ALICANTE.- El Ayuntamiento de Alicante presentará un recurso de apelación, por
"razones evidentes", contra la sentencia del juez titular de plaza
nº 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de
Instancia de Alicante que ha anulado parte del pliego del contrato del
transporte público urbano en autobús de la capital alicantina por los
requisitos de solvencia técnica exigidos. Desde el consistorio han
defendido su gestión: "Lo hicimos bien".
Así lo ha indicado el
vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, del PP, en la rueda de prensa
ofrecida este martes tras la junta de gobierno local, aunque en esta
comparecencia también ha insistido que el ejecutivo del alcalde Luis
Barcala respeta las decisiones judiciales.
La sentencia
declara "contraria a Derecho" la cláusula 28.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, que es la que exigía "experiencia en
servicios de transporte urbano de autobuses, con al menos un contrato en
los tres últimos años en el que la flota cuente con un mínimo de 71
autobuses en servicio en día laborable".
El juez entiende que
"esta cláusula constituye el punto central del litigio". Así, el
magistrado ordena al Ayuntamiento de Alicante a "reformular los
requisitos de solvencia técnica de forma proporcionada y abierta a
experiencias equivalentes".
Al ser preguntado por esta sentencia, Villar ha dicho que el
consistorio recurrirá por "varias razones evidentes" y ha señalado que
la ciudad de Alicante "debe ser lo suficientemente exigente con quien
debe prestar" servicios como el del transporte público en autobús.
Sobre la solvencia, ha indicado: "Para nosotros no era excesiva y
para el juez sí. Estamos hablando de valoraciones. Por tanto, esa
circunstancia nos hace estar tranquilos en que vamos a recurrirla,
evidentemente, porque estamos hablando de cuestiones subjetivas".
El vicealcalde ha insistido en que la sentencia no dice al
Ayuntamiento de Alicante cuál es la solvencia que tendría que haber
planteado, por lo que el recurso está "claro".
"Yo creo que haríamos mal
si la décima ciudad de España no es lo suficientemente exigente en los
servicios, como el transporte, que pretende que se le preste a sus
ciudadanos. Y, por tanto, a partir de ese momento, creemos que lo
hicimos bien y, evidentemente, recurriremos", ha defendido.
Preguntado sobre qué podría pasar en el caso de que no prospere ese
recurso, Villar ha confirmado que se tendría que hacer una nueva
licitación del contrato, es decir, que "habría que empezar de cero".
También ha abundado en que la asociación que ha llevado a los tribunales
el pliego del contrato, Gestión Transporte de Viajeros (GTV), no
participó en la licitación.
El vicealcalde, que espera que el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dé la
razón al Ayuntamiento de Alicante, ha trasladado que entiende que no
habría que indemnizar a la concesionaria en el caso de que se le
retirara el contrato.
Desde la
oposición, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana
Barceló, ha pedido que "se depuren responsabilidades políticas" por el
"caos permanente" en "la contratación de los grandes servicios
municipales".
"Con Barcala, los grandes contratos siempre
acaban igual: recurridos, judicializados o cuestionados por los
tribunales. Alicante no puede seguir funcionando a base de chapuzas
administrativas y contratos mal hechos que acaban perjudicando a los
alicantinos y alicantinas", ha indicado Barceló.
El grupo
socialista ha precisado, en un comunicado, que Barceló ha afirmado que
esto "ya no responde a errores puntuales, sino a una forma de gobernar
marcada por la improvisación, la falta de planificación y la incapacidad
para gestionar con seguridad jurídica los principales contratos de esta
ciudad".
Respecto al contrato del transporte urbano, Barceló
ha criticado las explicaciones ofrecidas por el equipo de gobierno y ha
advertido de la "gravedad" de la sentencia: "El tribunal dice
literalmente que se han vulnerado los principios de proporcionalidad y
libre concurrencia, que se ha favorecido a operadores ya implantados y
que el pliego prefiguraba al candidato. Estamos hablando de algo mucho
más serio de lo que el PP intenta aparentar".
En este sentido,
la portavoz del PSPV en el consistorio ha acusado al ejecutivo de
Barcala de "intentar minimizar una resolución judicial muy grave que
cuestiona elementos esenciales del procedimiento de contratación".
Por su parte, EU-Podem ve "muy grave" esta sentencia y cree que
"confirma las sospechas" de la coalición: "El concurso estaba planteado
para favorecer a la empresa de siempre y dificultar la competencia
real".
En un comunicado, este grupo municipal ha indicado que
"esto no puede presentarse como un simple error técnico".
"Estamos
hablando de un contrato millonario y de un servicio esencial para la
ciudad. Alguien decidió incluir esas condiciones y alguien tiene que
asumir responsabilidades políticas", ha apostillado.
Por ello,
EU-Podem ha exigido al gobierno del PP "que explique quién redactó y
avaló este pliego y que no utilice dinero público para alargar el
procedimiento con recursos judiciales innecesarios".
"Si el proceso debe
reiniciarse, tiene que hacerse con transparencia, igualdad de
condiciones y pensando únicamente en el interés general y en mejorar el
transporte público de Alicante", ha aseverado, para finalmente
sentenciar que "no es la primera vez que una gran adjudicación municipal
del PP acaba cuestionada en los tribunales".
De otro lado, la entidad que llevó a los tribunales el pliego, GTV,
ha avanzado que también recurrirá la sentencia, al considerar que, "pese
a ser favorable, se queda corta y no llega a anular la totalidad de los
vicios denunciados".
"El problema no acaba en la cláusula de
solvencia. Desde GTV denunciamos que el conjunto del pliego configuraba
un sistema en el que la adjudicataria no podía perder bajo ningún
escenario imaginable", ha añadido.
Y ha apuntado: "Buena parte
de los criterios automáticos (kilómetros adicionales, mamparas, mejoras
tecnológicas) se convirtieron en puntos decorativos que no
discriminaron entre ofertas. Aunque un competidor hubiera ofertado
regalar el servicio gratuitamente al Ayuntamiento, no habría podido
ganar. Esto no es competencia: es una pantomima documentada".
Desde GTV han avanzado, así, que pedirán al TSJCV "la anulación íntegra
de los pliegos y la consiguiente declaración de nulidad de pleno derecho
del procedimiento por vulneración estructural de los principios de
igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad".
"El Ayuntamiento de Alicante diseñó un procedimiento que tenía nombre y
apellidos antes de abrirse los sobres. La sentencia es un primer paso
importante, pero no es suficiente. Vamos a exigir ante el TSJCV que se
anule íntegramente una licitación que era un fraude técnico al principio
de libre concurrencia, y no descansaremos hasta que el Ayuntamiento
saque una licitación verdaderamente abierta a la competencia, y no un
trámite cosmético para que gane el de siempre", han recalcado desde la
asociación.
A juicio de GTV, "el transporte urbano de Alicante
es un servicio público esencial que exige procedimientos de licitación
abiertos, equitativos y respetuosos con los principios de transparencia y
no discriminación".
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