ORIHUELA.- El equipo de Gobierno de Orihuela,
formado por Los Verdes y PSPV-PSOE, ha considerado que la moción de
censura firmada este martes por los 12 concejales del PP en el
Ayuntamiento de la localidad y por los ediles no adscritos Bob Houliston
y Asunción Mayoral es "indecente e ilegal".
El Ejecutivo de la ciudad ha realizado estas declaraciones en un
comunicado después de que los 12 concejales que forman el grupo del PP
en el consistorio, además de Mayoral y Houliston, hayan firmado una
moción de censura, liderada por la 'popular' Pepa Ferrando, contra el
alcalde de la localidad, Monserrate Guillén, de Los Verdes.
Así, el Gobierno municipal ha anunciado haber suscrito poderes
generales a letrados y procuradores para poder presentar querellas
contra funcionarios y representantes públicos y políticos por los
delitos recogidos en el título 19 del Código Penal, como los de
prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude, negociaciones y
actuaciones prohibidas a funcionarios públicos y abusos cometidos en el
ejercicio de su función, en caso de que se convoque el pleno que
solicita una moción de censura a Guillén.
"Consideramos indecente esta moción que intenta perpetrar el PP
apoyándose en dos concejales no adscritos, ya que más del 40 por ciento
de los 12 ediles 'populares' están en procesos judiciales o condenados
en firme, y con la candidata a la alcaldía --Ferrando-- al borde de la
imputación por las adjudicaciones del pabellón de la ciudad en Fitur
realizadas entre 2008 y 2011", ha resaltado.
Igualmente, ha hecho alusión a la primera moción firmada el pasado
22 de julio, en la que 11 de los 12 ediles del PP estamparon su firma,
encabezados por la exalcaldesa Mónica Lorente, imputada en el caso
Brugal. No obstante, el 'popular' Antonio Rodríguez se negó a rubricar
la propuesta porque no estaba autorizada por la dirección provincial del
partido. Igualmente, Mayoral tampoco aportó su apoyo en esta ocasión a
la espera de que la formación tuviera "un candidato por consenso".
Así, el Ejecutivo ha resaltado que Lorente, "frustrada candidata" a
la alcaldía, "está al borde del banquillo y del juicio oral" por los
presuntos delitos de "prevaricación, malversación de fondos públicos y
falsificación de documentos, por ejecutar una obra antes de adjudicarla y
firmar su contrato".
Igualmente, ha apuntado que dentro del caso Brugal, la ex primera
edil "tendrá que declarar por supuesta prevaricación, revelación de
información privilegiada, actividades prohibidas a autoridades, tráfico
de influencias y fraude", un procedimiento en el que, tal y como ha
añadido, "también están imputados los actuales concejales del PP David
Costa, José Manuel Cutillas y Araceli Vilella, y los exediles Antonio
Lidón, Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez Murcia".
Además, desde el consistorio han incidido en que Costa también
está imputado en la rama del caso Brugal que investiga la adjudicación
del Plan Zonal de La Vega Baja, al tiempo que ha sido imputado, "por
tercera vez, por la adjudicación del proyecto de la Ciudad Deportiva,
con un informe en contra de la arquitecta municipal".
Finalmente, han aludido al caso del edil Roberto López, de quien
han recordado que "fue condenado en firme" por la Audiencia Provincial
de Alicante a una multa de 900 euros por sendas faltas de amenazas y
lesiones, "tras haber mantenido una pelea en las fiestas de una
pedanía".
"Con este panorama, el PP provincial, regional y nacional ha
avalado que todos ellos firmen una moción de censura ilegal con dos
concejales no adscritos, cuya rúbrica no es válida para conseguir a
cualquier precio el poder en un Ayuntamiento que desde junio de 2011 ha
recuperado la dignidad y su razón de ser en beneficio de los ciudadanos y
no de unos pocos", ha enfatizado el equipo de Gobierno de Orihuela.
En el mismo sentido, ha afirmado "no entender" como los
presidentes 'populares' José Císcar, Alberto Fabra y Mariano Rajoy
"pueden consentir que un grupo como el mencionado intente conseguir el
poder a cualquier precio, incluso soliviantando la legislación en vigor
para aupar a Ferrando a la alcaldía".
Al respecto, ha agregado que la propia Ferrando "está denunciada"
en Fiscalía por haber contratado con varias empresas "que tenían el
mismo administrador" para adjudicar el pabellón de Orihuela en Fitur en
2008, 2009, 2010 y 2011, "razón por la que este Gobierno considera que
acabará igualmente imputada en breve plazo", tal y como ha opinado.
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