ALICANTE.- Compromís en el Ayuntamiento de Alicante pedirá "responsabilidades
políticas" al alcalde, Luis Barcala, y a los concejales de Urbanismo y
Seguridad, Rocío Gómez y Julio Calero, después de que la Guardia Civil
haya investigado a 14 hombres, seis mujeres y un persona jurídica por
delitos sobre ordenación del territorio y urbanísticos relativos a
construcciones ilegales en suelo protegido de Alicante, así como contra
los derechos de los trabajadores.
Así lo anuncia el portavoz
municipal de la coalición, Rafa Mas, tras conocerse esta operación del
Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), que se inició tras
detectar la parcelación y construcción en una finca rústica del término
municipal de Alicante, ubicada en una zona protegida e inundable donde
no está permitida la edificación, de la que ha informado este miércoles
el instituto armado.
Durante las primeras actuaciones, los
agentes determinaron que la parcela, de unos 11.000 metros cuadrados,
había sido dividida en 12 subparcelas. También se detectó la instalación
ilegal de un sistema de suministro de agua no potable sin la
correspondiente licencia urbanística.
Las pesquisas revelaron
que la finca había sido adquirida por una mercantil creada
específicamente para su compra y posterior venta en participaciones a
varios compradores. Estos contratos privados encubrían la asignación de
subparcelas a cada adquirente, que "conocían plenamente la ilegalidad de
la parcelación y la imposibilidad de construir legalmente en ellas".
En un comunicado, el portavoz de Compromís denuncia que "una vez
más, la sombra de la corrupción urbanística salpica el Ayuntamiento de
Alicante y, una vez más, bajo el mandato del Partido Popular".
Ante esta situación, "al igual que hacen los vecinos", acusa al equipo
de gobierno de Barcala "de inacción, de no haber actuado con
diligencia".
"Si tienen denuncias durante meses, ¿por qué no han actuado
ante decenas de denuncias de vecinos que denunciaban estas especulación
masiva que sufren las partidas rurales, con asentamientos ilegales en
zonas inundables?", se pregunta.
Todo ello, subraya, "con lo
peligroso que es, que ha debido intervenir la Guardia Civil y tomar las
riendas del asunto ante la magnitud de este caso de presunta corrupción
urbanística".
Mas afirma que "Compromís lo tuvo claro" y,
como no se "fía" del Ayuntamiento, preguntó al respecto al Ministerio
para la Transición Ecológica, a través de una serie de preguntas
parlamentarias del senador Enric Morera.
"Vamos a pedir
responsabilidades políticas tanto a Luis Barcala como a la concejala de
Urbanismo, Rocío Gómez, y al responsable de Seguridad, Julio Calero,
porque es presidente de la junta de distrito de las partidas y durante
meses conocía esta situación y tampoco ha movido un dedo", expone, y
avanza que pedirán la convocatoria de una junta extraordinaria de las
partidas rurales, la junta de distrito 5.
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