La Sección Séptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, albergará la vista oral contra Moya y el ex secretario interventor municipal por unos hechos que, según la fiscalía, ocurrieron en 2005 cuando el ex primer edil presuntamente alcanzó un acuerdo con una constructora para permutar tres casas propiedad de la empresa por una finca de titularidad municipal correspondiente al nuevo sector del Plan General de Ordenación Urbana, el D12.
Según la acusación pública, además de las viviendas, la empresa otorgaba al consistorio una cantidad de dinero para saldar la diferencia entre los importes de las propiedades que iban a cambiar pero este cambio de propiedades se realizó con vicios de ilegalidad que conocía el ex alcalde vulnerando las normas que se deben seguir para la enajenación de este tipo de bienes.
La Fiscalía detalla que parte de los pagos que la constructora realizó en contraprestación por la diferencia de valor de las fincas, que asciende a cerca de 190.000 euros, no constan contabilizados en las arcas públicas ni queda registrado que se destinara a ningún otro fin público.
El ministerio fiscal pide para el ex alcalde siete años de prisión por un delito continuado de malversación y una pena de inhabilitación para empleo o cargo público durante diez años.
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