ALICANTE.- "No voy a entrar en ese juego". Esa fue la frase más repetida ayer por la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, cuando se le preguntó por los indicios que ha visto la Fiscalía Anticorrupción que podrían imputarla a ella y al ex primer edil Luis Díaz Alperi por supuestas irregularidades en la confección del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Hasta siete veces repitió esas palabras y hasta ocho fue preguntada por este asunto por los periodistas, según 'Información'.
La alcaldesa se limitó a decir que no le sorprende que las sospechas de la Fiscalía se hayan filtrado a los medios de comunicación pese a que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Además destacó la legalidad del PGOU, aunque matizó que "la defenderé donde la tengo que defender. Punto". Nada más. De ahí en adelante todo fue "no voy a entrar en ese juego". Castedo respondió con educación a todas y cada una de las preguntas que se le formularon, aunque sus respuestas siguieron el mismo patrón: cortas, sin dar ningún tipo de explicación y, eso sí, pronunciadas de forma amable. Sólo en una de las preguntas Castedo no hizo referencia al "no voy a entrar en ese juego". Fue en la primera. "¿Qué le parece que Anticorrupción haya visto indicios para imputarla?". Su contestación ya dejó entrever los derroteros de la entrevista: "No voy a hablar, ni a decir nada. Es que, de qué hablo...".
La alcaldesa, por tanto, prefirió guardar silencio sobre los indicios. Éstos forman parte de una pieza separada del "caso Brugal" que investiga el juzgado de Instrucción Numero 5 de Alicante. La causa judicial, que se envió desde Orihuela por el juez Carlos San Martín se originó tras las conversaciones interceptadas, ente otros, al empresario Enrique Ortiz, quien tiene en cartera futuros proyectos urbanísticos en la ciudad relacionados con el PGOU.
El fiscal Felipe Briones se basa en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía que resume las investigaciones de sus agentes durante varios meses, según 'La Verdad'.
Esas pesquisas comprenden escuchas telefónicas a Ortiz, ya imputado por tráfico de influencias y cohecho por su actuación empresarial en el proceso de adjudicación del Plan Zonal de Basuras de la Vega Baja, pero también seguimientos grabados en vídeo, incluso al ex alcalde Díaz Alperi.
Castedo, presente ayer en la plaza de Gabriel Miró con motivo de una iniciativa cultural, dijo no sorprenderse de que se haya producido una filtración de las diligencias judiciales pese a que siguen secretas. Y a continuación se cerró en banda a comentar esas informaciones: «Sobre futuribles no voy a hablar, como hacen algunos, en ese juego no voy a entrar».
En la misma plaza, a escasos metros de distancia, se encontraba la candidata socialista a la Alcaldía, Elena Martín, quien ya un día antes había pedido explicaciones «de inmediato» a su más que segura rival en las próximas elecciones.
Martín insistió en que los ciudadanos «tienen derecho a que se les den explicaciones sobre la gestión del dinero público». A su juicio, la política debe basarse en «el eje fundamental de la honestidad y la transparencia».
La candidata del PSPV entiende que tanto Castedo como Díaz Alperi «deberían dar la cara», pues la Fiscalía Anticorrupción, «ni más ni menos», los está investigando. «Basta de oscurantismo en la gestión pública», clamó.
El portavoz del grupo municipal socialista, Roque Moreno, aseguró después en un comunicado que el 'caso Brugal' y la imputación de otros tres concejales en distintos casos de supuesta corrupción, «sitúan bajo sospecha» toda la gestión del PP en sus 15 años al frente del Ayuntamiento.
«Castedo tiene la obligación de explicar de forma urgente a los alicantinos cuál fue su gestión en la Concejalía de Urbanismo», dijo.
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