viernes, 12 de enero de 2007

Un juez ya busca malversación, falsedad documental y delito fiscal en "Terra Mítica"



El Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha abierto diligencias previas contra la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), constituida por la Generalitat para impulsar la creación de Terra Mítica , por los presuntos delitos de malversación, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) indicaron hoy que el juez ha tomado esta decisión tras haber admitido a trámite la denuncia presentada en su día por la Fiscalía de Alicante.

La Fiscalía solicitó la apertura de diligencias previas después de que la Agencia Tributaria denunciara unos hechos que afectaban a la SPTA por un presunto fraude fiscal.

Según el ministerio público, los hechos denunciados por la Agencia Tributaria podría ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública por devolución, al parecer, improcedente del IVA correspondiente al año 2001 por la cantidad de 1.566.626,37 euros.

La Fiscalía aprecia también indicios de falsificación documental y malversación.

Tras admitir ahora a trámite la denuncia de la Fiscalía, el Juzgado número 9 de Alicante ha acordado como primera diligencia pedir en un exhorto al número 3 de Valencia una copia de las actuaciones realizadas por esta instancia judicial, que investiga un fraude fiscal de 4,4 millones de euros supuestamente cometido por Terra Mítica y una veintena de empresas durante 2000 y 2001.

La finalidad de este exhorto, según las mismas fuentes, es comprobar si existen "puntos de coincidencia" entre ambos casos. (Efe)

martes, 9 de enero de 2007

La ampliación del aeropuerto de El Altet dejará sin mercado al proyecto murciano de Corvera



La ampliación en marcha y las nuevas infraestructuras del Aeropuerto Transcontinental de Alicante (ATA) dejará a muy corto plazo sin nicho rentable de mercado a cualquier instalación aeroportuaria civil en un radio aproximado de 200 kilómetros, según las fuentes solventes de AENA consultadas por la agencia Noticias Económicas del Mediterráneo.

La obra estará totalmente acabada en 2009 para poder más que duplicar los actuales vuelos y pasajeros, hasta los 25 millones al año en 2020, a pesar de la hoy observada tendencia a la baja de los vuelos “charter” (durante 2006, el 80% del tráfico total en este aeropuerto) por el progresivo derrumbe del mercado inglés en favor de nuevos destinos en el norte de África, área del Caribe y China.

La afectación a las instalaciones del aeropuerto internacional de San Javier-Murcia (a tan sólo unos 65 kilómetros más al sur) no será relevante, según las mismas fuentes, al operar en la práctica en tándem como una modernizada pista auxiliar de El Altet en sus épocas de mayor congestión. Pero a lo que sí deja sin virtualidad esta ampliación, casi seguro, es al todavía no nato proyecto autonómico murciano de un aeródromo civil en Corvera (a 100 kilómetros), dentro del término municipal de Murcia capital.

El de Almería-El Alquián está a 290, el de Valencia-Manises a 210 y el de Albacete-Los Llanos a 180, y todos ellos por autovía y/o autopista con enlaces directos. El proyecto en construcción contempla, igualmente, un nuevo acceso viario a El Altet para hacerlo más accesible desde la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuya capital está a 65 kilómetros, y con la que ya existe una línea directa y permanente de autobuses. Un segundo proyecto contempla una terminal ínter modal, con enlace ferroviario rápido desde Elche-Murcia.

La nueva área terminal (NAT) ha sido diseñada pensando en el máximo desarrollo del Aeropuerto Transcontinental de Alicante (ATA) hasta el año 2030, tanto de la edificación como del campo de vuelos. Se ha optado por un diseño modular y muy homogéneo (tal como se aprecia en ambas instantáneas adjuntas facilitadas por AENA), que permite anexionar nuevas ampliaciones sin perjudicar a la imagen y funcionalidad finales del edificio.

Los módulos de la cubierta, de grandes luces, configuran amplios espacios diáfanos en las zonas destinadas a pasajeros, y se convierten en el elemento distintivo de la terminal, incluso desde el aire. El volumen total de obra alcanzará los 350.000 m2, según esas mismas fuentes de AENA, con una nueva terminal de seis plantas de 333.500 m2 desde los 45.800 actuales.

El aeropuerto transcontinental alicantino dispondrá también de 50.000 metros cuadrados nuevos de superficie operativa destinada a puestos de estacionamiento de aeronaves, lo que permitirá incorporar 15 estacionamientos más al número actual de puntos de parada. El Consejo de Administración de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) aprobó durante 2006 la construcción de 100.000 metros cuadrados, distribuidos entre calle de rodaje, plataforma “handling” y caminos para perímetros de áreas funcionales.

Para acometer ambas iniciativas, AENA ya licitó la obra de ampliación de plataforma y calle de rodaje del Aeropuerto Transcontinental de Alicante (ATA), cuyo presupuesto asciende a 29,7 millones de euros y con un plazo teórico de ejecución de 19 meses. El expediente de esta obra contempla, entre otras actuaciones, la citada ampliación de la plataforma hacia las áreas sur y este del nuevo edificio terminal, actualmente en ejecución, según añadieron las citadas fuentes. Asimismo, recoge una nueva calle de rodaje en el lado este, y continuación de la calle de rodaje situada al sur y que transcurre actualmente por la plataforma actual.

Además, el expediente refleja la construcción de una conexión entre la calle de rodaje paralela a la pista y la nueva zona de plataforma, así como de un nuevo sistema de suministro de combustible para los puestos asistidos del nuevo edificio terminal, que están situados en la nueva plataforma.

Otra de las actuaciones es la creación de una planta separadora de hidrocarburos, de un túnel bajo la plataforma para la conexión del nuevo edificio terminal con un futuro satélite, y la realización de todo el drenaje de la plataforma y de la Nueva Área Terminal (NAT). Esta obra es complementaria a la construcción de esa NAT, que actualmente se encuentra en una fase inicial de ejecución, y cuyas principales actuaciones son la creación de un nuevo edificio terminal, un nuevo edificio de aparcamiento, nuevos accesos, y urbanización y adaptación del actual terminal a la nueva configuración.

Esta importante actuación pública tiene como objetivo estratégico asegurar la competitividad del Aeropuerto Transcontinental de Alicante (ATA) para antes del año 2010 ante los planteamientos aldeanos de algunos políticos de regiones limítrofes, dentro de su actual “hinterland”, y poder servir así de segunda base operativa autónoma a flotas aéreas europeas en el sur de la Península Ibérica.

La inglesa “Easy Jet” (líder actual de este aeropuerto con un millón de pasajeros al año) y la española “Iberia” ya negocian ese extremo para establecer en Alicante esa segunda base operativa en nuestro país tras descartar los aeropuertos de Málaga y el de El Prat por mantener actualmente El Altet mayor número de enlaces con aeropuertos del Magreb, incluso por encima de los aeropuertos sevillano y malagueño, y ser puerta aérea de la Unión Europea desde África.

Esa cualidad, ya real, de aeropuerto transcontinental europeo por, además, los nuevos enlaces directos establecidos semanalmente durante 2006 con aeropuertos sudamericanos y su cualidad de plataforma europea hacia África conectada mediante un sólido enlace con el aeropuerto de El Prat-Barcelona, hoy el comunitario más importante en el sur de Europa, augura que la inversión estatal de 210 millones de euros del presupuesto del Ministerio de Fomento en esta ampliación resulte claramente rentable.

Este es un aeropuerto que hoy arroja unos beneficios para AENA de 40 millones de euros anuales en concepto de tasas aeroportuarias, más luego los ingresos por las actividades comerciales y concesión del “parking”. Además, en este momento, El Altet ha ganado ya con las obras en marcha un 25% más de capacidad en su T-2 provisional, por sus 22 vuelos/hora y 16 puertas de embarque tras una inversión-puente de 8 millones de euros.

Convertido hoy El Altet en el aeropuerto español más rentable para AENA, solamente por detrás de Barajas, El Prat y Málaga y, por tanto, por delante de Palma, Tenerife-Sur y Las Palmas, al rebasar todas las previsiones, al término de las obras El Altet contará con 115 mostradores de facturación, 40 puertas de embarque, 16 pasarelas y 14 cintas de recogida de equipaje.

El nuevo aparcamiento de seis niveles podrá albergar 4.150 vehículos y 100 autobuses, mientras la nueva terminal admitirá un tráfico de 10.000 pasajeros a la hora y sus renovadas infraestructuras un 125% más de operaciones, hasta las casi 1.000 al día, para consolidar su actual característica de aeropuerto turístico y verdadera cabeza de todo un “puente aéreo” con Gran Bretaña. El Altet se ha consolidado a día de hoy como el aeropuerto número uno y de referencia peninsular en vuelos “low cost”, seguido del de Málaga, y con nuevas solicitudes de “slot” en lista de espera.

La Diputación Provincial de Alicante y su Cámara de Comercio Industria y Navegación, junto a la CAM y AENA, financian ahora un estudio de potencialidad y han establecido un comité de rutas para establecer estrategias de captación de nuevas compañías aéreas portuguesas, italianas, chinas, sudamericanas, árabes y europeas del Este para El Altet, al objeto de desarrollar nuevas rutas peninsulares en el sur y el oeste, norte de África y Canarias, antes del año 2008, para así alimentar la nueva terminal, parcialmente operativa a partir de final de esa fecha.

No se quiere perder mercado, en fase de recesión de la modalidad “charter” y regulares, mirando a Manises y San Javier como la competencia cercana más directa. De ahí que se le haya ofrecido en las negociaciones con “Easy Jet” una terminal exclusiva, la provisional T-2 (antiguo bloque técnico), sólo para esta compañía líder en El Altet, con el plácet de AENA.

El ahora más que incierto proyecto del aeródromo autonómico de Corvera, cerca de la ciudad de Murcia, ya no se ve, en absoluto, rentable pese al discreto intento de casi monopolio de “Air Berlín”, de llevarse a efecto. Pierde sentido este proyecto porque su potencialidad se ha ido un tanto abajo por el turismo residencial no nato que va a limitar la nueva Ley del Suelo y que lo podría haber justificado en un principio.

Con la demanda generada de vuelos (según la estructura de precios “Ramsey” para los derechos de aterrizaje) basta y sobra por mucho tiempo con las actuales instalaciones, ampliadas y modernizadas, de San Javier (20.000 aviones y 2.000.000 de pasajeros actualmente, aunque el 50% con destino u origen en Alicante) hasta 2015, y de El Altet hasta 2025.

Esto lo deduce AENA tras conocer las características de la demanda, establecer un sistema de tarifas, una estructura productiva, medir la eficiencia, calcular costes y delimitar externalidades. La idea más racional es que el gobierno autónomo murciano se incline mejor por participar en la gestión del aeropuerto civil de San Javier y se olvide de un proyecto que nunca se consideró rentable si tiene que competir con el mega aeropuerto en que se va a convertir El Altet. (NEM)

lunes, 8 de enero de 2007

Los socialistas hablan ahora del agua del Ebro


El secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, realizó hoy una oferta de diálogo al presidente de la Generalidad, Francisco Camps, para establecer las bases de un "gran pacto del agua" que pase por la defensa del Júcar y el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura (en la imagen), sin excluir la posibilidad de trasvasar recursos de otras cuencas, incluida la del Ebro.

En rueda de prensa, Pla instó a Camps a "abandonar sus intereses partidistas" y a defender una posición de "consenso" entre las dos principales fuerzas políticas de la Comunidad Valenciana en materia de agua, inmigración e investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en la Conferencia de Presidentes convocada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para el próximo jueves.

El líder de los socialistas valencianos pidió al jefe del Consell que se reúna con él antes de ese día para alcanzar un pacto en materia de agua, en el que el PSPV condicionará la ejecución de trasvases procedentes de otras cuencas vecinas al nivel de "satisfacción" de las necesidades hídricas de esta autonomía en un medio plazo de aplicación del Programa AGUA.

El portavoz del Consell, Vicente Rambla , reprochó hoy al secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, que su propuesta de diálogo para alcanzar un pacto sobre el agua antes de la Conferencia de Presidentes autonómicos del próximo jueves llega "tarde y mal".

Rambla señaló a los periodistas que Pla no ha aportado nada a la agenda de la tercera Conferencia de presidentes autonómicos, ni tampoco ofrece respuestas a los problemas que afectan a la Comunidad Valenciana.

Consideró que el dirigente de los socialistas valencianos, después de un mes de vacaciones, "no se ha involucrado" en cuestiones "fundamentales" para la defensa de los intereses valencianos, en concreto en lo relacionado con temas hídricos o de servicios públicos.

El conseller lamentó además la actitud del presidente del Gobierno por no haber permitido la celebración de reuniones previas para preparar la agenda y los contenidos de la Conferencia del jueves, y consideró que el objetivo de José Luis Rodríguez Zapatero es "salir en la foto" con los presidentes autonómicos. (Efe)

Camps apuesta por Crespo para presidir la CAM


La apuesta inequívoca del Gobierno valenciano por Modesto Crespo (en la imagen de la derecha) como uno de los hombres fuertes de la economía alicantina se antoja a largo plazo. Tanto es así que el Consell tiene previsto avalar al máximo dirigente de la patronal provincial COEPA para que alcance la presidencia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), según ha podido saber ABC de fuentes de toda solvencia próximas al Ejecutivo autonómico.

Crespo, que ya conoce de primera mano las intenciones del Consell, fue elegido presidente de COEPA el pasado mes de junio gracias a una victoria aplastante entre el empresariado alicantino. Desde entonces compagina su cargo en la patronal con la presidencia de la Institución Ferial Alicantina (IFA), donde hace apenas dos semanas fue reelegido por petición expresa de la Generalitat. Crespo aceptó la renovación aunque advirtió que dejará la presidencia en el plazo de unos meses. En este tiempo, se ha ganado la confianza del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del conseller de Hacienda, Gerardo Camps, quienes necesitan referentes económicos en la provincia de Alicante. Por ello, el Gobierno valenciano tiene reservados objetivos superiores para este empresario de la automoción en la quinta caja de ahorros por volumen de negocio de España.

Límites legales
Para llegar a este punto, no obstante, habrá que aguardar al año 2010. En el actual proceso electoral en el que está inmersa la caja de ahorros -que finalizará el próximo 2 de febrero- la entidad alicantina renovará a once de los veinte miembros de su consejo de administración.
Uno de los que tiene garantizada la permanencia en el cargo es el actual presidente, Vicente Sala, que forma parte del máximo órgano de gobierno en representación del grupo de impositores.
Sin embargo, el límite de edad -fijado en setenta años- que estipula la ley de Cajas de Ahorros como tope para formar parte del consejo de administración, limitará su renovación a tan solo tres ejercicios, según confirmó la entidad. La voluntad del Consell es proponer a Modesto Crespo para reemplazar a Vicente Sala al frente de la entidad financiera.

Número uno de la lista
Como paso previo, el empresario ilicitano accederá el próximo mes al consejo de administración con una vicepresidencia ejecutiva. El presidente de la patronal alicantina fue elegido el 23 de noviembre como nuevo miembro de la asamblea general de la CAM en representación de las Cortes, con el significativo número uno de la lista que pactaron PP y PSPV.
Ese acuerdo incluía también tácitamente la remodelación de la estructura del consejo de administración de la caja de ahorros, de tal forma que se ampliarán a cinco las tres vicepresidencias actuales de la entidad.

Ampliación de vicepresidencias
Según el acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas mayoritarias, una de ellas recaería en Modesto Crespo, al tiempo que la otra plaza que emanaría del consenso entre populares y socialistas está «reservada» para el empresario de Novelda Jesús Navarro -propietario de Proaliment- ungido directamente por el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla.

Para poder llevar a cabo esta remodelación resulta necesario modificar los estatutos de la CAM, en concreto el artículo 48, que regula el número de vicepresidencias -hasta ahora tres, tantas como demarcaciones territoriales de Alicante, Valencia y Murcia- así como sus funciones ejecutivas. Las nuevas carteras estarán destinadas a las áreas de expansión e internacional, según las previsiones que maneja la entidad.

Estos cambios deberán ser refrendados por mayoría en una asamblea general. Sin embargo, el orden del día previsto para la que debe celebrarse el próximo 2 de febrero no incluye las modificaciones previstas por los partidos políticos, según ha podido saber este periódico.

Fin a la era Zaplana
Fuentes oficiales de la entidad consultadas por ABC señalaron que, en dicha convocatoria, únicamente se procederá a renovar a los 98 miembros de la asamblea y, una vez configurada la misma, tendrá lugar otra convocatoria para determinar los cambios en la estructura actual del consejo de administración.

En todo caso, las mismas fuentes recordaron que en la cita del 2 de febrero se escogerán las once plazas vacantes del consejo de administración, pero no se distribuirán los cargos.

Esta asignación se realizará a posteriori en una votación entre los consejeros. Si todo sale según el guión previsto -el mismo que pactaron el 22 de noviembre los portavoces parlamentarios del PP y del PSPV, Serafín Castellano y Joan Ignasi Pla-, se pondría fin a una etapa en la CAM marcada por la influencia de Eduardo Zaplana, que en la actual legislatura ha provocado no pocas fricciones entre la cúpula de la entidad y el Consell presidido por Camps.

Asuntos como la negativa de la CAM a entrar en el accionariado del aeropuerto de Castellón, los flirteos con Zaplana en la recta final del proceso de salvación del caos financiero en Terra Mítica o el bloqueo a la renovación del consejo de administración de la corporación que comparte con Bancaja -que derivó en la disolución por falta de acuerdo en el seno del propio PP-, son sólo algunos ejemplos que han marcado una relación tortuosa que, con los cambios previstos, tiene los días contados.

Presentación de candidatos
Para ello, resultará clave un fecha. El próximo 17 de enero expira el plazo para la presentación de candidaturas para la elección de vocales del consejo de administración, la comisión de control y la comisión delegada de la asamblea general.

Ese día se determinará hasta que punto se mantiene el pulso de la corriente minoritaria del PP-CV, asentada en la provincia de Alicante.
www.valencia.abc.es

domingo, 7 de enero de 2007

Desciende un 14% la inversión extranjera en inmuebles de la costa, según el Banco de España


La inversión extranjera en inmuebles desciende en el resultado provisional de 2006, por encima del 14%, según las últimas estadísticas del Banco de España. Estas cifras indican que el volumen de dinero que destinan los extranjeros a la adquisición de pisos sigue la tendencia decreciente iniciada en 2004, cuando la inversión en bienes inmuebles comenzó a bajar drásticamente.

En esta evolución negativa influyen, cada vez más, los elevados precios de las viviendas, que llevan a los extranjeros a preferir otros países donde los precios aún tienen posibilidades de subir. Otro factor decisivo es la gradual subida de los tipos de interés. Ni siquiera la suave desaceleración del precio del m2 en los últimos años ha ayudado a impulsar la inversión en este sector.

“Ha llegado el momento de que todos pensemos en impulsar otras economías alternativas, más allá del mercado inmobiliario, para el desarrollo”, ha dicho el presidente de la patronal de la construcción alicantina, FECIA, Ramón Jerez, quien reconoce que el sector seguirá siendo decisivo, pero que no puede ser la única actividad de la que dependa una sociedad. En su opinión, el turismo y las industrias emergentes, ligadas a la innovación, el I+D+i, deben ser impulsadas desde los organismo públicos para que se conviertan en ese motor de desarrollo alternativo.

Jerez ha hecho hincapié en que “la construcción no es la solución para todo y que es necesario otras vías para el reequilibrio”. Y es que hacer depender una parte importante de la riqueza de un sólo sector, que, además, se ha sobredimensionado en exceso, supone claramente una temeridad.

De hecho, al igual que Jerez, otras voces del mundo empresarial también coinciden con este análisis. La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), en la que se integran importantes promotores, alerta de la “excesiva dependencia” que tenía la estructura productiva de la Comunidad Valenciana en relación con el negocio del ladrillo.

El máximo responsable de FECIA es consciente de que un sector ordenador y en equilibrio con el resto, supone un aval de futuro porque, además, permite ofrecer una mejor imagen y de mayor transparencia. En este sentido, considera beneficioso el ajuste en marcha cuando el “boom” inmobiliario toca a su fin y se ha abierto ya una nueva etapa de estabilización que supone una reducción del peso constructor en la economía. Así lo reconocen los analistas y los propios representantes del sector.

Jerez, reconoce que “ha llegado el momento de ajustarse, tras años de crecimientos espectaculares, en este sentido. Nuestra previsión es que la actividad vuelva a las dimensiones del año 2003, en torno a 9.700 empresas y unos 55.000 trabajadores en la provincia de Alicante”. Para alcanzar estos números se calcula que, en los próximos tres años, desaparecerán unas 2.000 empresas y entorno a 8.000 operarios, lo que permitirá estabilizar al sector antes los nuevos niveles de demanda en el mercado.

El último ejercicio ha sido determinante en este cambio de tendencia, ya que ha dejado patente el recorte. De hecho, en marzo se contabilizaban 12.421 sociedades y 72.972 trabajadores, una cifra que se ha reducido ya en noviembre en torno a las 11.169 constructoras y 62.892 empleados. Por tanto, el diferencial supone la desaparición de más de 1.250 mercantiles y 10.000 trabajadores en apenas nueve meses.

Los principales damnificados son las “pymes” auxiliares, debido a su menor potencial y mayor dependencia con respecto a las grandes firmas, en especial, las empresas en torno a la decena de empleados, aunque también los autónomos.

La saturación de viviendas que sufre el mercado, unido a una reducción de la demanda y la falta de suelo terminal en muchos municipios, se convierten en factores claves a la hora de explicar el reajuste. También influyen mucho los altos costes de producción que reducen enormemente la rentabilidad.

Jerez sostiene que “el auge de la construcción ha durado algo más de lo normal, con un nivel de crecimiento que, evidentemente, se sabía que tenía que parar. Por eso llega ahora ese momento”. Sin embargo, descarta que la redimensión vaya a ser traumática, al contrario, “irá ajustándose dentro de unos parámetros de normalidad, porque la construcción sigue siendo decisiva”.

En cualquier caso, es evidente que, de una aportación de la construcción al Producto Interior Bruto (PIB) entorno al 6% en el año 1997, se ha pasado a casi duplicar esa tasa, lo que corrobora un exceso que se tendrá que compensar a partir de ahora con un mayor protagonismo de otros sectores emergentes.

El presidente de FECIA resalta la necesidad de que los constructores y los subsectores auxiliares introduzcan nuevas vías de actividad, más allá de la vivienda nueva, a la hora de poder diversificar. Al respecto, el segmento de la rehabilitación deberá cobrar un mayor protagonismo en los próximos años.


sábado, 6 de enero de 2007

Falta economía productiva


José de la Casa
Secretario comarcal de CC.OO.

Durante el mes de diciembre el paro en el País Valencia ha aumentado en 4994 parados y paradas en total, mientras que en la provincia de Alicante el aumento ha sido de 2190 personas respecto al mes anterior, y en 2776 personas respecto al año anterior.

Mientras el desempleo permanece estable en el resto del Estado, en el País Valenciano ocupamos el quinto puesto del ranking nacional en el aumento de desempleo, siendo esta Provincia la responsable de que los datos sean tan negativos. Desde CC.OO. venimos denunciando esta situación a lo largo del tiempo advirtiendo al gobierno y al empresariado sobre la necesidad de articular un cambio radical en la política económica, capaz de generar empleo de calidad y propiciar el descenso de un problema social y laboral que en Alicante cada mes que pasa afecta a mas personas y en el que las mujeres son las principales afectadas por la destrucción de empleo en nuestra provincia.

Si analizamos en profundidad los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2006 comprobamos que las alicantinas presentan ya una tasa de paro del 13% y los hombres, del 6% siendo unos datos muy preocupantes y que hipotecan el futuro de miles de trabajadores, que se están viendo atrapados en las redes de la precariedad, tejidas mano a mano por la patronal y el Consell, que de forma clara han apostado por un modelo de crecimiento, basado en ocupaciones poco productivas, que añaden poco valor al incremento del PIB y que se ubican en actividades intensivas en mano de obra (construcción, comercio, hostelería, servicio domestico, agricultura..). En detrimento de actividades mas intensivas en capital e innovadoras, con mano de obra cualificada y estable.

Sería una grave injusticia que en esta comunidad, paraíso del capital especulativo y de los grandes pelotazos urbanísticos, los platos rotos de la errónea política económica de la Generalitat los tuvieran que pagar los trabajadores y trabajadoras: debemos mostrar nuestra indignación porque a pesar de los datos tan preocupantes nuestros gobernantes obvian la realidad y muestran una pasividad alarmante e injustificada.

Podemos concluir que el crecimiento de la riqueza en nuestra provincia está sentado en los sectores menos productivos que utilizan intensivamente mano de obra, autóctona e inmigrante, son ocupaciones poco productivas, y relativas a la construcción, comercio, hostelería, servicio doméstico, agricultura. Éste es el modelo de crecimiento por el que han apostado los empresarios, inversores privados y nuestro gobierno valenciano y que desde CC. OO .venimos alertando de las posibles consecuencias en la economía del País Valenciano, de Alicante.

También hemos denunciado que este modelo ha rebajado los costes laborales de las empresas, aumentando su rentabilidad y atrayendo más inversiones hacia sectores poco productivos, en menoscabo de las actividades más intensivas en capital, mano de obra cualificada y estable, e innovadoras, que es lo que venimos reclamando desde CC.OO. como alternativa al actual modelo económico, que nos aporta incertidumbres o quizás la realidad de que si el Consell no cambia de política económica nuestra provincia puede perder el tren del futuro.


Desciende el ritmo de creación de empresas y aumentan los parados y despedidos


El ritmo de creación de empresas ha perdido ligeramente velocidad en 2006 y constata la pérdida de importancia relativa de la economía alicantina para superar la recesión que sufre desde el año 2000. La aportación de nuevas sociedades mercantiles a la estructura productiva provincial disminuyó un 0,2% durante el primer semestre, interrumpiendo así su tradicional tendencia al alza, según el último informe de coyuntura económica de la patronal territorial COEPA.

Aunque todavía Alicante ocupa el cuarto puesto nacional en cuanto al PIB, a continuación de Madrid, Barcelona y Valencia, COEPA precisa que la constitución de sociedades mercantiles se ralentiza pese a que su variación mensual sigue siendo considerable. A partir de septiembre el repunte interanual se situó en el 2,4%, mucho más bajo del 5% de media de los últimos años.

Esta desaceleración parece provocada por los efectos de la crisis en los sectores tradicionales de la industria manufacturera (calzado, textil y juguete) al crearse sólo 5.146 nuevas mercantiles de otros sectores productivos en paralelo a las 448 disoluciones societarias registradas, un 25,5% más interanual y que agudiza la crisis de dinamismo empresarial, que dura sostenida ya más de un quinquenio.

Además, el capital social inicial que suscriben las nuevas empresas en comparación con otras regiones españolas que han sufrido, igualmente, la recesión de sus manufacturas, también suele ser menor ahora. Eso es así hasta el punto de que la cuota participativa de Valencia (13,7%) en el conjunto nacional es superior en más de diez puntos a la cuota de Alicante (3,3%) a partir del pasado mes de agosto.

El mercado laboral alicantino también muestra ya una mayor dependencia de las arcas del Estado. Miles de trabajadores necesitan las ayudas oficiales para poder sobrevivir. Alicante lidera el aumento del paro en toda España y ocupa los puestos de cabeza en despidos colectivos, cierres por quiebras de empresas y suspensiones de pagos por crisis industrial, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo. Esta mala coyuntura del empleo y de la actividad productiva tiene su traslación directa en la nómina del Estado. Entre enero y noviembre pasados, se ha visto obligado a incrementar en 54 millones de euros netos las ayudas para las familias que se quedan sin ingresos.

Ese dinero corresponde a la prestación por desempleo de tipo contributivo y asistencial (en este caso el aumento mensual del Inem es de 4,5 millones de euros al haber 8.000 nuevos beneficiarios al finalizar el año) y a las indemnizaciones y salarios de tramitación que paga el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) por quiebras empresariales, insolvencias, concurso de acreedores y despidos colectivos de las plantillas.

El Estado ha incrementado una media mensual de 4,5 millones de euros la partida de prestación contributiva y subsidio por desempleo en Alicante. La nómina de parados que dependen de la ayuda del Estado pasa de 39.521 personas a 44.094 a finales del pasado año. Es decir, y pese a que el el presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, dijo en su mensaje de final de año que «vive el mejor momento de su historia», en Alicante existen a día de hoy 7.960 nuevos parados que perciben la prestación por desempleo y que no lo hacían al empezar 2006. En total, 49 millones de euros más que el año anterior (8.134 millones de las antiguas pesetas).

La bolsa de parados alicantinos (85.000, según el último dato ofrecido por el Inem) le cuesta a las arcas del Estado (sólo el 45% cobran la prestación o el subsidio) la nada desdeñable cifra de 530 millones de euros (87.900 millones de las antiguas pesetas, tanto como toda la facturación anual del sector de la piedra natural y el mármol alicantino).

Por lo que se refiere al aumento del dinero enviado por el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), este organismo del Ministerio de Trabajo que, por ley, hace frente al gasto de indemnizaciones y salarios de tramitación de empresas en quiebra, insolvencias justificadas, suspensiones de pagos o despidos colectivos, ha aumentado el dinero en casi 5 millones de euros (850 millones de pesetas). En total, el Fogasa envió a Alicante (hasta noviembre) 23,1 millones de euros.

El aumento de casi 5 millones de euros (840 millones de pesetas) es consecuencia directa del incremento de empresas afectadas concretamente por insolvencias. El Fogasa atiende las quiebras, los concursos de acreedores o suspensiones de pagos y los despidos colectivos de plantillas, pero lo que más crece en Alicante y en la Comunidad Valenciana son las insolvencias justificadas por falta de pedidos y descenso en picado del mercado interior y exterior, caso del calzado. A falta de computar el mes de diciembre, en la Comunidad Valenciana se han declarado, ante la autoridad laboral, como insolventes a efectos legales, 427 empresas más que el año 2005. En total lo han hecho 2.678 sociedades, de las que cerca de 2.000 tienen su sede social en Alicante.

Según los últimos datos del Fogasa del Ministerio de Trabajo, de enero a noviembre se vieron afectadas por regulación de empleo para empresas con más de 100 trabajadores, a través de la fórmula de despido colectivo, un total de 1.245 mercantiles, frente a las 1.384 con problemas en el período enero-noviembre.

Los datos sobre prestaciones por desempleo y sobre dinero del Fogasa por insolvencias, quiebras y suspensiones de pagos de industrias alicantinas transcienden después de conocerse la evolución del mercado laboral. Según el Inem, Alicante es la provincia española con mayor aumento del paro en el año 2006, y también en el mes de diciembre. Sobre todo por la desaceleración del sector de la construcción y del sector servicios, y por el incremento notable de inmigrantes que van al paro.

El proceso de ajuste de la industria textil alicantina, por ejemplo, continuará durante el presente ejercicio 2007. Las empresas asumen que la posible recuperación del sector se retrasará hasta 2008 pese a que se detecta una evolución hacia un entorno algo más estable, a tenor del informe de balance del año del Centro de Información Textil y de la Confección (CITYC), que advierte de que continuará bajando la producción y el empleo.

El año 2006 se cierra con más de otro millar de empleos pérdidos en el sector manufacturero de la Comunidad Valenciana, fundamentalmente, del ámbito norte de la provincia alicantina. En el global nacional la caída alcanzó los 18.000, lo que deja una plantilla final de 205.000 trabajadores. La comparativa entre los años 2000 y 2006 señala que la producción ha descendido en un 32% y el empleo en un 28%.

El sector del textil y de la confección autonómico ofrece ocupación en este momento a unos 33.000 trabajadores pertenecientes a unas 3.200 empresas. En concreto, el área alicantina de L´Alcoià y El Comtat es una de las principales afectadas por la crisis, ya que dentro de las denominadas comarcas centrales acogen a medio millar de empresas y alrededor de 18.000 de esos trabajadores, es decir, el 14,4% del sector nacional, sólo superada por el 36,4% de Cataluña.

El estudio de Cityc hace hincapié en el nuevo retroceso de la actividad en 2006, aunque fue inferior a la del año anterior, y a pesar de acontecer una recuperación de las exportaciones, que crecieron un 12%. De hecho, la situación coyuntural del sector, después del impacto de la liberalización de los intercambios comerciales internacionales en 2005, ha evolucionado hacia niveles de mayor equilibrio dentro de una tónica que se prevé mantener a partir de ahora.

En el caso concreto alicantino, destaca la ventaja del predominio de la industria del textil-hogar, que ha mostrado signos de comenzar a despegar, pese al contexto difícil del mercado. La mejora del consumo europeo y una cierta recomposición de las corrientes de aprovisionamiento tradicionales, explican en parte la recuperación de las exportaciones –en torno a un 10%–, que se han centrado, especialmente, en los tejidos, los textiles especiales y la ropa de hogar. Esta evolución ha permitido contener en 2006 el crecimiento del déficit comercial en el sector, aunque se sitúa por encima de los diez puntos con respecto al año anterior.

El Centro de Información Textil y de la Confección concluye en su análisis que "el deterioro general de las condiciones económico-financieras del sector no afecta a todos por igual, puesto que se han acrecentado las diferencias entre unas empresas y otras". Es decir, aquellas firmas que han innovado, han adaptado su estructura y organización a las demandas del mercado, y han apostado por nuevos materiales –textiles técnicos–, han conseguido posiciomarse en una situación inmejorable de cara al futuro.



Escisión en ETA



Andrés Montero Gómez
Presidente de la Sociedad Española de Psicología de la Violencia

El atentado de ETA en Madrid ha sorprendido a todos, menos a quienes lo cometieron. Cierto es que, unos en forma de desiderata y otros a la manera de una premonición, un número de voces venía advirtiendo sobre la eventual ruptura del proceso por parte de ETA. Los más, desde el Gobierno, desde la izquierda abertzale, desde los involucrados o desde quienes lo analizamos e incluso desde un sector de la propia ETA, estábamos en la convicción de que, aunque con sus momentos críticos, todavía era demasiado pronto para que esto se frustrara. El aparato que controla las armas en ETA se ha encargado de ponerlo más difícil si cabe, de sembrar la frustración además del terror.

Si algún fracaso podemos apuntar en el momento en que ETA quiebra sus años de atentados sin víctimas mortales es el de Arnaldo Otegi. La bomba de ETA asesinó a dos ciudadanos ecuatorianos, ha producido daños cuantiosos en un aeropuerto internacional, ha dinamitado el proceso de negociación para la desactivación terrorista y, desde luego, ha desautorizado a Batasuna y a la opción política que presuntamente quiere representar. El atentado de ETA es la ruina de Otegi. Al primero que se le quedaría expresión de estupefacción ante la noticia del atentado sería a Otegi. Estoy seguro de que no creería que ETA iba a llegar tan lejos. Probablemente, o bien estaba sobreestimando su propio liderazgo al frente del proceso o bien ignorando completamente la historia de ETA. En la banda terrorista siempre ha predominado el componente armado sobre el político, los txerokis sobre los terneras. Continúa siendo así.

La racionalización estratégica del atentado por parte de ETA es absolutamente equivocada. La matriz del argumento etarra es que Zapatero depende de obtener algo sustancial en el proceso de disolución de ETA para revalidar su escaño en La Moncloa. De entrada, es una premisa del todo cuestionable. Es evidente que, a estas alturas, varios serán los maitines que estarán dándole vueltas al paralelismo de que el PP perdiera las elecciones tras un atentado y el PSOE pueda sucumbir tras otro, aunque más en diferido. Ambos escenarios no resisten la comparación, desde luego, pero seguro que en muchos análisis ya habrán manejado la metáfora. Con todo, queda aún recorrido para que el proceso derive en resultados incluso sorprendentes. De momento, Otegi podría convertir su fracaso en un triunfo, pero para ello tendría que ser muy, muy valiente. Y me caben dudas de que sea tan inteligente.

Tras la reunión entre representantes de Zapatero y de ETA, el aparato armado terrorista debía estar calculando que todavía podía ejercer más presión en el espacio de negociación. Los terroristas ejercen presión con la violencia. Kepa Aulestia describe brillantemente, en ese sentido, cómo la identidad de ETA está fraguada en una constante inercial hacia la expresión de la violencia. Así se han socializado como organización y su instinto de supervivencia, en los momentos de toma de decisiones, es decantarse por lo violento. De manera que ETA ha debido de sopesar, erróneamente como tendrán ocasión de comprobar, que un atentado obligaría al Gobierno a hacer alguna concesión antes de que Zapatero se metiera en campaña para las elecciones generales, siempre que el atentado no cruzara la línea roja de las víctimas mortales. ETA se ha equivocado, porque ni el retorno a la violencia va a generar más concesiones, pues Zapatero está limitado por su compromiso con el Congreso en ese sentido, ni ellos mismos pueden garantizar que su violencia en lugares públicos no ocasione muertes, pues han asesinado a dos ciudadanos.

Además de ser un instrumento absurdo de presión a Zapatero, el atentado tiene una lectura en la clave interna de ETA, como siempre. Es imprescindible no olvidar estas claves si se quiere leer apropiadamente el proceso, aunque a veces nos equivoquemos en las interpretaciones o en los pronósticos. Escribiendo en el lenguaje interno de la banda, la facción armada de ETA está haciendo un ejercicio de autoafirmación por encima de Otegi y de Ternera. ETA ha bombardeado el puente hacia su propio final, aunque Otegi y Ternera pueden reconducirlo. Afortunadamente, Zapatero no ha hecho ninguna concesión durante todo este tiempo, actuando con un olfato e inteligencia que puede que ni él mismo se esperara. Esta dosificación en los movimientos del Gobierno le otorga ahora una ventaja estratégica que no es desdeñable pero que, desgraciadamente, depende para materializarse de lo que ahora estén dispuestos a hacer Otegi y compañía.

El proceso puede reorientarse si Otegi, ahora ninguneado por el aparato armado de ETA, se desmarca definitivamente de la violencia y se presenta a las elecciones municipales. La jugada tendría el mismo valor posicional, en clave interna de ETA, que el atentado. La banda terrorista no se lo esperaría y quedaría momentáneamente fuera de juego, lo que recuperaría para Batasuna el centro del espacio negociador. Claro que esto supondría que Otegi es independiente de ETA, que tiene peso específico, que puede creerse eso de ser el Gerry Adams de Euskadi. Hace falta ser muy optimista para tener esperanza en esta alternativa.

La única opción de recobrarse ahora es una escisión, una lo suficientemente potente como para que sea creíble. Otegi puede convocar una rueda de prensa declarando que Batasuna descarta la violencia como medio para conseguir la autodeterminación y la independencia de Euskadi. La guinda sería que Josu Ternera apoyara desde ETA esa maniobra. Lo máximo que le puede ocurrir es que Txeroki le tenga a pan y agua durante un mes. No vamos a pedir el cielo. Sin embargo, si alguno de los dos estaba buscando el escenario ideal para pasar a la historia, éste es sin duda su momento. Ellos saben que las bases de la izquierda abertzale apoyarían esa aventura en las urnas. También son conscientes de que ETA anunció el cese de atentados hace nueve meses porque ya no tiene más recorrido. En ausencia de negociación, ETA puede ser reducida a escombros con acción jurídica, policial y judicial en dos legislaturas si se recupera el consenso contraterrorista.

Zapatero no ha fracasado. El presidente del Gobierno ha cumplido escrupulosamente lo que el Congreso le autorizó, sin trasladar a un solo preso. Menos mal. Ahora le queda desarticular comandos y continuar asfixiando legalmente a Batasuna, incluso abrir investigaciones alrededor del PCTV, a la espera de que se fracture la izquierda abertzale.

www.laverdad.es

martes, 2 de enero de 2007

Menor crecimiento demográfico en Alicante respecto de Valencia y Castellón durante 2006


Las capitales de las ocho provincias del arco mediterráneo español, desde Gerona hasta Almería, lideran el crecimiento demográfico en nuestro país, según se desprende de la revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2006 aprobada en el último Consejo de Ministros del año.

Estas últimas cifras oficiales de población sitúan a Valencia como la segunda capital que más habitantes ha ganado por detrás de Barcelona, Murcia es la tercera, y Castellón la cuarta entre las 50 capitales provinciales que más han crecido, siempre en términos absolutos. Alicante se sitúa en séptimo lugar mientras Elche y Cartagena, sin ser capitales de provincia, siguen creciendo igualmente, hasta alcanzar ambas una población muy similar en torno a los 230.000 habitantes cada una. .

Las cifras oficiales de población a 1 de enero de 2006, ya publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sitúan a las ocho capitales de ese eje mediterráneo como las ciudades que más crecen entre las 50 españolas. La revisión del Padrón Municipal aprobada en el último Consejo de Ministros del año revela que Valencia fue la segunda capital con un mayor crecimiento absoluto de población, al ganar 8.755 vecinos entre el 1 de enero de 2005 y el primer día de 2006. Castellón, con 4.665 habitantes nuevos, es la cuarta que más aumentó su censo. Alicante es la séptima que más ganó, con 3.051 nuevos empadronados. La tabla la lidera Barcelona, con un aumento de 12.527 habitantes. El tercer lugar es para Murcia, con 7.186 vecinos más, y el quinto para Almería con un crecimiento de 3.607 empadronados. Gerona (3.218 habitantes más) ocupa la sexta posición y Tarragona la octava, con una ganancia de 3.051 vecinos.

En términos relativos, la segunda capital española que más creció fue Castellón que, en doce meses, vio como su población aumentó un 2,8% al pasar de 167.455 vecinos a 172.110. El porcentaje de variación demográfico de la capital de la Plana duplica el crecimiento medio interanual español, que fue del 1,4%. La capital que relativamente más creció fue Gerona, cuyo padrón aumentó un 3,7%.

El Real Decreto publicado el pasado sábado en el BOE con las cifras de población a 1 de enero de 2006 en España, que ascienden a 44.708.964 personas empadronadas, supone una revisión al alza de 310.000 más que los 44,39 millones que figuraban en los datos provisionales ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado mes de julio.

Según fuentes del INE, en el avance no se contabilizaban casi 493.000 extranjeros en situación ilegal en España debido a que no renovaron su inscripción en el Padrón Municipal. Sin embargo, en las cifras oficiales se ha incluido por primera vez el resultado de la aplicación del procedimiento de caducidad de las inscripciones de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia, que no sean renovadas cada dos años.

El volumen de inscripciones afectadas - todas las existentes en diciembre de 2003 que no fueron renovadas - hicieron necesario ampliar los plazos de obtención de las cifras de población para garantizar que fueran lo más ajustadas posible a la realidad, según fuentes autorizadas del INE. Esas cifras oficiales aumentan el censo de la Comunidad Valenciana en 34.500 vecinos extranjeros más con respecto al avance de julio, con lo que sus tres provincias sumaban a 1 de enero de 2006 una población total de 4.806.908 habitantes. Así pues, la Comunidad Valenciana ganó 114.459 habitantes con respecto al primer día de 2005, lo que en cifras relativas supone un aumento del 2,4%.

Este porcentaje sitúa a la valenciana como la segunda autonomía que más creció en España, por detrás de la Región de Murcia (2,6%) y un punto por encima del crecimiento medio español, que fue del 1,4%. Tal y como avanzó el INE en julio de 2006, la inmigración extranjera es el motor de la bonanza demográfica valenciana y murciana. Ya entonces, la Comunidad Valenciana era la séptima autonomía donde más había aumentado el número de extranjeros empadronados, con un 10,14% en un año.(NEM)

lunes, 1 de enero de 2007

Retórico discurso de Camps en fin de año, repleto de lugares comunes, silencios, tópicos y futuribles



El Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps Ortíz, instó en su mensaje de fin de año a trabajar todos juntos por la solidaridad y a seguir en el camino de la prosperidad para el bienestar de todos los ciudadanos.

Camps, que se dirigió a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana en la última noche del año 2006 desde el Puerto de Alicante, que acogerá la salida de la "Volvo Ocean Race" en 2008, mostró su satisfacción porque la Comunidad Valenciana está viviendo “el mejor momento de su historia”.

En este sentido, el jefe del Consell recordó la celebración de la 32ª edición de la "America’s Cup" en la ciudad de Valencia este año 2007 o la salida de la "Vuelta al Mundo de Vela" desde el Puerto de Alicante en 2008. “La Comunidad Valenciana quiere vivir el pulso a la modernidad y también decirle a todo mundo que aquí están ocurriendo cosas muy interesantes”, apuntó.

El máximo responsable político valenciano también hizo referencia a la "Ciudad de la Luz", de Alicante, que está acogiendo superproducciones internacionales, así como a las ferias que hacen de la Comunidad Valenciana un lugar de referencia mundial.

Asimismo, Francisco Camps incidió en la apuesta del Consell por crear una sociedad de bienestar y cohesión con oportunidades para todos. Por ello, recordó que en la presente legislatura se han creado 100.000 puestos de trabajo al año y se ha incrementando el esfuerzo inversor en educación, sanidad y en políticas al servicio de las personas, que han hecho que la Comunidad Valenciana crezca en casi un millón de habitantes en los últimos seis años.

Por tanto, el Jefe del Consell explicó que la Comunidad Valenciana afronta preparada los desafíos de la Europa de la Ampliación “porque llevamos preparándonos muchísimos años”.

En este aspecto, el Presidente Camps hizo mención a la decidida apuesta por las infraestructuras realizada por el Consell, tanto en puertos, aeropuertos, como en redes de comunicación.

Asimismo, Camps aludió al esfuerzo inversor de la Generalidad Valenciana en los apartados de investigación, desarrollo e innovación para seguir dotando de competitividad a los sectores productivos valencianos que generan empleo, riqueza y prosperidad y permiten a la Comunidad Valenciana ser una sociedad de oportunidades.

Por ello, el Presidente mostró su confianza en que la Comunidad Valenciana logrará en 2010 el pleno empleo. Un horizonte en el que también se habrán duplicado la oferta de políticas sociales, uno de cada dos centros educativos será nuevo o renovado y en el que todos los valencianos tendrán, como máximo, a treinta minutos un hospital o a veinte un centro de salud. El Presidente también se ha fijado como prioritario que la mayoría de las habitaciones de los hospitales valencianos sean individuales.

En su discurso, el Presidente recalcó que el Consell seguirá con su defensa del territorio y del desarrollo sostenible. De hecho, en 2010 más de la tercera parte del territorio valenciano estará protegida. Además, para esa fecha la Comunidad Valenciana será autosuficiente en materia energética y no solamente tendrá el cien por cien de su superficie de regadío modernizada sino que reutilizará, reciclará y depurará la misma cantidad de agua que exige del trasvase del Ebro.

El Presidente de la Generalidad concluyó su mensaje explicando que el próximo 11 de enero reivindicará al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, las necesidades fundamentales de la Comunidad Valenciana: el agua, la seguridad ciudadana, las inversiones en infraestructuras y el reconocimiento de casi un millón de personas de más que vive en la Comunidad Valenciana.

Así, Camps subrayó que exigirá una transferencia financiera que se corresponda con la realidad demográfica del territorio valenciano para el bienestar, la salud, la educación y la calidad de vida de todos los valencianos.

El Presidente recordó que la llegada del nuevo año traerá consigo la desaparición del impuesto de sucesiones y de donaciones entre padres e hijos y que permitirá un mayor ahorro a las familias valencianas así como un mayor dinamismo a la sociedad.

Además, Francisco Camps explicó que con iniciativas como ésta la Comunidad Valenciana se convertirá en la autonomía de menor presión fiscal y la que deposita mayor confianza en las posibilidades y el potencial humano de sus ciudadanos.

Por último, recordar que el Presidente ha querido invitar, una vez más, a toda la sociedad valenciana, a los partidos políticos, a los sindicatos, a los agentes sociales, a todos los ciudadanos de cualquier edad, a hacer posible que continuemos con un camino de prosperidad, ilusión y de futuro todos juntos, pensando siempre que con el acuerdo, con la confianza mutua y con el consenso está siempre lo mejor para todos.

Siempre habrá "proceso"


Francisco M. Martínez

El “proceso” nunca se podrá romper, porque siempre “se está” en proceso. Siempre ha habido y siempre habrá proceso. Quienes acusan al presidente del Gobierno español, J.L. Rodríguez Zapatero, de instalarse en la “banalidad” política y en una “inconsistencia” intelectual que pone en “gravísimo” riesgo al Estado de Derecho español (como ha dicho el director del diario Abc, J.A. Zarzalejos) porque sigue repitiendo –también tras el atentado del 30-D en la Terminal 4 de Barajas- que no se “rompe” el proceso, pretenden que el sentido común e histórico desaparezca en la mente del actual presidente del gobierno y en el pensamiento de la mayoría de los ciudadanos, cuando nunca lo han pretendido antes, es decir, en los prácticamente treinta años de Democracia española, y cuando, es más, han participado activamente en dicho “proceso” cuando han asumido responsabilidades de poder o han asumido intelectualmente desde la tribuna esas responsabilidades.


El “proceso” es intrínseco a la existencia del nacionalismo extremista vasco que utiliza la amenaza, la violencia, la extorsión, el asesinato y, en suma, el terrorismo. Y el proceso es “político” porque el terrorismo de ETA y el activismo de HB es “político”. La política “criminal” de la banda terrorista y la negación política de “condenar” los crímenes son una realidad que sería de necios negar. Es un error negar que las pretensiones de ETA y HB son “políticas”.

Pongamos un ejemplo histórico y cercano: Sería de una fatuidad consistente negar que Franco no fue un general que hizo “política” y que su dictadura militar no fue “política” además de criminal. Y lo sería igualmente negar que el “proceso” abierto, incluso antes de su muerte, sigue abierto y lo seguirá estando por mucho tiempo.

Quienes niegan al actual gobierno español su “potestad” de seguir actuando en el “proceso” le acusan también de “jactancia” al haber dicho, un día antes de que la tregua fuera “rota” por el atentado de Barajas, de que “se estaba mejor que hace uno año” y que “se estará mejor un año después”. ¿Quién es el necio que puede negar que el 29 de diciembre de 2006 los ciudadanos estábamos mejor porque se habían sumado otras 24 horas sin haberse producido ningún atentado de la banda terrorista? ¿Quién es el irresponsable “agorero” que pretende que estemos peor dentro de un año? ¿Quién se obstina en negarle a priori la eficacia a quienes han sido facultados, llamados y obligados a dirigir la lucha antiterrorista?

La obstinación del director de El Mundo, P.J. Ramírez, es acusar de “ignorancia” al Ministerio del Interior que dirige Pérez Rubalcaba, ya que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no “supieron” detener previamente a los autores del atentado de Barajas. Qué soberano disparate la de este famoso periodista al exigir inexcusablemente a Rubalcaba conocer cuanto plan asesino pergeñe la serpiente asesina de ETA. Sólo los intereses también “políticos” del director de El Mundo pueden sostener tal exigencia el mismo día de la comisión del atentado de Barajas sin que se hayan dilucidado antes las circunstancias de tipo pericial que pudieran dar cobijo a alguna sospecha de negligencia operativa.

Por la misma regla de tres, el director de El Mundo debería culpar a los responsables gubernamentales de toda política preventiva de cuanto acto criminal se haya cometido y, lo que es peor, se siga cometiendo. Por ejemplo, el que costó dos centenares de víctimas mortales en Madrid el 11-M de 2004.

P.J. Ramírez y cuantos dinamitan intelectual y políticamente, por vez primera en la Democracia española, la política de un gobierno en la lucha contra el terrorismo siguen tozudamente inmersos en su regresión antidemocrática de negar a HB la posibilidad de expresar sus deseos de autodeterminación. Pretenden lo improcedente en democracia. Como improcedente es pretender la autodeterminación a través de la amenaza, la extorsión, la violencia y el asesinato, y en definitiva el dolor y la sangre, como ha expuesto en su editorial El País. Sólo el peor de los nacionalismos puede ofrecer y enaltecer como moralmente aceptable el martirio como objeto ideológico. Sólo los dioses y los nacionalismos sanguinarios aceptan estas ofrendas de sus creyentes. Qué patria vale la vida de un inocente. Qué idea vale la vida de una persona.

Cómo se puede calificar de “falso” un proceso, como titula su editorial el diario Abc. El proceso es y seguirá siendo un “proceso de paz”, es decir, un proceso para alcanzar la “paz” que lleva implícito la desaparición de los actos criminales y de la banda que los perpetra para conseguir objetivos políticos, y, por tanto, seguirá siendo un proceso “real”, al que cualquiera que pretenda calificarlo de “falso” o “verdadero” estará aspirando a moldearlo a sus propios intereses políticos e ideológicos. A no ser que a todo lo “real” lo califiquemos de “falso”.

El proceso no puede “morir” y nunca podrá suponer ningún “fracaso” para ningún gobierno. Quien diga que la única opción de derrota posible del terrorismo etarra es la policial pretende lo imposible y niega que la autodeterminación es un aspiración política tan digna como cualquier otra aspiración ideológica siempre y cuando se exprese a través de los cauces establecidos en un Estado de Derecho. La dignidad se mide por aceptar las reglas del juego, la dignidad de cualquiera, del que no ha matado y del que ha matado y cumpliendo su pena se arrepiente de ello.

El proceso de paz será largo y difícil y su terrible dureza no se la puede desear. Quienes tachan a Zapatero de cara de palo, califican su discurso antiterrorista de jactancioso, rimbombante o grandilocuente, los que califican a quienes entienden que alcanzar la paz forma parte de su realidad y de su dignidad política, de incautos o necios, tienen sus miras demasiado cortas en este a veces penoso proceso hacia la paz. Un proceso al que se pretende hurtarle ese bien preciado quienes a la vez acusan con romo pudor al gobierno de “rendirse” al “enemigo” en una “guerra” inexistente. Atrincherarse en estos eufemismos y ambigüedades sirve para calentar sólo orejas y cabezas ya predispuestas a estas calenturas políticas e ideologicas.

www.vegamediapress.com


domingo, 31 de diciembre de 2006

Zapatero exhibe el éxito de su política socialdemócrata durante el año 2006



Lo primero que quiero afirmar es que el año 2006 ha sido muy positivo para España. Estamos en un momento de un gran crecimiento económico, de una gran creación de empleo, de una estabilidad y superávit en las cuentas públicas, que nos dan una gran confianza y una gran seguridad sobre nuestro devenir económico y en materia de bienestar. Además, ha sido un año de conquistas sociales, especialmente, con la aprobación de la Ley de la Autonomía Personal, de la Ley de la Dependencia, y con la Ley de Igualdad.

Permítanme que haga, desde esta perspectiva, una consideración de carácter general: España está hoy en el liderazgo del crecimiento económico, España está hoy en el liderazgo del crecimiento de empleo, España está hoy en el liderazgo del Estado del Bienestar, fortaleciendo nuestro Estado de Bienestar y nuestra cohesión social, y España está hoy en el liderazgo del avance de derechos individuales, de libertades públicas y de igualdad entre hombres y mujeres. Son cuatro aspectos esenciales para la evolución de un país y para el bienestar de sus ciudadanos, y son cuatro pilares de nuestro proyecto político que en este momento avanzado de la Legislatura tienen y presentan un balance de hechos y de datos objetivamente muy satisfactorio.

Crecer por encima de la media europea o de países como Francia, o Alemania, o Inglaterra, o Estados Unidos; crear el 60 por 100 de los empleos de la Unión Europea; fortalecer e incorporar nuevas prestaciones sociales a los ciudadanos cuando muchos países de nuestro entorno se plantean recortar prestaciones y limitar el Estado del Bienestar, es, sin duda alguna, un buen testimonio, un buen ejemplo de la evolución que tenemos como país, y, sin duda alguna, es una expresión evidente del acierto de la política económica, de empleo y social del Gobierno.

Algunos datos son muy llamativos: un crecimiento que en estos momentos está en el entorno del 4 por 100, que nos va a permitir terminar el año creciendo el 3’8 o el 3’9 por 100; 700.000 empleos creados en este año y un año espléndido para la estabilidad del empleo.

Quiero aportarles un dato: desde la entrada en vigor de la reforma laboral el 1 de julio hasta el día 28 de diciembre se han registrado 1.200.000 contratos fijos; la cifra, con mucho, más elevada que se ha contabilizado hasta la fecha. Es decir, 454.673 más contratos fijos que en el segundo semestre del año pasado y un crecimiento nada menos que del 61 por 100 del empleo fijo. De esos 1.200.000 contratos fijos, el 54 por 100 son conversiones de empleos temporales. Más de 600.000 trabajadores que tenían contrato temporal ahora lo tienen fijo como consecuencia de una acertada política de empleo, de la reforma laboral y de nuestra buena evolución económica.

En consecuencia, en 2006 hemos logrado más empleo indefinido que nunca, más estable y por más tiempo, y al final del cuatro trimestre, como acabo de subrayarles, rozaremos los 700.000 empleos nuevos y España estará prácticamente tocando la cifra de veinte millones de ocupados. Es un dato que por sí solo expresa ésa muy positiva evolución del año 2006 en materia económica y de empleo, teniendo en cuenta que la creación de empleo es, sin duda alguna, la prioridad de cualquier política social para un Gobierno.

Pero también por primera vez en la democracia vamos a tener una legislatura con todos los años de superávit público. Es casi imposible remontarse en la Historia para encontrar un dato de nuestra economía, de nuestras cuentas públicas, que nos permita cerrar un ejercicio con 1’5 por 100 de superávit en relación con nuestro Producto Interior Bruto en un año, quiero recordar, que además los españoles van a tener una bajada de impuestos, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto de Sociedades.

Además, como les decía, estamos teniendo importantes avances en la construcción, en el desarrollo, del Estado del Bienestar. Más de un millón de españoles, pero de alguna manera todos los españoles, se van a ver beneficiados ante una de las demandas más claras de la sociedad española, que es la atención a las personas que no se pueden valer por sí mismas, a los discapacitados, y a un conjunto de familias que han venido soportando la carga, sin ninguna ayuda pública, de tener que afrontar diversas tareas de solidaridad solamente en el ámbito privado.

Ese cuarto pilar del Estado del Bienestar marcará un hito en nuestro progreso, en nuestro bienestar social. Con la Ley para la Autonomía personal, la Ley de la Dependencia, los españoles van a estar más seguros y más protegidos, van a poder vivir mejor y todas las familias se van a ver beneficiadas.

Quiero decirles que, desde el punto de vista político, este año ha estado también significado por el alto el fuego permanente de ETA, anunciado el pasado mes de marzo. Hace algo menos de un año, cuando hacía esta misma comparecencia, afirmé desde este mismo lugar que podíamos estar en el principio del fin de la violencia y también afirmé aquí que el proceso de paz, que aún no se había iniciado, sería largo, duro y difícil. Quiero decir que el Gobierno ha trabajado y trabaja con ese objetivo. Ha trabajado cada día de la Legislatura por ver el fin de la violencia, del horror y del terror.

Un año después he de decirles que, en lo que afecta a la lucha contra el terrorismo, en lo que afecta a la lucha por el final de la violencia, estamos, por supuesto, mejor que antes de cinco años, pero también estamos mejor que hace un año y hoy les expreso una convicción: dentro de un año estaremos mejor que hoy. Y, desde luego, el Gobierno seguirá trabajando, dentro de los principios establecidos, por el fin de la violencia.

Desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de la España territorial, de nuestro modelo de Estado, quiero subrayar que hemos vivido un proceso de reformas de Estatutos; tres ya están en vigor: Valencia, Cataluña y Andalucía, a expensas del referéndum que tiene que celebrar esa Comunidad Autónoma. Hay otros Estatutos en trámite parlamentario en las Cortes Generales y otros que aún están en sus parlamentos autonómicos. Con ello estamos dando un paso adelante en lo que representa el Estado Autonómico, desde la normalidad, para hacer que crezcan las partes a la vez que crece el conjunto de España y para hacer que la cooperación sea la guía que marque el funcionamiento entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Un año después hace un año lo oíamos es evidente que España no se rompía; más bien, al contrario, España ha crecido, es más fuerte económica, política y socialmente. Ésa es la conclusión y una vez más se demostrará que los avances autonómicos contribuyen al progreso económico y social, y los avances autonómicos contribuyen a la solidaridad y a la cohesión territorial.

Por último, quería decirles que en materia de política exterior el Gobierno ha hecho honor a la palabra dada y ha cumplido con los valores y los compromisos de llevar adelante una política exterior activa en principios esenciales: la defensa de la paz, de la legalidad internacional y el compromiso de la lucha contra la pobreza. Éste año, 2006, pasará también a la historia como el año en que España hizo la mayor aportación de su historia a Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y pasará también como el año en el que duplicamos el volumen de recursos para la lucha contra la pobreza, para la ayuda al desarrollo.

Quiero pasar a situarles cuáles son los objetivos principales para el año 2007, para esta legislatura, y que algunos, como decía, tienen proyección en los próximos años.

Acabo de referir que tenemos liderazgo en el crecimiento económico, liderazgo en el crecimiento de empleo, liderazgo en el desarrollo del Estado social y liderazgo en la extensión de derechos ciudadanos y de la igualdad. España necesita, y ésas son las tres grandes prioridades que el Gobierno se pone por delante, estar también en otros tres ámbitos en el liderazgo y salir del pelotón en el que hemos estado demasiados años:

El primero de ellos es la Economía del Conocimiento, la Educación, la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. Por ello estamos aumentando el volumen de gasto en materia de I+D+I, un 30 por 100 desde que llegamos al Gobierno, y por ello queremos tratar una nueva estrategia nacional con las Comunidades Autónomas en materia de I+D+I en la próxima Conferencia de Presidentes.

El segundo ámbito en el que queremos situar a España en el liderazgo es el ámbito de la defensa del medio ambiente, del desarrollo sostenible, del cambio climático. Para ello estamos poniendo en marcha un bloque de leyes medioambientales; algunas están ya en las Cortes, como la Ley que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública en materia de medio ambiente; o la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente; o la Ley de Parques Nacionales; o la Ley del Suelo.

Pero, además, para el próximo periodo el Gobierno va a presentar distintos Proyectos de Ley: el Proyecto de Ley de la calidad del aire y de la protección de la atmósfera, el Proyecto de Ley de la defensa del patrimonio natural y la Biodiversidad, el Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental y el Proyecto de Ley de la reforma de la Ley de Aguas, unido a la Ley del desarrollo sostenible del medio rural.

En definitiva, el medio Ambiente, el urbanismo, la preservación de nuestras condiciones Naturales y el compromiso con el cambio climático serán el segundo gran objetivo de esta fase de la Legislatura.

Y, en tercer lugar, intensificar el proceso de modernización de nuestros servicios públicos, proceso de modernización que tiene que empezar o que tiene como prioridad la seguridad, la seguridad en todos los ámbitos: la seguridad ciudadana con un incremento para este año de nueve mil policías y guardias civiles --se han incrementado cinco mil el año pasado-- , con la puesta en marcha del 50 por 100 de la Unidad Militar de Emergencias o con planes específicos en materia de seguridad vial para seguir ganando la batalla de tanta tragedia en las carreteras. Éste ha sido un año positivo en la búsqueda de la máxima seguridad vial, con 260 muertos menos que en años anteriores, pero aún tenemos mucha tarea por desarrollar.

Modernización de nuestra seguridad y modernización de la Administración para los ciudadanos, para que la Administración esté en el mismo tiempo de modernidad que están la ciudadanía y la sociedad. Por ello les anuncio que el lunes próximo se dejará de exigir en cualquier trámite de la Administración del Estado la presentación de fotocopia del DNI; antes de 2008 se eliminarán más de veinte millones de documentos en papel que hoy se exigen para distintos trámites; antes del 31 de diciembre de 2007 tres millones de españoles dispondrán del nuevo DNI electrónico y en 2007 reduciremos a la mitad, por ejemplo, el tiempo de expedición de los títulos universitarios.

Éstas son medidas algunas de las cuales forman parte de esos tres grandes objetivos para este periodo de la Legislatura, que son las tres grandes necesidades de España.

Además de ello, quiero anunciarles una serie de Proyectos de Ley que también, por su significado, van a formar parte de la tarea del Gobierno para este próximo periodo:

  • Ley de Tramitación de Adopciones Internacionales.
  • Ley de medidas en materia de Seguridad Social, fruto del acuerdo en materia de Seguridad Social.
  • Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para hacer aún más rentable un fondo que en estos momentos está prácticamente en los cuarenta mil millones de euros.
  • Ley del Estatuto del Profesorado no Universitario.
  • Ley para la protección de la salud y la prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores.
  • Ley del Cine.
  • Ley de desarrollo sostenible del medio rural, a la que antes hacía referencia.

Son las leyes más destacadas, aunque el Gobierno aprobará más Proyectos de Ley, que tenemos para el próximo periodo.

Quiero recordarles que en el año que termina el Parlamento ha aprobado 44 leyes, cuyos proyectos había enviado el Gobierno. Hay 35 más en el Congreso y ocho en el Senado, en distintas fases del procedimiento legislativo, y en el año que ahora comienza el Gobierno, para cumplir su programa político, para cumplir plenamente su programa político, tiene en cartera en torno a cuarenta leyes, algunas de las cuales acabo de referir, que abordarán todos los ámbitos de acción política y de acción administrativa.

viernes, 29 de diciembre de 2006

El abogado Diego de Ramón denuncia en Europa la competencia desleal de "Caja Murcia" y la CAM





El abogado murciano Diego de Ramón, fundador del nuevo partido Unión Democrática de la Región de Murcia y su virtual candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma en las elecciones de mayo de 2007, ha denunciado la regresiva situación de la obra social y, en consecuencia, la supuesta competencia desleal de “Caja Murcia” y la CAM, al menos ante la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (en la fotografía superior), el Consejo Económico-Social de la Unión Europea, el Defensor del Pueblo Europeo, la Asociación Europea de Usuarios de Servicios Bancarios y Financieros, el Banco de España, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Asociación Española de Banca Privada.

En su escrito, remitido a todas esas instancias, y más referido a situaciones concretas de “Caja Murcia”, De Ramón sostiene que cada año se reduce la cantidad proporcional dedicada a obras sociales mientras aumenta la inversión crediticia a modo de los bancos. El citado abogado en ejercicio afirma taxativamente que las cajas de ahorro son un instrumento financiero en manos políticas “bajo la pantalla de prestaciones sociales que no se corresponden en proporcionalidad con sus altos y grandes beneficios, gozando de todos los privilegios, hasta el punto de eximirse del pago de licencia fiscal del impuesto de Cajas”. El letrado destaca la necesidad de quitar a las Cajas esa dependencia política regional porque “el interés político se basa, en toda su época de gestión y control, en la renovación de sus órganos de dirección”.

La denuncia prosigue diciendo que “las Cajas gozan de privilegios institucionales propios de su nacimiento en las comunidades autónomas donde operan, no tienen juntas de accionistas pero sí despachos y órganos de control administrativo de la Consejería de Economía y Hacienda”. A continuación De Ramón sostiene que las Cajas deberían dedicar ahora en la Región de Murcia casi mil millones de euros al año pero se pregunta: “¿Cuánto de ese dinero va a prestaciones sociales, cuánto dinero va a engrosar el capital social de la Caja (en referencia a “Caja Murcia”), haciéndola cada vez más grande a costa del capital social y disminución de inversiones sociales, cuánto dinero se deja de fondos de reserva y quién aprueba finalmente el capítulo de grandes inversiones a grupos inmobiliarios”. En el escrito afirma que “la idea ahora de las Cajas es igualar a las entidades bancarias en su salida al exterior para estar junto a los empresarios y, por tanto, apartándose de su verdadero fin social, instrumentándose como fin industrial financiero”.

De Ramón señala como dudosos fines sociales el Día de la Región y la Semana Grande de “Caja Murcia” pero se pregunta en el escrito quién aprueba las inversiones sociales, en qué se invierte y cuánto, de nuevo, quién aprueba los capítulos de la inversión de préstamos superiores a 50 ó 100 millones de euros en concesiones de créditos a grupos inmobiliarios y si están de acuerdo con la política del Banco Central Europeo, así si son examinados por el Banco de España (al que ha pedido las actas de las últimas inspecciones en “Caja Murcia”) u órganos de gestión externas a las Cajas sobre análisis de riesgos, informes de recuperación en caso de crisis ó impago, tasaciones, garantías exigidas a esos grupos inmobiliarios y avales solicitados para cubrir los fondos de reserva.

A su juicio, “falta justificar socialmente el equilibro entre obra social con eficacia y altos rendimientos, por parte de órganos de fiscalización y gestión exterior a ellas mismas” y en nombre de su partido solicita a la Dirección General de la Competencia en Bruselas que nuestras “cajas apliquen el mismo porcentaje de beneficios que aplican los bancos a sus accionistas (después de gastos, fondos de inversión y reservas propias) en prestaciones sociales de sus fundaciones o cuotas participativas, no la actual política de crecer a costa de la disminución de esas prestaciones y con operaciones financieras cuyo análisis de inversión o concesión de préstamos no respaldan los créditos multimillonarios, en proporción a los propios particulares, a sociedades cuyo capital social no llega a las proporciones del crédito o los instrumentos inmobiliarios con sus resultados están faltos de seguridad en proporcionalidad con el crédito concedido, si se verificase por el Banco de España o la Asociación Española de Banca”.

Precisamente en el escrito dirigido a la AEB, le comunica el propósito de su partido, la UDRM, de asumir las competencias bancarias la Comunidad Autónoma de Murcia y que sea la Asamblea Regional el órgano político que decida el porcentaje anual dedicado a fines sociales y en igualdad de trato a la propia banca privada al objeto de equilibrar y “para erradicar la competencia desleal que se ejerce actualmente por parte de las Cajas” al aplicar una política competitivo-financiera a costa de la disminución de los fines sociales.

En otro escrito dirigido a la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, dependiente de la Fiscalía Anticorrupción, De Ramón señala a las cajas de ahorro como agentes de las grandes operaciones inmobiliarias, donde se apuntan las corrupciones por concentración de grandes cantidades de dinero y se impulsa por sociedades donde el capital social dista mucho de llegar a los 100 millones de euros. “Las Cajas, debido a su gran dependencia política, dirigen sus inversiones de forma aislada o en créditos sindicados, siendo poco relevante las garantías que exigen a las sociedades a las que dejan el crédito para comprar suelo. Deben estar debidamente consensuadas teniendo en cuenta su capital social”.

El letrado murciano sugiere a la Benemérita que investigue, a través de sus unidades especializadas destacadas en el Banco de España, la concentración de capitales, sobre los fondos de inversión o reserva que garanticen el posible impago de dichos créditos. Y termina diciendo en ese escrito: “Allí donde no existen grandes financiaciones, no existe corrupción o prevaricación de políticos y entidades financieras o Cajas”.

Según Diego de Ramón, no le consta que la CAM ni “Caja Murcia” hayan presentado todavía en el Banco de España un protocolo de autorregulación en materia de prevención de lavado de dinero para, de acuerdo con la Tercera Directiva de la Unión Europea en ese sentido, comunicar al SEPBLANC cualquier operación sospechosa, identificar a los autores y el origen del dinero.

Posteriormente a estos escritos del líder de UDRM, han entrado varias preguntas de IU en la Asamblea Regional para saber en sede parlamentaria cuestiones relacionadas con “Caja Murcia” y, más concretamente, con su actividad mercantil respecto a bienes raíces.

http://murciaconfidencial.blogspot.com

El Consell de Camps exigirá responsabilidades en "Terra Mítica" a los zaplanistas implicados



El Gobierno valenciano pretende marcar las distancias con los responsables políticos de la etapa en que se produjo el supuesto fraude en la Sociedad Proyectos Temáticos de Alicante (SPTA), denunciado por la Agencia Tributaria e investigado, desde ayer, por la Fiscalía Anticorrupción alicantina.

Tanto es así que el Consell no descarta, según fuentes próximas al Gobierno autonómico, exigir responsabilidades penales individuales a los directivos que gestionaban entonces la SPTA si finalmente se prueba que consintieron o alentaron el presunto fraude. Esta posibilidad, no obstante, depende de que sean acusados también de forma personal.

Esta determinación guarda un fuerte paralelismo con la actuación del parque temático Terra Mítica, cuya construcción promovió la mencionada sociedad, respecto a la investigación judicial sobre una presunta trama de facturas falsas. Entonces el parque pretendió personarse como parte perjudicada, cuando también era parte denunciada. Posteriormente, al desvelarse en unas grabaciones el presunto reparto de comisiones entre Eduardo Zaplana (en la fotografía inferior) y el empresario Vicente Conesa, el juez permitió a Terra Mítica personarse en la causa por estafa, aunque no por el resto de delitos investigados.

En cualquier caso, el proceso se encuentra todavía en una fase embrionaria, dado que es el fiscal Felipe Briones quien debe decidir, dentro del plazo de seis meses, si archiva la denuncia de la Agencia Tributaria o bien la remite a un juzgado para que abra diligencias.

Así, hay que entender la determinación de emprender, llegado el caso, acciones legales como un intento de desmarcarse desde el principio de la gestión de los responsables de la SPTA en 2000 y 2001, la actual consellera de Cooperación, Gema Amor, y Luis Esteban, presidente a su vez en la misma etapa de Terra Mítica.

Reunión en la Fiscalía
Por otra parte, el teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, Juan Antonio López Coig, confirmó que ayer recibieron la documentación remitida por la Fiscalía de Valencia. De hecho, López Coig y Briones, que regresó ayer de vacaciones, pasaron gran parte de la mañana reunidos para analizar el contenido de la misma. Más de mil folios donde se detalla la investigación desarrollada en Valencia, y remitida a Alicante -la Fiscalía competente- el pasado martes.

Dado que gran parte del trabajo de investigación ya ha sido realizado, todo indica que Briones no agotará sus seis meses de plazo antes de tomar una decisión.
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