ALICANTE.- El titular del juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante, que investiga la pieza separada del caso Brugal, relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha desestimado en su totalidad los recursos de reforma presentados por los principales investigados y resalta que las intervenciones telefónicas eran "el medio idóneo" para la investigación y "necesarias" para llevarla a cabo.
El juez desestima en su totalidad, de esta manera, los recursos interpuestos por el empresario Enrique Ortiz y su mujer, María Manuela Carratalá, y por los socios del despacho Salvetti, José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, y Javier Gutiérrez, exconcejal socialista.
En el auto, el juez también rechaza las pretensiones de las representación de PSPV y de EU y "se tiene por no interpuesto el incidente de nulidad de de actuaciones" instado por José Luis Castedo y Javier Gutiérrez.
Por otra parte, el subdirector general de Bancaja, José Cortina, ha reconocido este lunes ante el juez que se reunió con los abogados del despacho de Salvetti, así como con el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y su sucesora en el cargo Sonia Castedo, en relación con los intereses inmobiliarios de la entidad, todo ello, según ha asegurado, en el marco de "actividades lícitas", según ha explicado el abogado de EU, José Luis Romero.
El titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante, Manrique Tejada, que investiga las presuntas irregularidades en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en una pieza separada del sumario del caso Brugal, ha tomado declaración a José Cortina por su supuesta implicación en la compra de suelo en zonas protegidas y su posterior traslado de los aprovechamientos a otras áreas urbanizables.
José Cortina ha respondido a las preguntas del juez y de su propio abogado durante alrededor de una hora, y ha declinado atender a las de los letrados del PSPV y EU, personados como acusación, según ha detallado Romero.
El directivo de Bancaja y consejero delegado de Bancaja Habitat SL, ha reconocido que una de las empresas del grupo Bancaja tuvo un contrato con el despacho Salvetti, y ha confirmado que en febrero de 2009 mantuvo una reunión en Valencia con los socios de este despacho, el hermano de la alcaldesa Sonia Castedo, José Luis Castedo, y Javier Gutiérrez, en relación con este contrato.
Además, también ha admitido que se reunió en el Ayuntamiento de Alicante con Luis Díaz Alperi y con Sonia Castedo, y ha aclarado que estos contactos forman parte de las "gestiones normales de las empresas de Bancaja que tienen intereses inmobiliarios", todo ello "en relación con actividades suyas lícitas", ha explicado el letrado.
En un momento determinado de la toma de declaraciones, Cortina ha hecho unas manifestaciones relacionadas con las conversaciones que había mantenido en sus gestiones inmobiliarias, y que, en opinión de Romero, han sido "un poco crípticas", ya que le ha dicho al magistrado: "no sabe usted lo que cambia de opinión la gente".
José Luis Romero ha explicado que Cortina "ha echado balones fuera en lo demás", y ha recordado que el directivo de Bancaja el viernes presentó un escrito al fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, en el que "viene a decir que no puede hablar de delito de información privilegiada cuando las supuestas informaciones privilegiadas no llevan a resultado".
El titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante continuará la toma de declaraciones el próximo miércoles, 26 de octubre, día en el que están citados a declarar en calidad de imputados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez. 
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