Esta es una de las conclusiones del síndic tras la primera investigación realizada por esta institución para diagnosticar la realidad social y administrativa sobre las situaciones de riesgo en la infancia y la adolescencia en la Comunitat Valenciana y cómo lo abordan los servicios sociales, tanto a nivel autonómico como desde las entidades locales, según ha indicado el defensor del pueblo autonómico en un comunicado.
Este queja de oficio se abrió en junio de 2022 y la investigación revela que "no existe un protocolo de actuación común ni consenso o coordinación técnica sobre cómo proceder en cada paso de la intervención de menores en riesgo". Por ello, ha alertado que, a día de hoy, el trabajo de los servicios sociales municipales es "poco homogéneo y existe variedad de formas de definir y abordar la declaración de situación de riesgo".
El síndic ha urgido a la Conselleria competente en materia de infancia y adolescencia a poner a disposición de las entidades locales un protocolo para la detección, valoración e intervención en situaciones de riesgo, "con el fin de garantizar la unidad de criterio en el ejercicio de la acción protectora de menores en todo el territorio" y así lo recomienda en su resolución.
El defensor del pueblo ha apuntado que, en la Comunitat Valenciana, la competencia para detectar, valorar, intervenir, declarar y determinar el cese de la situación de riesgo corresponde a los ayuntamientos. Sin embargo, ha afirmado que la Conselleria "debería disponer de datos que permitan el diseño de políticas integrales de prevención y atención a situaciones de riesgo".
Además, ha señalado que el informe remitido por la antigua Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas indica que solo cuenta con los datos aportados desde los Equipos Específicos de Atención a la Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA), pero no con los de los equipos de atención básica municipales.
Por ello, ha apuntado que "también desconoce el grado de eficacia de
dichas intervenciones y si hay necesidades que no están cubiertas en las
entidades locales y que impiden mejorar su eficacia".
"La
Conselleria no puede eludir la responsabilidad de obtener los datos
necesarios para avanzar en el diseño unificado de acciones para prevenir
y atender a los niños, niñas y adolescentes que puedan encontrarse en
situación de riesgo, argumentando que la competencia en esta
intervención corresponde a las entidades locales", ha defendido el
síndic.
Por ello, aconseja que la Conselleria "asuma la
responsabilidad de obtener también los datos de las intervenciones de
los servicios sociales municipales".
El síndic ha precisado que, de acuerdo con las cifras aportadas por
la entonces Conselleria de Igualdad, el número de total de niños, niñas y
adolescentes atendidos por los EEIIA en la Comunitat Valenciana
ascendió a 12.885 --6.607 son varones y 6.278 mujeres-- en 2021. Por
provincias, 1.916 pertenecen a Castellón; 3.550 a Alicante y 7.419 a
Valencia.
De los 12.885 menores valorados en situación de
riesgo y derivados a estos equipos, 616 habían sido declarados en
situación de riesgo, de las cuales 328 son varones y 288 mujeres. Por
provincias, 86 en Castellón; 134 en Alicante y 396 en València.
Asimismo, el Síndic también ha pedido a la Conselleria que implante
programas de formación "de manera que se asegure el acceso de los
profesionales de los distintos ámbitos", como servicios sociales
municipales y autonómicos, sanidad o educación, y se desarrolle la
formación especializada. Igualmente, ha solicitado que se reduzca la
interinidad y la movilidad en las plantillas de los Equipos Atención
Primaria Básica (EAPB) municipal.
De acuerdo con el informe de
la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, los principales
motivos de intervención en los EEIIA en 2021 fueron negligencia, con
3.673 casos; separación o divorcio, 3.609; salud mental o adicciones,
con 3.076; maltrato emocional, con 1.938, y violencia de género, 1.518
casos.
En esta investigación ha participado el Departamento de
Sociología I de la Universidad de Alicante, 109 ayuntamientos y once
mancomunidades --que representan a otros 87 ayuntamientos-- contestando
cuestionarios. Además, también respondieron a los informes solicitados
por el síndic las Consellerias de Educación, Cultura y Deporte, Igualdad
y Políticas Inclusivas y Sanidad Pública y Salud Universal.
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