MADRID.- El Consejo de Ministros reglamentó este viernes la prestación por el cese de la actividad de los trabajadores autónomos, cuyas cotizaciones ya están contando desde hace un año, y para el que se establece un máximo de doce meses de cobro.
Esta medida viene a reglamentar la Ley de prestación por cese de actividad aprobada hace un año.
"En aquella norma se preveía entre otras cosas que se estudiaría la creación de una prestación específica para los autónomos, para que cuando alguno tuviera que cesar en su actividad por factores económicos pudiera haber una forma de proteger a ese trabajador autónomo", dijo el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Gómez destacó que la ley que consagra el derecho a estas prestaciones es la primera en dar una cobertura de este tipo en Europa.
Según datos del Ministerio de Trabajo, en la actualidad hay más de 500.000 cotizantes a este sistema de protección, a los que hay que sumar casi 150.000 trabajadores por cuenta propia agrarios que se incorporarán al sistema en 2012.
El sistema es contributivo y no se financia con impuestos, sino con el 2,2 por ciento de la base de cotizaciones que los trabajadores aportan a la seguridad social.
El importe mensual a percibir por los beneficiarios es del un 70 por ciento de la base de cotización, y se establece una escala progresiva de duración de la protección mediante la cual se incrementan los meses de protección, con un tramo mínimo de 12 meses y un máximo de 48 en adelante.
El periodo mínimo de protección son dos meses (con 12 meses cotizados) y el máximo doce meses (con 48 o más meses cotizados).
Adicionalmente, los autónomos que coticen por esta contingencia verán reducida en un 0,5 por ciento su cotización por cobertura de incapacidad temporal.
Además, el consejo de ministros tomó la decisión de regular las prácticas no laborales para jóvenes con cualificación y sin experiencia de trabajo.
Esta modalidad contractual de prácticas será aplicable a jóvenes con título universitario o de formación profesional (FP), deberán llevarse a cabo bajo la supervisión de un tutor y tendrán una duración de entre 6 y 9 meses.
La medida está destinada a mejorar la tasa de desempleo juvenil, que en España supera holgadamente el 40 por ciento.
Los jóvenes en prácticas bajo esta modalidad percibirán una beca de apoyo con un mínimo del 80 por ciento del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Ese porcentaje del IPREM sería en 2011 de algo más de 420 euros mensuales.
A estas prácticas también se les aplicarán los mecanismos incluidos en la última de la reforma de ley de pensiones, que establece que las mismas computen como período cotizado hasta un máximo de dos años a efectos de jubilación. Para ello, las empresas deben aportar cotizaciones a la seguridad social en concepto de seguro por accidentes de trabajo -no para la prestación por desempleo-.
Consultado por la Encuesta de la Población Activa (EPA) publicada el viernes, que arrojó la tasa de paro más alta de España en los últimos 15 años, Gómez dijo que era un "dato malo, sin ambages, porque correspondiendo al comportamiento del empleo en el tercer trimestre ha arrojado perdida de ocupación, esto no es habitual".
Gómez destacó que en otras épocas de crisis ya se había dado un dato de empleo negativo en el tercer trimestre, pero reconoció que nunca lo fue con tanta intensidad.
"Estos 145.000 empleos perdidos son uno de los peores resultados", dijo, aunque señaló que los dos factores esenciales que explican la destrucción de empleo son el comportamiento del sector de la construcción y los recortes de empleo relacionados con la administración pública.
En el tercer trimestre, la construcción perdió 26.000 empleos, para quedar con 455.500 parados, un 9,1 por ciento del total, mientras que en la administración pública -tanto estatal como de Comunidades Autónomas- se perdieron unos 40.000 puestos de trabajo, dijo el ministro.
