Alicante Confidencial

ALICANTE.- La titular de la plaza nº 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha incoado este miércoles, 11 de febrero, diligencias previas para investigar la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus en la Playa de San Juan.

La magistrada ha adoptado esta decisión tras recibir por reparto una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, que fue presentada la pasada semana por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra nueve personas, entre ellas la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, una exdirectora general y otros empleados municipales.

La instructora ha ordenado recabar los procedimientos abiertos en la Fiscalía de Alicante en virtud de diversas denuncias formuladas ante esa institución a fin de unificar en el procedimiento judicial todas las acciones legales en torno a los mismos hechos para tener un conocimiento íntegro y darles la correspondiente tramitación procesal, explica el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

Cabe recordar que el caso se origina tras conocerse que la hasta hace unos días concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento alicantino, Rocío Gómez, y que familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, están entre los adjudicatarios de VPP.

Llorca cree que la relación de PP y Vox no se verá afectada tras la polémica por las viviendas protegidas de Alicante

ALICANTE.- El 'president' de la Generalitat, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, considera que la polémica surgida por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus de la Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, no afectará a su relación con Vox.

"Vox sabe de sobra que al gobierno de la Generalitat no le ha afectado este asunto, que somos muy transparentes y muy exigentes en el día a día, y no creo que tenga ningún problema con ellos", ha manifestado.

En estos términos se ha expresado este miércoles el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, al ser preguntado por si cree que el hecho de que Vox haya reclamado la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), algo que también han hecho los grupos de izquierdas, puede afectar a las relaciones entre las formaciones 'populares' y voxistas tanto en Les Corts Valencianes como en el consistorio.

La polémica ha llegado tras conocerse que la ya exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento, Rocío Gómez, y que familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, están entre los adjudicatarios de VPP.

Además, Miguel Ángel Sánchez ha renunciado al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.

Igualmente, en este contexto, la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha incoado este miércoles diligencias previas para investigar la adjudicación de VPP en esa promoción.

Asimismo, al ser preguntado por si cree que se podría haber actuado "mejor" para "evitar" el caso de las VPP, ha afirmado: "Es que no se pueden hacer mejor. Es que el gobierno de la Generalitat las ha hecho mejor".

"Y hoy en día el plan que hay de vivienda y los requisitos que se exigen son mejores que los que había. Es decir, los requisitos que se pedían y que han originado este problema eran requisitos que estaban aprobados por el anterior gobierno. En este caso, nosotros estamos siendo mucho más estrictos en condiciones y en medidas", ha señalado, entre críticas al anterior Consell del Botànic.

Del mismo modo, ha reconocido que en este caso "aún" hay que ser "mucho más diligentes con esta cuestión".

"Y le puedo asegurar que mi relación con todo aquel que quiera entenderse conmigo siempre es buena. Yo soy una persona abierta al diálogo, al entendimiento", ha afirmado.

Por otro lado, el 'president' ha afirmado que "no" ve que "la acción del alcalde haya generado ninguno de los problemas que se están detectando".

"Lo que está haciendo es intentar que se conozcan todos los hechos. Aquellas personas que también ha considerado que existía la mínima sospecha al respecto han sido apartadas", ha agregado.

Además, sobre si el Consell contempla impedir que cargos de la administración autonómica puedan aspirar a conseguir VPP, una medida que ya han anunciado los ayuntamientos de Alicante y Elche, ha resaltado que hay que "cumplir la ley" y que, por tanto, "aquella persona que tenga un cargo y que quiera optar a cualquier cuestión que esté regulada por la ley lo que tiene que hacer es cumplirla".

También ha valorado que, "evidentemente, en estos casos que son de adquisición de vivienda" y en los que son necesarios unos requisitos económicos, "es difícil que un cargo de la Generalitat cumpla ese requisito".

"Por lo tanto, yo no creo que haya que excluirlos o no excluirlos, lo que hay que hacer es que todos seamos iguales ante la ley", ha apostillado.

"Y lo que aquí ha pasado en este caso es que determinadas personas han utilizado información privilegiada para beneficiarse de su cargo y no estar en igualdad de condiciones respecto a los demás", ha añadido.

De nuevo, se ha mostrado "indignadísimo" y "enfadadísimo" tras haberse conocido que "algunos funcionarios con uso indebido y utilizando información privilegiada se hayan beneficiado de algo tan sensible como es la adquisición de una vivienda".

"Y me indigno aún más a la vista del poco interés que ha habido en la vivienda por parte de los anteriores gobiernos de la Generalitat Valenciana. Ochos años sin construir ninguna vivienda. Nosotros nos tomamos muy en serio el tema de la vivienda. Nos hemos puesto las pilas en la construcción de viviendas", ha agregado.

Igualmente, ha insistido en que los 'populares' han asumido responsabilidades en este caso, con dimisiones como la de la ya exedil Rocío Gómez, y también en la dana. Asimismo, ha comparado el caso de las VPP con accidentes ferroviarios como el de Adamuz (Córdoba):

"Todos sabemos ya que ha sido la falta de mantenimiento en el tren la que ocasionó el accidente. Y allí nunca se asumen responsabilidades. Yo no creo tampoco en los políticos que piden muchas responsabilidades pero luego no asumen ninguna cuando ellos tienen problemas. Ese no es el caso del PP".

La creación de empresas sube un 31,6% en diciembre en la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- La creación de nuevas empresas en la Comunitat Valenciana subió un 31,6% en diciembre en tasa interanual con un total 1.542 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 217, un 16% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de diciembre en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de diciembre, la creación de empresas en la Comunitat Valenciana encadena cinco meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 1.542 empresas creadas el pasado mes de diciembre se suscribieron algo más de 66,98 millones de euros, lo que supone un 8,54% menos que en el mismo mes de hace un año (65,21 millones de capital desembolsado).

De las 217 empresas que echaron el cierre el pasado mes de diciembre en la Comunitat Valenciana, 184 lo hicieron voluntariamente; nueve por fusión con otras sociedades y las otras 24 restantes por otras causas.

La creación de empresas se incrementó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Navarra (+88,33%), Baleares (+44,48%) y Asturias (+41,76%) a la cabeza, excepto en Murcia en donde cayó un 0,68%

En cuanto a la disolución de empresas, Asturias (+80%), Castilla y León (+44,22%) y Extremadura (+40,91%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia las que menos, con retrocesos de un 36,17%, 22,58% y un 9,95%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 16,1% en la Comunitat Valenciana en diciembre, hasta las 288 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 113,62 millones de euros, cifra un 3,6% inferior a la de diciembre del año anterior.

El CES afirma que la inmigración es "esencial", pero debe ir acompañada de un aumento de servicios para no generar rechazo

VALENCIA.- La inmigración en España es «esencial» para sostener el crecimiento económico, el empleo y las pensiones, pero requiere que vaya acompañado de «un aumento paralelo de los servicios públicos necesarios para que se produzca una buena inclusión y no se produzcan rechazo».

Así, lo ha señalado el presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antonio Costas, en la presentación en Valencia del 'Informe sobre al realidad migratoria en España' que se ha celebrado en la sede de la CEV con la asistencia del presidente de los empresarios valencianos, Vicente Lafuente, y de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero. El estudio se ha elaboración a petición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Al respecto, Costas ha explicado que la migración en nuestro país es «singular» y «no tiene comparación» porque si en Europa llevan gestionando este proceso seis o siete décadas, en España se ha pasado de ser «un país de emigrantes a principios de siglo a ser el cuarto país del mundo en migración, se ha pasado prácticamente de cero inmigrantes a casi diez millones de inmigrantes en dos décadas y media».

El informe confirma que la población migrante representa ya una quinta parte de la población residente en España y resulta «esencial» para el crecimiento. De hecho, apunta que España necesitará 2,4 millones de trabajadores en la próxima década y la mayoría serán migrantes.

En 2025 la mayor parte de la población inmigrante vive en Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía y desde el punto de vista de la distribución provincial, los datos revelan la consolidación de la zona del Mediterráneo como el territorio de mayor densidad de población extranjera.

Además, el estudio constata el distinto ritmo de crecimiento de la población de origen extranjero en las diferentes regiones, que pone de manifiesto, por un lado, una posible saturación en territorios donde venían concentrándose altas proporciones de personas de origen foráneo y por otro, una mayor dispersión hacia regiones «tradicionalmente» menos atractivas.

Así, algunas comunidades, como la valenciana, muestran «un gran dinamismo», con un crecimiento de la población extranjera del 29% en solo tres años, añadiendo 270.000 nuevos residentes. Este crecimiento supera «significativamente» la media nacional y posiciona a Valencia como el territorio con mayor atracción migratoria reciente.

La provincia de Valencia concentra 582.000 extranjeros (21%), mientras que Alicante alcanza los 597.000 (29%), configurando un eje demográfico de alta intensidad migratoria.

Costas ha explicado que uno de los efectos positivos es que la inmigración entra en los sectores «más intensivos» en trabajo, como servicios domésticos, hostelería o construcción, lo que genera «un desplazamiento de la población autóctona hacia actividades empleos de mayor productividad y mayores salarios» y a los cinco años «muchos inmigrantes que entran por la parte baja del mercado laboral» también participan de esta mejora.

Por ello, ha reivindicado la necesidad de crear una sociedad informada, que el objetivo que persigue este informe, que sea capaz de distinguir lo que «son beneficios y costes de políticas pragmáticas de lo que son políticas populistas».

Así, ha apuntado que la inmigración es un proceso «intenso y muy denso», que aunque está «siendo gestionado razonablemente» aún requiere «avanzar mucho en las situaciones de irregularidad administrativa», que es «el verdadero problema» tanto para las propias personas inmigrantes que sufren esa situación como para la economía española porque «no permite incorporar a esas personas».

Al respecto, ha apuntado los tres retos que debe afrontar la Administración para avanzar hacia esa integración y aprovechar los efectos positivos: una gestión «controlada, segura y eficaz» de las entradas y de las estancias , así como una regularización «más acelerada y más intensa» porque hay unas 800.000 personas en situación de irregularidad administrativa y, por tanto, «no pueden acceder prácticamente ni al empleo ni a casi ningún servicio» y la existencia de un mercado «alegal» de citas previa que «dificulta mucho el proceso de la regularización».

Por último, reclama «un aumento de la capacidad y de los recursos de los servicios sociales, especialmente en aquellos lugares donde se ha producido una concentración y, en algunos casos, saturación de inmigración».

Por su parte, la doctora en Economía de la Universitat Jaume I (UJI) Maite Alguacil Marí, que forma parte del consejo científico asesor del Gobierno en materia de migración, ha recalcado que la inmigración es «un fenómeno absolutamente estructural: Están aquí y han venido a quedarse y, además, los necesitamos, dada nuestra estructura demográfica y nuestro tejido productivo».

En el caso de la Comunitat Valenciana se han establecido en sectores estratégicos para la economía valenciana como la hostelería, la agricultura, o los cuidados, pero son sectores con «una alta temporalidad que dan lugar a una alta vulnerabilidad».

Así, ha coincidido en que el reto es «la cohesión social, que no es solo una buena vecindad, sino garantizar las condiciones de vida» y ha advertido de que la Comunitat , según los recientes informes de Save the Children, o la tasa AROPE, presenta tasas de pobreza «por encima de la media y que esta situación se agrava en los inmigrantes».

Por su parte, el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha coincidido en que la inmigración es «un elemento que bien gestionado va a aportar crecimiento y bienestar», y ha resaltado que resulta «clave» para la economía valenciana, pero ha advertido de que «mal gestionado puede generar tensiones sociales y desperdiciar mucho talento».

Por ello, ve «necesario» avanzar hacia un modelo de políticas públicas migratorias que sea «estratégico basado en evidencias y con objetivos claros de integración y de cohesión social» y ha reclamado un Pacto de Estado.

Del mismo modo, la vicepresidenta, Susana Camarero, ha apuntado que la política migratoria «exige hoy más que nunca rigor, responsabilidad y visión de Estado, ya no sirve la improvisación».

Así, ha recalcado que la inmigración «no es una opción ideológica es una realidad que convive con nosotros» que «bien gestionada contribuye al crecimiento, pero que sin un marco regulatorio, claro, previsible y eficaz los efectos positivos se diluyen y aparecen disfunciones».

Por ello, ha apostado por «una inmigración regular, ordenada y vinculada a las necesidades reales de nuestro mercado laboral» y ha advertido de «los cuellos de botella administrativos» que genera el Gobierno que «están lastrando el acceso al trabajo» en la Comunitat: los permisos de trabajo y la homologación de títulos.

La Eurocámara valida facilitar la expulsión de migrantes a 'países seguros' como Colombia o Marruecos

BRUSELAS.- El Parlamento Europeo aprobó este martes los cambios en la normativa de la UE que define lo que es un «tercer país seguro» y dio luz verde a la creación de una primera lista europea de países de origen considerados como tales, entre los que se encuentran Colombia, Marruecos o Egipto.

Las nuevas normas, junto con la nueva legislación sobre retornos, facilitarán entre otras cosas a los Estados miembros el envío de migrantes a centros en el extranjero, una cuestión criticada por España y organizaciones humanitarias.

Las dos piezas legislativas votadas este martes, que habían sido ya acordadas por las instituciones europeas, deben ser aún adoptadas por el Consejo, un mero trámite que ocurrirá en fechas próximas.

Uno de los elementos clave en esta actualización de la normativa es la eliminación del criterio de conexión del migrante con el tercer país. Es decir, los Estados miembros de la UE podrán aplicar este concepto a solicitantes de asilo que no sean nacionales de un determinado país y, por lo tanto, declarar su petición inadmisible (sin examinar su contenido).

La aplicación del concepto tendrá lugar en tres casos, empezando por la existencia de un vínculo entre el solicitante y el tercer país.

Otra opción será que el solicitante haya transitado por el tercer país de camino a la UE y pudiera haber solicitado allí protección.

Por último, cuando no haya conexión ni tránsito por un país seguro, será posible acogerse a la existencia de un acuerdo o convenio con un tercer país seguro, que garantice que ese territorio examinará la solicitud de protección presentada por las personas afectadas.

Según las nuevas normas, cada solicitante que crea que esta disposición no es aplicable en su caso debido a un temor fundado de persecución o al riesgo de sufrir daños graves si es devuelto, deberá demostrarlo.

«Hoy la UE ha cumplido. El voto del Parlamento otorga a los Estados miembros una mayor flexibilidad en la cooperación con los países socios, alivia la presión sobre nuestros sistemas de asilo y refuerza el control sobre la migración», dijo el comisario europeo de Seguridad Interior y Migración, Magnus Brunner, en un comunicado.

La Eurocámara también aprobó una primera lista de países de origen seguros -Bangladés, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez- que permitirá agilizar la tramitación de las solicitudes de asilo de los nacionales de los países incluidos.

A este respecto, el pasado mes de diciembre, en una reunión del Consejo de Ministros de Interior, España, al igual que Francia y Portugal, votaron en contra de la medida, al recalcar sus «serias dudas jurídicas» al respecto y considerar que el texto «rompe con la integridad» del pacto migratorio y de asilo.

Además, dispone que los países candidatos a la adhesión a la UE también son considerados países de origen seguros «a menos que circunstancias relevantes, como violencia indiscriminada en el contexto de un conflicto armado, si sus ciudadanos tienen una tasa de reconocimiento de asilo en toda la UE superior al 20 %, o sanciones económicas debido a acciones que afecten a los derechos y libertades fundamentales indiquen lo contrario».

En estos momentos, los candidatos formales a la adhesión al bloque comunitario son Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania.

La votación sobre el concepto del país seguro salió adelante con el apoyo de 396 eurodiputados, la negativa de 226 y la abstención de 30, mientras que la aprobación de la lista de países de origen seguros contó con 408 votos a favor, 186 en contra y 60 abstenciones. Organizaciones proinmigración y partidos de izquierdas y ecologistas en el Parlamento Europeo se mostraron en contra.

«El enfoque hacia los llamados países seguros ha perdido todo equilibrio. Clasificar como »seguros« países como Turquía o Egipto, donde existen graves y bien documentados problemas de derechos humanos, pone a las personas en riesgo y dificulta considerablemente que los solicitantes de asilo demuestren la persecución», dijo Erik Marquardt, eurodiputado de los Verdes.