ALICANTE.- El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación
Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, único imputado
en la causa judicial que trata de determinar si hubo o no
irregularidades en la gestión del bono consumo de la Diputación para
municipios de la provincia durante 2022 y 2023, comparecerá el 27 de
abril en la comisión de investigación sobre este programa que ha quedado
constituida este lunes en el Palacio Provincial.
Así lo ha
trasladado, en declaraciones a los medios de comunicación, la
vicepresidenta primera de la institución provincial y presidenta de esa
comisión, la 'popular' Ana Serna, quien ha resaltado que Baño fue el
"primero" en pedir "voluntariamente" su comparecencia.
El
órgano de investigación sobre la gestión del programa del bono comercio
constituido este lunes, y que se reúne a puerta cerrada, lo integran 13
miembros. En concreto, por parte del PP, además de Serna, Carmen Sellés,
José Antonio Bermejo, Marina Sáez, Carlos Pastor, Antonio Bernabeu y
Magdalena Martínez.
Asimismo, el PSPV está representado por
Raúl Ruiz, Raquel Marín, José Ramiro y Verónica Giménez, mientras
Compromís y Vox aportan cada uno a la comisión a su único diputado, que
son Ximo Perles y Gema Alemán, respectivamente.
La vicepresidenta primera ha explicado que se ha aprobado la
propuesta de comparecencias del PP, que gobierna con mayoría absoluta la
Diputación, al entender que, "en cualquier caso, si alguien tiene que
comparecer, son aquellos alcaldes que contrataron con Facpyme".
"Tampoco tiene mucho sentido, porque, al final, cada ayuntamiento,
cada municipio lo gestionó como consideró, como quiso", ha afirmado
Serna, quien ha reiterado que "hubo ayuntamientos que lo hicieron con
Facpyme, hubo ayuntamientos que no lo hicieron con Facpyme y lo hicieron
con otra empresa", e incluso hubo consistorios que lo autogestionaron,
como, según ha reiterado, fue el caso de su municipio, Albatera.
A juicio de la presidenta de la comisión de investigación, "no tiene
mucho sentido pedir más comparecencias, más allá de todos aquellos
alcaldes que trabajaron, en este caso, con Facpyme", entidad que preside
Baño, investigado en la causa judicial.
Serna ha afirmado que
el PSPV ha propuesto como compareciente al alcalde de Alicante, el
'popular' Luis Barcala, una acción que ha calificado como algo
"curioso", ya que "no lo gestionó con Facpyme", ha apuntado.
Y
ha abundado en que el PP ha pedido que, "seguidamente, después de la
comparecencia de Carlos Baño, a petición suya", comparezca Rubén Alfaro,
alcalde de Elda y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de
Alicante.
Serna ha vuelto a afirmar que la Diputación
solamente se encargó de poner en marcha el bono consumo, que nació
durante los años en los que la institución estaba presidida por Carlos
Mazón, 'expresident' de la Generalitat Valenciana, cuya dimisión de este
cargo se produjo entre polémica por la gestión de la dana del 29 de
octubre de 2024.
La vicepresidenta primera ha defendido que
esta iniciativa "ayudó a dinamizar la economía en un momento muy difícil
para todos los alicantinos y para todas las alicantinas" y que "se
gestionó como cualquier convocatoria ordinaria o extraordinaria".
"Es decir, se concede a los ayuntamientos en base a unos criterios
que se establecieron en unas bases que todos aprobamos. Ese dinero se
entrega a los ayuntamientos y los ayuntamientos lo gestionan con sus
diferentes departamentos", ha añadido, al tiempo que ha sostenido que
"aquí no hay nada oscuro".
Serna espera que, "después de esta
comisión y de la siguiente", esta "acabe".
"Al final es un tema que está judicializado y desde luego nosotros no vamos a interferir en las decisiones que la justicia tome", ha indicado, para luego sentenciar:
"Pero, si esto sigue, evidentemente comparecerán todos aquellos alcaldes
que gestionaron con Facpyme. Claro que sí, no tenemos ningún
inconveniente".
La también presidenta de la comisión ha
precisado que se han solicitado las comparecencias de representantes de
unos 18 o 20 ayuntamientos y ha dicho que se establecerá un orden.
"No
pueden comparecer todos el mismo día", ha zanjado.
Desde la oposición, el PSPV ha acusado al equipo de gobierno del PP
de "esconder y tapar las posibles irregularidades" con los bonos,
"tratando de volcar la responsabilidad exclusivamente en los
ayuntamientos y, en concreto, en los alcaldes socialistas".
"Salimos de la comisión estupefactos. El PP, una vez más, ha hecho
servir su mayoría absoluta para seguir ocultando y tapando a los suyos
en un caso que ha terminado con una detención policial en la etapa en la
que Carlos Mazón era presidente de la Diputación", ha afirmado el
diputado socialista Raúl Ruiz, quien ha criticado que la comisión "nazca
completamente adulterada" y con un "claro sesgo político":
"No ha
aprobado la comparecencia de ni un solo alcalde del PP".
En
este sentido, ha proseguido, el diputado del PSPV ha calificado de
"amoral, al margen de la ética y del sentido común" la "decisión del PP
de aprobar únicamente la comparecencia de alcaldes socialistas", señala
el grupo socialista en un comunicado.
Según Ruiz, el PP "ha
aprobado solo la comparecencia de alcaldes socialistas, pero ha obviado"
y "escondido" a "alcaldes de municipios como Finestrat, La Nucía o El
Campello".
"Es evidente que estamos ante una estrategia deliberada para
proteger a los suyos", ha añadido.
El PSPV ha apuntado que ha
registrado "una amplia solicitud de documentación para esclarecer todos
los aspectos del programa" y que, entre la información pedida, están
"las bases completas de las convocatorias entre 2022 y 2024, informes
técnicos, jurídicos y de intervención, expedientes de aprobación,
auditorías", así como la "relativa a la ejecución, control e incidencias
del programa".
Por su parte,
Compromís ha lamentado la "actitud" del PP, ya que, a su juicio, el
equipo de gobierno de Toni Pérez quiere "convertir una comisión para
aclarar posibles irregularidades en un acto de autobombo y blanqueo de
su gestión".
El portavoz de la coalición valencianista en la
Diputación, Ximo Perles, ha indicado que el grupo 'popular' tiene
mayoría absoluta, "pero no tiene derecho a convertir una comisión de
investigación en una pantomima".
A juicio de Compromís, "el
calendario planteado" por el PP evidencia "poquísimas ganas de
investigar", con "un ritmo pensado para liquidar rápidamente la comisión
y evitar que se conozcan todas las responsabilidades políticas
derivadas de un caso que ya investiga la justicia", detalla la coalición
en un comunicado.
Perles ha remarcado que "Compromís no
piensa permitir que el foco se reduzca únicamente al procedimiento
administrativo de los bonos".
"Carlos Baño no aparece de la nada. Tiene
una relación intensa y continuada con esta Diputación, y hay que
analizar todas las conexiones, adjudicaciones y subvenciones públicas
que le han beneficiado estos años", ha añadido, y ha avanzado que su
grupo ha registrado formalmente la petición para que "todas las sesiones
de la comisión sean públicas y accesibles a la ciudadanía y a los
medios de comunicación".
Desde
Vox, su portavoz, Gema Alemán, ha afirmado en declaraciones distribuidas
a la prensa que la comisión "es un paso importante para esclarecer los
hechos y garantizar la transparencia en la gestión de dinero público".
"No obstante, esperamos que no se convierta en una herramienta que
sirva titulares partidistas desviando el objeto principal de la
aprobación de estas comisiones, y, en todo caso, se respete la
presunción de inocencia de una investigación judicial ya en curso", ha
sentenciado.
