MADRID.- El 32,9% de los hogares jóvenes estaría en situación de pobreza si se tuviera en cuenta la renta disponible una vez cubiertos los gastos de vivienda, según una monografía de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que sitúa este riesgo en el 24,5% cuando no se descuentan los gastos de vivienda.
El informe destaca que los jóvenes de entre 16 y 34 años emancipados destinan de media casi un 29% de los ingresos del hogar a la vivienda --10 puntos porcentuales más que los mayores de 34--, lo que refleja el hecho de que estos residen en mucha mayor proporción en alojamientos arrendados en alquiler de mercado, que es el régimen "que exige un mayor esfuerzo económico".
Como consecuencia, la tasa de pobreza de los hogares jóvenes asciende al 32,9% una vez descontados los gastos de vivienda, 9,9 puntos más que la registrada para el conjunto de la población (23%). En los hogares encabezados por inmigrantes este porcentaje se eleva al 52,3%.
El informe atribuye esta situación al desequilibrio entre la creación de nuevos hogares y la construcción de viviendas, ya que entre 2021 y 2025 se levantaron 454.000 viviendas nuevas frente a los 965.000 hogares creados en el mismo periodo, lo que supone que España solo construyó el 45% de las viviendas necesarias para absorber la nueva demanda.
Así, el estudio advierte de que la construcción residencial sigue lejos de los niveles previos a la crisis inmobiliaria y destaca que factores como la escasez de mano de obra especializada, la dificultad de los procesos urbanísticos y los cambios demográficos no ayudan a una rápida adaptación de la oferta.
Además, en la actualidad, el 56% de los hogares españoles está formado por una o dos personas, lo que incrementa la demanda de viviendas y reduce el número de perceptores de renta por hogar.
Por otro lado, pone de relieve que la demanda se concentra en las grandes áreas metropolitanas y en los principales destinos turísticos, donde las tensiones de precios son más acusadas. Madrid, Cataluña, Comunitat Valenciana y Andalucía reúnen ya al 60% de la población española, mientras que provincias como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga concentran buena parte de la presión sobre el mercado residencial.
Por tanto, el informe identifica a jóvenes e inmigrantes como los colectivos que sufren con mayor intensidad los problemas de acceso a la vivienda. En el caso de los jóvenes, la edad media de emancipación alcanza ya los 30 años, cuatro más que la media de la Unión Europea. La precariedad laboral, los bajos salarios, el retraso en la recepción de herencias y las mayores dificultades para acceder a financiación hipotecaria explican, según los investigadores, este fenómeno.
Actualmente, el 45% de los hogares jóvenes vive en alquiler de mercado, mientras que la proporción de jóvenes propietarios ha descendido desde el 65% registrado en 2008 hasta el 40,8% en 2025, casi 20 puntos menos.
Además, el 19,6% de los jóvenes destina más del 40% de su renta a la vivienda, frente al 9% de media nacional, mientras que entre los inmigrantes el porcentaje alcanza el 25,8%.
La situación también es especialmente complicada para los inmigrantes residentes por motivos laborales. El 63,4% vive de alquiler y solo el 23,9% accede a una vivienda en propiedad. El estudio señala que sus menores niveles de ingresos, ahorro y patrimonio familiar, junto con una mayor presencia en empleos de baja remuneración, dificultan el acceso a la compra. Como consecuencia, el 25,8% de los inmigrantes soporta una sobrecarga de vivienda, casi el triple que la media nacional.
Según el informe, las dificultades para acceder a una vivienda en propiedad debido al aumento de los precios y a unas condiciones hipotecarias más exigentes han impulsado el peso del alquiler, por lo que el número de hogares que viven arrendados casi se ha duplicado en las dos últimas décadas, pasando de 2,1 millones a 3,9 millones, hasta representar el 20,2% del total.
El esfuerzo económico también es mayor para quienes viven de alquiler. Mientras el gasto medio en vivienda representa el 18,8% de la renta disponible de los hogares, este porcentaje asciende al 34,2% en los alquileres a precio de mercado y al 24,2% entre quienes pagan una hipoteca. Por el contrario, se reduce al 17,7% en el alquiler social o de precio reducido y al 9,9% en los hogares propietarios sin hipoteca.
La situación afecta especialmente a las rentas más bajas, ya que el 31,3% de las personas pertenecientes al quintil inferior de ingresos destina más del 40% de sus recursos a la vivienda, frente a menos del 2% entre los hogares con mayores ingresos. Entre las personas en riesgo de pobreza, casi seis de cada diez inquilinos del mercado libre realizan un sobreesfuerzo para afrontar los gastos de alojamiento.
En cuanto al parque de vivienda social en España, el informe destaca que estas representan solo el 3,5% del parque total, menos de la mitad de la media europea, situada en torno al 8%. Alcanzar ese nivel exigiría incorporar alrededor de 900.000 viviendas adicionales destinadas a alquiler social.
Además, indica que ese incremento permitiría ofrecer una solución habitacional adecuada a cerca del 40% de los hogares que actualmente viven de alquiler de mercado y soportan una sobrecarga excesiva de gastos. No obstante, advierten de que se trata de un objetivo que requerirá políticas sostenidas durante años y una actuación coordinada de todas las administraciones.
Entre las medidas planteadas, el estudio propone impulsar la construcción industrializada, agilizar la concesión de licencias mediante herramientas digitales, flexibilizar determinadas regulaciones urbanísticas y mejorar la coordinación entre administraciones para acelerar el desarrollo de nueva vivienda.
Asimismo, plantea que el sector público adquiera o gestione parte del parque privado para ampliar la oferta de alquiler asequible. Entre las opciones mencionadas figuran acuerdos con grandes tenedores para alquilar viviendas por debajo del precio de mercado, la incorporación al parque público de inmuebles procedentes del Fondo Social de Vivienda o de la Sareb, así como la compra de viviendas o edificios mediante mecanismos de tanteo y retracto.
Por último, defiende la necesidad de alcanzar un pacto de Estado que permita desarrollar una política de vivienda estable y duradera, basada en el incremento del parque de alquiler social y en la evaluación continua de las medidas públicas para corregir los problemas de acceso a la vivienda.
