Ripoll no tiene nada claro ir de 2 en la lista de Alperi

El enésimo pulso del presidente provincial del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, al presidente regional del partido, Francisco Camps, a cuenta de la renovación del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), traerá consecuencias, de momento, impredecibles en el escenario político alicantino.

ANA ANTOLÍN

Como consecuencia inmediata, el partido ha dado «manos libres» al cabeza de lista y candidato a la reelección por Alicante, Luis Díaz Alperi, para confeccionar la próxima candidatura municipal que le acompañe en los comicios del 27-M, según pudo saber ABC de fuentes municipales.

«La lista la hará Alperi», recalcan estas fuentes, que aseguran que el partido no tiene prisa por dar a conocer la composición de una candidatura de la que sólo se dará cuenta a la ejecutiva regional del PP, que «será quien la ratifique», advierten.

«Hay tiempo»
De forma oficial, los nombres que compondrán la lista no se harán públicos hasta abril, según el calendario que a día de hoy baraja el partido. Es decir, a las puertas de la cita con las urnas, el día 27 de mayo. De cumplirse este calendario, el presidente provincial apenas tendría margen de maniobra para tratar de imponerse en el partido.

Como se recordará, tras un rosario de pretendientes a encabezar la lista municipal, las dos facciones del PP de Alicante -los que respaldan al presidente Camps y los que se mantienen fieles al actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana-, «sellaron» un acuerdo en la madrileña sede de la calle Génova, por el que Alperi repetiría como candidato a la Alcaldía, y Ripoll, a la presidencia de la Diputación.

«Allí no se habló nada de que Ripoll ocuparía el segundo puesto de la lista», indicaron las mismas fuentes, que apostillaron que, en modo alguno, Alperi podría incumplir algo que no se acordó. «Para ser presidente de la Diputación, basta con ser concejal», sin importar el puesto en la lista.

En la historia del PP alicantino, éste no sería el primer caso en el que el candidato a presidir la Diputación no ocupa el segundo puesto, ya que así ocurrió con el propio Alperi. Pero la situación del partido, entonces, tampoco era la misma.

Tras los «pulsos» de Ripoll a la dirección regional y los episodios de ruptura de la disciplina de voto tanto en el grupo municipal como en el parlamento autonómico a través de sus consellers afines -Gema Amor, Peralta y De Miguel- su no presencia en el segundo puesto supondría una clara y rotunda deslegitimación. Más, si se tiene en cuenta que el actual presidente de la Diputación es también el presidente provincial del partido.

Esta falta de respaldo sería interpretada en la provincia como una «puerta abierta» a que, con los resultados de las urnas en las manos, se postulara un candidato alternativo a Ripoll para presidir la Diputación.

Además, de la enemistad que existe entre ambos, es sabido que tampoco comulgan con Ripoll otros alcaldes del PP que optan a la reelección, como es el caso de Pedro Hernández Mateo, en Torrevieja. Las críticas hacia Ripoll se han incrementado tras pactar con el PSPV en contra de Camps con motivo de la renovación de los órganos de dirección de la CAM.

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Los juristas rechazan que el Consell pueda fijar los 99 diputados en la nueva ley de Gobierno

L a cifra de escaños será establecida por los jueces si no se aprueba una ley electoral

Expertos juristas consultados rechazan que el Consell pueda aprovechar la Ley de Gobierno, que sólo precisa de mayoría simple, para tratar de blindar jurídicamente el decreto con el que Camps pretende fijar los 99 diputados de las futuras Cortes Valencianas eludiendo la aprobación de una Ley Electoral Valenciana (LEV), como establece el nuevo Estatuto, pero que requiere de un acuerdo con la Oposición.

RICARD GALLEGO

Según explicaron estas fuentes, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional «es muy clara al respecto» y rechaza cualquier intento de legislar la materia electoral «por partes», y recuerdan que una ley como la de Gobierno no puede regular cuestiones que la Carta Magna reserva a leyes orgánicas como pueda ser una Ley Electoral.

En este sentido, las mismas fuentes han señalado que el Alto Tribunal español ha establecido que una Ley Electoral, como la que reclama el Estatuto valenciano para fijar el número de diputados, tiene «un contenido esencial» para el funcionamiento democrático, de ahí que se hace «especialmente necesaria», insisten, la aprobación de una Ley Electoral Valenciana (LEV).

A su vez, el Constitucional indica que para que una ley merezca el calificativo de electoral es necesario que contenga, por lo menos, el núcleo central de la normativa del proceso electoral, entre los que se incluye los criterios organizativos desde el punto de vista procedimental y territorial, esto es, el número de diputados totales y por circunscripciones.

Estos mismos expertos vaticinan que la ausencia de legislación electoral puede obligar a que una competencia autonómica, como es establecer el número de diputados del parlamento, acabe siendo fijado por la Junta Central Electoral.

Los juristas consultados también abren la puerta a otro conflicto en el caso de que, finalmente, se tenga que recurrir a la Ley Electoral General. La ley estatal, además, de dejar el listón electoral en el 3%, establece un cálculo para el número de diputados por circunscripción diferente al actual.

Las mismas fuentes urgen a los partidos a pactar una ley electoral antes de las elecciones y evitar un «conflicto legal muy serio» .

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Alicante, con un 41%, es la provincia que cuenta con menos suelo para urbanizar

La Costa Blanca se estabiliza dos puntos por debajo de Valencia y la superficie urbanizable de Castellón baja un 15% en sólo 6 meses

El auge del sector inmobiliario en la Comunidad Valenciana afectó en primer lugar en Alicante para posteriormente desplazarse hasta Valencia. Ahora es Castellón la que acapara los principales proyectos urbanísticos.

Los datos de la Dirección General del Catastro revelan que se ha producido un acusado descenso de la cantidad de suelo disponible para urbanizar en la provincia de Castellón y se ha situado en unas cifras muy similares a las de Alicante y Valencia.

Los últimos datos, correspondientes a enero de 2007, revelan que en sólo seis meses la cantidad de suelo vacante ha descendido un 15% en Castellón. Si en julio de 2006 la provincia contaba con 8.841 hectáreas libres (el 49,9% del total), ahora esta cantidad se sitúa en 7.687 hectáreas y ha descendido hasta el 43,39.

Esta cifra es muy similar a la media de la Comunidad Valenciana, el 42,7%, y prácticamente la misma que Valencia (43%) y ligeramente inferior a la de Alicante (41%). En cambio, estas dos provincias apenas han modificado su situación respecto a hace seis meses con un ligero descenso que apenas suma unas pocas décimas.

Por capitales, Alicante dispone en estos momentos de 1.351 hectáreas para construir, el 34,7% del total, mientras que en Valencia el terreno vacante es de 864 hectáreas, el 27,65% del total.

Mientras, la ciudad de Castellón tiene vacante 420 hectáreas para edificar frente a las 457 de hace seis meses, es decir, un 23,4% frente al 25,4% de julio de 2006.

Municipios
Gandia tiene, según los últimos datos, 457 hectáreas construibles (el 46,5%). La cifra en Torrent es de 491 hectáreas, el 33% del total.

La superficie vacante en Sagunto es de 338 hectáreas, el 27,7%, mientras que en Manises sólo hay disponibles 92 hectáreas, apenas el 12% del total.

En el caso alicantino, Benidorm cuenta con 789 hectáreas vacantes, el 49% del total. Alcoy, en cambio, sólo dispone de 128 hectáreas (el 20%). Elche tiene libres, por su lado, de 1.144 hectáreas, el 32,9%.

Vinarós, en Castellón, mantiene el 50% del suelo vacante (848 hectáreas). Vila-real dispone de 440 hectáreas, el 37%, y Burriana tiene disponible aún el 63% del terreno para urbanizar con un total de 531 hectáreas.

Los municipios con menor número de habitantes son los que cuentan con menos suelo urbanizable, ya que están afectados por el fenómeno de la despoblación y, como consecuencia, no tienen previsto desarrollar nuevo suelo. La localidad más pequeña de la Comunitat Valenciana, Tollos, en Alicante, con una cuarentena de habitantes censados, tiene 0,01 hectáreas disponibles para edificar, el 0,91%.

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Murcia y Valencia son las dos autonomías del litoral con más suelo libre para construir

Las Islas Baleares, Galicia, Cantabria y Andalucía son, por contra, las regiones costeras con menor espacio libre para edificar

La Comunidad Valenciana dispone aún de 45.000 hectáreas para construir. Después de Murcia, es la autonomía española ubicada junto al litoral que cuenta con más suelo vacante para edificar, según los últimos datos hechos públicos por la Oficina del Catastro, correspondientes al mes de enero de 2007.

El suelo libre para construir en la Comunidad Valenciana en estos momentos supone un 42,7%. Pero la existencia de amplias bolsas de suelo disponibles para este fin no es característica exclusiva de la Comunidad Valenciana. Murcia es la autonomía española que cuenta en estos momentos con más suelo urbanizable de todo el litoral español, el 65%.

Murcia dispone en estos momentos de 25.000 hectáreas, pese al incremento de los proyectos, eminentemente turísticos, que se han puesto en marcha durante los últimos años.

Los datos han sido elaborados a partir de los registros catastrales teniendo en cuenta la calificación que los planes generales otorgan al suelo (urbanizable, no urbanizable o protegido, entre otros).

Estos datos apuntan a que la demanda de más suelo que los promotores han realizado en varias ocasiones a la Conselleria de Territorio puede ser entendible, pero los datos también resaltan que todavía hay bolsas sobre las que los empresarios del sector pueden actuar.

En cualquier caso, según señalan los expertos del sector, el problema, más que en la cantidad disponible, se encuentra en el precio que piden los propietarios y en aquellos que han comprado terreno durante los últimos años a la espera de poder revenderlo a un precio mucho más elevado. Estas compraventas de carácter especulativo son la principal causa del incremento del coste de la vivienda durante los últimos años.

Los datos permiten también comprobar el ritmo de la actividad constructora que se ha experimentado en los últimos años en las diferentes comunidades autónomas. La conclusión es evidente. El boom del sector inmobiliario no sólo se ha centrado en la Comunidad Valenciana, sino que ha sido una práctica común a todo el litoral español, al contrario de la opinión que determinados colectivos se han dedicado a extender.

La actividad constructora ha sido mucho más intensa en otras comunidades que en la valenciana tal y como se desprende de los datos catastrales. En las Islas Baleares, el suelo disponible para construir en estos momentos es de 8.900 hectáreas, un 33% del total, inferior a la Comunidad Valenciana.

Una situación similar a Andalucía, gobernada por los socialistas, donde el auge de la construcción durante los últimos años ha sido evidente como revelan estos datos. El suelo disponible para edificar en esta comunidad es del 38,7% con más de 75.000 hectáreas disponibles. La provincia de Huelva sólo tiene vacante el 33,7% del territorio, ante el auge de las construcciones que se han hecho en esta zona.

Cataluña también tiene menos suelo disponible que Valencia y Murcia, con un 42% del total. El suelo vacante en la provincia de Barcelona desciende hasta el 38,06%.

Cantabria, Galicia y Asturias tienen en estos momentos un 37% de suelo vacante para poder destinarlo a edificaciones, una cifra muy cercana a la de la comunidad andaluza, pero a mucha distancia de la situación en la que se encuentran Valencia y Murcia.

Situación de las capitales
Estos datos revelan también que las capitales de provincia son las ciudades con menos suelo disponible, un factor que se configura como básico para explicar el mayor coste de una vivienda en estas localidades.

El suelo disponible en Barcelona ciudad es del 21,33%, la mitad que la media del conjunto de la provincia. En Valencia ocurre algo similar, ya que el suelo disponible para edificar, según los datos del catastro es del 27% frente al 42,7% del resto de municipios.

Valencia se encuentra en estos momentos tramitando la homologación del Plan General y la previsión del Ayuntamiento es sacar más suelo al mercado para construir 15.000 viviendas, una cifra que los constructores consideran totalmente insuficiente ante la demanda actual.

En Sevilla, la disponibilidad de suelo es del 17%, la mitad que en el resto de la provincia. El fenómeno se repite en otras capitales como Valladolid o Palma de Mallorca, donde sólo hay un 19,6% de terreno vacante para nuevas construcciones.

Madrid es la excepción a la regla, ya que cuenta con un 44% de terreno disponible para la construcción, sólo dos puntos porcentuales por debajo de la media autonómica.

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Estudian imponer un canon a las líneas ADSL para paliar las descargas pirata

Las descargas piratas de material audiovisual en Alicante y el resto del país alcanza tal volumen que ya se estudia la posibilidad de imponer un canon a las líneas telefónicas de alta capacidad.

«Hay que tener en cuenta que entre el 60% y el 80% de las ADSL son dadas de alta con el único objetivo de descargarse música, películas o programas piratas», alerta el mayor especialista de la Guardia Civil en delitos informáticos, el comandante Juan Salom.

El rechazo social a esta práctica «es mínimo», lo que, según destacan los ciberpolicías, provoca importantes pérdidas a todos los actores que participan de este negocio: productoras, artistas, compositores, guionistas, distribuidores, exhibidores, videoclubes, puntos de venta y Hacienda.

«Se está creando una cultura de 'eso quiero, eso cojo', sobre todo, entre los chavales», expone Salom. Y, en su opinión, hay que tener en cuenta, además, que los sitios de descargas de este tipo constituyen los principales focos de basura en Internet.

El ordenador puede resultar afectado por un virus troyano que actúa como espía y favorece el uso delictivo, en beneficio de terceros, de toda la información almacenada en el PC y de las claves de acceso a cuentas bancarias, por ejemplo.

Los efectos de Internet se dejan notar especialmente en los videoclubes, que han tenido que diversificar su oferta de productos (las películas son sólo un reclamo más) y lograr que se acorte de seis a cuatro meses el tiempo que transcurre entre los estrenos en cine y en DVD.

En el campo de las descargas piratas es donde parece existir una mayor tolerancia por parte de la ciudadanía. «¿Dónde está el límite? Si yo compro un libro puedo dejárselo a un amigo. En Internet ocurre lo mismo. Se prestan archivos», expone un ciudadano.

A ello replica Salom que las empresas del sector soportan cierto grado de tolerancia, pero no en porcentajes tan elevados: «No hay problema con que uno se preste un libro o un CD. El problema, por las pérdidas económicas tan importantes que genera, viene cuando el fenómeno es masivo».

Para evitarse problemas, el Grupo de Delitos Telemáticos (GDT) de la Guardia Civil recomienda a los usuarios de Internet utilizar software legal y actualizado, un antivirus también legal y, además, hacer una navegación responsable. De esta manera, uno puede obtener un alto porcentaje de seguridad, aunque alcanzar el 100% es una utopía.

El GDT cuenta con un departamento central compuesto por catorce guardias, a los que hay que sumar 40 equipos de Investigación Tecnológica (Edite) repartidos por todo el Estado.

En lo que atañe al delito contra la propiedad intelectual, las fuerzas de seguridad recalcan que los usuarios lo cometen «cuando buscan una determinada producción en la Red, cuya descarga genera un daño económico a terceros».

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¿Quién gana en el País Valenciano con el cambio político en la Generalitat?

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Sarriá, afirmó hoy que los socialistas trabajarán por ofrecer a los ciudadanos «el cambio que esperan y que necesitan» y propondrán «una alternativa seria con un partido unido y un líder fuerte».

Según Sarriá, con el cambio de partido en el Gobierno de la Generalitat «ganan los jóvenes, las mujeres, los trabajadores, los mayores, los emprendedores y, sobre todo, gana la esperanza de miles de valencianos que están esperando el cambio que les permitirá mejorar sus condiciones de vida».

Joan Ignasi Pla, secretario general del PSPV, se ha decantado por unas candidaturas a las Cortes continuistas, especialmente en la provincia de Valencia, donde la lista es casi un calco del actual grupo parlamentario.

La ejecutiva nacional del PSPV refrendó ayer por unanimidad las candidaturas elaboradas por Pla y su secretario de Organización, Vicent Sarrià, quienes han reservado pocas sorpresas.

Las expectativas de vuelco electoral ha actuado como pacificador al ampliar las posibilidades de llevarse un puesto por vía ejecutiva a partir de mayo, por lo que dirigentes socialistas enfatizaban que es la reunión electoral de la dirección más pacífica de los últimos tiempos en el PSPV. Todos los actuales diputados aparecen en algún puesto de las listas.

Los veteranos Ángel Luna e Ignacio Subías están entre los primeros lugares en Alicante y Castellón. En la primera de ellas, el número dos es para la gimnasta olímpica Maisa Lloret, uno de los fichajes independientes, con la profesora castellonense Soledad Sorribes.

Las ausencias más evidentes son las de los miembros de la dirección nacional del partido Miguel Soler y Enrique Villarreal. Es consenso en el PSPV que Pla les ha reservado puestos de conseller si hay victoria el 27 de mayo.

El nombre más manoseado en las quinielas, el alcalde de Alaquàs, Jorge Alarte, como se esperaba no estará en las Cortes la próxima legislatura, un descarte a gestionar por el «futurible» socialista.

Valencia, casi sin cambios

En Valencia, Signes entra en un buen puesto -número 11- mientras el actual portavoz medioambiental, Adolf Sanmartín, repite en puesto de salida por Castellón.

La ex alcaldesa de Gandía, Josefa Frau. es número dos por Valencia, un puesto reservado a un peso pesado. Responsables del partido lo explican por la importante labor «logística» realizada por la comarca de La Safor en el congreso nacional de Alicante.

Repite Cristina Moreno. El secretario general de Valencia, Rafael Rubio, pensó en ella como referente para el grupo municipal pero la apuesta de la diputada por seguir en las Cortes y su trabajo en el área económica han podido más.

María José Mendoza no se quitará el «sanbenito» de diputada itinerante. Fue por Valencia, luego por Castellón y vuelve a la primera.

Carmen Ninet, secretaria de las Cortes, pasa del número catorce al seis como buena muestra de la «entente» comarcal del líder del PSPV con el alcalde de l´Eliana, José María Ángel. Por supuesto, no faltan Vicent Sarrià, Núria Espí, Antoni Such, Andrés Perelló ni Ana Noguera.

El portavoz de la Ejecutiva, Manolo Mata, en el 17 por Valencia, está en los puestos decisivos para que Pla gobierne.

Luna en Alicante

En Alicante, los primeros puestos están encuadrados -permanente u ocasionalmente- con Blanquerías. El presidente del PSPV y ex alcalde de Elche, Diego Macià, vuelve a ser número uno, y se incorpora la deportista Maisa Lloret y al experimentado Ángel Luna. Llinares, Catalá, Torres, Gay y Eduardo Vicente, siguen.

Elvira Jiménez entra como referente social, Manuel Bueno -de Sarrià-, María Dolores Huesca y José Antonio Godoy -del sector de Franco- y Manuel Bueno están entre los diputados seguros. Cae Rebeca Soler y Juan de Dios Falcó va de «sufridor».

Nuevos en Castellón

Isabel Escudero, Joaquim Puig y Amparo Marco están en unas tres primeras plazas castellonenses sin sorpresas. A continuación aparecen Ignacio Subías, la ugetista María José Salvador, Clara Tirado -Vall d´Uixó- y la educadora Soledad Sorribes son otras incorporaciones. Sanmartín, Colomer y Sanchordi repiten. Joaquín González Sospedra está en puestos de relleno para mostrar su apoyo a la lista.

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Piden a Rajoy que fuerce la investigación sobre "Terra Mítica" que Camps veta en las Cortes

El portavoz socialista de Grandes Proyectos de la Generalitat, José Camarasa, pidió ayer al presidente del PP, Mariano Rajoy, que se encuentra de visita en Valencia, que «fuerce» la investigación de Terra Mítica que, según dijo, el jefe del Consell y presidente del PP-CV, Francisco Camps está «vetando en las Cortes».

Camarasa criticó «el poco interés del PP por esclarecer dónde fueron a parar los 17.000 millones de pesetas de sobrecostes en Terra Mítica» e instó a Rajoy a que pregunte a Camps «si está enterado» de la operaciones de «facturas falsas que se llevaban a cabo desde el Consejo de Administración de la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos de Alicante (SPTA)».

El diputado le invitó también a que, «si de verdad apuesta por la transparencia y la gestión clara, fuerce la investigación de Terra Mítica que Camps está vetando en las Cortes».

Modelo intervencionista

Camarasa consideró que Rajoy «debe explicar en Valencia cómo hay que entender su teoría liberal en la Comunidad», donde, dijo, «al contrario de lo que predica el PP a nivel nacional, Camps ahora y anteriormente Eduardo Zaplana, han apostado por un modelo intervencionista en sectores y proyectos propios de la iniciativa privada».

Además, citó los casos de Terra Mítica, «donde se han enterrado decenas de millones de euros y desde donde se ha estafado a la Hacienda Pública»; y Ciudad de la Luz, «proyecto publicitado como empresa participada por el Consell a través de la misma empresa, SPTA, y en la actualidad, con el 100% de su capital en manos del gobierno autonómico, cuyo déficit ha sido sostenido y cuya gestión está siendo investigada en los tribunales en la actualidad».

El diputado socialista exigió a Rajoy que, «como máximo responsable del PP, pida explicaciones al presidente Camps y a los consellers Vicente Rambla, Gerardo Camps y Gema Amor, para poder poner fin de una vez por todas a este juego de quién ha sido. Si no fuera porque por el camino han desaparecido millones de euros en sobrecostes, el argumento bien podría ser el guión de una ópera bufa», manifiesta Camarasa.

Por su parte, el portavoz del Consell, Vicente Rambla, y el conseller de Economía, Gerardo Camps, mostraron su apoyo a la conseller de Cooperación y Participación, Gema Amor, en el proceso judicial abierto por la gestión de la SPTA durante la etapa en que era directora general. «Siempre estaré de lado y apoyaré a cualquier miembro del Gobierno o de la Administración autonómica en el ejercicio de sus funciones, mientras no se demuestre alguna actuación que no sea merecedora de ese acuerdo», afirma Rambla.

Además, también añadió que, en su condición de ex conseller de Economía, es «conocedor igual» de lo que ocurre en la Sociedad Proyectos Temáticos, en Teatres de la Generalitat o en la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales, porque «ninguna de ellas está adscrita a la Conselleria de Economía».

El síndic portavoz del grupo parlamentario Esquerra Unida-Entesa asegura, por su parte, que «la presión de la corrupción ha llegado definitivamente al Consell» y se refiere a «la presunta implicación de la consellera Gema Amor en la trama de facturas falsas y los sobrecostes que investiga la Agencia Tributaria». A su juicio, «Camps ya no puede tirar balones fuera ni mirar hacia su antecesor en el cargo, porque el escándalo ya ha llegado a su gobierno con tres consellers como mínimo, presuntamente implicados».- (EFE y Europa Press)

Suben un 7,6%, hasta los 75.000 más, los viajeros del Altaria entre Madrid-Alicante en 2006

Renfe transportó 1.100.000 viajeros en los trenes Altaria entre la provincia de Alicante y la Comunidad de Madrid durante 2006, frente a los 1.049.221 clientes que utilizaron este servicio en el ejercicio anterior, lo que representa un incremento del 7,6 por ciento.

En total, se incorporaron a este servicio 75.000 nuevos clientes durante 2006, año en el que la empresa puso a disposición de los usuarios una oferta que superó los 5.500 servicios que enlazaron la provincia de Alicante con la Comunidad de Madrid.

Según indicaron las mismas fuentes, los trenes Altaria obtuvieron un índice de ocupación cercano al 87 por ciento.

Los trayectos que han registrado mayor volumen de viajeros son Alicante-Madrid y viceversa, con más de 80 por ciento de los desplazamientos, seguidos de los trayectos entre Alicante o Madrid y otras ciudades, como Albacete, Elda o Villena.

Por franjas horarias, los trenes más utilizados fueron los que tiene salida de Madrid y Alicante a primera hora, informaron las mismas fuentes.-(EFE)

La Vega Baja no se Vende reclama al Consell que reclasifique Cala Mosca en suelo no urbanizable

La coordinadora La Vega Baja no se Vende ha organizado para el día 24 de este mes una marcha en protesta por la urbanización del último kilómetro virgen de las playas de Orihuela, la ya famosa Cala Mosca.

Esta plataforma también ha aprovechado la aprobación en el Pleno del pasado martes de 1.500 viviendas en ese suelo para exigir a la Generalitat Valenciana que promueva la protección urbanística del terreno «y elimine la actual clasificación como urbanizable», explica el portavoz de La Vega no se Vende, Miguel Ángel Pavón.

Los ecologistas marcharán desde Cala Mosca, donde han quedado el sábado a las once de la mañana, hasta Punta Prima. El recorrido aprovechará el trazado de la vía pecuaria de la Cañada de la Costa, que con un ancho de veinte metros atraviesa el sector que urbanizará el Grupo Gomendio y que ocupa 24.000 metros cuadrados del mismo.

Pavón reivindica la actuación del Consell para que, en primer lugar, «excluya del sector los terrenos de la vía pecuaria de la Cañada de la Costa, que son terrenos públicos propiedad de la Generalitat que no han sido deslindados ni amojonados».

Asimismo, consideran necesario que se tomen medidas para que el medio millón de metros cuadrados que «se pretenden cementar en primera línea de costa ha de integrarse en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de Cabo Roig», un LIC fundamentalmente marino con el que son colindantes los terrenos del sector.

En el Pleno del martes, la edil de Urbanismo, Eva Ortiz, explicó que el Ayuntamiento cuenta con informes en los que no se establece la protección del terreno como extensión del lugar de interés comunitario de Cabo Roig.

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El PSOE rechaza retirar el título de hijo adoptivo de Elche al general Francisco Franco, exjefe del Estado

«El grupo municipal socialista entiende que lo que no podemos hacer es dar por válido, por legítimo, un acuerdo que adoptaron en su día quienes no tenían la legitimidad de la representación de la ciudad para adoptar esa decisión en aquel momento. Entendemos que anularla sería, en parte, legitimarla». De este modo justificó ayer el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Alejandro Pérez, la decisión del PSOE de rechazar la retirada a Francisco Franco del título de hijo adoptivo de la ciudad, concedido el 10 de mayo de 1939.

El pasado miércoles, el ilicitano José Antonio Carrasco Pacheco presentó en el Registro municipal una iniciativa ciudadana en la que solicitaba que se anulara tal concesión. Carrasco cuenta con el respaldo de particulares y de entidades como el Casal Jaume I, la Asamblea de Dones d'Elx, Esquerra Republicana, Esquerra Unida, Partido Comunista y Movimiento para la Unidad del Pueblo. A la petición se sumó ayer el Grup Cultural Ilicità Tonico Sansano Mora, a través de un comunicado en el que se solidarizó con el Casal Jaume I por las amenazas recibidas por dos individuos de extrema derecha, como denunció el pasado martes.

Debate

El grupo municipal de EU se comprometió a presentar una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento, secundando la petición ciudadana, con el fin de que se debata y se someta a aprobación. Pero el PSOE no está por la labor, «después de un análisis exhaustivo del tema», como aseguró Alejandro Pérez.

El portavoz adjunto del equipo de gobierno insistió en que «no podemos legitimar políticamente con un acuerdo de anulación, una decisión que entendemos que en su origen, es ilegítima políticamente por antidemocrática. El grupo socialista entiende que una corporación municipal democrática y constitucional como es la nuestra, tan solo puede conocer de las decisiones políticas que hayan adoptado las corporaciones municipales legítimas. Entendemos que esa condición no se da en una reunión de unos señores que constituyeron una comisión gestora, nombrada por un mando militar».

Sin embargo, Pérez reconoció que oficialmente existe un acta del Ayuntamiento en el que se recoge el acuerdo adoptado en mayo de 1939, por el que el general Franco era nombrado hijo adoptivo de Elche. Pese a ello, reiteró que la decisión estaba tomada, y que se había considerado que es la «más responsable».

Aseguró que su grupo «respeta todos los planteamientos porque hay muchas sensibilidades, y por eso hay que ser respetuosos y responsables. Pero no podemos legitimar una decisión que para nosotros no existe. Entendemos que este acuerdo no está vigente en la actualidad. Lo importante es que desde 1978 los españoles nos hemos dotado de una norma de convivencia que es la Constitución, que es incluyente, y en la que cabemos todos».

Tal y como se recoge en el libro Historia de Elche, de Alejandro Ramos Folqués, Francisco Franco Bahamonde figura como hijo adoptivo de la ciudad junto al catedrático alicantino Rafael Altamira y Crevea, por su labor desarrollada en América del Sur (1910); Augusto Barcia y Trelles, por su intervención en los Juegos Florales (1921); Manuel Benedicto y Vives, por su defensa y divulgación del Misteri y el Palmeral (1954); Pedro María Cubero López de Padilla, obispo de la diócesis en su visita pastoral (1877); Charles Louis Dreyfus, como prueba de gratitud por el desarrollo de Riegos de Levante (1919); Óscar Esplá Triay, en agradecimiento a su trabajo en favor del Misteri (1931); José Francos Rodríguez, que además dio nombre a una plaza en la ciudad (1916); Eugenio d'Ors, como defensor del Misteri y el Palmeral (1940); José Poveda, por su mediación en la venida a Elche del rey Amadeo I y la designación de ciudad (1871); Joaquín Torres García, que fuera arcipreste de Santa María, por la labor realizada en la construcción del templo (1905).

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Los inmigrantes suponen ya casi el 20% de la población total alicantina

La llegada a la provincia de miles de personas procedentes de países como Rumanía o Bulgaria provoca que el resto de inmigrantes europeos se reduzca hasta el 50% del total

C. BERNAL/ ALICANTE

La inmigración extranjera es el factor que está permitiendo que el aumento demográfico y vegetativo en la ciudad de Alicante mantenga niveles continuos de crecimiento. Así se desprende del estudio Evolución de la Población en Alicante y Elche, de Carlos Gómez, director del Observatorio para la Inmigración de la Universidad de Alicante (UA).

Mientras que en 1995, la mayoría de los extranjeros residentes legales en la provincia eran europeos, hasta alcanzar el 85% del total, diez años después suponen el 50% del total.

Los ciudadanos del Este de Europa han experimentado el mayor aumento porcentual, en cuatro puntos sobre el total de la población extranjera de la ciudad. Mientras que en 2003 los ciudadanos de Europa del Este representaban el 6% del total de los extranjeros de la ciudad, un año después ascendían al 10,6%, pasando en términos absolutos de 1,962 a 3.004 personas.

Los rumanos experimentan en 2004 el mayor incremento en el empadronamiento de extranjeros, un 80%, al tiempo que los búlgaros (en la fotografía) han tenido un aumento del 46,5%. Aunque Rumania es la nacionalidad con un mayor incremento respecto al año anterior y se consolida como una de las más relevantes a principios de 2005, la comunidad procedente de este país es mayor en Elche, que, en el citado año, dobla en número a la que vive en la capital.

La llegada de rumanos, especialmente mujeres acompañadas de sus hijos, es un hecho que también han detectado desde ONG y colectivos que trabajan con inmigrantes como Elche Acoge o Cáritas.

Mayor porcentaje
La provincia tiene el mayor porcentaje de población extranjera de España sobre el total de los habitantes empadronados al situarse 10 puntos por encima de la media estatal, que se calcula en el 8,5%, mientras que la de Alicante es del 18,5%. En Alicante ahora residen 174.934 extranjeros, 42.667 en 1996.

Estos resultados se obtienen de realizar un análisis comparativo entre la población inmigrante total de Alicante y el resto de los habitantes autóctonos. En términos absolutos, Alicante es la tercera provincia española con mayor número de población extranjera, sólo por detrás de Madrid y Barcelona, y por delante de otras provincias más importantes en número de habitantes.

El crecimiento de la población extranjera en Alicante en los últimos años ha sido 134 veces superior al crecimiento experimentado por la población española. Desde 1997 a 2004, la variación de la población extranjera fue del 670%, con 31.542 extranjeros en el año 2004.

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La CN-332 seguirá desdoblándose al norte y al sur

La ampliación de la N-332 a su paso por la provincia de Alicante no se va a limitar a la zona de la Vega Baja. Tras licitar las obras de desdoblamiento entre Pilar de la Horadada y Guardamar, Fomento prevé duplicar la capacidad de esta carretera en los tramos más saturados de la Marina Baixa, empezando por Benidorm y La Vila.

J. L./ ALICANTE

La permanente eclosión urbanística en la que está inmersa la franja litoral de la provincia hace años que estranguló la carretera N-332, la principal vía de comunicación que discurre en paralelo a la costa alicantina y que sigue siendo paso obligado para acceder a la mayoría de núcleos de población y zonas residenciales con vistas al mar.

Torrevieja y el laberinto de urbanizaciones que la circundan han convertido ese tramo de la carretera en el mayor punto negro de tráfico de la provincia. El Ministerio de Fomento ha agilizado el desdoblamiento de la vía a su paso por la Vega Baja merced al convenio que firmó en su día con la Conselleria de Infraestructuras, que se encargó de redactar los proyectos y de encarar el proceso de expropiaciones. Eso le ha permitido en apenas un año sacar a licitación las obras de la Vía Parque Pilar de la Horadada-Torrevieja y Torrevieja-Guardamar del Segura. Ambos tramos suman más de 20 kilómetros que duplicarán la capacidad de la carretera donde más tráfico soporta en dos o tres años.

A pesar del último impulso, el Ministerio de Fomento es consciente de que el desdoblamiento de esta carretera, que soporta un volumen de tráfico de 35.000 vehículos al día en el tramo de Torrevieja, llega con muchos años de retraso y por eso pretende dar continuidad a la ampliación en otros puntos potencialmente conflictivos antes de que la situación sea insostenible.

Por eso, el siguiente tramo que se va a desdoblar es la circunvalación de Benidorm, que pasará a tener cuatro carriles, dos en cada sentido, con el fin de facilitar el tránsito sobre todo en época estival, cuando más afluencia de turistas hay. El estudio de impacto ambiental y la adecuación técnica del proyecto ya están aprobados y el Ministerio pretende sacar a concurso las obras y adjudicarlas antes de final de año para que comiencen durante el primer trimestre de 2008.

La variante de La Vila
En cualquier caso, este es solo el primer paso de una actuación que pretende hacerse extensiva a otros tramos de la carretera N-332 que discurren por la Marina Baixa. Mientras por un lado se planifica la eliminación de travesías urbanas con nuevas circunvalaciones, el departamento que dirige Magdalena Álvarez también prevé ampliar carriles en variantes como la de La Vila Joiosa, inaugurada hace poco más de dos años. El tramo que sortea el núcleo urbano es de un solo carril en cada sentido, pero el trazado ya se ejecutó con vistas a una inminente ampliación y su ejecución sería relativamente rápida, pues no es necesario realizar más expropiaciones, según confirmaron fuentes gubernamentales.

Los otros puntos negros que se pretenden eliminar de la N-332 están situados entre La Marina, en Elche, y el sur del término municipal de Alicante, que también soportan un elevado flujo de vehículos incluso fuera de la temporada turística. Sin embargo, el mayor problema aquí es sortear el impacto ambiental que las obras tendrían en humedales como el de Santa Pola o Aguamarga.

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Alperi echa la culpa de todos sus males "a los rojos"

En presencia de más de tres mil personas que llenaban el Pabellón de El Cabanyal de Valencia y ante Mariano Rajoy, el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, empezó su discurso en el acto que sirvió para bendecir, de forma pública, su candidatura a la reelección, junto a la de Rita Barberá y Alberto Fabra, alardeando de que concurre a los comicios «imputado» pero que, pese a ello, cuenta con el apoyo del PP. Rajoy, por su parte, se mostró convencido de que el primer edil volverá a ganar porque «ha dado la talla» y garantizó su presencia en Alicante durante la campaña.

En una intervención que no pasó desapercibida ni entre el campismo ni, por supuesto, entre los zaplanistas, el alcalde trató de restar importancia a la investigación judicial que se sigue contra él por presunto trato de favor al constructor Enrique Ortiz en la explotación de tres aparcamientos. «He estado imputado tres veces, una en cada elección, y las he ganado todas y las volveremos a ganar», aseguró ante un auditorio que le aplaudió el reto. El alcaldable popular pasó por encima de la durísima lucha interna del PP en la capital alicantina y focalizó la culpa de todos sus males en la dupla formada por «socialistas y comunistas» que «me han intentado echar».

Alperi, sin embargo, evidenció que confía en la victoria en las urnas durante los comicios del próximo 27-M y se congratuló de que, pese a sus conflictos judiciales y al acoso de la oposición, el partido le haya propuesto para la reelección «porque - dijo - el PP confía en mi». El presidente del PP, Mariano Rajoy, en su intervención y a modo de respuesta, auguró que Luis Díaz Alperi, como también Rita Barberá y Alberto Fabra, «seguirá siendo» alcalde tras las elecciones de mayo. «Han dado la talla y se han preocupado de lo que inquieta a sus vecinos», ensalzó a los tres. Mariano Rajoy agradeció al alcalde que «asuma el compromiso con su ciudad» y garantizó a Alperi que «apoyará» su campaña municipal en Alicante.

Sobre el futuro de la ciudad, el primer edil, que tras el acto de ayer en Valencia será ungido también como candidato oficial en una próxima convocatoria en la capital alicantina, pidió otro mandato para «seguir gobernando y progresando», al tiempo que acusó al Gobierno central de paralizar el progreso de Alicante negando financiación para determinadas infraestructuras. Luis Díaz Alperi también defendió la capacidad de su partido para gestionar temas como la llegada de inmigrantes y «que este tema no se convierta en un problema».

Durante el mitin, Rajoy volvió a avalar, una vez más, al presidente de la Generalitat y del PP, Francisco Camps, como líder de los populares valencianos, tal y como ha hecho en las últimas semanas frente al acoso de los zaplanistas, especialmente, en medio de la disputa por el control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. «Volverá a ser presidente para mi felicidad y para la de todos los españoles», vaticinó el presidente del PP que puso de nuevo como ejemplo, «de toda España», la estructura de su formación porque ha hecho de la Comunidad Valenciana «referencia para millones de españoles por su buen hacer y su sentido común».

En este sentido, el presidente nacional del PP destacó la situación de la administración autonómica. «Es un espejo para todos, de progreso, es un lugar para venir y quedarse», dijo Rajoy.

Los principales dirigentes del sector zaplanista, a las puertas de la confección del grueso de las candidaturas municipales y autonómicas, evitaron cualquier gesto que pudiera ser interpretado como un desaire o un incremento de la tensión. Junto al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, - el dirigente sobre el que pivota el sector afín al ex ministro - estuvieron, entre otros, los consellers Miguel Peralta o Gema Amor; el presidente de las Cortes, Julio de España; destacados miembros de la dirección provincial de los populares como Macarena Montesinos o Carlos Mazón, vicesecretaria provincial y secretario de Organización, respectivamente; o ediles alicantinos casi Pedro Romero. No estuvo, eso sí, arropando a los candidatos y a Mariano Rajoy, el propio Eduardo Zaplana.

El acto público fue el colofón de una jornada completa en la que Rajoy paseó por Valencia entre gritos de respaldo - ¡Amunt Rajoy!, le corearon por la calle - y presidió, como un nuevo gesto de respaldo a Camps, la reunión de la junta directiva regional del PP. A puerta cerrada, el líder nacional de los populares se mostró más prudente sobre las expectativas electorales de la formación de cara a los próximos comicios municipales y autonómicos al tiempo que reclamó «trabajo e inteligencia». «Estaré muy encima y atento a lo que ocurra aquí». Reclamó a los dirigentes populares que desconfíen de los datos de los sondeos. «Encuestas hay de todo tipo. Pero no hay que lanzar las campanas al vuelo. Hay que trabajar», pusieron en boca del dirigente popular que, en público, pasó de los conflictos en el PPCV. «Tengo absoluta confianza en Camps para resolver los líos y los problemas internos».

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En la provincia de Alicante todavía son susceptibles de urbanizar 75 millones de m2 de suelo rústico

F.J. Benito

El feroz proceso urbanizador que desarrollan los ayuntamientos alicantinos desde el año 2000 ha provocado que en estos momentos se encuentren en tramitación cerca de 500 programas de actuación urbanística que, de ejecutarse, supondrán la recalificación de suelo rústico a urbano de unos 75 millones de metros cuadrados, el equivalente a 7.500 campos de fútbol que se llenarán, en su mayor parte, con viviendas. Promotores y consistorios han puesto en marcha en los últimos siete años unos 1.300 PAI -1.189 entre 2000 y 2005, según la patronal Provia- que de desarrollarse por completo hubieran significado la urbanización de 195 millones de metros cuadrados (casi veinte mil campos de fútbol).

Entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2006 se iniciaron en la provincia 326.480 viviendas, distribuidas en su mayor parte por Orihuela, Alicante, Elche y Torrevieja, localidades donde la actividad constructora ha sido tremenda y donde, por otro lado, comienza a notarse ahora la ralentización que sufre la venta de las viviendas turísticas (segunda residencia), tanto en el mercado extranjero como el nacional.

La delegación de europarlamentarios que visitará el próximo 1 de marzo la provincia para fiscalizar los cambios incorporados por el Consell en su legislación urbanística -sustitución de la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística por la LUV- se encontrará con que actualmente se están tramitando cerca de 500 proyectos para recalificar suelo rústico y desde 2000 ya se ha finalizado la urbanización de 532 PAI, unos ochenta millones de metro cuadrados. Un desarrollo intenso que ocupa grandes superficies de suelo y amenaza con provocar un serio desajuste entre la oferta y la demanda.

Los precios continúan disparados, sobre todo los de los pisos nuevos que salen a la venta una vez escriturados, y aunque los expertos estimen que la subida de este año no superará los dos dígitos porcentuales y se acercará cada vez más al IPC, se han convertido en un factor que retrae a la demanda. Si a esto unimos la subida de los tipos de interés hipotecarios la coyuntura, hoy calificada por los técnicos como suave aterrizaje, puede acabar con provocar un parón en la edificación, motor junto al turismo de la economía provincial.

El Colegio Oficial de Aparejadores estimó el lunes que si la construcción cae por debajo de las 46.000 viviendas al año el sector comenzará a resentirse. Ayer, fuentes de la patronal de la promoción de viviendas subrayaron que «una cifra normal y con la estaríamos satisfechos sería la de cuarenta mil pisos iniciados por año».

El ritmo de edificación de viviendas en Alicante desde que comenzó en 2000 el último «boom» ha hecho posible desde entonces que cada año comiencen a construirse en la provincia más cuarenta mil casas con puntas superiores a las cincuenta mil en 2003 y 2004, cuando se alcanzó el cénit constructor. A partir de entonces se ha producido lo que promotores y técnicos consideran suave aterrizaje de un sector que, no obstante, inició 48.133 pisos el pasado 2006, cifra favorecida por el efecto que tuvo la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación. No obstante, todas las señales apuntan a que la efervescencia de los últimos años no se va a volver a repetir, incluso a pesar de los 75 millones de metros cuadrados de suelo que se están tramitando actualmente. Superficie urbana en la que entra todo tipo de construcción, desde un campo de golf a un polígono industrial pero que mayoritariamente se utiliza para acoger viviendas.

De los 1.189 Planes de Actuación Integrada presentados a tramitación en la provincia desde 2000, un 45% están finalizados (532); un 37% en tramitación (439) y el 18% se han desestimado (204).

Segunda residencia Gran parte de culpa de que el sector de la edificación de viviendas atraviese por su peor momento de la década la tiene, incluso, la recesión en la que ha entrado la venta de la segunda residencia en España y resto de Europa. Descensos que están localizados el algunos municipios pero que han encendido la alarma entre muchos promotores. Según el último balance del Banco de España, la inversión extranjera en inmuebles se situó en 4.377 millones de euros hasta noviembre de 2006, lo que supone un descenso del 13,3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando alcanzó los 5.049 millones de euros. Paradójicamente, el gasto de los españoles en la compra de inmuebles en el extranjero casi se duplicó, y pasó de 1.102 millones de euros en 2005 a 2.039 millones el pasado año. En noviembre se mantuvo la tendencia iniciada en 2005 en ambas partidas.Las inversiones españolas en inmuebles en el extranjero siguen creciendo a un ritmo acelerado en términos interanuales, mientras que la inversión extranjera en España sigue cayendo.

Para los analistas del Banco de España, pese a la desaceleración que se ha producido en el crecimiento del precio de la vivienda en España durante los últimos meses, llegando a situarse en el 9,1% en 2006, la habitual compra de inmuebles por parte de ciudadanos extranjeros, principalmente en las zonas costeras, se está viendo frenada por los altos precios.

Un informe de la UE presentado esta semana alertó de que la presión que ejerce el turismo residencial sobre la costa española se ha convertido en un factor acelerador de los efectos negativos del cambio climático.

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El presidente de la CAM impide una última "chorizada" de los secuaces de Zaplana

JORGE FAURO

La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha desautorizado el viaje a Sicilia que los consejeros de Gesfinmed, el holding financiero de la caja presidido por Armando Sala, tenían previsto realizar en las próximas semanas, tal como la empresa viene haciendo cada año como detalle hacia las personas que integran el órgano de gobierno de la mercantil.

La presidencia de la entidad de ahorro, que no ha comunicado oficialmente su decisión a Armando Sala, considera que el objeto del periplo no justifica los «elevados costes» del mismo. Gesfinmed, como hace la propia CAM con sus órganos de gobierno, organiza una expedición anual fuera de Alicante a la que invita a sus 12 consejeros y a sus acompañantes, todo con cargo a la caja de ahorros.

El presidente del holding que agrupa la aseguradora y la gestora de fondos de inversión de la CAM es Armando Sala, propuesto por los zaplanistas en el reciente proceso de renovación parcial de la entidad para apear de la presidencia a Vicente Sala, que fue reelegido. Los vicepresidentes y la mayoría de miembros restantes de Gesfinmed (Antonio Gil-Terrón, Javier Guillamón o Francisco Grau) también hicieron frente común para mantener, con zaplanistas y PSPV, el control de la entidad en contra de la postura de los gobiernos valenciano y murciano.

Al margen del objetivo turístico de este tipo de viajes, tanto la caja como las filiales del grupo que secundan esta tradición viajera aprovechan para reunir en sesión extraordinaria a sus consejos de administración. La expedición de Gesfinmed a Sicilia tiene previsto realizarse antes el 31 de marzo.

A pesar de esgrimir como argumento principal para bloquear la excursión lo gravoso de la misma, el veto a Gesfinmed constituye el primer signo de beligerancia del grupo mayoritario que gobierna la CAM contra quienes se enfrentaron hasta hace dos semanas por el control de la institución, básicamente, consejeros propuestos por el sector del PP afín al portavoz del grupo popular en el Congreso, Eduardo Zaplana. El referente de esta corriente dentro de la CAM no es otro que Armando Sala, presidente de la territorial de Alicante, vicepresidente tercero del Consejo y rival de Vicente Sala por el primer puesto en la entidad.

Reducidos a sector minoritario en los órganos de gobierno, vocales considerados zaplanistas están al frente de las grandes sociedades participadas, tanto en las que la institución tiene mayoría del capital como en aquellas donde su número de acciones da derecho a un consejero.

La nueva mayoría que tutela la CAM quiere hacer valer su peso para situar a los «suyos» en lugares donde no sólo se ejerce el control, sino que aparejan unas elevadísimas remuneraciones económicas. Los afectados consideran que la pretensión de apartarles se trata de una mera «vendetta».

Además Gesfinmed, los opositores al presidente de la caja - y, por extensión, a las posiciones de los presidentes valenciano y murciano, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel - dominan la principal sociedad de inversiones (Incomed) y ocupan plaza en mercantiles cotizadas (Unión Fenosa, Trasmediterránea, Sol Meliá, Abertis o Acesa), cuyos emolumentos a miembros de sus órganos de gobierno oscilan entre los 45.000 y los 70.000 euros al año.

De "Información"

El PSPV propone salvar el acuífero de Villena

El portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, señaló ayer que el Gobierno está cumpliendo con el compromiso adquirido con Villena de poner fin a las extracciones de agua de los acuíferos y terminar de una vez por todas con su sobreexplotación. «La medida de gravar los derechos de uso de las aguas subterráneas es una iniciativa que trata de recuperar los niveles de agua de los acuíferos de Villena, objetivo último del trasvase Júcar-Vinalopó», indicó Amorós.

El diputado provincial señaló que, frente a la postura práctica del Gobierno, «hallamos la incapacidad y la dejadez del Consell que no está acometiendo las obras del postrasvase, necesarias para que los agricultores de la comarca dispongan del agua procedente del Júcar». Según Amorós, es necesario que el «PP se retrate de una vez por todas y demuestre que está interesado en asegurar el agua a la provincia de Alicante y no en continuar con el debate de la división con este problema de todos, donde actúa de manera irresponsable».

Amorós señaló que el nuevo sistema de financiación del trasvase es más beneficioso para los usuarios, puesto que se establece un pago por agua consumida sin necesidad de pagar hasta que el agua no llegue. «Este sistema es distinto al anterior, donde los agricultores y ayuntamientos se comprometían a pagar por adelantado sin tener asegurado que hubiera caudal todos los años para el trasvase. Es decir, muchos años pagarían el coste de las obras aún sin recibir el agua prometida», añadió.

El dirigente socialista destacó que la medida de gravar las aguas subterráneas de Villena es «el primer gesto que hace una administración para defender a esta localidad del uso excesivo de sus propios recursos hídricos». Según Amorós, «Villena ha demostrado su solidaridad durante años, ahora es el momento de que se cierren los grifos de los acuíferos, permitiendo su recuperación para el futuro, gracias a que de una vez por todas el Júcar aportará caudal suficiente y continuado de agua para el riego, el principal consumidor».

Amorós lamentó que «unos pocos intereses empresariales y personales traten de paralizar uno de los proyectos más importantes de la provincia de Alicante, como es el trasvase Júcar-Vinalopó. Una apuesta que demuestra que el PSOE no está en contra de los trasvases, sino que utilizar todas las herramientas a su alcance para garantizar el agua a los alicantinos».

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Barreda amenaza con usar más agua del Júcar y el Segura además de acabar con el trasvase del Tajo

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, advirtió de que, además de que el trasvase Tajo-Segura tiene fecha de caducidad “se pongan como se pongan”, también “vamos a aumentar el uso y el consumo responsable del agua de las cuencas del Júcar y el Segura”.

El sucesor de José Bono en la presidencia de la Junta dijo también que le “da igual lo que diga la señora vicepresidenta del Gobierno”, María Teresa Fernández de la Vega, quien afirmó que el Ejecutivo no es partidario de poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura.

Barreda , que intervino ante el pleno de las Cortes regionales para informar sobre la III Conferencia de Presidentes autonómicos del pasado 11 de enero, en la que se habló sobre políticas de agua, dejó claro que no comparte el planteamiento de Fernández de la Vega. “Estoy radicalmente en contra de esa posición”, dijo.

Recordó que la propuesta de reforma del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, aprobada de forma unánime en las Cortes regionales y a la espera de su toma en consideración en el Congreso, establece el fin del trasvase para el año 2015, y añadió que en Murcia y en la Comunitat Valenciana están cada vez más nerviosos porque “nos vamos abriendo paso y la vulnerabilidad del trasvase es cada vez más evidente”.

Barreda apuntó en este sentido que ya sabían que lo que han hecho no le gusta ni al Gobierno de antes ni al de ahora, ni al PSOE de Murcia ni al de la Comunitat Valenciana ni a los populares de estas comunidades autónomas, “ya sabíamos que era difícil”.

Explicó que en la Conferencia de Presidentes hubo unas dificultades “enormes y hasta insalvables” para llegar a algún acuerdo por el antagonismo de algunas comunidades autónomas.

Los presidentes de la Generalitat y Murcia pretendieron que se firmara una declaración favorable al mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y “yo me opuse rotundamente”.

Argumentó también que Murcia y Valencia fueron contrarias a su propuesta de coparticipación de las comunidades autónomas en los órganos de gestión del agua porque “no quieren que participe Castilla-La Mancha, dado que ellos los han controlado siempre”.

Como también, continuó, cuando hablan de blindar el río lo que hacen es una falacia, una abstracción de una situación real, porque olvidan que el río Tajo ya está blindado, «en realidad quieren blindar el trasvase».

José María Barreda dijo que en su intervención ante los presidentes autonómicos se extendió en el problema del agua «con la fuerza que me daba» la reforma del Estatuto de Autonomía aprobada por unanimidad en las Cortes regionales e insistió que allí no fue a defender al PSOE sino a Castilla-La Mancha, «no soy un presidente del PSOE, sino de Castilla-La Mancha».

Por eso dijo que era contrario a que en las conferencias de presidentes haya portavoces según el color político, «yo no aceptaré instrucciones sectarias ni partidistas, porque soy presidente de Castilla-La Mancha».-(EFE)

El Mármol prevé un aumento sostenido del 7% en exportación durante 5 años para ser competitivo

La patronal alicantina de la piedra cree que sólo esa mejora contrarresta a China, India y Turquía

El mármol alicantino se marca el objetivo de consolidarse como el principal productor europeo y primer referente en el mercado internacional, con un ambicioso reto: incrementar sus exportaciones en una tasa sostenida del 7% durante los próximos 5 años. Sólo así asumen que serán competitivos frente a China, India y Turquía.

ZENÓN GUILLÉN

El gerente de la asociación empresarial Mármol de Alicante, Juan Fernando Guillén, asume “que va a costar conseguirlo”, pero entiende que la vía de futuro para el sector de la piedra natural en la provincia pasa por “mantener una línea de crecimiento constante en las exportaciones, que tienen que ir en la misma línea ascendente de 2006, que a falta del cierre final, oscila sobre una subida entre el 8 y 10%”. Tras algunos dudas e los ejercicios anteriores, las ventas al exterior vuelven a arrojar el mejor comportamiento, aunque también resalta el hecho de que el mercado nacional se estabiliza.

La patronal de la piedra evidencia de forma clara que el sector alicantino dónde tiene que jugar su carta es en la expansión internacional, ya que sólo de esa manera podrá hacer frente a la amenaza que suponen países como China, India y Turquía, que cada vez invaden más con sus productos los mercados de todo el planeta.

Con todo, la evolución positiva del mármol en la exportación tampoco es homogénea, puesto que el mayor volumen de facturación corresponde al producto bruto, mientras que los elaborados han caído en valor un 3,2%, un dato que obliga a las empresas a un análisis más profundo sobre la necesidad de una mayor innovación y apuesta por nuevos materiales, acompañado de un fortalecimiento de las marcas.

Las empresas alicantinas tienen la última palabra a la hora de crecer y marcarse objetivos ambiciosos. Por detrás, empujan cada vez más fuerte los elaboradores de los nuevos países emergentes. Así que es imprescindible redoblar esfuerzos.

En la actualidad, las ventas marmoleras a otros países representan casi el 40% del total en la provincia, una tasa por encima de la media nacional del sector, pero que en los próximos años deberá seguir creciendo. Para ello, se hace necesario reforzar el peso entre clientes tradicionales como EE. UU. y crecer firme en Asia y en los países árabes.

La industria de la piedra en la provincia tiene el aval de haberse convertido en una actividad puntera y sólida, impulsada por su vertiente exportadora. El Vinalopó es un área privilegiada, con una enorme calidad en el producto, que ha logrado satisfacer las demandas de consumo tanto en España como a nivel internacional.

Y aunque algunas empresas realizan una apuesta determinante en materia de innovación, hasta lanzar nuevos materiales y satisfacer los nuevos gustos sociales, hay otras firmas que tienen que avanzar más si quieren sobrevivir en un mercado global con tanta competencia.

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Los promotores temen la salida al mercado de miles de casas compradas por inversores

La ralentización en el incremento del precio de la vivienda puede sacar al mercado miles de inmuebles comprados por inversores que se convertirán en competencia directa de las nuevas construcciones, según los promotores. El sector confía en que sean los inmigrantes los que mantengan “viva la demanda” en el sector.

M.J. Carchano

En los últimos años se han conjugado una serie de factores que han propiciado un boom inmobiliario que probablemente no se repita en mucho tiempo. Los bajos tipos de interés, el crecimiento económico o la llegada de inmigrantes y turistas permitieron que el sector viviera sus años dorados. Sin embargo, los promotores reconocen que habrá una normalización del mercado, “no de crisis”, porque aquella “alineación de planetas”, como lo ha comparado el secretario general de la Asociación de Promotores y Agentes Urbanizadores de Valencia, Benjamín Muñoz, ya no existe. El representante de los promotores admitió ayer incluso que ha llegado el momento “de levantar el pie del acelerador y de bajar la fabricación de viviendas para atemperar la oferta y la demanda”.

En la presentación de unas jornadas para analizar si va a existir un cambio de ciclo en el sector en los próximos años, que se van a celebrar la próxima semana, Muñoz adelantó algunas claves que vaticinan lo que va a pasar en el sector inmobiliario hasta 2010. Como ya están haciendo, por ejemplo, las entidades bancarias, los promotores empiezan a confiar en la inmigración como el gran motor del sector en los próximos años.

En años anteriores, sólo en la provincia de Alicante se podían llegar a construir, y vender, 50.000 viviendas anuales. En los próximos años, hasta 2010, los promotores creen que existirá una demanda de 65.000 viviendas anuales en toda la C. Valenciana aunque sólo la mitad serán de nueva construcción. Será un cambio de ciclo pero «en sentido de normalización, no de crisis. El mercado seguirá sostenible y sostenido» , aseguró el secretario de la Asociación de Promotores y Agentes Urbanizadores de Valencia (APCV), Benjamín Muñoz, quien admitió, no obstante, «que ha llegado el momento de levantar el pie del acelerador, de bajar la fabricación de viviendas y atemperar la oferta y la demanda» .

Según explicó ayer Muñoz, la llegada de extranjeros que quieren fijar en la Comunitat Valenciana su residencia ha motivado que se sigan comprando pisos y por tanto se mantenga “viva” la demanda. Según los datos de que dispone la entidad, los extranjeros han contribuido a incrementar la población de la Comunitat Valenciana. Además, en una gran mayoría son adultos con grandes necesidades de vivienda.

Sin embargo, desde la asociación reconocen que va a ir disminuyendo el ritmo de construcción y esperan que los precios del suelo se contengan para “serenar el mercado”. Muñoz considera que es principalmente esta parte de la vivienda lo que hace aumentar el precio final. El presidente de la consultora Tecnigrama, Antonio Escudero, añadió que el precio total de los inmuebles bajará porque su tamaño será menor.

La tendencia a reducir la superficie de los pisos ya se comenzó a notar hace dos años. El mercado oferta ya viviendas de un dormitorio o estudios de 30 metros cuadrados que tienen un gran potencial de salida al mercado.

Sin embargo, la oferta de vivienda nueva no se adecúa a la formación de hogares. Es decir, según Juan Antonio Módenes, del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Comunitat se construyeron de media unas 75.000 viviendas anuales entre 2001 y 2005, aunque solamente se formaron 58.000 hogares. Es decir, la diferencia es de 17.000 viviendas de inversores y segunda residencia. Cerca de 12.000 se quedan vacías.

Módenes vaticina que a partir de 2006 parece que “la construcción de nueva vivienda se vincula menos a la demanda demográfica, es decir, a un inmueble para establecer un hogar, y depende cada vez más de la segunda residencia y origen internacional”.

El futuro es incierto principalmente porque existen variables que no se van a poder planificar. El constante incremento de los tipos de interés y la ralentización en el precio de la vivienda “puede contribuir a que salgan al mercado miles de viviendas adquiridas por inversores”. Según Muñoz, esos inversores podrían ver peligrar los rentables beneficios que esperaban obtener ya que los precios aumentarán quizás poco más del IPC y por ello convertirse “en una dura competencia para la oferta de nueva vivienda en construcción. Se podría producir una sobreoferta”.

Sí dejó claro que los promotores quieren adecuarse a la oferta que existe y no sólo adecuarse a la demanda, sino también construir viviendas de protección oficial, “el problema es que ninguna empresa quiere perder dinero”. En este sentido, el secretario general de la asociación de promotores aseguró que nadie en su sano juicio daría la espalda al 25 o 30% de la sociedad que demanda este tipo de vivienda, aquellos que solamente pueden acceder a viviendas protegidas.

Los promotores sí están seguros de que quizás se pueda resentir el mercado residencial en los próximos años. Por ello, confían en que la Comunitat Valenciana se consolide como “la California europea” y que la demanda de residencia en el litoral siga manteniéndose. “No se trata de llenarlo todo de cemento, sino de aprovecharse de una oportunidad de negocio extraordinaria”.

¿Será la Comunitat Valenciana el asilo de Europa Según el secretario de la Asociación de Promotores y Agentes Urbanizadores, Benjamín Muñoz, «si no lo conseguimos es porque ha fallado algo» por parte de la administración y las empresas del sector de la construcción. Para alcanzar este objetivo, Muñoz apuesta por crear servicios como «más campos de golf con un cierto orden, mejores infraestructuras ferroviarias y de carreteras para ser la " millor terreta" de Europa»

«No llenarlo todo de cemento»

Un deseo, puntualizó, que «no quiere decir llenarlo todo de cemento» porque «se trata de una oportunidad de negocio extraordinario» . La inversión en vivienda es la mejor opción, aseguró en varias ocasiones, aunque advirtió del efecto en los precios que puede tener «la sobreoferta que puede llegar a producirse si tanto los promotores como los inversores sacan las viviendas al mercado» . Sobre la construcción de viviendas protegidas el secretario de los promotores manifestó la «disposición total» de los empresarios para hacer este tipo de inmuebles aunque agregó que los empresarios «no pueden perder dinero» con ellos.


Infraestructuras
En este sentido, apuntó a que la construcción de infraestructuras como el AVE puede contribuir a fomentar la demanda de vivienda residencial por parte del mercado nacional, que se sumaría a la que ya se produce desde Europa. “La Comunitat no puede renunciar a convertirse en un destino turístico de primer orden”. También otro tipo de comunicaciones, como carreteras, pueden ayudar a fomentar la compra de viviendas. “Muchas familias, sobre todo parejas adultas con hijos independizados eligen segundas residencias como vivienda habitual”, lo que ayudaría a que las poblaciones de costa no se quedaran despobladas en invierno.

www.lasprovincias.es y levante-emv.es

Autoridades del puerto de Alicante muestran interés en reforzar la cooperación con Orán

Una delegación de la Autoridad Portuaria de Alicante, encabezada por su director general, Juan Ferrer Marsal, reafirmó ayer en Orán su interés por reforzar la cooperación en el sector marítimo, según fuentes del sector.

La delegación española viajó a Orán el miércoles y se ha entrevistado con los responsables del puerto oranés, además de visitar sus instalaciones.

La gestión de las instalaciones portuarias, el tráfico de pasajeros y de contenedores, así como los aspectos relacionados con la seguridad centraron las conversaciones de las dos partes, informaron fuentes del puerto oranés.

Alicante está enlazado con el Oranesado argelino mediante un servicio regular de transbordadores y navíos de transporte, que aumenta regularmente durante el verano hasta constituir un verdadero puente marítimo.

El tráfico durante el verano representa más del 50% del total anual, según las autoridades portuarias oranesas. (EFE)

El litoral mediterráneo acapara el 70% de los daños económicos en toda España por precipitaciones intensas

Paradojas del destino, el mayor aliado natural de la provincia, el Mediterráneo, también es su peor enemigo. Las cálidas aguas del mar, en torno a los 22 o 23 grados de media, son «responsables» de los episódicos fenómenos de lluvias torrenciales a los que está expuesto todo el Levante español cada cierto tiempo, indica el catedrático de Análisis de Geografía Regional de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina, en la fotografía.

El también director del Instituto Geográfico ha dirigido, junto con el historiador francés Gérard Chastagnaret, los estudios del libro Riesgo de inundaciones en el Mediterráneo occidental. Un tratado sobre las causas, los motivos y, sobre todo, las consecuencias de las inundaciones en la cuenca mediterránea española.

Uno de los datos más llamativos del estudio indica que las provincias orientales de España suman el 70% de los daños producidos por inundaciones en todo el país durante el periodo comprendido entre 1987 y el 2001. Una tendencia que continuará inalterable durante los próximos treinta años y que podría suponer unas pérdidas de 2.500 millones de euros en la provincia hasta el 2033, según recoge un informe del Instituto Geominero Español y el Consorcio de Compensación de Seguros incluido en el libro.

Las inundaciones y las sequías son «los dos riesgos de causa climática de efectos socioeconómicos y territoriales más importantes en el litoral mediterráneo español», se indica en el apartado Reducción del riesgo de inundaciones en el litoral, del también catedrático de la UA Jorge Olcina. Pero tampoco coge a nadie de improviso: la mitad de las viviendas y el 65% de los negocios e industrias tienen una póliza que les cubre este tipo de desastres.

Las causas de las inundaciones son los «condicionamientos geográficos» especiales de la cuenca mediterránea. La alta temperatura del mar provoca que «ingentes cantidades de vapor de agua vayan a la troposfera, a una altura máxima de doce kilómetros, que chocan con un aire anormalmente frío en los niveles altos de la atmósfera», explica Gil Olcina.

Se forman entonces unos «colosales cumulonumbos», preferentemente entre los meses de octubre y noviembre, que terminan descargando en poco tiempo cantidades desorbitadas de precipitaciones en muy poco tiempo. De hecho, el récord nacional y europeo de precipitación máxima en 24 horas lo ostenta la población alicantina de Jávea, con 871 milímetros. Sirva como referencia la precipitación media anual de Alicante: 355 milímetros. Más del doble, y en un solo día.

A pesar de este registro puntual en la Marina Alta, las zonas con mayor riesgo de sufrir inundaciones son la Vega Baja y el término municipal de Alicante. La escasa pendiente del Segura por Orihuela «favorece los desbordamientos del río cuando acontecen lluvias torrenciales». Por su parte, la capital de la provincia es «otro sector de riesgo en el litoral», con una inundación cada 19 meses de promedio.

El Plan Especial de Inundaciones del Río Segura, ideado en 1977 y construido a partir de 1987, y las obras de los colectores antirriadas en Alicante, terminadas en el 2003, deberían proteger a ambas ciudades de daños, perjuicios e incluso muertes provocadas por lluvias intensas. Pero en el caso de la capital, advierte Gil Olcina, «no sabremos si serán suficientes hasta que no ocurran».

Y no se pueden pronosticar por el momento, ni siquiera con toda la tecnología disponible, de ahí el peligro. Los directores del tratado no han sido capaces de crear un modelo que pronostique cuándo se producirá una tormenta fuerte. «Es un agua que no se prevé, salvo a tiempo real a través del satélite», indica Gil Olcina. Las inundaciones o las temidas gotas frías se producen cada cinco, diez o cada medio siglo.

Pero hay factores que, lejos de reducir los riesgos, aumentan los daños materiales que producen las precipitaciones que, inexorablemente, llegan a Alicante cada cierto tiempo. El catedrático de Climatología Jorge Olcina es tajante: «En los últimos lustros se ha registrado un incremento en el volumen de pérdidas económicas vinculadas a los episodios atmosféricos de rango extraordinario. Realmente ello es así». En especial, el alto grado de ocupación del suelo y el crecimiento demográfico desmedido de la provincia.

En cuanto al primero, la Agencia Europea de Medio Ambiente explica que «es probable que mediante el desarrollo urbanístico de lo que antes eran llanuras de inundación aumente la magnitud de las consecuencias negativas de los episodios» de lluvias intensas.

De hecho, «durante los últimos años se han venido a sumar nuevas áreas inundables, en relación con la ocupación de territorios de riesgo que ha traído consigo la intensa expansión residencial del litoral mediterráneo», explica en su capítulo Jorge Olcina. La antes citada Jávea es uno de ellos.

Es más, las grandes ciudades se han preparado para estos episodios. «La menor consideración del peligro inherente a los pequeños cursos de funcionamiento espasmódico, generalmente secos, ha conducido a la ocupación de espacios de ribera», apunta Olcina.

Sin ramblas

La necesidad de la construcción como eje económico de la provincia ha provocado que «el crecimiento de las ciudades de los últimos treinta años se ha realizado en multitud de ocasiones incorporando a la trama urbana cauces de barrancos y ramblas que no han sido respetados o, en el mejor de los casos, fueron minimizados», indica el profesor de la UA Alfredo Morales Gil en otra parte del libro.

Ahora, las llamadas ramblas resultan «insuficientes para la evacuación de las aguas de escorrentía», puesto que las antiguas avenidas que canalizaban el agua al mar derivan ahora en parques y jardines, para que sirva de riego.

Pero «el suelo tiene su propia lógica, urbanizable no absorbe nada de agua», explica el profesor Chastagnaret. En su condición de historiador advierte: «A los ancianos se les escucha después de las catástrofes. Hagámoslo antes».

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El 67% de los jóvenes de Alicante votará a un partido de izquierdas, según JJ. SS.

El 67 por ciento de los jóvenes alicantinos de entre 18 y 33 años votará a un partido de izquierdas en las elecciones del 27 de mayo, según la encuesta de intención de voto realizada por las Juventudes Socialistas (JJSS) y hecha pública por el secretario general de JJSS de Alicante, Raúl Ruiz.

Según los datos de la consulta, de los 511 jóvenes de Alicante encuestados, 345 votarán a un partido de izquierdas y 102 votarán a uno de centro-derecha, mientras que los 64 restantes se abstuvieron de contestar.

Ruiz precisó que en la franja de edad de 18 a 25 años, un 74 por ciento de los jóvenes apoyarán a la izquierda y un 26 por ciento a la derecha, y en la de 25 a 33 años, el 77 por ciento votará a un partido de izquierdas y el 23 por ciento a uno de derechas.

En su opinión, los jóvenes tienen una "gran responsabilidad" en las próximas elecciones para propiciar un cambio de gobierno tanto en la ciudad de Alicante como en la Comunitat Valenciana.

Sostuvo que la juventud alicantina está "muy concienciada" con este cambio y criticó que el PP no motive a los jóvenes para participar en la política, sino que los tilde de "radicales, pancartistas y delincuentes".

Junto a Ruiz, en la rueda de prensa participó el secretario general de las JJSS de España, Herick Campos, quien resaltó la gestión del Gobierno central en materia de empleo y vivienda para los jóvenes, al tiempo que criticó la "mala gestión, las mentiras y la crispación" del PP en la Comunitat.

"El PSOE cumple su programa electoral, tiene credibilidad y cercanía, frente a la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante que hacen política de espaldas a los jóvenes", insistió Campos. (EFE)