ALICANTE.- La Diputación de Alicante ha presentado este lunes el recurso de
reposición contra el auto del Tribunal Supremo (TS) que el pasado julio
rechazó la suspensión cautelar del incremento del caudal ecológico del
Tajo, solicitada por la institución provincial por los "perjuicios
económicos, sociales y medioambientales que esta decisión del Gobierno
central está teniendo sobre los intereses de la provincia".
En
el escrito interpuesto por los Servicios Jurídicos provinciales ante la
sala tercera de lo Contencioso-Administrativo que dictó el auto,
argumentan que esta decisión judicial "vulnera la labor ponderadora que
debe realizar el tribunal para dilucidar la adopción de medidas
cautelares", según ha indicado la institución provincial en un
comunicado.
En este sentido, ha añadido que la solicitud de
medidas cautelares respondía a una "razón de indudable urgencia y no
causaba un daño correlativo en la cuenca cedente".
El
presidente de la Diputación, Toni Pérez, (PP), ha admitido que son
"conscientes de que es muy difícil que este recurso prospere", pero ha
precisado que desde la Diputación de Alicante van a "agotar todas las
vías posibles".
"No vamos a escatimar ningún esfuerzo para
defender los intereses de la provincia de Alicante que, entre otras
cosas, pasan por el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura que es vital
para esta tierra y para su futuro", ha defendido.
Para la
Diputación de Alicante, según se recoge en el recurso, el auto impugnado
se apoya en una serie de razonamientos que se consideran "contrarios a
derecho y que vulneran la propia jurisprudencia del Supremo".
En concreto, ha señalado que la suspensión cautelar solicitada "no
condiciona la eficacia de la norma en el sector que se aplica, puesto
que solo afecta a la inmediata entrada en vigor del incremento de
caudales ecológicos de 6 a 7 m3/s".
"La medida cautelar en
modo alguno afecta ni condiciona al resto de regulaciones de las
distintas demarcaciones geográficas contenidas en el Real Decreto y
tampoco impide la fijación de caudales ecológicos, sino que simplemente
discute que se haya determinado en un caudal, a nuestro juicio, a todas
luces excesivo, injustificado y que provoca perjuicios notables en la
cuenca receptora", recoge el escrito de apelación.
Igualmente,
argumenta que ha quedado "acreditado mediante numerosos informes
técnicos que no hay una justificación mínimamente solvente que avale la
cantidad fijada para el incremento del caudal ecológico, mientras que el
daño para la cuenca receptora resultaba palmario y de gran alcance".
Al respecto, los citados informes apuntan que la elevación de 1m/s
del caudal ecológico del Tajo se traduce en 28 hm3/año de merma en
destino, provocando" pérdidas de más de 2.400 empleos y de más de 84
millones de euros".
Finalmente, en esa línea, el recurso de reposición incide en que
estos "perjuicios", dado su diversa y amplia proyección socioeconómica y
medioambiental, "no son fácilmente reparables". De este modo, considera
que la no adopción de la suspensión cautelar "dificulta de manera
notable la efectividad del fallo".
"Todo ello en tanto en
cuanto las medidas reparadoras o compensadoras previstas en el Real
Decreto, amén de su incierta aplicación, se dilatarían en el tiempo por
la propia tramitación administrativa, haciéndolas ineficaces", ha
expresado Pérez.
Por su parte, la vicepresidenta primera y
diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha criticado la posición
"totalmente arbitraria y sesgada que el Gobierno de Pedro Sánchez ha
demostrado a lo largo de estos últimos años en relación con el trasvase
Tajo-Segura, condenando a muerte una infraestructura que garantiza la
supervivencia de miles de familias alicantinas".
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