BRUSELAS.- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió, por trece votos a favor y ocho en contra, el archivo definitivo de las denuncias presentadas por el Consell y la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, que reclamaban que Bruselas investigará a fondo los motivos por los que el Ministerio de Medio Ambiente modificó el proyecto para trasladar la toma del agua al Azud de la Marquesa.
Esta decisión impedirá, según los nuevos informes técnicos presentados por los regantes y avalados por profesores de cuatro universidades, la recuperación integral de los acuíferos del Vinalopó, tal como exige la propia Unión Europea, debido a que el agua sólo sirve para regar y 29 municipios deberán seguir abasteciéndose con caudales de los acuíferos.
La Comisión de Peticiones vuelve a dar la razón al Gobierno central y una bofetada, al igual que sucedió en noviembre de 2006 -en aquella ocasión el resultado había sido todavía más ajustado al prosperar el archivo de las denuncias por un voto-, al ánimo de la Junta Central de Usuarios y del PP, al respaldar el trazado del Ministerio de Medio Ambiente al que, además, subvenciona con 120 millones de euros.
El conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, presente en la votación, denunció que «todo este proceso ha estado viciado y la UE se ha plegado a los intereses de un grupo político y no al de los ciudadanos». Por su parte, el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, calificó de «bofetón al PP», la decisión que «supone un fracaso para la Generalitat, fruto de su propio despropósito».
Andrés Martínez, representante de los regantes que utilizarán en un futuro el agua que llegue desde Cullera, calificó de «política» la votación realizada en el Parlamento Europeo, cargando, además, contra la actitud del eurodiputado por el PSPV, Joan Calabuig, «que se ha limitado a defender la postura de su partido desde la demagogia y sin consultar los datos técnicos. Se ha atrevido a señalar en la Comisión de Peticiones que llegará más agua de Cullera y por lo tanto que es mejor para Alicante, cuando parece desconocer que el caudal no sirve para beber. Por nuestra parte y aunque nos llamen terroristas, seguiremos defendiendo que el Vinalopó tenga agua de calidad y a precios asequibles. Estoy triste porque se cambió el proyecto sin apuntar un sólo argumento técnico».
Lo cierto es que, una vez más, el PP no logró convencer a sus compañeros de ideología en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo donde de sus 38 miembros, veinticuatro forman parte de la Derecha Europea y 13 de la Izquierda.
A la sesión acudieron 21 eurodiputados de los que trece votaron a favor de las tesis del Gobierno y, por tanto, del cambio del trazado y ocho por la reapertura de la investigación. Entre éstos últimos figuraban dos de los que no acudieron a la votación de noviembre, que de haberlo hecho entonces hubieran aprobado la posición de Consell y regantes.
Destacar que entre los miembros más conservadores de la Comisión de Peticiones está su presidente, el polaco Martin Libicki, blanco de las iras del Consell en los últimos meses debido a su postura ante las denuncias sobre los presuntos abusos urbanísticos amparados por la Ley Urbanística Valenciana.
Algunas fuentes consultadas en Bruselas apuntaban a que «todo se acaba pagando». En la sesión, la postura de Consell y Junta Central fue defendida por el eurodiputado vasco Carlos Iturgáiz, mientras que el socialista Joan Calabuig abogó por el cambio del trazado. Calabuig, acusó a la Generalitat de «haber tenido una actitud completamente irresponsable al intentar impedir la realización de una obra esencial para el desarrollo económico de la Comunidad Valenciana. Sin embargo hemos conseguido que la política de crispación del Consell no se ponga esta vez por encima de los intereses de la ciudadanía».
Calabuig subrayó que «la Generalitat en una actitud irracional ha intentado obstaculizar que vinieran fondos europeos para una obra muy importante. Por suerte la sensatez de la Comisión de Peticiones impide que sus intereses partidistas se convirtieran en realidad». En el mismo sentido se expresó el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antonio Bernabé. «La decisión representa el rechazo de la UE a la política obstruccionista del PP».
Por otro lado, Antonio Rico, uno de los catedráticos autores del informe técnico en defensa de la toma en Cortes, aseveró que «está claro que no se lo ha leído nadie».
www.diarioinformacion.com
Esta decisión impedirá, según los nuevos informes técnicos presentados por los regantes y avalados por profesores de cuatro universidades, la recuperación integral de los acuíferos del Vinalopó, tal como exige la propia Unión Europea, debido a que el agua sólo sirve para regar y 29 municipios deberán seguir abasteciéndose con caudales de los acuíferos.
La Comisión de Peticiones vuelve a dar la razón al Gobierno central y una bofetada, al igual que sucedió en noviembre de 2006 -en aquella ocasión el resultado había sido todavía más ajustado al prosperar el archivo de las denuncias por un voto-, al ánimo de la Junta Central de Usuarios y del PP, al respaldar el trazado del Ministerio de Medio Ambiente al que, además, subvenciona con 120 millones de euros.
El conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, presente en la votación, denunció que «todo este proceso ha estado viciado y la UE se ha plegado a los intereses de un grupo político y no al de los ciudadanos». Por su parte, el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, calificó de «bofetón al PP», la decisión que «supone un fracaso para la Generalitat, fruto de su propio despropósito».
Andrés Martínez, representante de los regantes que utilizarán en un futuro el agua que llegue desde Cullera, calificó de «política» la votación realizada en el Parlamento Europeo, cargando, además, contra la actitud del eurodiputado por el PSPV, Joan Calabuig, «que se ha limitado a defender la postura de su partido desde la demagogia y sin consultar los datos técnicos. Se ha atrevido a señalar en la Comisión de Peticiones que llegará más agua de Cullera y por lo tanto que es mejor para Alicante, cuando parece desconocer que el caudal no sirve para beber. Por nuestra parte y aunque nos llamen terroristas, seguiremos defendiendo que el Vinalopó tenga agua de calidad y a precios asequibles. Estoy triste porque se cambió el proyecto sin apuntar un sólo argumento técnico».
Lo cierto es que, una vez más, el PP no logró convencer a sus compañeros de ideología en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo donde de sus 38 miembros, veinticuatro forman parte de la Derecha Europea y 13 de la Izquierda.
A la sesión acudieron 21 eurodiputados de los que trece votaron a favor de las tesis del Gobierno y, por tanto, del cambio del trazado y ocho por la reapertura de la investigación. Entre éstos últimos figuraban dos de los que no acudieron a la votación de noviembre, que de haberlo hecho entonces hubieran aprobado la posición de Consell y regantes.
Destacar que entre los miembros más conservadores de la Comisión de Peticiones está su presidente, el polaco Martin Libicki, blanco de las iras del Consell en los últimos meses debido a su postura ante las denuncias sobre los presuntos abusos urbanísticos amparados por la Ley Urbanística Valenciana.
Algunas fuentes consultadas en Bruselas apuntaban a que «todo se acaba pagando». En la sesión, la postura de Consell y Junta Central fue defendida por el eurodiputado vasco Carlos Iturgáiz, mientras que el socialista Joan Calabuig abogó por el cambio del trazado. Calabuig, acusó a la Generalitat de «haber tenido una actitud completamente irresponsable al intentar impedir la realización de una obra esencial para el desarrollo económico de la Comunidad Valenciana. Sin embargo hemos conseguido que la política de crispación del Consell no se ponga esta vez por encima de los intereses de la ciudadanía».
Calabuig subrayó que «la Generalitat en una actitud irracional ha intentado obstaculizar que vinieran fondos europeos para una obra muy importante. Por suerte la sensatez de la Comisión de Peticiones impide que sus intereses partidistas se convirtieran en realidad». En el mismo sentido se expresó el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antonio Bernabé. «La decisión representa el rechazo de la UE a la política obstruccionista del PP».
Por otro lado, Antonio Rico, uno de los catedráticos autores del informe técnico en defensa de la toma en Cortes, aseveró que «está claro que no se lo ha leído nadie».
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