VALENCIA.- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este lunes la Ley 5/2024 de Concordia de la Comunitat Valenciana,
que pretende «honrar y proteger la historia de España desde el año 1931
hasta la actualidad» y entrará en vigor en veinte días hábiles.
Con su publicación, queda derogada la Ley 14/2017 de memoria
democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana y toda su
normativa de desarrollo.
También se disuelven comisiones, organismos e
instituciones de carácter público autonómico creados a consecuencia de
dicha ley, así como todas aquellas disposiciones de igual o inferior
rango cuyo contenido se oponga a lo dispuesto en esta ley.
La aparición en el diario oficial de la normativa --que cuenta con
cinco artículos, una disposición adicional, dos transitorias, una
derogatoria y la final-- llega más de dos semanas después de su
aprobación en el pleno de Les Corts del 11 de julio, en la que contó con
los votos a favor de los entonces socios de gobierno PP y Vox, y con el
rechazo de PSPV y Compromís.
El mismo día de su aprobación, la ministra de Ciencia, Innovación y
Universidades, Diana Morant, confirmó que el Gobierno central recurrirá
ante el Tribunal Constitucional la normativa, como ya hizo con la ley
aprobada por el gobierno autonómico de Aragón de PP y Vox.
El viernes pasado, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón,
preguntado sobre la cuestión dijo que no le parece «de recibo que el
Gobierno de España vaya invadiendo competencias autonómicas, aunque se
mostró dispuesto »a seguir hablando, dialogando, buscando los puntos de
encuentro que de verdad traigan concordia".
La nueva ley «reconoce a todas las víctimas de la violencia social,
política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa
acaecidas en el territorio de la Comunitat Valenciana durante el periodo
histórico comprendido entre 1931 y nuestros días», según su artículo
primero.
Con ello, «se reconoce el mismo régimen de protección y
reconocimiento a las víctimas de la Segunda República y del terrorismo
que a las víctimas a las que hace referencia la Ley 20/2022, de 19 de
octubre, de memoria democrática». Al mismo tiempo, se reconoce
expresamente a «las víctimas del terrorismo como víctimas de violencia
social y política efectuada por grupos terroristas».
Por tanto, la nueva ley recoge el derecho de las víctimas y
familiares a actividades de indagación, localización, exhumación e
identificación de las personas desaparecidas y la reparación y
preservación de su memoria, «evitando cualquier intento de revanchismo o
manipulación de nuestra historia que aliente el enfrentamiento entre
españoles»
Igualmente, entre otras cuestiones, se recoge la «investigación de
los hechos delictivos perseguibles realizados contra las víctimas del
terrorismo que no hubieran sido resueltos». Así, se podrá autorizar a la
Abogacía General de la Generalitat Valenciana la iniciación de procesos
o la personación en los ya existentes, de conformidad con la Ley
10/2005, de 9 de diciembre, de asistencia jurídica a la Generalitat.
La Ley de Concordia, en su artículo 3, crea la Unidad Valenciana de
la Concordia, con la que se «cooperará en el cumplimiento de las
obligaciones establecidas» en el artículo segundo y en la Ley de ayuda a
las víctimas del terrorismo.
Esta unidad, según establece la nueva normativa, estará adscrita a
«la conselleria competente en materia de transparencia » y tendrá
autonomía funcional. El director de la unidad deberá ser escogido de
entre profesores universitarios expertos en Derecho Penal, Historia,
Derecho Constitucional, Historia del Derecho, Filosofía, Ciencias
Políticas o Sociología.
Corresponde a la persona titular de la Conselleria competente en
materia de transparencia fijar la política y las directrices de
actuación de la unidad, atendiendo a las directrices trazadas por el
Consell en un «Plan estratégico de concordia democrática» y en los
programas anuales de actuación.
En una disposición transitoria, se precisa que, hasta la puesta en
marcha de la Unidad Valenciana de la Concordia, sus funciones las
ejercerán las entidades y órganos que las viniesen desempeñando.
En vez de los «lugares de la memoria democrática» recogidos en la
anterior norma y también en la ley estatal vigente, la nueva ley
autonómica otorga la consideración de «lugares de la concordia de la
Comunitat Valenciana» a aquellos espacios, inmuebles o parajes que
revelen interés por haberse desarrollado en ellos hechos de singular
relevancia por su significación histórica, simbólica o por su
repercusión en la memoria colectiva de los hechos conducentes y
«concurrentes a las situaciones que llevaron a adquirir la condición de
víctima conforme a lo dispuesto el artículo primero de esta ley».
Se reconoce asimismo el derecho de acceso a los mismos efectos de
investigación académica, principalmente a los historiadores. El
contenido de este artículo será objeto de desarrollo reglamentario.
En su último artículo, la Ley de Concordia incluye que la Generalitat
elaborará un catálogo de vestigios en el ámbito de la Comunitat
Valenciana. Se designará para ello un comité de expertos elegidos por
los titulares de las consellerias con competencias en protección del
patrimonio cultural y transparencia «por igual».
Además, en una disposición adicional, la norma establece que la
Generalitat impulsará la inscripción de defunción de las víctimas
desaparecidas, de conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional octava de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
Asimismo, la tramitación de los procedimientos en materia de memoria
democrática iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta ley
decaerán de manera automática, a excepción de los procesos de
exhumación, según la segunda disposición transitoria.
