuido en cuatro mesas: territorio, vivienda, discurso y acción.
Finalmente, la jornada ha contado para su clausura con la portavoz de
Podemos y coordinadora autonómica de la formación, María Teresa Pérez;
la doctora en Derecho y especialista en Derecho Internacional del medio
ambiente, Karla Zambrano; el portavoz de la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH) de Valencia, José Luis González; la secretaria de
horizonte verde de Podem País Valencià, Marta Gómez, y el exsecretario
autonómico de la Generalitat, Julià Álvaro.
Podem ha ironizado de forma crítica que los últimos movimientos del
Consell tras la tragedia de la dana «solo han conseguido remarcar sus
intenciones de cara al futuro» y ha criticado que la modificación de la
Ley de L'Horta, aprobada esta misma semana en Les Corts mediante decreto
ley, «da vía libre a la especulación urbanística en territorio
protegido y zonas inundables»; mientras que la Ley de Costas es «para
suprimir el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del
Litoral (PATIVEL) y continuar con la explotación económica construyendo
hoteles a 200 metros de la costa».
Asimismo, ha censurado el nombramiento de Marián Cano como consellera
de Insdustria, Innovación, Comercio y Turismo o de Miguel Ángel Ivorra
como director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental pues,
a su juicio, «forman parte del núcleo duro del clan de La Nucía y del
círculo de confianza de la herencia del zaplanismo representado por el
'president', Carlos Mazón».
Según la portavoz y coordinadora autonómica de la formación, «los
gobiernos han de ser valientes para enfrentarse al poder económico que
desprecia a la gente y apoyarse en la mayoría social para plantarse ante
los especuladores».
«No hay que reconstruir un pasado de abusos y excesos, que ya
conocemos y sufrimos bastante en la época de Zaplana o Camps, lo que hay
que hacer es plantear desde el eco-socialismo un modelo alternativo
decreciente para tener esperanza ante un panorama cada vez más
apocalíptico», ha reivindicado.
A su vez, ha sostenido que «no hay que expropiar la vida de la gente,
sino las viviendas de los grandes tenedores que sólo las usan para
especular, hay que ilegalizar a los escuadristas nazis de Desokupa
aunque el PSOE no quiera y prohibir de verdad los desahucios».
Por su parte, el exsecretario autonómico de la Generalitat ha
señalado que «se debe cambiar el capitalismo psicópata por una
alternativa que ponga a las personas por delante de la economía».
Por último, la doctora Zambrano ha defendido que «la crisis climática
afecta a muchas esferas, pero en este despertar se tiene que ser
consciente de la necesidad de aplicar mecanismos de resiliencia ante los
fenómenos naturales que van a seguir viniendo».
«No se pide nada descabellado, sino vivir en dignidad dentro de los
estándares de la normativa de los derechos humanos», ha insistido.
Protesta en Alicante
En Alicante, la concentración ha tenido lugar en la
Plaza Séneca, coincidiendo con la Plaça del Llibre, una de las mayores
actividades del fomento de la lectura en valenciano. Han participado
unas 400 personas en una protesta que ha estado marcada por la lluvia
que ha caído en la ciudad durante la tarde, según la Cadena SER.
Se ha leído un manifiesto en el que han señalado que "la nueva ley de
Libertad Educativa arrincona el valenciano, vulnera los derechos
lingüísticos del alumnado y complica la tarea docente y organizativa de
los centros educativos".
"Una manifestación contra la discriminación y
la vulneración de derechos fundamentales como la educación en igualdad y
el derecho lingüístico a conocer las dos lenguas oficiales. Unos
derechos que el sistema educativo ha de garantizar".
Consideran
que la Conselleria de Educación, "en una maniobra claramente
ideológica", ha decidido poner en riesgo el modelo de enseñanza en
valenciano, creando un problema que no existía".
Creen que esta consulta
"no es más que una estrategia para dividir a la sociedad valenciana y
recortar los derechos lingüísticos del alumnado, una cortina de humo
para tapar su incompetencia".
El manifiesto ha seguido argumentando que "aprender valenciano no es,
como quieren hacer creer, un problema y garantizar su conocimiento no es
una imposición. Esta consulta no nace de la preocupación por la
educación, sino de la voluntad de imponer un falso relato: que el
valenciano es un problema, una imposición y que no es necesario".
Aseguran que el valenciano es un bien que hay que proteger y es
también, un pilar de un sistema educativo que ha demostrado sobradamente
su éxito académico y social.
El manifiesto ha reclamado a la
Conselleria de Educación que anule la consulta y que trabaje para
reforzar la enseñanza en valenciano como garantia de una educación de
calidad, igualitaria e integradora.
Una consulta que se abrirá el
próximo martes 25 de febrero en la que las familias de los alumnos
podrán decidir la lengua base, valenciano o castellano, que prefieran
para la educación de sus hijos de cara al próximo curso.
Ismael
Vicedo, portavoz de la Plataforma en Defensa de L'Ensenyament Públic en
Alicante, recuerda que la consulta está recurrida al Tribunal
Constitucional y hasta que se pronuncie, esto podría suponer más "caos".
Cree que esta decisión no es una cuestión de "sentimiento" ni de
"lengua" sino algo que afectará al funcionamiento diario de los
centros, más allá de la continuidad de la Xarxa Llibres.
"La
Conselleria de Educación está planteando la consulta, que no tiene
ningún criterio pedagógico, como si fuera elegir entre el Barça o el
Madrid", ironiza Vicedo.
Vicedo insiste en que se pueden producir problemas a la hora de la
configuración de los grupos, porque el "único criterio para separar a
los alumnos será el de la lengua".
Considera que la Conselleria de
Educación está siendo una "irresponsable" obligando a las familias a que
voten entre las dos lenguas oficiales de la Comunitat.
El
portavoz de la Plataforma en Defensa de L'Ensenyament cree que la
Conselleria debería preocuparse de ofrecer más recursos y personal a los
centros educativos y no de crear problemas que no existen.
Vicedo,
recuerda, además, que la consulta no garantiza el derecho a decidir de
las familias, ya que la distribución final dependerá de las ratios y la
disponibilidad de cada centro.
