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sábado, 31 de octubre de 2026

El Síndic de Comptes alerta del incremento del endeudamiento y de previsiones de ingresos "no ajustadas a la realidad"

 VALENCIA.- El síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, ha alertado del incremento del endeudamiento de la Administración de la Generalitat en los últimos años, ha señalado entre sus causas la inclusión de previsiones de ingresos «no ajustadas a la realidad» y ha considerado que se debería incluir en los presupuestos iniciales «únicamente las realistas» que de manera «razonable» se espera obtener de las transferencias por parte del Estado.

Así lo ha expuesto en su comparecencia este viernes en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts, en la que ha presentado una serie de informes, entre ellos el de fiscalización de la cuenta general de la Generalitat del ejercicio 2024, el de las universidades públicas o el de las entidades locales.

Entre las conclusiones de la auditoría de cumplimiento de legalidad, el síndic alerta también de sobrecostes por el devengo de intereses e indemnizaciones por la demora en el pago --se han registrado gastos por 32,5 millones de euros de intereses y 10 millones de indemnizaciones por costes de cobro-- y de que más del 78 por ciento del millón de facturas revisadas supera el plazo legal. 

También apunta al «elevado tiempo medio de tramitación» en las devoluciones de ingresos indebidos, que se sitúa en 178, lo que supone una «debilidad significativa» de gestión y control.

Otras cuestiones significativas son las «deficiencias» identificadas en controles relacionados con NEFIS y pide que sean «prontamente enmendadas». 

Y avisa de que quedan informes pendientes de aprobar por la «falta de medios personales».

La Sindicatura también advierte de que persiste la situación de «grave desequilibrio economicopatrimonial, financiero y de liquidez», que «empeora» en 2024, y de que los ingresos por el sistema de financiación autonómica resultan «inferiores a los que corresponderían a uno equitativo».

Además, señala que la financiación estatal de las ayudas a la dependencia «no consigue el 50% previsto», apunta a la falta de compensación de los gastos sanitarios de desplazados y considera «urgente» la modificación de estos sistemas.

Respecto a la deuda financiera a 31 de diciembre de 2024, asciende a 63.176 millones, de los cuales 54.562 (86,4%) corresponden a las operaciones de crédito formalizadas con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con cargo al Fondo de Financiación de las CCAA.

Sobre la dana del 29 de octubre de 2024, la Sindicatura recoge en su informe que el Estado concedió un crédito extraordinario para actuaciones de la Generalitat en respuesta a la riada, complementado por otro en marzo de 2025, pero recuerda que estas aportaciones estatales «tienen que ser devueltas por la Generalitat».

En cuanto al canon de saneamiento, mantiene que tendrían que revisarse las competencias de gestión tributaria, liquidación, recaudación y contabilización atribuidas a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) y su posible asignación a la Agencia Tributaria Valenciana.

En materia de legalidad en contratación, la Sindicatura señala que en la mayor parte de los expedientes revisados las condiciones especiales de ejecución, los criterios de adjudicación y la adscripción de medios «presentan incidencias», que no todas las consellerias han publicado su plan de contratación mediante anuncio de información previa o que la mayor parte de ellas «no disponen de procedimiento formal para detectar los posibles conflictos de intereses del personal que participa en la licitación».

Asimismo, sostiene que los medios personales «no tienen estabilidad en su lugar y son insuficientes» o no tienen «la formación necesaria para llevar a cabo correctamente la actividad contractual». 

Mientras, en cuanto a los contratos de emergencia, constata que no se han publicado las memorias justificativas del procedimiento o las modificaciones producidas en la ejecución.

Respecto a contratos no menores, se ha detectado en algunos casos que no se determina «con precisión» la naturaleza y extensión de las necesidades, que el objeto no está «adecuadamente determinado», que no contienen un precio cierto, que no se justifica «adecuadamente» la elección de los criterios de adjudicación, que no se cumplen los requisitos para la tramitación de urgencia o que no está «adecuadamente justificado» que el presupuesto base de licitación se haya determinado con arreglo a los precios de mercado.

Paralelamente, en cuanto a la fiscalización de subvenciones y ayudas, resalta que una de las líneas de subvención revisadas ha incorporado herramientas de IA sobre una parte del procedimiento de gestión, que lo han hecho «más eficiente», pero la implantación «no se ha realizado de manera adecuada» porque «no se han efectuado análisis de riesgos ni se han formalizado los contratos que regulan la prestación y garanticen los controles necesarios».

La Sindicatura también avisa del «excesivo» nivel medio de temporalidad de la ocupación pública en Administración de la Generalitat (51,1%), sobre todo en Sanidad (72,4%). 

Los índices en Educación (30,9) o Justicia (35,1%) son menores, pero «muy lejos» del objetivo del 8% fijado en la normativa.

Precisamente, en Sanidad, constata la «reiterada insuficiencia presupuestaria de gasto en determinadas áreas», principalmente en compras sanitarias y prestaciones farmacéuticas, y en ayudas a la dependencia.

 También señala que la Conselleria ha asumido el coste de los tratamientos facturados por la Fundación IVO de varios pacientes asignados a las concesionarias y considera que se debe tramitar un nuevo acuerdo o «el instrumento jurídico que se considere conveniente que recoja las condiciones necesarias para la adecuada ejecución».

También menciona las advertencias de la comunidad científica sobre el cambio climático y la escasez de recursos básicos, puesto que las instituciones de control externo no pueden «quedar al margen de estos nuevos desafíos para el sector público».

Respecto a las intervenciones de los grupos, Mª Carmen Contelles (PP) ha rechazado «entrar en el 'y tú más'» con la oposición y ha destacado que el síndic de Comptes «dice claramente que en general se cumplen los principios contables» en la Generalitat, pero hay que «seguir mejorando». 

Ademas, ha afeado al PSPV y Compromís que no hablen de la infrafinanciación que sufre la Comunitat por parte del Gobierno, situación que hace necesario «recurrir al endeudamiento».

Desde Vox, Teresa Ramírez ha acusado al síndic de «aferrarse al cargo» y no dimitir --«si fuera por la actual mayoría, a lo mejor no estaría aquí»-- y de «ocultar o guardar silencio» sobre datos que revelan el impacto de la inmigración «ilegal y desordenada» en ámbitos como la vivienda o la sanidad, y ha llamado a «acabar con esa barbarie» de la que ha deslizado que Cucarella sería «cómplice».

Por el contrario, José Díaz (PSPV) ha advertido del incremento del 63% respecto a 2022 --último año completo del Botànic-- de los expedientes de enriquecimiento injusto por parte de los «grandes gestores del mundo mundial», en alusión al Consell del PP, todo ello «mientras la Generalitat recibe más dinero que nunca» del Gobierno.

Y Aitana Mas (Compromís) ha replicado a Vox que sus afirmaciones dejan «mucho que desear» por su demostración de «demagogia y populismo barato» y ha defendido el «ejercicio de responsabilidad» del síndic, «manteniendo a flote» la fiscalización a la Generalitat, que fue «un caos absoluto» en 2024 antes de la dana.

En su réplica, Vicent Cucarella ha contestado a Vox que, si dimitiera ya mismo, la institución sufriría un «colapso» y quedaría «parada».

 «A no ser que eso es lo que quieran, que no exista. Pero hace su trabajo y creo que lo hace muy bien», ha defendido.

viernes, 26 de diciembre de 2025

El PSPV denuncia el "rosario de irregularidades, pufos y mala gestión" del Consell "destapado" por la Sindicatura



VALENCIA.- El portavoz adjunto del PSPV en Les Corts Toni Gaspar ha mostrado su "alarma" ante el "rosario de irregularidades, pufos y mala gestión" del Consell, "el más nocivo de la historia para los valencianos" a tenor del informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes sobre 2024, "el primer año completo de gobierno de las derechas, en el que, hasta julio, la extrema derecha formó parte del Ejecutivo de Carlos Mazón y luego le dio apoyo externo".

La Sindicatura de Comptes entregó el pasado lunes a Les Corts el Informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración de 2024, en el que advierte de una serie de deficiencias como el hecho de que más del 78,4 por ciento de las 1.096.800 facturas pagadas en 2024 supera el plazo legal de pago.

El documento, que completa la fiscalización de la cuenta general de la Generalitat Valenciana del ejercicio 2024, concluye que "en general, las cuentas de la Administración cumplen los principios contables y la normativa aplicable, con algunas excepciones y deficiencias que aparecen detalladas. Además, advierte del "desequilibrio persistente" en la situación económico-financiera.

Para Gaspar, según ha expuesto en un comunicado, se trata de "un año terrible en la historia de los valencianos y valencianas porque el resultado de una gestión negligente y frívola, con el desmantelamiento del sistema de emergencias, desembocó en la mayor tragedia sufrida en la Comunitat, pero ahora vemos que también la gestión económico-financiera arroja muchas sombras de duda".

"Todos los indicadores de gestión han empeorado, tal como constata la Sindicatura", ha recalcado el portavoz adjunto del PSPV, para quien resulta "vergonzoso que los que venían a dar lecciones a un Consell honrado y responsable como el de Ximo Puig y el Botànic se hayan revelado como un hatajo de incompetentes y frívolos, lo que demuestra, una vez más, que el problema no era --el expresidente Carlos-- Mazón, sino que todo su Consell, como acredita la auditoría pública, han sido unos gestores irresponsables".

Para los socialistas, es "especialmente grave" el "récord de 2.220 millones en gastos realizados sin contrato y sin control, compras, servicios y bienes adquiridos a dedo y fuera del circuito de la ley de contratos del sector público y de la ley de Hacienda".

 "Es un 27% más que en 2023 y el mayor volumen de gasto sin control en la historia de la Generalitat", ha apuntado, al tiempo que ha indicado que esta es "el doble de la del Botànic en su primer año de gestión completa, en 2016".

"Vemos con indignación cómo los que pregonaban la eficacia y la eficiencia en la gestión han resultado ser unos gestores nefastos: han pagado tarde la friolera de 860.000 facturas de proveedores, pymes, autónomos y ayudas de todo tipo, un retraso que se ha traducido en un coste de 140 millones en intereses e indemnizaciones a los afectados. Esta negligente gestión daña a la economía y a las familias y la tendrían que pagar los gestores del PP, que son los responsables, y no los valencianos y valencianas", ha aseverado.

Además, ha agregado que a estas cifras "se añade la mala gestión en los cobros, que nos ha costado otros cuatro millones".

 "La auténtica 'grasa política' no es la política, como dice la derecha, sino los malos gestores como el PP", ha sostenido, al tiempo que ha denunciado que la Generalitat "sigue arrastrando pufos que vienen incluso de la anterior etapa del PP, antes de 2015, como el coste de la demolición de las Torres de Benidorm, al menos 78 millones de euros, autorizadas por el Consell del PP en la zona de servidumbre de protección de Costas".

Toni Gaspar ha advertido de esta "mala gestión plagada de irregularidades", con "incumplimientos muy significativos" en las contrataciones, así como "evidencias de fraccionamiento de contratos para eludir la concurrencia o la transparencia de las decisiones, desviaciones en los precios siempre a favor de las empresas y no de los valencianos o irregularidades que son causa de nulidad de las contrataciones".

"Unas irregularidades que se producen especialmente en las adjudicaciones por emergencia a cuenta de la dana y también en otros casos, como el contrato de patrocinio publicitario a una empresa por urgencia y a dedo de los conciertos de 'Som de la Terreta', que supuso un desembolso de 3,38 millones por varios conciertos en torno al 9 d'Octubre de 2024", ha apostillado el diputado del PSPV.

A su juicio, todo ello es "un cúmulo de irregularidades que incluyen el que no se valorara adecuadamente el precio pagado por estos servicios, que culmina con que ni siquiera se ha comprobado si la empresa, como se comprometió, donó toda la recaudación a ONG locales".

Y ha señalado que "a estas irregularidades hay que añadir los 1.791,6 millones en facturas en los cajones, la Cuenta 413, que es el gasto para el que ya no se dispone de crédito en el presupuesto".

 "El lastre del Consell de PP es un 33% mayor que el que heredó del Botànic en junio de 2023", ha incidido.

Por otra parte, ha hecho hincapié en que la Sindicatura "también saca los colores al Consell al revelar que hubo 1.738 millones en ingresos ficticios presupuestados por el Consell para engordar el presupuesto y que se tradujeron en más déficit". 

"El resultado es una situación de grave desequilibrio económico-patrimonial que, tal como señala textualmente el Síndic, empeora en 2024", ha insistido.

"Este es el triste balance del Consell autoproclamado de 'los mejores' y que ha resultado una auténtica calamidad para la Comunitat Valenciana, pero los valencianos tienen que saber que hay esperanza porque el cambio de decencia, trabajo y seriedad está cada vez más cerca", ha zanjado Gaspar.

jueves, 21 de agosto de 2025

El PSPV acusa a Camarero de "ignorar" las recomendaciones del Síndic para reforzar la protección de menores tutelados

 VALENCIA.- El PSPV ha censurado la «inadmisible negativa» de la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, a cumplir con la resolución del Síndic de Greuges que instaba a elaborar un protocolo para «reforzar la protección» de los menores tutelados por la Generalitat y, ante esta situación, ha lamentado que, por ello, la «número dos» de Carlos Mazón «será incluida en la lista negra de entidades que se han negado a colaborar» con la institución estatutaria.

Así lo ha expresado el portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, que ha apuntado que el Síndic «ya condenó a Camarero a raíz de la denuncia de los socialistas tras un vídeo subido a las redes sociales de la vicepresidenta en el que aparecían imágenes de menores tutelados por la Generalitat» y ha lamentado que ahora esta «desprecie e ignore el requerimiento para garantizar que los derechos de los menores en la Comunitat Valenciana no se vuelvan a vulnerar».

El defensor del pueblo valenciano, en respuesta a la queja que presentó el PSPV por el vídeo difundido en diciembre del año pasado y que, posteriormente, fue borrado de redes sociales, señaló que con las imágenes de estos menores durante una visita a un parque zoológico de València «se han vulnerado los derechos de menores tutelados por la Conselleria de Servicios Sociales». 

Los socialistas denunciaron la «desprotección» de los menores tutelados y dieron traslado estos hechos al Observatorio de la Infancia y Adolescencia.

En su resolución de consideraciones, el Síndic manifestó que «se ha vulnerado el derecho a la propia imagen de los menores afectados por no apreciar la concurrencia ni de interés público ni de accesoriedad en la fotografía publicada»; «se ha vulnerado el derecho a la protección de datos personales en cuanto por la administración se han utilizado sin el consentimiento del titular o de quien ejerce la tutela», y «se ha vulnerado el derecho a la intimidad de los menores toda vez que la publicación de los detalles personales contenidos en la crónica desvelan datos de estos». 

Y realizó una serie de consideraciones al departamento que dirige Camarero.

El Síndic de Greuges instó también a la Generalitat a elaborar un protocolo para evitar hechos que «lesionen» los derechos de los niños. Desde el gobierno valenciano replicaron que el vídeo «no vulneró derechos» de los participantes y afearon al PSPV la «instrumentalización política» y le acusó de «utilizar a menores» para «hacer ruido y crispar».

Tras dictar la resolución de consideraciones, el Síndic dio a la Conselleria el plazo de un mes para que «manifestara expresamente si aceptaba o no nuestras consideraciones y, en su caso, señalara las medidas para hacerlas efectivas». Sin embargo, trascurrido este periodo, el defensor del pueblo valenciano asegura que no ha recibido «el informe solicitado».

Por ello, en una resolución de cierre fechada el 30 de abril, el Síndic considera «evidente» que desde el departamento liderado por Camarero «no se ha dado cumplimiento a la obligación que le impone el artículo 35 de la Ley 2/2021», de «haber expuesto de forma inequívoca su posicionamiento respecto de las recomendaciones que le fueron formuladas por esta institución», un «comportamiento que ha impedido alcanzar, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos afectados titularidad de los menores tutelados».

Además, el Síndic afea a la Vicepresidencia primera que «no ha colaborado con esta institución dando respuestas al requerimiento efectuado» y que tampoco «se han realizado los trámites necesarios para garantizar la protección de los derechos de los menores que habían resultado vulnerados con la difusión de las imágenes».

El portavoz socialista en Les Corts, en un comunicado, ha hecho hincapié en la resolución «durísima contra la Conselleria» en la que el Síndic «la acusa de no colaborar», lo que a su juicio «supondrá que el departamento que dirige la vicepresidenta Camarero será incluido en la lista negra por no realizar los trámites necesarios para garantizar la protección de los derechos de los menores que habían resultado vulnerados con la difusión de imágenes».

Muñoz ha calificado de «vergüenza» que «la máxima responsable de los servicios sociales en la Comunitat Valenciana no solo cometa este error gravísimo, sino que se niegue a enmendarlo y no ponga en marcha un protocolo para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar».

sábado, 28 de diciembre de 2024

La Sindicatura de Comptes fiscalizará en 2025 a Orihuela, Xixona y ' Aguas Municipalizadas de Alicante'

 VALENCIA.- La Sindicatura de Comptes emitirá el próximo año una serie de informes que fiscalizarán la actividad contractual y de ayudas relacionadas con las medidas de recuperación de los efectos provocados por la dana del 29 de octubre, así como de prevención y aumento de la resiliencia, según se recoge en el Programa Anual de Actuación 2025 (PAA2025) de la Sindicatura, aprobado por su Consell el pasado 23 de diciembre.

Se trata de dos trabajos especiales cuyo alcance temporal puede comprender los ejercicios 2024 y 2025, que pueden ejecutarse por fases «en función de las circunstancias concurrentes» y que se plasmarán en el 'Informe especial sobre la contratación DANA 2024-2025 en el sector autonómico' y el 'Informe especial sobre subvenciones y ayudas DANA 2024-2025 en el sector autonómico'.

También con énfasis en los efectos de la dana se auditarán las entidades Valenciana de Estrategias y Recursos para la Sostenibilidad Ambiental SA (VAERSA) y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). 

 Además, los informes de contratación y subvenciones de la Cuenta de la Administración y el de Labora también incluirán en su alcance la revisión de la actividad relacionada con la dana y se coordinarán con los dos informes especiales mencionados.

Por otro lado, la Sindicatura emitirá el habitual informe de auditoría financiera y de legalidad de la cuenta de la Administración de la Generalitat Valenciana, así como los dedicados al cumplimiento en materia de contratación, subvenciones y ayudas, y gastos de personal.

Todo ello, junto con los informes específicos de diferentes entes auditados como la Agencia Tributaria Valenciana, el Consorcio Hospitalario provincial de Castellón, la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia, Fisabio y Espacios Económicos Empresariales, hasta completar los cinco volúmenes correspondientes a la fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat, con sus respectivos controles formales y la introducción a cada volumen.

Tampoco faltarán en el programa las auditorías operativas, unos «trabajos exhaustivos» en los cuales la Sindicatura es «un referente nacional» que en ocasiones «se alargan varios años» y que «proporcionan a los ciudadanos información sobre cómo se gestionan los fondos públicos y si estos contribuyen a la consecución de los objetivos de las políticas públicas de una forma eficiente».

Mediante este tipo de auditoría se abordarán los objetivos y medidas de protección civil, mitigación, prevención y reducción de riesgos de desastres en la Comunitat Valenciana, un trabajo que evaluará la situación en 2025 y que continuará en 2026, avanza la Sindicatura.

También se finalizarán las auditorías operativas iniciadas en 2024 centradas en los gastos ocasionados en la prestación sanitaria por la atención a desplazados temporales, la promoción y gestión de la vivienda protegida, realizada en colaboración con el Tribunal de Cuentas, la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la evaluación de la planificación estratégica de las subvenciones en el sector público autonómico valenciano y el análisis de la ejecución de las ayudas al Programa Investigo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el plano de la administración electrónica, se completará la auditoría de sistemas de información del seguimiento del proyecto NEFIS de la Generalitat en cuanto a la configuración de su seguridad y se iniciará la de su despliegue en los organismos autónomos. 

Este proyecto, apunta la Sindicatura, tiene como objetivo «facilitar la plena implantación de la administración electrónica y contribuir así a ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y facilitar el derecho de acceso a la información a la ciudadanía».

En este sentido, también concluirá la auditoría de la Plataforma de gestión de tramitaciones electrónicas de la Generalitat, la de gestión del proyecto de historia clínica electrónica única y centralizada. A la vez, elaborará un Informe especial sobre las aplicaciones corporativas de la Generalitat.

Respecto a la ciberseguridad en el ámbito autonómico, en 2025 finalizará la evaluación de la estructura de gobierno corporativo y de la ciberseguridad en el sector público instrumental, así como el análisis de la gobernanza de las TI y sobre la ciberseguridad de la Administración de la Generalitat. Tampoco faltarán en este programa anual los habituales informes sobre la Cuenta General de Les Corts Valencianes, con la finalización del de 2023 y el inicio del de 2024.

Paralelamente, dentro de su control a las entidades locales y en el marco de la «preocupación por las crisis climática y energética», la Sindicatura fiscalizará también el establecimiento de zonas de bajas emisiones en los ayuntamientos en una auditoría operativa que finalizará en 2026.

En cuanto a la cuenta general de las entidades locales, se finalizará el informe especial del ejercicio 2023 y se iniciará el de 2024. Y lo mismo pasará con la fiscalización de la contratación en las entidades locales durante 2023 y 2024.

Además, se finalizará el análisis de los acuerdos y resoluciones contrarios a objeciones formalizadas por los interventores locales, así como las anomalías detectadas en materia de ingresos y acuerdos adoptados con omisión de trámite de fiscalización previa durante el ejercicio 2023 y se iniciará la de 2024.

Sobre las auditorías de sistemas de la información, se analizará la resiliencia de las entidades locales ante disrupciones del servicio de administración electrónica. Asimismo, en 2025 verán la luz las auditorías financieras y de legalidad de las cuentas consolidadas de la Diputación de Castellón y de los ayuntamientos de Burriana, Bétera, Gandia, Orihuela y Xixona, así como de la entidad Aguas Municipalizadas de Alicante.

Respecto a las universidades públicas valencianas, serán objeto por parte de la Sindicatura de un informe de control formal de la rendición de cuentas, adicional a la auditoría realizada por una firma privada contratada por la Intervención General de la Generalitat.

En el ámbito interno de la Sindicatura, en 2025 está previsto llevar a cabo una serie de proyectos para desarrollar e iniciar la implementación del Plan Estratégico de Gobierno del Dato y Datos Abiertos (PEGODA). 

Además, como cada año, realizará los trabajos necesarios para mantener actualizados el Inventario de Entes Sujetos a la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes y la Base de datos Económicas del Sector Público Autonómico Valenciano.

Respecto de esta última, desde el organismo precisan que en 2024 se ha acabado de actualizar toda la información, con los datos individuales y agregados, así como las series temporales, que incluyen los datos de 2023.

En 2025 continuará también el control de la gestión económica de la Sindicatura, complementario de la auditoría financiera externa anual, consistente en el control financiero permanente. Este próximo año, avanzan, se enfatizará en la revisión de las nuevas aplicaciones de contabilidad y de recursos humanos.

En relación con la metodología de trabajo, la Sindicatura precisa que todas las fiscalizaciones se hacen de acuerdo con las disposiciones legales y normas técnicas de auditoría recogidas en el manual de fiscalización del ente, al que desde 2021 se han incorporado las Normas internacionales de auditoría adaptadas al sector público español (NIA-ES-SP).

viernes, 13 de diciembre de 2024

La Sindicatura de Comptes pide al Consell reforzar la Agencia Tributaria Valenciana ante las demoras en las devoluciones

VALENCIA.- La Sindicatura de Comptes ha puesto de manifiesto que se deben mejorar los tiempos de resolución de las devoluciones de ingresos indebidos por parte de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV), y ha recomendado una serie de medidas, entre ellas un plan de continuidad de la agencia que "por su alcance, naturaleza y complejidad, excede las competencias de la ATV y debe ser asumido por el Consell de la Generalitat", que debe "asegurar que se disponga de los recursos necesarios".

Así lo refleja en su Informe de auditoría de sistemas de información de la Agencia Tributaria Valenciana, correspondiente al ejercicio 2023. Un documento en el que la Sindicatura se ha centrado en el análisis del proceso de gestión de las devoluciones de ingresos indebidos, para obtener información sobre el importe total de los intereses de demora originados.

La Sindicatura ha constatado que el tiempo medio de resolución de las devoluciones durante 2023 fue de 147 días, "plazo significativamente superior a los 78 días correspondientes al tiempo medio invertido durante 2022".

Durante 2023 el número de reconocimientos del derecho a la devolución de ingresos indebidos ha sido de 5.215, con un importe total de 19,9 millones de euros. Con todo, el importe de los intereses de demora correspondiente a estas devoluciones asciende a 2,6 millones de euros

Por ello, la Sindicatura ha valorado que la ATV "debe seguir trabajando para mejorar estos tiempos" y reducir los intereses, aunque ha reconocido que la agencia ha realizado "un esfuerzo destacable para atender las recomendaciones" incluidas en el informe de 2022 de la Sindicatura.

El organismo auditor destaca en su informe que "se han realizado avances importantes en áreas como el desarrollo de cuadros de mando que facilitan la supervisión de la actividad realizada, el control sobre el pago efectivo de liquidaciones y autoliquidaciones y la obtención de la certificación de cumplimiento exigida por el Esquema Nacional de Seguridad, etc".

No obstante, la Sindicatura ha señalado que es necesario que la ATV continúe trabajando en la implantación de las recomendaciones que todavía están pendientes o se encuentran parcialmente implantadas.

Entre ellas, ha destacado que se debe continuar con el proyecto de definición de cuadros de mando y sistema de alertas orientado a mejorar la eficacia y la eficiencia de los controles sobre el procedimiento de gestión tributaria.

También ha incidido en que se tienen que mantener las líneas de trabajo puestas en marcha para mejorar la dotación en cuanto a recursos humanos de la Agencia.

 "Si bien la entidad tiene identificada esta problemática y está realizando un seguimiento estrecho, los avances conseguidos son muy limitados y la necesidad de contar con recursos suficientes y especializados continúa siendo un reto para la ATV. Actualmente más de un 30% de la plantilla se encuentra vacante", ha advertido.

La Sindicatura considera que se debe "robustecer el marco de control aplicado sobre la presentación y pago de las autoliquidaciones y liquidaciones".

 Para ello, recomienda "finalizar el procedimiento definido para el control a posteriori de las autoliquidaciones y liquidaciones con ingreso presentadas y que no han sido efectivamente ingresadas". Emplaza también a "hacer seguimiento de su efectiva implantación por parte de las oficinas liquidadoras y los centros gestores de la ATV".

La Sindicatura indica en su informe que se debe impulsar los proyectos iniciados para eliminar los privilegios de total funcionalidad en TIRANT concedidos a personal dedicado a labores de desarrollo e implantar entornos para esta finalidad que no tengan acceso a las bases de datos de producción.

Además, la institución advierte que se tiene que elaborar y aprobar formalmente un plan de continuidad de la actividad de ATV. "Aunque no es una medida exigible por el ENS para sistemas de categoría media, como es el caso de la ATV, consideramos que la elaboración de este tipo de planes es una necesidad que está plenamente justificada por los requerimientos de disponibilidad del servicio que presta la ATV", ha expuesto.

Es sobre esta recomendación que la Sindicatura advierte que "por su alcance, naturaleza y complejidad, excede las competencias de la ATV y debe ser asumida por el Consell de la Generalitat". 

"El impulso y apoyo imprescindible para llevar a cabo con éxito un proyecto de elaboración de un plan de continuidad debe proceder de los máximos órganos de gobierno, que deben asumir el patrocinio del proyecto y asegurar que se disponga de los recursos necesarios para llevarlo a cabo", ha añadido.

miércoles, 4 de diciembre de 2024

La Sindicatura de Comptes advierte a la Generalitat sobre los retrasos en los pagos de ayudas en 2023


VALENCIA.- La Sindicatura de Comptes ha advertido a la administración autonómica, sobre las subvenciones concedidas en 2023, que "el retraso en el pago de las ayudas resta eficacia a la actividad de fomento, en especial, en relación con aquellas destinadas a colectivos vulnerables".

Esta es una de las observaciones que el organismo auditor realiza en una auditoría sobre el cumplimiento de la legalidad vigente en 2023 en materia de gestión de subvenciones y ayudas directas por parte de la Administración de la Generalitat.

De la muestra de partidas analizadas, la Sindicatura concluye que "solo el 45,5% de las obligaciones netas reconocidas en 2023 relacionadas con las ayudas de las 40 líneas fiscalizadas han sido pagadas antes del 31 de diciembre de 2023". Así, en 25 de las 40 líneas, no se había realizado ningún pago antes de finalizar ese año.

Por otro lado, la Sindicatura recomienda a la Conselleria de Hacienda que incorpore, en las normas para la elaboración del presupuesto de la Generalitat, "la necesidad de que las distintas consellerias motiven de manera objetiva, razonable y proporcionada las razones que justifican el otorgamiento de las subvenciones nominativas".

Además, aconseja que los objetos de las subvenciones que figuran en las fichas presupuestarias "deberían ser más concretos, dotando así de mayor transparencia a la gestión de subvenciones públicas, y evitando que cualquier interesado tenga que recurrir al convenio firmado para saber cuál es la actividad financiada por la línea de subvención".

"La información sobre las subvenciones contenida en el portal de transparencia de la Generalitat Valenciana no cumple con el principio de integridad, puesto que hay aspectos que no son accesibles para la ciudadanía (por ejemplo, el texto íntegro de los convenios o los pagos realizados) y hay información desactualizada", advierte el informe.

Igualmente, entre otras cuestiones, advierte de que "el análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés se lleva a cabo únicamente en los procedimientos de concesión de subvenciones vinculados a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)".

Asimismo, la Sindicatura destaca un "incumplimiento significativo" en su auditoría, relativo a las subvenciones auxiliares de conversación extranjeros.

"El decreto que regula estas ayudas establece que debe existir un informe de la dirección del centro escolar cada mes para hacer efectiva la subvención. Sin embargo, en el ejercicio 2023 se han pagado 5.470 mensualidades a beneficiarios de la línea sin que conste ese informe mensual expreso favorable", explica.

lunes, 13 de mayo de 2024

Sindicatura de Comptes insta a los ayuntamientos a regular los pagos fraccionados o personalizados de impuestos


VALENCIA.- La Sindicatura de Comptes recomienda a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que regulen el procedimiento de solicitud de aplazamiento fraccionado de las deudas tributarias y que establezcan planes personalizados de pago, en el caso de que aún no lo hayan hecho. Además, insta a ampliar el número de trámites electrónicos y a centralizarlos en un único canal.

Así lo traslada el órgano fiscalizador en las conclusiones de una auditoría de la gestión y recaudación de los tributos locales en el ejercicio 2022, específicamente del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y el impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM). El informe se refiere a los ayuntamientos que no tienen delegada la gestión tributaria en las diputaciones provinciales.

Entre las conclusiones, Sindicatura señala que el importe liquidado por el IBI urbano es determinante para que los ayuntamientos alcancen un superávit presupuestario, al detectar una fuerte correlación entre el valor catastral agregado de los inmuebles ubicados en sus términos municipales y el resultado presupuestario ajustado.

También concluye que hay «indicios para pensar que las diputaciones gestionan de forma más eficaz la deuda más antigua» y que el coste de la gestión directa de los tributos es mayor, en especial para los municipios de menor población.

Según la auditoría, la mayoría de los ayuntamientos fiscalizados (70%) han adaptado, por medio de sus ordenanzas fiscales, la normativa estatal reguladora de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.

Sin embargo, los ayuntamientos han ejercido de forma limitada la potestad para graduar la fiscalidad del IBI y del IVTM. La mayoría no han incrementado ni reducido los tipos máximos y mínimos del IBI que prevé la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), pero sí han aumentado las cuotas mínimas del IVTM previstas en esta norma.

Respecto a las bonificaciones potestativas, los ayuntamientos han establecido, con carácter general, la referida a las características de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente (IVTM) y la que beneficia a las familias numerosas (IBI).

Ningún ayuntamiento de la Comunitat ha incrementado el tipo máximo impositivo del IBI urbano, mientras solo 17 han incrementado el del IBI rústico (3,1%); una tendencia similar al resto de consistorios a nivel estatal. En cambio, el 82,1% de los municipios valencianos sí han utilizado la prerrogativa de incrementar las cuotas del IVTM.

Entre las 30 localidades fiscalizadas, solo siete (23,3%) han establecido tipos de gravamen diferenciados en el IBI para los bienes inmuebles urbanos que no tengan un uso residencial, mientras solo seis (20%) han fijado un gravamen complementario en los bienes inmuebles de uso residencial que se encuentran desocupados.

En general, los ayuntamientos han utilizado bonificaciones como la aplicable al IVTM según las características de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente (90%), la bonificación a favor de sujetos pasivos del IBI que ostentan la condición de titulares de familia numerosa (83,3%) o la aplicable para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar (66,7%).

Mientras tanto, no han establecido otro tipo de bonificaciones potestativas contempladas por la ley como la prevista a favor de inmuebles urbanos ubicados en núcleos aislados o la prevista para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas de puntos de recarga para vehículos.

Sindicatura concluye que el grado de autonomía fiscal de los ayuntamientos valencianos es del 47,4%, en la novena posición del ranking a nivel estatal y casi un punto por encima de la media. La Comunitat es la tercera comunidad con mayor tipo impositivo efectivo del IBI urbano (0,67%) y la octava del IBI rústico (0,63%), mientras ocupa la sexta posición por autonomías en la tarifa media del IVTM (46,6 euros).

En materia de eficiencia, el 60% de los ayuntamientos dispone de una estructura propia y diferenciada de gestión tributaria, en especial los de mayor población. El 23,3% han elaborado una memoria de actividades sobre la gestión tributaria de 2022, mientras el 36,7% han establecido un plan de inspección de ese ejercicio y el 83,3% han publicado en su web el calendario fiscal de recaudación.

Para facilitar a los contribuyentes la obligación de pago, la mayoría de los ayuntamientos (80%) regulan el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias, aunque este porcentaje se reduce hasta el 33,3% respecto a la regulación del plan personalizado de pago. La mayoría (90%) han puesto en marcha una oficina virtual que facilita los trámites electrónicos.

Entre las recomendaciones, Sindicatura emplaza a los ayuntamientos a aprobar una ordenanza fiscal general accesible para los contribuyentes, así como a establecer tipos impositivos diferenciados y bonificaciones potestativas y a elaborar una memoria anual sobre la gestión tributaria y un estudio económico sobre el coste real de la gestión directa de los impuestos.

También aconseja establecer una exención para los recibos cuyo importe sea significativamente inferior a su coste de gestión y regular la agrupación en un único documento de cobro de todas las cuotas del IBI rústico relativas a un mismo sujeto pasivo.

En relación a los contribuyentes, recomienda establecer canales efectivos de información y comunicación y ampliar el número de trámites electrónicos, aunque en general este tipo de trámites están «ampliamente implantados» en la Comunitat.

viernes, 5 de abril de 2024

El síndic de Greuges censura la falta de datos estadísticos de menores de 14 años que cometen delitos


ALICANTE.- El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha señalado que se está desatendiendo la atención socioeducativa de los menores de 14 años que cometen acciones delictivas, y son inimputables dada su edad, y ha censurado la falta de datos estadísticos al respecto. Además, ha recomendado a la Conselleria de Servicios Sociales la elaboración de protocolos de prevención.

Así lo apunta la investigación de oficio sobre la atención que recibe este colectivo, al tiempo que indica que no se está priorizando la prevención con estos menores en conflicto con la ley y que son «escasas» las intervenciones con ellos para su adecuada socialización, según ha indicado el síndic en un comunicado.

Tras la investigación, el síndic concluye que, según los datos de la Fiscalía, en la Comunitat Valenciana hay un «incremento constante» de casos de menores de 14 años que cometían conductas ilícitas desde 2020, que «parece haberse estabilizado en el último año».

Asimismo, señala que la Conselleria no dispone de un registro específico del número de casos de menores de 14 años que cometen acciones delictivas derivados por el Ministerio Fiscal a las direcciones territoriales, en los últimos tres años, tampoco aquellos que lo han sido por delitos contra la libertad sexual, violencia de género o indemnidad sexual, que «requerirían por ley de un abordaje específico». Además, tampoco se dispone del dato de reincidencia sobre estos.

Por ello, Luna insta a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda a recabar datos estadísticos sobre la incidencia y reincidencia de los casos de menores de 14 años con conductas delictivas que estén siendo atendidos por los equipos de atención primaria básica municipales, por los equipos específicos de la Conselleria y por el Servicio de atención a abusos a niños, niñas y adolescentes, tras la notificación por parte de Fiscalía.

Al respecto, considera que se trata de un «paso previo imprescindible» para poder planificar y organizar recursos y protocolos específicos de actuación con estos menores.

Asimismo, el Síndic exige que se potencien las actuaciones preventivas, incidiendo en los factores de riesgo que originan la exclusión y los conflictos con la ley, las dificultades de adaptación y los problemas de conducta de las personas menores de edad.

Además, plantea que, en este tipo de actuaciones, se preste «especial atención» a la prevención de la violencia intra-familiar, de conductas contra la libertad sexual y en el campo del acoso escolar.

Para potenciar estas medidas, Luna plantea al área de Servicios Sociales que se elabore un Plan de prevención de la delincuencia juvenil con la participación de otras consellerias con competencias en infancia y adolescencia, como Educación o Sanidad, así como de los cuerpos especializados de la Policía (Grupo de menores).

Por otra parte, el Síndic sugiere que se intensifique la financiación de actuaciones/programas dirigidos específicamente a niños y niñas menores de 14 años que cometen acciones delictivas y a sus familias.

Del mismo modo, también propone aumentar la formación dirigida a los profesionales de los servicios sociales de los ayuntamientos, que esté enfocada a la intervención con niños, niñas y adolescentes menores de 14 años que cometen acciones delictivas y con sus familias, así como a la prevención de este tipo de conductas.

Por último, el Síndic ha resaltado que la Conselleria se comprometió con este órgano a preparar un protocolo para la intervención de las entidades locales con niños, niñas y adolescentes ante situaciones de riesgo, en respuesta a una Resolución de una queja de oficio anterior.

Al respecto, esta institución insiste que, en dicho documento, deberían reflejarse igualmente las actuaciones a llevar a cabo en el caso de menores de 14 años que cometen conductas consideradas como delitos.

Por ello, considera necesario que la Administración competente en la protección a la infancia y la adolescencia en la Comunitat Valenciana impulse las actuaciones a implementar desde el ámbito comunitario para intervenir con los menores de 14 años que cometen acciones delictivas y su prevención, y que ello se haga en coordinación con otras administraciones.

Réplica del Consell

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que dirige Susana Camarero, ha calificado de "desproporcionada" la denuncia del síndic de Greuges, Ángel Luna, sobre la falta de información respecto a los menores de 14 años que cometen delitos ya que le reprocha que emitió el 29 de diciembre de 2023 el informe de cierre de la queja, y, desde entonces, la Conselleria "ya ha empezado a tomar medidas para poder obtener los datos que solicita".

El síndic, en una investigación de oficio, considera que se está desatendiendo la atención socioeducativa de los menores de 14 años que cometen acciones delictivas, y son inimputables dada su edad, y censura la falta de datos estadísticos al respecto. Además, recomienda a la Conselleria de Servicios Sociales la elaboración de protocolos de prevención.

Respecto a la recopilación de datos, la Conselleria recalca al síndic que la responsabilidad penal "empieza a los 14 años" y que dado que antes son inimputables, "cuando se comete alguna conducta 'antisocial' por menores de esta edad, la competencia para intervenir con ellos y sus familias la tienen los Equipos de Atención Primaria Básica (EAPB), competencia de la Dirección General de Mayores y Dependencia, y de Atención Específica de los Equipos de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIAS), competencia de la Dirección General de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico".

En este último departamento se elaboró una Instrucción (4/2022) donde se solicita a los Equipos de Intervención EIIAS datos estadísticos respecto a todas las personas menores de edad atendidas, motivo de intervención, si están con alguna medida de protección, duración, entre otras cuestiones, pero precisa que es "solo respecto de los EEIIAS, por no tener competencia directa sobre el resto de los Equipos de Atención Primaria Básica".

No obstante, la Conselleria ha subrayado que "ya se ha procedido a modificar todos los anexos a la citada Instrucción para solicitar tanto a los EAPB como a los EEIIAS los datos que el síndic instaba a recopilar respecto de los 'delitos' cometidos por personas menores de 14 años", con el "desglose y concreción" reclamados.

En cuanto al fomento de actuaciones preventivas y formación y la denuncia la necesidad de potenciar las actuaciones preventivas y la formación a profesionales, incidiendo en los factores de riesgo que originan la exclusión y los conflictos con la ley, la Conselleria afirma que ya se le informó del incremento en 150.000 euros para este ejercicio 2024 en la línea presupuestaria de subvenciones dirigidas a programas de infancia y adolescencia, que pasa a tener una financiación total de 550.000 euros anuales.

Y sobre la sugerencia que plantea de elaborar un plan de prevención de la delincuencia juvenil de forma conjunta con las consellerias con competencias en sanidad, educación y cuerpos especializados de la Policía, "como él mismo reconoce, no se puede elaborar un Plan sin recabar previamente datos estadísticos, paso previo imprescindible para poder planificar y organizar recursos y protocolos específicos de actuación con estos chavales". 

miércoles, 21 de febrero de 2024

El síndic de Comptes defiende que el Consell ya tiene "muchísimas" auditorías a su disposición sobre el sector público


VALENCIA.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Vicent Cucarella, ha defendido que la Generalitat ya tiene «muchísimos informes» a su disposición sobre la situación financiera y la gestión del sector público instrumental, unas auditorías donde «hay mucho material para tomar decisiones».

Así lo ha expuesto a preguntas de los periodistas sobre la auditoría externa anunciada el mes pasado por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, para analizar todo el sector público tras haber detectado irregularidades de contratación por parte del anterior gobierno del Botànic.

«Realmente, en la Sindicatura tenemos muchísimos informes, tanto auditorías financieras y de cumplimiento de la legalidad como sobre todo auditorías operativas que prestan atención a la economía, eficiencia y eficacia de la gestión pública. Hay mucho material para tomar decisiones. Si adicionalmente se quieren hacer otros informes, eso lo desconozco», ha declarado antes de comparecer en la comisión de Economía de Les Corts.

Al margen de la auditoría externa, el síndic de Comptes ha trasladado este martes a los grupos parlamentarios el informe de fiscalización de la cuenta general de la Generalitat en el ejercicio 2022, el último completo del Botànic, ya presentado a finales del año pasado.

Al respecto, ha reconocido que hay aspectos donde la gestión «va mejorando», como en la necesidad de disponer de un inventario completo del sector público instrumental.

Por contra, Cucarella ha advertido que cada año «se va arrastrando la pelota» de los expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto, algo que recogen sus auditorías de la cuenta de la Generalitat de cada ejercicio. «Se repite cada año y no se mejora», ha señalado.

Según ha explicado, esta práctica de la que «se está abusando» consiste en realizar contrataciones sin poder pagarlas con el presupuesto del ejercicio en curso, lo que repercute en las cuentas del año siguiente.

El síndic de Comptes ha indicado que es algo que sucede con frecuencia en la Conselleria de Sanidad, que no dispone del «suficiente dinero» y debe prestar igualmente el servicio.

En consecuencia, Sanidad «adquiere bienes y servicios a costa de que cuando haya presupuesto ya lo pagaremos» y el año siguiente los proveedores deben cobrar y «vuelves a repetir el proceso».

La solución, ha apuntado, es que las consellerias dispongan de un presupuesto más elevado para las partidas que año tras año nunca pueden cubrir. Ahora bien, ha reconocido que es un problema «muy ligado» a la infrafinanciación autonómica de la Comunitat Valenciana.

Por otro lado, el síndic major ha vuelto a advertir sobre la incidencia de los contratos menores en los ayuntamientos y en las consellerias, una práctica que según él se da «por mala planificación o a veces por dejadez».

viernes, 22 de diciembre de 2023

La Sindicatura de Comptes advierte del "uso masivo" de los expedientes de enriquecimiento injusto en la Generalitat en 2022


VALENCIA.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Vicent Cucarella, ha advertido del "uso masivo" de los expedientes de enriquecimiento injusto por parte de la Generalitat en 2022, cuando se utilizaron en 611 ocasiones por valor de 1.357 millones de euros.

La Sindicatura de Comptes ha entregado hoy a las Corts el Informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración, última del conjunto de fiscalizaciones de la Cuenta General de la Generalitat Valenciana correspondiente al ejercicio 2022. 

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha recibido en el Palau de Benicarló el Informe de manos del síndic major, Vicent Cucarella.

Posteriormente, el síndic major se ha dirigido al Palau de la Generalitat, donde ha compartido los resultados de la fiscalización con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha estado acompañado por la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino.

En general, la Sindicatura ha señalado que las cuentas de la Generalitat cumplen los principios contables y la normativa aplicable, con algunas excepciones y deficiencias que aparecen detalladas en los diferentes informes individuales. Respecto a la auditoría financiera de la Cuenta de la Administración de la Generalitat, la Sindicatura ha emitido una opinión favorable con algunas excepciones.

En cuanto al inmovilizado no financiero, en 2022 se ha producido un cambio sustancial en el criterio del inmovilizado material, ajustando la valoración de determinados bienes al valor de tasación a 31 de diciembre. Sin embargo, los principales epígrafes de inmovilizado no financiero todavía no se encuentran recogidos en un inventario completo y actualizado al cierre del ejercicio.

Además, a 31 de diciembre de 2022 había 40 liquidaciones anuales pendientes de aprobación de las cinco concesiones sanitarias, cuyos importes estimados (411,1 millones de euros en julio de 2023) pueden sufrir modificaciones, por lo que se desconocen sus importes definitivos.

Al cierre del ejercicio 2022 se mantiene la existencia de un gran número de procedimientos judiciales en curso de los que podrían derivarse responsabilidades a cargo de la Generalitat, cuya estimación no ha sido posible efectuar.

Los acreedores por operaciones meritadas y vencidas (cuenta 413) suponen una cuantía de 1.516,2 millones de euros, un 57,9% más que en el ejercicio anterior.

En relación con el Plan Resistir Plus, si se hubiese registrado el gasto en la cuenta a fecha de cierre de 2021, el resultado en la cuenta de 2022 habría sido mayor en 198,0 millones de euros. Mientras, sobre los cobros pendientes de aplicación por el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), se percibieron 511,4 millones de euros.

Sin embargo, están pendientes de aplicación para el ejercicio 2023 y deberían haberse contabilizado íntegramente como derechos liquidados en el presupuesto de ingresos, lo que hace que los derechos reconocidos y liquidados del ejercicio 2022 se encuentren infravalorados en 511,4 millones de euros.

El presupuesto inicial de gastos resulta insuficiente para atender a todos los gastos ineludibles y previsibles. Además, faltan medidas correctoras del recurso excepcional a los expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto.

La Generalitat ha de incluir en sus presupuestos de transferencias a recibir del Estado únicamente las previsiones de ingresos que de forma razonable se espera obtener.

 En cuanto a la situación patrimonial de la Generalitat Valenciana, el Informe indica, como en ejercicios anteriores, que las cuentas anuales del ejercicio 2022 muestran un grave desequilibrio. 

El patrimonio neto es negativo, por 46.815,5 millones de euros, como consecuencia de la acumulación de resultados negativos por la insuficiencia de recursos de la Comunitat Valenciana, que tienen que cubrirse por medio del recurso al endeudamiento. La deuda financiera del balance asciende a 57.698,9 millones de euros.

La liquidación del presupuesto muestra un resultado presupuestario ajustado negativo de 2.795,5 millones de euros, y una variación neta de activos y pasivos financieros o aumento del endeudamiento por 1.143,8 millones de euros. El remanente de tesorería no afectado tiene un saldo negativo de 4.998,6 millones de euros y el fondo de maniobra es negativo por 12.811,2 millones de euros. 

En cuanto a la evolución del resultado presupuestario, en 2022 ha aumentado el desequilibrio negativo, hasta alcanzar los 3.382,3 millones de euros.

En tanto a la evolución de los ingresos, en 2022 se ha roto la evolución positiva de los derechos reconocidos de los capítulos 1 a 8 de 2017 a 2021 con un decremento del 7,4%, principalmente porque se reducen los ingresos extraordinarios para paliar los efectos del Covid-19.

En relación con el gasto, en 2022 el aumento porcentual ha llegado al 3,2%. Hay que decir que su evolución está creciendo desde 2017, destacando los aumentos del 7,3% en 2020 y del 9,3% en 2021 debidos a las medidas de lucha contra la pandemia.

Por otra parte, desde el informe correspondiente a la fiscalización del ejercicio de 2016, la Sindicatura ha señalado el riesgo para el sector público tanto del cambio climático como del cénit en la extracción de combustibles fósiles y su difícil sustitución por otras fuentes energéticas. 

En este sentido, en el informe de este año se alude directamente a la obligación del sector público de atenuar el avance del cambio climático según la Constitución española.

En distintos informes recientes de la Sindicatura se concluye que, a pesar de los logros obtenidos en la implantación de componentes tecnológicos de administración electrónica, la transformación digital de la Generalitat es todavía una asignatura pendiente.

Además, en este sentido, la Sindicatura indica en su informe que el Consell debe desarrollar los mecanismos necesarios para optimizar el funcionamiento de los órganos existentes en este ámbito, de forma que se garantice la existencia de una estructura con capacidad real para la toma de decisiones.

Al mismo tiempo, la Sindicatura destaca que la transformación digital ha de ir inseparablemente unida a la ciberseguridad y señala la necesidad de actualizar las normas de gestión de la seguridad de la información de la Generalitat para adaptarlas al Esquema Nacional de Seguridad, a buenas prácticas establecidas en las guías de seguridad del CCN y a las recomendaciones efectuadas en los informes de la Sindicatura de Comptes en materia de seguridad de la información.

Por último, el informe destaca el nuevo sistema de gestión económico-financiero de la Generalitat, NEFIS, que tiene como objetivo principal apoyar a la gestión económico-financiera de la Generalitat. 

Este sistema sustituirá a diez aplicaciones utilizadas en la actualidad para la gestión económica de la Generalitat, algunas de ellas obsoletas. Su módulo de elaboración del presupuesto ya ha estado operativo en 2023 y el 1 de enero de 2024 debe entrar en funcionamiento el módulo de ejecución presupuestaria.

jueves, 21 de diciembre de 2023

La Sindicatura de Comptes detecta "incumplimientos significativos" en la normativa de contratación de la Generalitat


VALENCIA.- El informe de la Sindicatura de Comptes sobre la legalidad de la contratación de la Administración de la Generalitat de 2022 expresa una opinión con salvedades al detectar «incumplimientos significativos» de la normativa aplicable.

En la auditoría se ha puesto «un especial énfasis» en la fase de ejecución de los contratos, e incluye la fiscalización de los expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto sobre una muestra de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico y la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La Sindicatura aclara al respecto que la fiscalización de estos expedientes en la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se realizaron en el Informe de auditoría del control interno y de sistemas de información de la gestión de compras sanitarias.

Al respecto, la auditoria advierte de que en las condiciones especiales de ejecución en la mayoría de los expedientes revisados los criterios de adjudicación y las mejoras presentan «incidencias importantes». 

Así, la mayor parte de las conselleries no disponían de un procedimiento formal para dar adecuado cumplimiento al artículo 64 de la LCSP, en lo que se refiere a adoptar las medidas adecuadas para detectar y solucionar los posibles conflictos de intereses de todo el personal que participa en el proceso de licitación.

Además, señala que, en general, los medios personales de las conselleries son «insuficientes» o «no tienen la formación necesaria» para llevar a cabo una gestión de la actividad contractual con criterios de «economía, eficiencia y eficacia, y de cumplimiento de la normativa de contratación pública».

Asimismo, entre los incumplimientos o limitaciones puestos de manifiesto en la muestra de contratos no menores podemos cita la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato ya que «no se determinan con precisión».

Del mismo modo, el objeto del contrato «no está adecuadamente determinado», los contratos «no contienen un precio cierto», «no se justifica adecuadamente la elección de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato», «no se cumplen los requisitos para la tramitación de urgencia», y «no se cumplen los requisitos legales para la tramitación de emergencia».

Asimismo, señala que «la resolución de adjudicación no contiene la información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación» además el perfil de contratante «no contiene toda la información requerida».

Por su parte, la mayoría de los expedientes revisados en los contratos menores, señala que los informes de necesidad se realizan con posterioridad a la solicitud de ofertas y sin calcular el valor estimado del contrato en los términos establecidos en el artículo 101 de la LCSP. Esta «deficiencia», advierte, es «importante por cuanto el valor estimado determina los procedimientos de contratación».

Asimismo, como en ejercicios anteriores, continúan observándose determinadas «deficiencias» en las obligaciones de comunicación al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat y a la Sindicatura de Comptes.

Durante el ejercicio 2022 se han tramitado 611 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto por un total de 1.357,7 millones de euros. De dicho importe, un 82,8% corresponden a la Conselleria de Sanidad, un 11,8% a la Conselleria de Igualdad y un 3,4% a la Conselleria de Hacienda.

Los gastos incluidos en estos expedientes de resarcimiento corresponden a adquisiciones de compromisos de gasto u obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el presupuesto y que se han ejecutado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

lunes, 11 de septiembre de 2023

El Síndic insta al Consell a crear un protocolo de intervención unificado para menores en situación de riesgo


ALICANTE.- El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instado al Consell a crear un protocolo de intervención unificado y común para menores en situaciones de riesgo. Por ello, ha considerado que la Conselleria competente en materia de infancia y adolescencia --la de Igualdad-- tiene la "obligación legal" de poner en marcha este protocolo.

Esta es una de las conclusiones del síndic tras la primera investigación realizada por esta institución para diagnosticar la realidad social y administrativa sobre las situaciones de riesgo en la infancia y la adolescencia en la Comunitat Valenciana y cómo lo abordan los servicios sociales, tanto a nivel autonómico como desde las entidades locales, según ha indicado el defensor del pueblo autonómico en un comunicado.

Este queja de oficio se abrió en junio de 2022 y la investigación revela que "no existe un protocolo de actuación común ni consenso o coordinación técnica sobre cómo proceder en cada paso de la intervención de menores en riesgo". Por ello, ha alertado que, a día de hoy, el trabajo de los servicios sociales municipales es "poco homogéneo y existe variedad de formas de definir y abordar la declaración de situación de riesgo".

El síndic ha urgido a la Conselleria competente en materia de infancia y adolescencia a poner a disposición de las entidades locales un protocolo para la detección, valoración e intervención en situaciones de riesgo, "con el fin de garantizar la unidad de criterio en el ejercicio de la acción protectora de menores en todo el territorio" y así lo recomienda en su resolución.

El defensor del pueblo ha apuntado que, en la Comunitat Valenciana, la competencia para detectar, valorar, intervenir, declarar y determinar el cese de la situación de riesgo corresponde a los ayuntamientos. Sin embargo, ha afirmado que la Conselleria "debería disponer de datos que permitan el diseño de políticas integrales de prevención y atención a situaciones de riesgo".

Además, ha señalado que el informe remitido por la antigua Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas indica que solo cuenta con los datos aportados desde los Equipos Específicos de Atención a la Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA), pero no con los de los equipos de atención básica municipales. 

Por ello, ha apuntado que "también desconoce el grado de eficacia de dichas intervenciones y si hay necesidades que no están cubiertas en las entidades locales y que impiden mejorar su eficacia".

"La Conselleria no puede eludir la responsabilidad de obtener los datos necesarios para avanzar en el diseño unificado de acciones para prevenir y atender a los niños, niñas y adolescentes que puedan encontrarse en situación de riesgo, argumentando que la competencia en esta intervención corresponde a las entidades locales", ha defendido el síndic.

Por ello, aconseja que la Conselleria "asuma la responsabilidad de obtener también los datos de las intervenciones de los servicios sociales municipales".

El síndic ha precisado que, de acuerdo con las cifras aportadas por la entonces Conselleria de Igualdad, el número de total de niños, niñas y adolescentes atendidos por los EEIIA en la Comunitat Valenciana ascendió a 12.885 --6.607 son varones y 6.278 mujeres-- en 2021. Por provincias, 1.916 pertenecen a Castellón; 3.550 a Alicante y 7.419 a Valencia.

De los 12.885 menores valorados en situación de riesgo y derivados a estos equipos, 616 habían sido declarados en situación de riesgo, de las cuales 328 son varones y 288 mujeres. Por provincias, 86 en Castellón; 134 en Alicante y 396 en València.

Asimismo, el Síndic también ha pedido a la Conselleria que implante programas de formación "de manera que se asegure el acceso de los profesionales de los distintos ámbitos", como servicios sociales municipales y autonómicos, sanidad o educación, y se desarrolle la formación especializada. Igualmente, ha solicitado que se reduzca la interinidad y la movilidad en las plantillas de los Equipos Atención Primaria Básica (EAPB) municipal.

De acuerdo con el informe de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, los principales motivos de intervención en los EEIIA en 2021 fueron negligencia, con 3.673 casos; separación o divorcio, 3.609; salud mental o adicciones, con 3.076; maltrato emocional, con 1.938, y violencia de género, 1.518 casos.

En esta investigación ha participado el Departamento de Sociología I de la Universidad de Alicante, 109 ayuntamientos y once mancomunidades --que representan a otros 87 ayuntamientos-- contestando cuestionarios. Además, también respondieron a los informes solicitados por el síndic las Consellerias de Educación, Cultura y Deporte, Igualdad y Políticas Inclusivas y Sanidad Pública y Salud Universal.

jueves, 13 de enero de 2022

El Síndic cierra la investigación por la gestión de abusos sexuales a menores tutelados por Igualdad


ALICANTE.- El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha resuelto cerrar la investigación abierta por la gestión de abusos sexuales a menores tutelados por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de Mónica Oltra, al aceptarse sus recomendaciones en diversas cuestiones.

En la resolución de cierre se indica que el pasado martes recibió un escrito de la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales con un informe adjunto de la directora general de Infancia y Adolescencia en el que se manifestaba la postura de la Conselleria respecto a las sugerencias emitidas el 11 de noviembre.

Sobre una de las recomendaciones, la elaboración de la Estrategia autonómica de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia que debería formar parte de la Estrategia Valenciana de la Infancia y Adolescencia, la Conselleria informa de que esa estrategia se aprobó el 26 de noviembre para el periodo 2022-2026.

En ella se establecen los programas y líneas generales de actuación, con una mirada transversal y responsable, abordándose la lucha contra la violencia a personas menores de edad de forma integral y proactiva.

El Síndic también propuso la elaboración de un único protocolo para la prevención, detección precoz e intervención ante posibles casos de violencia sexual sobre menores, para que reformulara los actualmente existentes, recomendación que acepta la Conselleria iniciando un estudio de viabilidad de la misma con todas las disposiciones y protocolos actualmente vigentes para determinar si es posible llevarlo a cabo y, en caso afirmativo, el calendario y las vías para su implantación.

Respecto a la elaboración de estándares e indicadores que permitan evaluar la eficacia de los protocolos, la Conselleria acepta esta cuestión, que está relacionada con la anterior.

También se aconsejó la regulación de un sistema de seguimiento y registro de los casos de violencia sexual sobre la infancia y adolescencia donde consten las notificaciones y comunicaciones recibidas, los casos confirmados y las distintas medidas puestas en marcha para la atención integral a las víctimas menores de edad, con un apartado específico destinado a menores con medida de protección por encontrarse en situación de riesgo o desamparo.

Desde la Conselleria se señala que desde mediados de 2020 se tiene esa información, si bien no está aún disponible cuando no hay medidas de protección y son atendidas por los Equipos Específicos de Atención a la Infancia y Adolescencia (EEIIA), debido a la dificultad de tratamiento conjunto de estos datos de carácter sensible entre diferentes administraciones al amparo de la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

No obstante, se acepta la recomendación ya que se está estudiando elaborar una nueva instrucción de recogida de datos estadísticos sobre los casos atendidos en los EEIIA donde se contemple esta información con las garantías de confidencialidad exigidas.

En la misma línea, recomendó la elaboración de un sistema de recogida de datos para la elaboración de estadísticas de casos de violencia sobre la infancia y adolescencia en la Comunitat, a lo que la Conselleria responde que está regulado en el ámbito sanitario y educativo.

Por último, recuerda que la recogida de toda comunicación de desprotección que se recibe desde cualquier ámbito se remite al Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI), cuya gestión es competencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

La Conselleria también acepta la recomendación referida a formación de los profesionales, que está entre la que ya se ofrece desde la Dirección General de Infancia y Adolescencia a través de los convenios de colaboración suscritos con los colegios profesionales.

La resolución del Síndic pone fin al procedimiento de queja y no cabe recurso contra ella.

viernes, 31 de diciembre de 2021

La Sindicatura de Comptes ve falta de justificación en los contratos anticovid de Sanidad


VALENCIA.- El informe de fiscalización de la cuenta de la Generalitat durante 2020 advierte "falta de acreditación" de los hechos que dieron pie a los contratos tramitados por la vía de emergencia para combatir la pandemia, así como "falta de constancia de los precios", "imposibilidad de verificar la adecuada ejecución" e incluso "falta de formalización por escrito de los contratos ejecutados en el exterior".

El síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, ha hecho entrega del citado informe a los miembros de la Mesa de Les Corts y posteriormente lo ha presentado también al president, Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat.

El informe se divide en cinco volúmenes: del segundo al quinto incluyen la fiscalización de organismos, fundaciones y empresas públicas que se han ido publicando en los últimos meses, de modo que lo más novedoso es el primer volumen, que incorpora el informe general, así como análisis de la contratación y subvenciones.

"Seguimos con una deuda elevadísma, eso no es novedad, con más de 52.000 millones al cierre de 2020, de los cuales 40.000 se adeudan al ICO", ha señalado Cucarella.

En este sentido, ha informado de que la Sindicatura está realizando un informe, por encargo de Les Corts, sobre qué parte de la deuda acumulada por la Comunitat se puede atribuir a la infrafinanciación, tomando como punto de partida el año 2002.

Cucarella ha informado de que este informe estará listo a finales de enero y que, a grandes líneas, esa deuda derivada de la infrafinanciación puede rondar el 50 % del total.

"El déficit durante 2020 ha sido inferior a otros años, curiosamente; pese a que se ha gastado más para hacer frente a la covid, ha habido ingresos extraordinarios. No podemos saber si esto será una sentencia, porque 2020 ha sido un año atípico, como probablemente lo será 2021", ha agregado.

En relación con los pagos directos efectuados por la Conselleria de Sanidad, se advierte un "volumen importante de gastos de carácter sanitario contraídos sin la previa y preceptiva tramitación del expediente de contratación, por insuficiencia presupuestaria u otras causas". Se han contabilizado expedientes de enriquecimiento injusto por un importe conjunto de 1.602,4 millones de euros.

Por otro lado, se han efectuado pagos directos a terceros por adquisiciones de productos de farmacia y material sanitario sin la previa tramitación del expediente de contratación preceptivo, como procedimiento generalmente utilizado por los departamentos de salud, unos pagos que "podrían llegar a importes muy significativos", advierte el informe.

En cuanto a la situación patrimonial de la Generalitat, el Informe indica, como en ejercicios anteriores, que las cuentas anuales del ejercicio 2020 muestran un "grave desequilibrio".

El patrimonio neto es negativo, por 36.219,8 millones de euros, como consecuencia de la acumulación de resultados negativos por la insuficiencia de recursos de la Comunitat Valenciana, que tienen que cubrirse por medio del recurso al endeudamiento.

La liquidación del presupuesto muestra un resultado presupuestario ajustado positivo de 552,1 millones de euros, y una variación neta de activos y pasivos financieros o aumento del endeudamiento por 2.414,9 millones.

En cuanto a la evolución del resultado presupuestario, se observa una evolución positiva de reducción del déficit entre 2015 y 2017, que cambia de tendencia en los ejercicios 2018 y 2019 (por un incremento mayor en las obligaciones que en los derechos), y vuelve a disminuir en 2020 condicionado por los ingresos y gastos extraordinarios asociados a la lucha contra la pandemia.

Como en otros ejercicios, la Sindicatura dedica un apartado de su informe a analizar la infrafinanciación autonómica y sus consecuencias.

El ente fiscalizador apunta que, "después de ocho años de espera, el 3 de diciembre de 2021 el Ministerio de Hacienda ha facilitado a las comunidades autónomas un primer documento con propuestas para la estimación de las necesidades relativas de gasto a partir de una nueva formulación de la variable población ajustada".

A pesar de que la Sindicatura lo considera un primer paso hacia un nuevo modelo de financiación, apunta que todavía se desconoce la fórmula definitiva, el importe a repartir o si existirán fondos adicionales con varios criterios de reparto.

Por último, la Sindicatura incluye recomendaciones para la intensificación de la transición energética y el incremento de la ciberseguridad, que debe ir en consonancia con la progresiva digitalización de la Administración.

lunes, 20 de septiembre de 2021

Todas las entidades locales remiten la relación de contratos de 2020 a la Sindicatura de Comptes


VALENCIA.- Todos los ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana han remitido a la Sindicatura de Comptes la relación de contratos correspondiente al ejercicio de 2020.

Así lo ha indicado el organismo en un comunicado, en el que ha recordado que el pasado 11 de junio publicó el inicio de un procedimiento conminatorio e informara de la consiguiente imposición de multas coercitivas en caso de incumplimiento a los alcaldes de los ayuntamientos y los presidentes y presidentas de las mancomunidades que todavía no habían remitido la relación anual.

En esta situación se encontraban nueve ayuntamientos y siete mancomunidades de la provincia de Alicante; ocho consistorios y dos mancomunidades de Castellón y nueve ayuntamientos y dos mancomunidades de Valencia.

La Sindicatura, que dio inicio al procedimiento después de que se hubieran sobrepasado "ampliamente" los plazos concedidos y no se hubiera recibido ninguna respuesta a los requerimientos previos de información, ha logrado así que los ayuntamientos apercibidos cumplan con este deber, tal como establece el artículo 40.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y la Instrucción de 11 de julio de 2018 de la Sindicatura de Cuentas. 

En cuanto a las mancomunidades, todas aquellas que disponen de actividad han remitido también la relación de contratos.

En el caso de incumplimiento, las multas -cuya cuantía oscila entre los 600 y los 3.000 euros-, se impondrían a la autoridad o al personal responsable, y su abono se efectuaría directamente por ellos sin que pueda derivarse el pago de la multa a la entidad u órgano de que se trate, cuando estos formen parte del sector público.

jueves, 19 de noviembre de 2020

El Síndic insta a la Diputación a facilitar a Compromís información contable de los partidos entre 2007-2015

 ALICANTE.- El Síndic de Greuges ha instado a la Diputación de Alicante a que facilite la información requerida por el diputado de Compromís Gerard Fullana sobre los ejercicios contables de PP y PSPV en la institución provincial entre los años 2007 y 2015.

En una recomendación el órgano consultivo ha expuesto que Fullana tiene derecho a obtener una copia de la documentación.

Así, el defensor del pueblo valenciano señala que Fullana recibió una documentación en junio relativa a los ejercicios 2012-2015, pero "nada de los años 2007-2011". Asimismo, ha manifestado que, respecto a la documentación facilitada, el órgano advierte que no había "ninguna información de tipo contable de los grupos políticos".

"El único documento de compatibilidad aportado fueron los certificados de los resultados anuales de las cuentas de los grupos", apunta. Además, el Síndic sostiene que si la Diputación carece de dicha información "porque no la solicitó" o "la ha destruido", debe comunicarlo directamente a Fullana.

Asimismo, el Síndic plantea a la Diputación que ha de entregar la contabilidad referida a los grupos políticos de los años 2012, 2013, 2014 y 2015; también la documentación remitida al Tribunal de Cuentas entre los años 2008 y 2015.

Al hilo de este pronunciamiento del Síndic, desde Compromís han reclamado este jueves al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que atienda a la petición de la sindicatura de dar "una documentación que se ha negado sistemáticamente" en "su derecho a ejercer una oposición política propia de una estado democrático".

La coalición viene denunciando estos últimos meses un supuesto "incumplimiento de la propia ordenanza institucional por parte de los diputados del PP a la hora de justificar los traspasos de dinero público a su partido político".

"La documentación no parece existir o ha sido destruida. El Síndic nos reconoce nuestro derecho constitucional a acceder a la información, hasta ahora negado con el argumento de Presidencia de que nuestro derecho prescribe junto a las responsabilidades jurídicas que puedan desprenderse de la documentación que reclamamos", declara, en un comunicado, Gerard Fullana, portavoz de la coalición y firmante de la queja presentada.

Finalmente, Compromís recuerda que el tribunal ha pedido recientemente a fiscalía que se pronuncie sobre su denuncia respecto a que no estaba justificado el traspaso de 446.000 euros del grupo político del PP al partido.