jueves, 28 de junio de 2007

Rato abandonará la dirección del FMI en octubre

WASHINGTON.- El director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), el español Rodrigo Rato, abandonará su cargo tras la asamblea anual de este organismo y el Banco Mundial en septiembre antes de cumplir los cinco años de su mandato, según ha anunciado la institución.

En un comunicado distribuido por el FMI, Rato alega "razones personales" para su marcha. "Mis circunstancias familiares y mis responsabilidades, especialmente en lo que se refiere a la educación de mis hijos, son el motivo para renunciar a mis responsabilidades en el Fondo más pronto de lo previsto", ha señalado el primer español en haber dirigido el FMI.

El ex ministro del gobierno de José María Aznar, que fue nombrado en 2004, ha anunciado su decisión al directorio del Fondo "para darle un plazo razonable para designar a mi sucesor", coincidiendo con la salida del estadounidense Paul Wolfowitz de la presidencia del BM.- (Agencias)

miércoles, 27 de junio de 2007

España confía poco en el liderazgo global de George Bush y su política exterior


WASHINGTON.- España es uno de los países que menos confía en el liderazgo global del presidente de EEUU, George W. Bush, y también uno de los que menos valora la política exterior del mandatario, según una encuesta hecha pública hoy.

El estudio realizado por el centro "The Pew Global Attitudes Project", que preguntó a 47 países del mundo sobre varias cuestiones de índole internacional, revela que los españoles disminuyeron su confianza en el papel de George Bush en el mundo del 26 por ciento en 2003, año de comienzo de la guerra de Irak, a un 7 por ciento en 2007.

"Puede parecer que el porcentaje de la confianza de Francia en el liderazgo global de George Bush es pequeño (14 por ciento), pero no es nada comparado con el de España, que sólo presenta un 7 por ciento", dijo durante la presentación del estudio Andrew Kohut, presidente del centro Pew que llevó a cabo la encuesta.

Otro de los líderes sondeados por el estudio fue el presidente ruso, Vladimir Putin, el cual, aunque está generalmente mejor valorado que Bush, también cuenta sólo con la confianza de un 7 por ciento de los españoles encuestados (en comparación al 31 por ciento que registraba en 2003).

Asimismo, el estudio revela que en España, el porcentaje de personas que valoran más favorablemente a EEUU ha disminuido del 50 por ciento en 2000 al 34 por ciento en 2007 y, actualmente, cerca del 60 por ciento de los encuestados en España tiene una visión desfavorable del país norteamericano.

La encuesta revela que un 66 por ciento de los españoles están mayoritariamente en desacuerdo con las ideas estadounidenses sobre la democracia.

Sin embargo cerca del 72 por ciento de los encuestados en España valora positivamente las exportaciones estadounidenses de música, películas y programas de televisión, y un 61 por ciento admira los avances científicos y tecnológicos de EEUU.

La opinión favorable de los españoles hacia China disminuyó del 57 por ciento registrado en 2005 al 39 por ciento que revela la última encuesta.

Con esta disminución del 18 por ciento, España se une al sentimiento generalizado de Europa Occidental, que teme la competitividad comercial de un gigante asiático que cada vez es más poderoso.

En el caso de España la encuesta fue realizada entre el 18 de abril y el 15 de mayo de este año mediante entrevistas personales a 500 personas mayores de 18 años de todo el país.

Según el centro Pew el margen de error de la parte de la encuesta realizada en España es del 4 por ciento.- (EFE)

El precio mensual del alquiler se situó en la Comunidad Valenciana en 7'20 € el m2 en 2006

VALENCIA.- El precio medio de la vivienda en alquiler en la Comunitat Valenciana se situó el año pasado en los 7,20 euros el metro cuadrado al mes -igual que la media de España-, mientras que el parque de viviendas arrendadas en esta autonomía alcanzó las 126.193, que representan el 7 por ciento del país.

Según los datos del Ministerio de la Vivienda, la Comunitat Valenciana ocupó el año pasado el cuarto puesto en número de viviendas alquiladas -por detrás de Cataluña, Madrid y Andalucía-, de las cuales la mayoría se arrendaron sin muebles (82.122), frente a las 44.071 amuebladas.

El mercado del alquiler de viviendas en España no termina de despegar a pesar de las medidas llevadas a cabo por el Ministerio de Vivienda y, sin embargo, el crecimiento de las ventas de pisos sufre una ralentización.

El precio medio de la vivienda en alquiler se situó en los 7,20 euros por metro cuadrado al mes en 2006, lo que supone una "cierta estabilidad" ya que apenas ha aumentado un euro su valor desde comienzos de la década, cuando costaba unos 6,37 euros.

El precio de la vivienda en propiedad, por su parte, ha sufrido un encarecimiento del 7,2 por ciento, a datos del primer trimestre del 2007, un nivel de crecimiento muy bajo, que no se registraba desde el año 1999, época en la que comenzó el boom inmobiliario en España.

Junto con la desaceleración de los precios, otro indicador de moderación es el hecho de que las operaciones de compraventa de inmuebles se hayan estabilizado, ya que sólo aumentaron un 0,4 por ciento en 2006, así como que el año pasado se vendieran menos viviendas (410.192) de las terminadas (597.632).

Los principales objetivos del Ministerio que dirige María Antonia Trujillo son fomentar la vivienda protegida, conseguir un aterrizaje suave de las ventas de vivienda libre e impulsar la vivienda en alquiler.

Este último punto, la vivienda en alquiler, "es una política prioritaria para España", aseguró hoy la ministra de Vivienda en la presentación de los datos sobre el mercado del alquiler en España, donde el parque de viviendas arrendadas alcanzó 1.791.475 inmuebles el pasado año, lo que supone tan sólo un incremento del once por ciento respecto al año 2001.

Frente al objetivo del Gobierno acercar a la media europea el número de hogares que residen en viviendas arrendadas, el parque de viviendas en alquiler apenas supone el 11,25 por ciento del total en 2006 (1,79 millones de casas), porcentaje que incluso ha disminuido levemente respecto a 2001, cuando el 11,4 por ciento de las familias españolas vivían de alquiler (1,6 millones de casas).

Sin embargo, la ministra destacó hoy las políticas de vivienda llevadas a cabo por el Ministerio al respecto y resaltó que una de cada cuatro viviendas en alquiler en la actualidad (23,5 por ciento) ha sido creada en los dos últimos años.

Por Comunidades Autónomas, Cataluña, Madrid y Andalucía concentraron el 58,1 por ciento del parque de viviendas en alquiler creado en 2006, mientras que, por provincias, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Las Palmas y Baleares representan el 53,4 por ciento del total.

Los bloques de pisos en alquiler representaron el 84 por ciento de las viviendas arrendadas en 2006 (1.503.945 casas), los edificios unifamiliares independientes supusieron el siete por ciento (124.786), los adosados el 6,3 por ciento (112.661) y otros tipos el 0,4 por ciento (7.956).

La mitad de las viviendas alquiladas en 2006 (el 49,3 por ciento) tienen una superficie comprendida entre los 60 y 90 metros cuadrados, seguidas por las de entre 90 y 120 metros cuadrados (20,7 por ciento), las de entre 45 y 60 metros cuadrados (14,8 por ciento), las de más de 120 metros cuadrados (8,9 por ciento) y las de menos de 45 metros cuadrados (6,3 por ciento).
En cuanto al precio, el valor medio total pagado por el alquiler de una vivienda en España fue de 5,36 euros el metro cuadrado, si se tienen en cuenta aquellas rentas realizadas hace tiempo y que continúan en la actualidad (incluidas las de renta antigua).

Las comunidades más caras para alquilar son Madrid (11,38 euros/m2), País Vasco (9,92 euros/m2), Navarra (7,95 euros/m2), Cataluña (7,41 euros/m2) y Canarias (7,30 euros/m2), mientras que en el otro extremo están Galicia (3,29 euros/m2) y Extremadura (3,91 euros/m2).
Según los datos del estudio, alquilar una vivienda con muebles es un 40,3 por ciento más caro que sin muebles ya que los precios del metro cuadrado al mes ascienden a 6,69 y 4,77 euros, respectivamente.

El perfil del arrendatario es una persona trabajadora, española, de entre 36 y 50 años, con estudios universitarios y que convive con otras dos personas.

A continuación, la tabla detalla los precios pagados al mes por el alquiler de una vivienda (expresada en euros por metro cuadrado) por Comunidades Autónomas, así como el número de viviendas alquiladas el año pasado.

CC AA PRECIO MEDIO VIVIENDAS
€/M2 AL MES CREADAS 06
-----------------------------------------------------------------
ANDALUCÍA 5,31 249.169
ARAGÓN 5,08 46.778
ASTURIAS 6,33 49.361
BALEARES 5,92 56.861
CANARIAS 7,30 94.218
CANTABRIA 7,01 14.258
CYL 4,01 76.441
C-LM 6,06 36.822
CATALUÑA 7,41 460.753
C.VALENCIANA 7,20 126.193
EXTREMADURA 3,91 31.038
GALICIA 3,29 95.068
MADRID 11,38 332.223
MURCIA 5,01 28.570
NAVARRA 7,95 12.332
PAÍS VASCO 9,92 64.293
LA RIOJA -- 7.304
CEUTA Y MELILLA 4,29 9.793
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 7,20 1.791.475
(EFE)

Los nuevos ricos aumentaron en 9.200 en 2006


MADRID.- El año pasado, un total de 9.200 españoles lograron atravesar la puerta que, según los expertos, da entrada al 'paraíso' de los ricos, entendido como aquellos que poseen más de un millón de dólares -es decir, unos 744.000 euros conforme al cambio actual-, eso sí, sólo en activos financieros líquidos, es decir, fácilmente convertibles en dinero, por lo que no se tiene en cuenta su patrimonio tanto en puro 'ladrillo' como en 'joyas' del motor.

Resulta significativo que la revalorización de la divisa europea frente a la estadounidense haya hecho que el listón para acceder a ese selecto club haya bajado en 75.000 euros en apenas dos años, mientras permanecía inamovible para el resto del mundo.

El informe elaborado por las consultoras Capgemini y Merrill Lynch, especializadas en la gestión de patrimonios y mercados financieros, revela que la bonanza económica internacional de 2006 fue acompañada de un incremento sensible en la cifra de personas pudientes, que se elevó un 8,3% hasta los 9,5 millones, colectivo que a su vez amasó una riqueza conjunta cuantificada en 37,2 billones de dólares (unos 27,2 billones de euros), lo que supone un crecimiento del 11,4%, el primero de dos dígitos de los últimos siete años. Algo más de una cuarta parte de esa suma (10,1 billones de dólares) corresponde a los particulares europeos de esa clase: 2,9 millones de privilegiados.

La cifra española es, no obstante, relativamente pequeña en comparación con ese total continental. Sus 157.800 ricos mejoran en un 6,1% el número del ejercicio anterior, si bien reflejan un aumento inferior en casi dos puntos al alza media europea (7,8%) y claramente alejado de los logrados años atrás (8,7% en 2004 y 18% en 2003, cuando tuvo su verdadero 'boom' en este campo y se convirtió en el tercer país del mundo donde más surgieron millonarios de nuevo cuño). Entre los factores que, según los expertos, contribuyen al auge de los patrimonios altos aquí destaca el propio crecimiento económico del país (un 4% en 2006) y la subida notable en la Bolsa -casi un 32% en su índice más representativo, el selectivo Ibex'35-.

España, en cualquier caso, se mantiene cerca del puesto número diez entre los países del mundo con mayor número de ricos, en línea con lo que ocurre en el Reino Unido y por encima de potencias europeas como Francia, Alemania e Italia. EEUU y Japón siguen, a su vez, en los primeros puestos. Sin embargo, la zona donde surgen como más fuerza las personas pudientes es el sudeste asiático. En Singapur, India e Indonesia se registraron avances interanuales de entre el 16% y el 21%, bastante por encima de los incrementos logrados por Rusia, los Emiratos Árabes, las dos Coreas, Israel, República Checa y Hong Kong, todos en torno al 12%.

La elite de los ricos

Por encima de esta clasificación, ya de por si selecta, se encuentra la elite de los ricos, aquellos que, por lo menos, disponen de 30 millones de dólares (22,2 millones de euros) en activos financieros netos. Son ya 94.970 personas y, tras crecer un 11,3% en 2006, se espere que superen los 100.000 al cierre del presente ejercicio. Pese a lo abultado de su patrimonio, en el no se tiene en cuenta ni el valor de su casa (entendida como la vivienda habitual) ni el de otros consumibles (por ejemplo, coches de lujo, barcos o incluso aviones privados).

Si estas cifras resultan mareantes, más aún lo es el cálculo que se hace en el informe sobre la riqueza que estos grupos de afortunados (los millonarios y los 'supermillonarios') tendrán dentro de cuatro años. Según sus cálculos, en 2011 aglutinará 51,6 millones de dólares y mantendrán un crecimiento anual cercano al 7%. La explicación a este dinamismo se encuentra, sobre todo, en el alto volumen de transacciones inmobiliarias que se dan en el mundo: sólo en 2006 se movieron 682.000 millones de dólares en este tipo de operaciones, un 38% más que el ejercicio anterior.- (Colpisa)

Valencia y Murcia presentan la mayor actividad hipotecaria sobre la población

MADRID.- La Región de Murcia (con 616) y la Comunidad Valenciana (con 541) encabezan la lista de las comunidades autónomas con mayor tasa de hipotecas constituidas por cada 100.000 habitantes, mientras que Murcia y Extremadura fueron las que registraron un mayor crecimiento sobre el año pasado con un 44,6% y un 39,5%, respectivamente, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Madrid y La Rioja registraron el mayor importe medio hipotecado, con 230.619 euros y 215.239 euros, respectivamente aunque fueron las comunidades de Murcia (46,1%) y Aragón (30,4%) fueron las comunidades que experimentaron una tasa de variación interanual mayor.

Las comunidades que registraron el mayor número de cambios en las condiciones de las hipotecas en abril por cada 100.000 habitantes fueron Comunidad Valenciana (124) y La Rioja (112), mientras que las Islas Baleares y Murcia fueron las que registraron el mayor número de hipotecas canceladas por 100.000 habitantes con 276 y 266 cancelaciones, respectivamente.- (Agencias)

La CE denunciará a España por las leyes urbanísticas en la Comunidad Valenciana

BRUSELAS.- La Comisión Europea denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE al considerar que las leyes urbanísticas de la Comunidad Valenciana incumplen la normativa comunitaria.

Según Bruselas, la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV), que derogó la anterior Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), sigue vulnerando las directivas sobre contratación pública en "varios aspectos", como el contenido de los anuncios y documentos de licitación.

Asimismo, la Comisión estima "que las autoridades españolas no han cumplido las obligaciones que les impone el derecho comunitario, al no haber adoptado medidas para impedir que se adjudiquen contratos infringiendo la legislación de la UE". - (EFE)

Los hipotecados a larguísimo plazo pagarán 4 veces su casa si los tipos llegan al 6% / Ramón Aragonés*


Las hipotecas medias en nuestro país -que ascienden a 147.000 euros, según los últimos datos del INE- cuestan casi el triple del capital solicitado si se contratan a 50 años y pueden llegar a cuadruplicar el importe inicial si el Euribor (el índice hipotecario al que están condicionados la mayoría de las hipotecas de nuestro país) sube en los próximos años, según los cálculos realizados por INVERTIA. El vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, manifestó esta semana su preocupación por la proliferación de estos préstamos en detrimento de los clásicos plazos de entre 20 y 25 años, al considerar que suponen un gran riesgo para los ciudadanos.

Así, una hipoteca media de 147.000 euros contratada a 50 años cuesta al titular en hipotecas en estos momentos, aplicándole un tipo de interés medio del 5% (obtenido tras sumar al Euribor de mayo, que cerró al 4,37%, un diferencial medio del 0, 63%) un total de 253.550 euros, el 170% del capital solicitado. En cambio, si el préstamo contara con un plazo de amortización de 20 años, más acorde con los cánones actuales, el montante de intereses sería de 85.832,8 euros, apenas un 58% del capital inicial.

Sin embargo, el salto más espectacular se produce si aplicamos una subida del interés medio abonado al 6% (suponiendo, como barajan algunos expertos que este índice suba a este nivel en los para los próximos años). En ese momento, el titular se vería obligado a abonar unos intereses de 317.289 euros, que junto al capital inicial representaría el pago de 464.289 euros, casi el cuádruple del importe solicitado. En cambio, si el préstamo tuviera un periodo de amortización de 20 años la factura final ascendería a apenas un tercio de esa cifra, a 105.756 euros, que junto al capital inicial elevaría el desembolso final a 252.756 euros, la mitad respecto al contratado a un plazo de 50 años.

Este espectacular encarecimiento del coste final de la hipoteca es lo que llevó a Pedro Solbes a reclamar a la banca propiciar periodos de devolución de las hipotecas de entre 20 y 25 años a lo que la AEB replicó que este tipo de productos facilitan el acceso a la vivienda, tras el boom de los últimos años y que son consecuencia de la falta de "medios alternativos" para muchos consumidores, como alquileres a precios aceptables.

Reducción de las cuotas

La diferencia entre el importe de las cuotas abonadas es menos espectacular ya que a medida que se aumentan los plazos, especialmente cuando se incrementan los tipos, el margen se reduce. Así, en esta misma hipoteca media por importe de 147.000 euros a 20 años, la cuota mensual abonada aplicando un tipo medio del 5% es de 970 euros mientras que si se eleva el periodo a 50 años se reduce a los 667 euros, un 31%.

En cambio, se suben los tipos medios hasta el 6%, las cuotas abonadas en un crédito a 20 años se sitúan en los 1.053 euros y descienden hasta los 773,8 euros si se eleva el plazo de amortización hasta lo 50 años, es decir el 27%. En conclusión, que a cambio de pagar un 31% menos de cuota se ha de pagar 167.718 euros más en la vida del crédito mientras que en el caso de que suban los tipos al 6% al contratar la hipoteca a 50 años se reduciría la cuota un 27% a cambio de pagar 211.533 euros más en todo el préstamo.

En este sentido, los expertos bancarios recuerdan que aunque la reducción de la cuota aparentemente resulte pequeña en proporción al aumento final de los intereses, este alargamiento permite a muchas personas con niveles de ingresos medios y medio bajos poder acceder a una vivienda, que de otra forma sería imposible. Además, estos técnicos hacen hincapié en que muy pocos titulares de hipotecas agotan el plazo completo debido a que la gran mayoría realiza amortizaciones periódicas.

Actualmente, según la Asociación Hipotecaria, la media el plazo medio real de amortización de los préstamos hipotecarios en nuestro país se ha venido situando en torno a los 8 años, a pesar de que la media del plazo solicitado por los compradores de vivienda en el momento de la contratación es, según los datos del INE, de 26 años.

Otro aspecto importante destacado por los expertos hipotecarios a la hora de valorar los altos intereses abonados en las hipotecas en periodos largos es la pérdida de valor adquisitivo del dinero a lo largo del tiempo debido a la inflación. Es decir, que aunque se paguen muchos más intereses, el dinero que se devuelve al banco después de 50 años es mucho menor en valor que cuando se solicitó debido a la merma año tras año provocada por el coste de la vida.

*Ramón Aragonés
invertia.com

Adena denuncia que el trasvase Tajo-Segura ´ha causado impactos severos´


GINEBRA.- El informe, difundido hoy simultáneamente en Ginebra y otras capitales, indica que el trasvase ha provocado la reducción de caudales ambientales en el río Tajo, el traslado de especies de peces entre cuencas, la destrucción de ecosistemas y la promoción de una "agricultura insostenible" en Murcia y Almería.

WWF/Adena señala que el trasvase Tajo-Segura "ilustra una gestión del agua que prioriza a aquellos usuarios que no son preferentes según la Ley de Aguas: en vez de asegurar los abastecimientos y los caudales ambientales en los ríos, se amplían campos de golf, urbanizaciones y regadíos", afirma Guido Schmidt, responsable del Programa de Agua.

El Tajo-Segura trasvasa desde 1978 hasta 600 hm3/agua anuales por sus 286 kilómetros desde el Sistema Ibérico hacia el Levante.

Oficialmente, transfiere agua para 147.000 hectáreas de regadío y 76 abastecimientos urbanos, según WWF/Adena.

"A pesar del trasvase, el déficit del agua en la zona beneficiada está aumentando, y existe un mercado negro del agua", agrega.

Varios informes estiman, según WWF/Adena, que existen 65-100.000 hectáreas de regadíos ilegales en la cuenca del Segura, y Murcia y Almería continúan en el boom urbanístico, con más de 50 nuevos campos de golf y 115.000 nuevas viviendas en un plazo de 8 años.

En informe precisa que la Junta de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Medio Ambiente son los principales promotores del trasvase entre el río Tajo y la Llanura Manchega.

El objetivo del trasvase es "asegurar el abastecimiento en esta última cuenca, fuertemente sobreexplotada y con problemas de contaminación en los acuíferos 23 y 24, donde los niveles de nitratos ya superan en algunos puntos los 50mg/l, límite establecido por la legislación (Directiva 91/676, Real Decreto 261/96)", dice el informe.

WWF/Adena considera que este trasvase "afectará negativamente al río Tajo en las provincias de Toledo y Guadalajara y a Extremadura y Portugal".

"Con la pérdida de caudal empeorará la sequía en el Tajo Medio (ya hay periodos del año en el que el cauce se queda seco en La Sagra y en Talavera). También afectará a la calidad del agua, aumentando la contaminación de los embalses aguas abajo de Toledo, que ya están muy eutrofizados", prosigue.

Para Alberto Fernández-Lop, del programa de aguas de WWF/Adena, "los responsables políticos han entrado en una huida hacia delante que se manifiesta en este trasvase".

"En vez de apostar por una buena gestión del agua, cerrar los más de 60.000 pozos ilegales y promover una agricultura que no dependa del agua, la Junta de Castilla-La Mancha sigue subvencionando al regadío y construye costosas infraestructuras", dice el informe.

WWF/Adena alerta también ante la posibilidad de que este trasvase sea "inviable" por la falta de agua en el Alto Tajo.

En su informe, WWF/Adena se muestra "enormemente preocupado por la política de varias comunidades autónomas, en especial Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia, que pretenden utilizar nuevos trasvases para promover regadíos y urbanizaciones insostenibles".

El informe de la organización mundial de conservación define a los trasvases entre cuencas como iniciativas muy costosas con elevados impactos ambientales que ponen en peligro la capacidad de los ríos para proporcionar alimentos y agua.

El estudio, titulado: "¿Ilusiones? Trasvases y escasez de agua", analiza casos de trasvases realizados en Australia, España y Sudáfrica, así como otros proyectos en Brasil, China, Grecia y Perú.- (EFE)

La propuesta de Pla a Camps sobre un "razonable" trasvase del Ebro excluiría a Alicante, Murcia y Almería

VALENCIA.-El «trasvase razonable» del Ebro con el que el síndic socialista, Ignasi Pla, desmontó el andamiaje político del presidente Camps y sorprendió a no pocos diputados socialistas en el pleno parlamentario de investidura es, en realidad, el minitrasvase a Castellón, que en determinadas circunstancias, «llegaría como máximo a Sagunto».

Lo explicaron en declaraciones a este diario el propio Pla y el portavoz de Territorio y Medio Ambiente del grupo socialista, Francesc Signes, quien destacó que el «auténtico valor» de la iniciativa de Pla estriba en haber apostado por un «pacto del agua que saque este asunto de una vez del debate político».

El líder socialista había repetido mil veces que el trasvase del PHN era imposible porque nunca contaría con la financiación de la Unión Europea ni con el aval político de las comunidades de la cuenca cedente.

La novedad es que ahora, al calor de la derrota electoral, animó a Camps a hacer causa común y trabajar por ese consenso de los gobiernos de España, Aragón y Cataluña para hacer viable un trasvase «razonable desde el punto de vista social, económico y ambiental».

Y «razonable» significa, según explicó el secretario general del PSPV, que en ningún caso se estaría hablando de los 350 hectómetros de la transferencia hídrica del Ebro del PHN ni magnitudes parecidas.

Por otro lado, el portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Jesús Miguel Franco, rechazó cualquier intento de trasvase y afirmó que el Gobierno de España y el PSOE federal apoyan al PSOE aragonés. «Nosotros tenemos la posición que hemos mantenido siempre», indicó Franco, quien lamentó que «esto vuelve a salir y al final llega a enfadarte».

En Aragón «queremos que haya agua en todos los sitios»

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Antonio Suárez, se remitió por su parte al nuevo Estatuto de autonomía para valorar la reivindicación y recordó que esta comunidad tiene derecho a una reserva de 6.550 hectómetros cúbicos de agua.

En su apartado tercero señala que corresponde a los poderes públicos aragoneses «velar, especialmente, para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la comunidad autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras».
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La ONU alerta de que España está al borde de una grave crisis inmobiliaria


GINEBRA.- El relator especial de la ONU para la Vivienda, Miloon Kothari, recomendó ayer al Gobierno español que alerte abiertamente a ciudadanos e inversores de que el país «se enfrenta a una grave crisis» inmobiliaria. «El Gobierno español trabaja en el buen camino, pero debe intervenir más en el mercado e informar claramente de que en unos años llegará una grave crisis que afectará a gran parte de la población», declaró el experto de la ONU.

«El principal problema de la vivienda en España es que no es asequible, con lo que una considerable proporción de la población dedica más del 40% de su salario al pago de hipotecas», explicó Kothari. Su temor es que ese elevado porcentaje tenga un efecto directo en el disfrute de otros derechos humanos, como el «acceso a la educación, la alimentación o el vestido».

En ese sentido, apuntó que la alta tasa de violencia doméstica que se registra en España, «de las más altas de Europa», está «directamente relacionada con el problema de accesibilidad». «Si las mujeres no tuvieran tan difícil acceder a una nueva vivienda se sentirían más libres para salir de su entorno y eso contribuiría enormemente a mejorar su situación», explicó.

Según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE, sólo el 0,3% de la población española era vulnerable por impago de hipoteca en septiembre de 2006, aunque Kothari teme que «la situación no pueda sostenerse a largo plazo». «En cuanto suban un mínimo los tipos de interés - apuntó - , las personas que no podrán hacer frente a su hipoteca aumentarán considerablemente», por lo que es fundamental que aumenten las viviendas de protección oficial de promoción privada en venta y en alquiler y que «se informe claramente a ciudadanos e inversores de que ese momento va a llegar».

Para Kothari, «la solución no pasa por incrementar el suelo edificable, porque el precio al que sale a la venta incluye las expectativas de revalorización, con lo que incluso para el sector público resulta difícil adquirirlo». Por ello, abogó por intervenir en el sector a través del control de la especulación, la ocupación de las viviendas vacías (el 15%) y la reducción de los precios de los inmuebles sociales.

Además, apostó por abrir el mercado a nuevos promotores, que se encarguen de dinamizar el mercado, especialmente para los jóvenes y en régimen de alquiler.

En ese sentido, recordó que sólo el 12 por ciento de las viviendas se alquilan, "uno de los porcentajes más bajos de Europa", y "prácticamente todas están en manos privadas, con sólo el 2 por ciento calificado como vivienda social, frente al entre 10 y 30 por ciento de otros países europeos".

Otro aspecto que preocupa al relator es "el aburguesamiento" de las ciudades, que lleva a la segregación, los desalojos y el empleo de violencia física y psicológica para forzar al abandono de los hogares, fenómeno conocido como "mobbing" sobre el que, en su opinión, hay escasa jurisprudencia.

Aunque el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada está incluido en el artículo 47 de la Constitución española, "su respeto está muy lejos de ser una realidad", concluyó Kothari, quien, aún así, reconoció "los esfuerzos realizados por las autoridades españolas para hacerlo efectivo".

Entre esos esfuerzos citó la creación y compromiso del Ministerio de Vivienda, la Ley del Suelo, el Plan de Vivienda, el Código Técnico de la Edificación y el Plan Nacional de Calidad de Aguas.

Valoró especialmente las legislaciones regionales del suelo, en especial la vasca y andaluza y recomendó que las autonomías se impliquen más con el problema a través de iniciativas novedosas, "como las de Cataluña y el País Vasco".

"A los ciudadanos les recomiendo que sigan saliendo a la calle y exigiendo a su Gobierno que solucione el problema, porque la presión de la sociedad civil es fundamental", concluyó el relator.- (EFE)

martes, 26 de junio de 2007

Ruiz-Mateos ingresa en prisión para cumplir una condena pendiente de tres años


MADRID.- El empresario José María Ruiz-Mateos ingresó a última hora de la tarde de ayer en la cárcel de Madrid-II, ubicada en la localidad madrileña de Alcalá Meco, para cumplir una condena de tres años de prisión por un delito de alzamiento de bienes, según fuentes de Instituciones Penitenciarias.

El ex propietario de Rumasa fue condenado a primeros de octubre de 2005 por la Audiencia Provincial de Madrid como autor de un delito de alzamiento de bienes y otro de insolvencia punible a tres años de prisión y multa de 21.600 euros por el caso de la empresa de viajes Mundo Joven.

En la misma sentencia se condenaba también por los mismos hechos a Enrique Caca Autrán, Carlos Solana Contreras y Antonio Sánchez Fariñas a dos años de prisión a cada uno de ellos y multa de ocho meses con una cuota diaria de 20 euros (4.800 euros en total).

La Audiencia Provincial consideró probado que los acusados se lucraron ilegítimamente de la venta del inmueble en el que se encontraba la sede de Mundo Joven, ubicada en el número 22 de la calle Alcalá de Madrid.

El tribunal entendía que, debido a la grave situación económica que atravesaba la sociedad Mundo Joven, sus responsables decidieron iniciar gestiones para venderla. Al enterarse de ello Ruiz Mateos, ordenó a sus abogados estudiar de manera pormenorizada la gestión de la empresa.

De este modo, el empresario decidió comprar 'Mundo Joven' por el precio de 600 pesetas (3,61 euros) con el objetivo de "apoderarse de su activo más importante", integrado por la planta comercial que constituía su sede, valorada en 150 millones de pesetas (901.518,16 euros) y sobre la que pesaba una hipoteca por 65 millones de pesetas (3.906.578,68 euros).- (EFE)

España supera por primera vez a Estados Unidos en consumo de cocaína

NUEVA YORK.- La ONU ha alertado a España porque, por primera vez en la historia, la tasa de consumo de cocaína en nuestro país supera a la de Estados Unidos.

Según Naciones Unidas, ese es el principal problema de España en asuntos de drogas. Para la ONU, el consumo de cocaína se ha disparado, mientras que el del cannabis tiende a estabilizarse.

En su informe mundial sobre drogas correspondiente a 2007 destaca, además, que uno de cada cinco consumidores europeos de cocaína se encuentra en España.- (Agencias)

La Inspección de Trabajo detecta en Alicante más infracciones de toda la normativa laboral


ALICANTE.- La economía sumergida, por la vía de la contratación ilegal de ciudadanos españoles y extranjeros, lejos de disminuir sigue al alza en la provincia de Alicante, según revelan los últimos datos oficiales de la Inspección de Trabajo, manejados por el sindicato UGT.

En enero, al divulgarse el informe del Ministerio de Trabajo sobre inspecciones e infracciones en el orden laboral, de empleo, extranjería y Seguridad Social, las altas promovidas por la Inspección de trabajadores por los que sus empresarios no cotizaban al sistema ha pasado de 3.430 en el año 2005 a 3.557 en el año 2006.

A esta cifra hay que sumar los 501 casos de extranjeros cazados in fraganti por los inspectores sin los papeles en regla y, en consecuencia, sin vínculo laboral que lo ligue al empleador, lo que supone no menos de 3.000 euros de multa para el empresario irregular (en aplicación de la vigente Ley de Extranjería).

El sindicato UGT, a través de su secretario general en la comarca, Óscar Llopis, aprovecha ese último informe sobre la evolución de las actas de Inspección de Trabajo para reclamar más inspecciones, en especial una específica para el sector de los servicios en la temporada estival. UGT viene denunciando desde hace más de un lustro que en el verano se incrementa de manera desproporcionada el empleo irregular -especialmente de ciudadanos extranjeros- en el conjunto de la Costa Blanca, de norte a sur de la provincia.

Los datos que ahora maneja UGT ponen de manifiesto que se han realizado en el año 2005 un total de 43.899 actuaciones de la Inspección de Trabajo en Alicante, lo que supone un 8,21% más (3.333 actuaciones más que en el año anterior). Las infracciones recogidas en acta oficial de la Inspección superan las 6.700, lo que supone 1.100 más que doce meses antes.

En lo que se refiere a los trabajadores afectados, se ha producido un aumento del 41,45%, lo que significa que se ha pasado de 14.281 a 20.200 trabajadores afectados por alguna actuación de la Inspección laboral en sus diversas áreas de actuación (empleo, relaciones laborales, extranjería, prevención de riesgos en el trabajo o cotizaciones a la Seguridad Social).

UGT detalla que, en materia de relaciones laborales, el número de infracciones en acta ha pasado de 87 a en el año 2005 a 148 en el año 2006. El aumento es del 70%. Este apartado hace referencia a las posibles irregularidades en materia de contratación laboral. La actuación inspectora ha permitido que se hagan 195 contratos fijos, respecto a las 23 transformaciones de empleos basura en fijos del año anterior. El aumento es espectacular, del 747%, y tiene mucho que ver no sólo labor inspectora de oficio, sino sobre todo las denuncias de parte de los sindicatos de clase.

Ley de Prevención

En el orden de la seguridad y salud laboral, en el que están transferidas las competencias a la Generalitat Valenciana y por lo tanto la política de los inspectores viene definida por el director de trabajo de la Generalitat Valenciana, se ha producido una caída importante de las paralizaciones de obras, uno de los preceptos básicos de la Ley de Prevención de Riesgos cuando, tras la visita a un centro laboral, los inspectores o subinspectores observan «riesgo inminente de accidente laboral grave». Ha habido un 33% menos de paralizaciones. Sólo se pararon 22 obras en la provincia durante el último año.

También ha descendido, en consecuencia, el número de infracciones en acta, lo que ha pasado de 1.058 del año 2005 a 914 en el año 2006. Ahora bien, la cifra de trabajadores afectados por las actuaciones inspectoras en materia de prevención de riesgos ha crecido, tras pasar de 4.929 a 7.389 doce meses después. Se ha duplicado.

La extranjería es otro de los grupos de actuación de la Inspección en los que se observa que no decrece la contratación irregular. Así, se ha pasado de 410 a 501 ciudadanos extranjeros sorprendidos por los inspectores ejerciendo una actividad laboral sin los papeles en regla. Esta cifra hay que sumarla a las altas en la Seguridad Social promovidas por los inspectores de trabajo, que totalizan 3.557 en el año 2006, para hacerse una idea real del empleo sumergido descubierto en la provincia.

Hay, pues, 4.058 trabajadores que han sido realizando una actividad laboral de forma ilegal por los inspectores. La cifra, como ya informó en enero este diario, es la mayor de España, incluso por delante de las de Madrid y Barcelona, provincias que son líderes, a mucha diferencia, en la inmensa mayoría de variables económicas y laborales.

Es en el área de la Seguridad Social donde el sindicato pone el dedo en la yaga. La cifra de infracciones aumenta un 26% en el último año y el importe de las sanciones pasa de 3.199.288 euros a 4.052.061 euros. El aumento es del 26.6% y el número de trabajadores afectados por las actas por impago temporal o total de la cotización crece un 3,7%, según el Ministerio.

El secretario de UGT en l'Alacantí, Óscar Llopis, aprovecha estos datos oficiales para «hacer un llamamiento a la patronal para que realice campañas entre sus afiliados para erradicar estas irregularidades, que lo único que hacen es precarizar cada vez más nuestro mercado laboral». En enero, el secretario de la patronal Coepa, Javier López Mora, dijo a preguntas de este diario que el aumento del empleo sumergido es consecuencia del «dinamismo» del tejido productivo de esta provincia.
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El 65% de los hipotecados no renuncia a "ninguna actividad" por la subida de los tipos de interés


MADRID.- El 65% de los hipotecados españoles no renuncia a "ninguna actividad en su vida cotidiana", a pesar de la subida de tipos de interés que le llevan a pagar, en su mayoría, una cantidad menor a los cincuenta euros adicionales cada mes.

Así lo indica un estudio de la consultora Deloitte, presentada por su socio Héctor Flórez, experto en entidades financieras, quien pidió "desdramatizar" sobre el alto endeudamiento de las familias españolas, dado que también, durante estos años, han podido subir su patrimonio por el incremento del precio de la vivienda.

"No se dan las circunstancias para un aumento de la morosidad, ni un descenso significativo del consumo", señaló Flórez, quien reveló que el plazo medio de amortización de las hipotecas es de 26 años y el importe medio es 130.000 euros.

De hecho, más de la mitad de los encuestados destina un porcentaje de entre el 20 y 30 por ciento de sus ingresos en el pago de hipoteca, mientras que sólo el diez por ciento destina más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de la hipoteca, con un nivel de esfuerzo considerado "alto".

Las continuas subidas de tipos de interés no son percibidas por los españoles como un "factor excesivamente preocupante" a la hora de afrontar e pago de la hipoteca, puesto que el 49 por ciento debe pagar menos de 50 euros mensuales adicionales, mientras que sólo un 8 por ciento de los mismos dicen ver incrementada su cuota en más de 100 euros.

Además dos de cada tres encuestados (66 por ciento) afirma tener hipotecas contratas a un período de entre 16 y 30 años, mientras que un 25 por ciento las firmó a un plazo entre 5 y 15 años, por lo que casi la mitad de los hipotecados terminará de pagar su hipoteca entre el 2022 y el 2036.

Entre los hipotecados que sí afirman realizar sacrificios importantes para hacer frente a la hipoteca, las principales actividades a las que se renuncia son las vacaciones (43 por ciento) y las comidas fuera de casa (26 por ciento).

También el estudio señala que aquellos encuestados que se ven afectados por la subida de tipos muestran mayor propensión a la contratación de créditos bancarios adicionales (del 25 al 15 por ciento), o una tarjeta "revolving", que ya es utilizada por uno de cada cinco encuestados.

Héctor Flórez añadió, además, que la hipoteca "genera una vinculación duradera entre cliente y entidad financiera", puesto que la movilidad es muy baja (sólo el 6 por ciento cambia de entidad) y se elige por las condiciones financieras (tipos de interés -89 por ciento- y comisiones -80 por ciento-).

El estudio de Deloitte explica, asimismo, que el 45 por ciento de los encuestados terminará de pagar su hipoteca en menos de quince años, lo que, según Florez, "representa un reto" para las entidades financieras que han de desarrollar nuevos productos y servicios "que consigan mantener la vinculación con los clientes en el futuro".

Los jóvenes, los inmigrantes y las personas mayores (con hipotecas inversas) serían los públicos objetivos para conseguir nuevas hipotecas en un mercado como el español, "uno de los más competitivos de Europa" por su "alta bancarización", unas medidas legislativas favorables a la competencia y la "alta fidelización" del cliente.- (EFE)

El Banco de España propiciará que Bancos y Cajas usen modelos propios de provisión de insolvencias


MADRID.- El subgobernador del Banco de España, José Viñals, afirmó que el organismo ha iniciado ya estudios preliminares para "propiciar" una reforma normativa que estará disponible para el cierre de 2008 con el objetivo de que las entidades puedan realizar el cálculo de sus provisiones para insolvencias de acuerdo a sus propios modelos internos.

Viñals explicó que "lo que se pretende es que se hagan trajes a la medida en lugar de tener un traje cortado por el mismo patrón", tras su intervención en una jornada financiera organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodístas de Información Económica (APIE).

Las entidades que podrán situarse bajo el paraguas de esta reforma serán aquellas que cuenten con sistemas integrados de gestión del riesgo de crédito y un experiencia de datos históricos "suficientemente amplia", precisó Viñals, que además aseguró que se producirá la eliminación de los conceptos de provisiones genéricas y específicas y se caminará a un concepto que englobe a ambas.

Viñals aseguró que el impacto económico de la reforma sobre los más de 33.000 millones de euros actuales de provisiones para insolvencias será "moderado", aunque dijo desconocer una cifra exacta hasta que se analicen cada uno de los modelos concretos de las entidades. "Para algunas entidades sí puede ser mas importante que para otras, pero siempre con cifras de ahorro razonables y no espectaculares".

El subgobernador del Banco de España explicó que la reforma comenzará a lo largo de 2008 y que al cierre del ejercicio, las que tengan las capacidades las podrán aplicar. Viñals aseguró que es "dificil de saber" el ahorro concreto, pero avanzó que en ningún caso será "espectacular", pero que sí "favorecerá a todas en el largo plazo".

En cualquier caso, precisó también que se trata de dar un "margen de flexibilidad" a las entidades, pero -dijo-- "tendrán que convencernos de que el modelo es correcto y que las cosas salen bien, porque la autorización depende del Banco de España".

Viñals aseguró que generalmente serán las grandes entidades las que puedan usar sus propios modelos. "Cuanto mas pequeña es una entidad, más dependerá de parámetros estándar y menos a estos modelos particulares. La intención del Banco de España es hacer la vida lo más facil desde el punto de vista regulatorio", dijo.

El subgobernador del organismo dijo que en principio no tendrían que haber diferencias entre bancos y cajas, y explicó que las cajas podrán adoptar sus modelos propios para provisionar insolvencias en tanto tengan la "capacidad para procurarse estos modelos internos". "Tiene más que ver con la capacidad analítica de las entidades, de modo que los que la tengan, bienvenidos sean, tanto bancos como cajas", indicó.

Viñals no quiso precisar quienes podrían ser los candidatos a usar sus modelos propios, aunque si avanzó genericamente que serán las más grandes. "Todavía no tenemos ni candidatos porque ni siquiera les ha dado tiempo de enterarse", dijo. Por otro lado, dijo que este cambio normativo no supone "un cambio en el modelo supervisor", sino que proviene de un "proceso evolutivo".

Viñals también habló del repunte de la morosidad de los bancos y cajas, entre los que dijo no apreciar diferencia alguna, ya que "la calidad de las hipotecas y la de los sistemas de gestión de riesgos en ambos grupos de entidades son igualmente buenos". "Las cajas tienen más hipotecas concedidas que los bancos, pero no quiere decir que eso pueda suponer más morosidad en unos que en otros".

LAS HIPOTECAS A 50 AÑOS "SON LO QUE SON"

Viñals se refirió a las hipotecas a 50 años, y dijo que aunque "uno podría contemplar que fueran inferiores en un mundo ideal, son lo que son". "Si bien son hipotecas tremendamente largas, de lo que hay que asegurarse es de que las entidades que las conceden cuenten con las garantías suficientes para no quedar expuesto a ningun tipo de riesgo", dijo.

"Las hipotecas a 50 años son un juego de mercado entre demandates y oferentes, y las entidades ofrecen productos que cubren las necesidades de su clientela", sentenció.

Además, preguntado por la proliferación de billetes de 500 euros como fruto del dinero negro y el blanqueo de capitales, aseguró que en ningún caso el Banco de España se está planteando limitar la distribucion de este tipo de billetes para frenar el este efecto indeseado.

CAMBIO DE MODELO SUPERVISOR

Viñals se decantó además por cambiar los modelos supervisores en España hacia un sistema de 2 picos, con dos organismos que controlen conjuntamente seguros, sistema financiero y bursátil, pero uno en el ramo de solvencia, que sería el Banco de España, y otro en lo que se refiere a las normas de mercado.

Este sistema, explicó, se ha integrado en Italia y es la "tendencia europea, por lo que podría ser un buen modelo para España". "Es mejor que haya dos entidades con mandatos diferenciados, aunque es un cambio normativo que hay que analizar con paciencia. Hay que pensarlo bien", concluyó.

lunes, 25 de junio de 2007

Fallece en Madrid Pedro Antonio López, el realizador de los programas dramáticos de TVE

MADRID.- El realizador Pedro Amalio López, uno de los símbolos de los "Estudio 1", falleció ayer en Madrid, a los 77 años. Este prestigioso profesional, especializado en dramáticos, fue uno de los pioneros de la televisión en España y dirigió "Las brujas de Salem" o "La muerte de un viajante", entre otras obras que ocupan un lugar destacado en la historia de TVE.

La capilla ardiente con los restos del realizador quedó instalada en la tarde de ayer en el madrileño tanatorio de la M-30. Al mediodía de hoy, será enterrado en el cementerio de La Almudena.

Pedro Amalio López fue de los profesionales pioneros que participó en la primera emisión de televisión en España, el 28 de octubre de 1956. Tras estudiar peritaje mercantil y graduado social, se convirtió en crítico cinematográfico en diversas publicaciones, labor que ejerció entre 1950 y 1955. Durante ese tiempo, trabajó también como guionista para la Escuela Oficial de Cinematográfía y para los Estudios Moro.

En 1956, cuando nace TVE, se incorpora al nuevo medio como realizador y se especializa en dramáticos.

En su haber figuran títulos como "Silencio, vivimos" (1962), con guiones e interpretación de Adolfo Marsillach; "Tras la puerta cerrada" (1963), "Las doce caras de Juan", (1967) con guión de Jaime de Armiñán e interpretación de Alberto Closas; la adaptación de la novela "El conde de Montecristo" (1969) o "La Saga de los Rius" (1976).

También estuvo detrás de las cámaras en magacines como "Todo es posible en domingo" o "300 millones". Pero su nombre quedó asociado a los recordados "Estudio 1". Para este vasto ciclo de obras teatrales adaptadas al medio realizó títulos como "Julio César" (1965) y "Macbeth" (1966).

Tras un período en dique seco, en los años 90 volvería a la realización, con adaptaciones de "Calígula" y "El beso de la mujer araña" (ambas en 1996). En 2000 realiza "Carlota", de Miguel Mihura, en la nueva etapa de "Estudio 1".

El realizador recibió un aluvión de distinciones a lo largo de su carrera. Entre otras, el gran premio del Festival de Berlín (1967) a su programa "Un mundo sin luz"; mención especial en el Festival de Montecarlo (1969) a su programa "Un nuevo rey Midas"; premios Ondas de la televisión (1969) de televisión, y el de la Academia de Televisión (1999) a toda su carrera profesional.- (Colpisa)

Wall Street cierra a la baja por la preocupación por el futuro del mercado de bonos


NUEVA YORK.- La Bolsa de Wall Street cerró hoy a la baja tras una jornada volátil marcada por el nerviosismo por el futuro del mercado de bonos de alto riesgo, en especial aquellos que tienen como colateral deuda inmobiliaria de baja calidad.



Por su parte, el brusco cambio de tendencia del precio del crudo, que empezó la jornada con una importante baja pero que cerró la jornada con una leve subida, también ayudó a restar impulso al mercado tras una mañana marcada por una fuerte subida.


Según cifras preliminares disponibles al cierre, el Dow Jones de Industriales, el indicador más importante de Wall Street, perdió 8,21 puntos, un 0,06 por ciento, hasta las 13.352,05 unidades.El mercado tecnológico Nasdaq registró una baja de 11,88 puntos, un 0,46 por ciento, hasta las 2.577,08 unidades.- (EFE)

¿Entregará el Irak ocupado su petróleo a las "majors" corporaciones? / Arthur Lepic *

Luego de haber derrocado al único gobierno del mundo que tenía la intención de no seguir aceptando dólares por sus contratos petroleros, la coalición anglosajona trata de obligar al Irak ocupado a ceder sus ingresos petroleros a las compañías occidentales. Una huelga general del sector petrolero iraquí ha retrasado la firma de los contratos más desequilibrados del siglo.

Cuatro años después de la invasión de Irak por las tropas anglosajonas, Washington, Londres y Canberra tratan de regularizar según la visión del derecho internacional el saqueo que están cometiendo. Las convenciones internacionales son claras: las tropas de ocupación no pueden confiscar en provecho propio las riquezas de un país, sobre todo si se trata de petróleo. En el caso que nos ocupa, luego de un primer período de explotación desenfrenada mediante una empresa privada hábilmente designada con el nombre de «Autoridad Provisional de la Coalición» [1], se le entregó el poder, durante un segundo período, a un gobierno títere atrincherado en la zona verde de Bagdad.

Este tenía una doble función: por un lado, la de crear fuerzas de seguridad capaces de aliviar a las tropas ocupantes, y, por otro lado, la de cerrar los ojos ante la evaporación cotidiana de entre 200 000 y 300 000 barriles de petróleo. Ahora, ha llegado el momento de entrar en un tercer período durante el cual las fuerzas de ocupación podrán poner en manos de los títeres la responsabilidad del orden público y concentrarse en la protección de los pozos de petróleo, mientras que se legaliza el saqueo para las próximas décadas mediante contratos leoninos.

Es en medio de este contexto que una huelga de los obreros del sector petrolero iraquí, emprendida el 4 de junio de 2007, paralizó la principal zona productora del sur del país e interrumpió durante varios días las exportaciones legales de petróleo. Hasta ahora, estas se elevan, oficialmente, a 2 millones de barriles diarios; una catástrofe para las compañías extranjeras si se compara esa cifra con la de 3,5 millones de dólares diarios correspondiente a la época anterior a la invasión de mayo de 2003.

Entre sus demandas, además de la anulación de medidas que han empeorado seriamente las condiciones de trabajo y aumentado el índice de desempleo en el sector, la Federación iraquí de sindicatos del petróleo, que representa a 26 000 trabajadores, pide que se le consulte sobre el muy controvertido proyecto de Ley sobre los Hidrocarburos [2]. La Federación reclama también la anulación del aumento generalizado de los precios de los combustibles en el interior del país, medida que empeora una situación económica que ya es difícil para la población.

Los responsables sindicales declaran que están actuando en nombre del pueblo y denuncian específicamente la privatización de los ingresos que el país obtiene de las ventas del petróleo en «condiciones escandalosamente provechosas» para las compañías extranjeras, medida prevista en el proyecto de ley.

Desde el principio mismo de la huelga, el gobierno de Nuri Al Maliki ordenó que sus tropas rodearan a los huelguistas y emitió órdenes de arresto contra los líderes sindicales, acusándolos de «sabotear la economía», mientras que aviones de guerra estadounidenses volaban sobre los manifestantes [3]. Hasta ahora, los cuerpos armados del gobierno iraquí se han negado a practicar los arrestos ordenados.

Inquieto por la posibilidad de que se agote la fuente de dólares, Nuri Al Maliki acabó formulando algunas promesas a los huelguistas para que reanudaran el trabajo, pero éstos últimos saben bien que la lucha está lejos de terminar.

Dos sucesivos avisos de huelga habían sido pospuestos durante el mes de mayo, como consecuencia de varios intentos negociadores con los sindicatos emprendidos por el gobierno de Al Maliki. Este último está tratando, desde el mes de febrero, de imponer el famoso proyecto de ley, redactado bajo la supervisión del Departamento de Estado estadounidense a pesar de la oposición de gran número de parlamentarios, de un grupo de 60 expertos iraquíes del sector petrolero y de todos los sindicatos, o sea a contrapelo de la opinión de la población que lleva cuatro años viviendo bajo la ocupación militar extranjera.
¿El botín?, 10% de las reservas mundiales de petróleo

Poseedor del 10% de las reservas mundiales de petróleo, Irak despierta la codicia de las principales compañías, sobre todo porque los costos de explotación de los yacimientos iraquíes se encuentran entre los más bajos del mundo. Las declaraciones del actual vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, cuando dirigía el consorcio Halliburton, y los trabajos de la comisión secreta sobre la energía que él mismo dirigió en el año 2001 no engañaban a nadie sobre cuáles eran sus intenciones para después que se concretara el derrocamiento de Sadam Husein y se restableciera el acceso de las compañías anglosajonas a las reservas petrolíferas iraquíes [4].

Inquieta ante el estancamiento del valor de sus acciones y la disminución del retorno de sus inversiones, la industria petrolera anglosajona temía en aquel entonces a la posibilidad de verse definitivamente excluida de la zona petrolífera más rica del mundo. El discurso de Dick Cheney tuvo entonces el valor de una promesa de que, cuando llegara a la Casa Blanca, gracias a las donaciones de las majors, las volvería a meter dentro del juego.

Desde la invasión de Irak por la coalición petrolera, las acciones de Exxon, BP-Amoco y Shell comenzaron a subir de nuevo, de forma espectacular y sin otra explicación que la perspectiva de grandes dividendos para sus accionistas, dividendos que habían perdido desde que Sadam Husein nacionalizó el sector petrolero, en 1972 [5]

En el marco del proyecto Future for Iraq, puesto en marcha por el Departamento de Estado estadounidense en abril de 2002, o sea un año antes de la invasión, el grupo «Petróleo y Energía», que se reunió cuatro veces entre diciembre de 2002 y abril de 2003 y del era miembro Bahr Al Ulhum, quien se convertiría más tarde en ministro del petróleo en el país «liberado», expresaba sus conclusiones de la siguiente manera: Irak «debe estar abierto a las compañías internacionales tan rápidamente como sea posible al término de la guerra». Otra de sus conclusiones era que: «El país debe instaurar un clima comercial propicio de forma tal que atraiga las inversiones en los recursos petroleros y el gas».

En efecto, el argumento más utilizado en la prensa vinculada a los grandes grupos financieros para justificar la privatización de los ingresos petroleros iraquíes (ya en marcha) o iraníes (ardientemente deseada para el futuro) es el de la necesidad de inversiones masivas, que los países en cuestión no podrían realizar, para poder aumentar la producción con vistas a responder a la creciente demanda de los países consumidores. El problema es que dicho razonamiento entre en conflicto directo con los intereses de los Estados productores: mientras que las compañías tienen que elevar al máximo sus ganancias a corto plazo para aportar dividendos anuales a sus accionistas, los Estados tienen la obligación de administrar sus recursos nacionales pensando en sus ciudadanos y en las futuras generaciones.

En el contexto del declive, ahora seguro, de la producción global de petróleo para los próximos años, el interés de las compañías petroleras privadas es absorberlo todo lo más rápidamente posible, y, después, vivir de la escasez. Por el contrario, el interés de los Estados productores es distribuir la producción para mantenerla y prolongarla el mayor tiempo posible.
La intervención de BearingPoint

Con vistas a organizar la privatización de la economía iraquí, el Departamento de Estado estadounidense recurrió a la sociedad BearingPoint. La creación de BearingPoint tuvo lugar en 2002, luego del escándalo de Enron, mediante la fusión de las ramas de consultoría de KMPG en Estados Unidos (las mismas que habían «reorganizado» las economías de los Estados postsoviéticos en los años 1990) y de Arthur Andersen, en Francia. Esta nueva firma opera conjuntamente con la USAID en más de 60 países, principalmente en Afganistán y en Irak, pero también opera en Serbia y en Egipto [6]. La SEC (Security and Exchange Commission), organismo estadounidense de control de las actividades financieras, viene examinando de cerca sus cuentas desde hace años, sin llegar a nada en concreto.

Resulta revelador el hecho que esta misma comisión confió recientemente la reorganización de su sistema de ficheros a… BearingPoint, lo cual dice mucho en cuanto a los vínculos existentes entre esa sociedad et la administración [7].

En Irak, la USAID concede primeramente a BearingPoint, ya en 2003, un contrato de más de 200 millones de dólares para que ayuda a desarrollar el «sector privado competitivo», contrato redactado para la USAID por… la propia BearingPoint, lo cual dio lugar a que el Center for Corporate Policy de Ralph Nader la señalara como una de las firmas que más se están aprovechando de la guerra [8]. El mencionado contrato consiste en organizar, bajo la supervisión de otra empresa privada, la Coalition Provisional Authority, la atribución de ingresos provenientes del petróleo a las empresas estadounidenses encargadas de la reconstrucción, como Halliburton [9].
Mientras que los primeros 10 000 millones de dólares del fondo proveniente de los ingresos petroleros iraquíes se gastan en contratos de reconstrucción, otros 4 000 millones simplemente desaparecen. Y esto no era más que el principio.

Este vacío jurídico y esta ausencia total de transparencia eran indispensables para mantener el saqueo del país mientras que los nobles objetivos de la invasión se mantenían bajo la luz de los proyectores, ya que Estados Unidos, el Reino Unido y Australia siempre han negado que hayan invadido Irak por sus recursos petrolíferos. El 18 de marzo de 2003, el primer ministro británico Tony Blair declaraba que: «Los ingresos petroleros, que algunos designan erróneamente como nuestro objetivo de guerra, deberían depositarse en un fondo destinado al pueblo iraquí y administrado por la ONU». Paul Wolfowitz, gran arquitecto de la destrucción del Estado iraquí y secretario adjunto de Defensa en el momento de la invasión, declaraba, por su parte que: «Se trata de un país que realmente puede financiar su propia reconstrucción bastante rápidamente.».

Si el primero expresaba un deseo que en realidad no lo comprometía a nada, el segundo mentía por omisión: es cierto que Irak podía financiar su reconstrucción, pero no reconstruirse a sí mismo. El verdadero problema era, por tanto, saber más bien quién reconstruiría Irak, cobrando de paso con los ingresos provenientes del petróleo.

Luego de haber dilapidado de manera espectacular los fondos existentes [10], Paul Bremer se encargó de decidir a favor de… Halliburton y compañía, cuya costumbre de sobrefacturar sistemáticamente sus contratos públicos es harto conocida, además de servir de correa de transmisión del endeudamiento de las naciones poseedoras de recursos naturales ante el Banco Mundial, cuya presidencia sería entregada posteriormente a Wolfowitz, quizás a modo de recompensa.

Ahora que la ocupación del país se justifica a sí misma, en la medida en que su objetivo oficial es solucionar la situación de caos que ella misma ha creado, la prioridad para las potencias de la coalición es aprovechar la atmósfera de terror para imponer la Ley sobre los hidrocarburos (Iraq Hydrocarbon Law) que permitirá transferir los ingresos petroleros del Estado a las compañías petroleras extranjeras.

Y de es de nuevo la BearingPoint quien recibe del Departamento del Estado la misión de redactar el proyecto de ley. Una primera versión fue rápidamente adoptada por el gobierno colaboracionista de Maliki en enero de 2007. [11].

De forma paralela, se organiza una importante operación de cabildeo entre los iraquíes encargados de decidir. Representantes de las principales compañías petroleras extranjeras (BP, Shell, ExxonMobil, Chevron, Total y Eni), agrupadas en el seno de una organización designada como Centro Internacional de Tasas r Inversiones (ITIC, International Tax and Investment Centre), comunican sus quejas al gobierno británico en 2004. Este último, después de indicarles su estrategia tendiente a influir sobre el gobierno iraquí, transmite esas quejas al ministerio iraquí de Finanzas y organiza un encuentro en Beirut, en enero de 2005, entre los representantes de las majors y los ministros iraquíes del Petróleo, de Finanzas y de Planificación. Por otro lado, ya en 2003, un ex dirigente de BP recibe la misión de redactar un documento que establece los términos del acuerdo, documento destinado al gobierno iraquí para que éste tome decisiones conformes a los deseos de BP.

Aunque es probable que los demás países implicados en esas negociaciones hayan hecho lo mismo, los documentos desclasificados desde entonces no permiten determinarlo con certeza [12]. La invitación que recibió Total a que participara en esas decisiones explica por lo menos en parte el cambio de actitud de Francia, que se produjo a principios de 2005, en cuanto a la ocupación de Irak.

Por su parte, los parlamentarios iraquíes no vieron el proyecto de ley hasta enero de 2007, en el momento de su adopción por parte de la administración Maliki. Siendo así, ¿resulta acaso sorprendente que una proposición como esa, redactada por un gabinete de consultoría especializado en el desmantelamiento de los servicios públicos, con el apoyo de una campaña de cabildeo de las compañías extranjeras ante un gobierno títere, enfrente tanta oposición de parte de los parlamentarios y los sindicatos?
El método: les contratos PSA

Lo más inquietante sigue siendo la naturaleza misma de este proyecto de ley. Basado en un tipo de contrato llamado «Contrato de Repartición de la Producción» (production sharing agreement, o PSA) que dejó de usarse en el Medio Oriente después de las nacionalizaciones de los años 1970, este garantiza a las compañías extranjeras un retorno de sus inversiones anormalmente elevado durante un período anormalmente largo, términos que los interesados justifican debido a… ¡los problemas de seguridad del país!

De hecho, durante un período indefinido de amortización de las inversiones, los PSA garantizan al inversionista extranjero un por ciento de los ingresos, cuando en realidad el tipo de concesión que más se practica entre los países productores prevé un retorno fijo, que se calcula en función del costo de producción, no del precio de venta final, durante un período bien definido. Muy a menudo la compañía nacional toma incluso el control íntegro de las operaciones y percibe todos los ingresos después del período de amortización, como sucede en Irán con numerosos yacimientos (contratos llamados «buyback»).

Cuando está en vigor un contrato PSA, la compañía extranjera sólo tiene que hacer creer que está haciendo muchas inversiones, sean estas reales o no, para así prolongar sus prerrogativas. Esto es lo que está sucediendo en Rusia, el único país en tener importantes reservas que ha firmado contratos PSA. Dichos contratos se negociaron bajo la corrupta administración de Boris Yeltsin, durante los años 1990, cosa que la actual administración de Putin deplora hoy amargamente. Esta última ha logrado, sin embargo, revocar algunos de esos contratos (como el de Shell sobre los yacimientos de Sajalin, por razones ecológicas) y limitar las inversiones extranjeras en las futuras concesiones.

Los términos de los contratos PSA previstos en Irak con las majors, en virtud del mencionado proyecto de ley, elevarán la parte correspondiente a las majors a un nivel situado entre el 60 y el 70% de los ingresos durante un período de amortización que iría hasta 40 años, y las majors se echarán en el bolsillo el 20% de las ganancias al cabo de este período. Para establecer un nivel de comparación, el contrato PSA que Sadam Husein negoció con Total en 1992 –y que no llegó a aplicarse por causa del embargo– para la explotación del yacimiento gigante de Majnun era del 40% al 10%, para un período de retorno de la inversión de 20 años, lo cual corresponde a la media de los contratos PSA.

La justificación oficial de las condiciones, anormalmente ventajosas para las majors, que estipula el proyecto de ley es la cuestión de la seguridad en Irak. Deseosas de proteger a su personal, las majors exigen sólidas garantías en cuanto al retorno de sus inversiones.
Coincidentemente, la escalada militar que ha instrumentado George W. Bush empeoró la situación de la seguridad y reforzó los argumentos que esgrimen las majors para exigir márgenes cada vez más extravagantes.

Resulta por demás interesante señalar que BearingPoint dice realizar su trabajo teniendo en cuenta el pico petrolero [13]. En efecto, para las grandes compañías petroleras, firmar ahora contratos PSA en un país como Irak constituye la garantía de poder mantener la cabeza fuera del agua después del principio del declive global, y ayuda a mantener a flote las economías nacionales de sus respectivos países. Coinciden en este punto los intereses de las compañías petroleras anglosajonas y los de los Estados miembros de la coalición.

Además, los retornos de inversiones calculados según la proporción de los ingresos provenientes del petróleo privarán a la economía iraquí de miles de millones de petrodólares a medida que vayan aumentando los precios de ese recurso, aumento que ya constituya una certeza para el futuro debido al pico de producción. Siguiendo el guión habitual, los ingresos petroleros que se queden en el país productor se dedicarán finalmente, en gran parte, al pago de los contratos, que Halliburton y compañía sobrefacturan, por la construcción de infraestructuras civiles, y al pago de las deudas.

¿Qué pasará con los miles de millones provenientes de las ganancias suplementarias provenientes del alza del precio del barril? Por supuesto, la ley iraquí sobre los hidrocarburos tiene previsto que puedan volver al extranjero, contrariamente a otras legislaciones petroleras que estipulan que sean reinvertidas en la economía nacional del país productor. El capítulo intitulado «Régimen fiscal» estipula que «las compañías extranjeras no están sometidas a ninguna restricción en cuanto a sacar las ganancias del país, y no están sometidas a ninguna tasa para ello».

Además, todo litigio entre el Estado iraquí y una compañía extranjera tendrá que someterse al arbitraje no de un tribunal iraquí sino de una corte internacional. De hecho, en caso de que el gobierno iraquí pidiera cuentas algún día por los cargamentos fantasmas que están saliendo constantemente de las terminales de Basora desde el período de embargo de la ONU, la «comunidad internacional» se reserva el derecho de desempeñar ella el papel de juez, cuando es ella misma quien se aprovecha de esos cargamentos, de no ser así ya se habría encargado de imponer un sistema de medida [14]. Finalmente, de los 80 yacimientos descubiertos en Irak, sólo 17 quedarán bajo el control mayoritario del Estado central iraquí, de ser aprobado este proyecto de ley.

Hasta el momento, diferentes tipos de obstáculos se oponen a la adopción de esa ley en la Asemblea Nacional iraquí. A la resistencia de los sindicatos, anteriormente mencionada, se unen la reticencia de la minoría kurda del norte de Irak (segunda región productora del país, después del sur, mayoritariamente chiíta) que aspira a administrar sus recursos petrolíferos en forma autónoma. En función de ello, las autoridades kurdas han otorgado ya varios contratos de repartición de la producción y han anunciado incluso la creación de su propio ministerio del Petróleo, bajo la mirada benevolente de las potencias ocupantes, que dicen, sin embargo, desear la unidad del país y que se comparta la renta petrolera. Después de haber recibido la promesa de una rápida emancipación a cambio de su colaboración con los ocupantes, los kurdos se dan cuenta –un poco tarde– de que, en vez de compartir la renta petrolera con sus compatriotas sunnitas y chiítas, van a tener que ceder buena parte de ella a las majors occidentales, perspectiva que no les hace sentirse precisamente felices.

Durante los últimos días, el almirante Fallon, y más tarde John Negroponto, segundo responsable del Departamento de Estado, han viajado a Bagdad para presionar al gobierno de Maliki con vistas a que éste acelere la adopción del proyecto de ley sobre los hidrocarburos. Y es que George W. Bush, aunque no tiene intenciones de retirar sus tropas del país, tampoco exponerlas más aún.

Simplemente desea imponer una privatización de los ingresos petroleros a un Estado iraquí en situación de debilidad y bajo la amenaza de las bayonetas, para luego ordenar a sus tropas replegarse a bases permanentes, siguiendo un «modelo coreano» frecuentemente mencionado en Washington en los últimos tiempos. Pero antes, los parlamentarios iraquíes tienen que decidir el destino de su economía nacional para los próximos 40 años. Alrededor de ellos, para ayudarlos a decidir, se mantienen 120 000 soldados estadounidenses y una cifra similar de mercenarios armados hasta los dientes, listos proclamar el cumplimiento de la segunda misión de la Coalición del Petróleo en Irak.

La primera consistía en revertir, mediante el restablecimiento del dólar como moneda utilizada en las transacciones petroleras, el movimiento que Sadam Husein y Hugo Chávez habían emprendido en el seno de la OPEP, y salvar así la economía estadounidense. La segunda consiste en garantizar, durante 40 años como mínimo y por tanto más allá del pico petrolero, el monopolio de las majors occidentales sobre el petróleo iraquí y aliviar así el desplazamiento del poder petrolero hacia los países del Medio Oriente.

*Arthur Lepic
Periodista francés, miembro de la sección francesa de la Red Voltaire especializado en los problemas energéticos y militares.

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[1] «Qui gouverne l’Irak?», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 13 de mayo de 2004.

[2] «Iraq Federation of Oil Workers strike demands», Iraqi Federation of Oil Unions, 5 de mayo de 2007.

[3] «Irak’s workers strike to keep their oil», por David Bacon, Truthout, 9 de junio de 2007.

[4] Ver los artículos «Dick Cheney, le pic pétrolier et le compte à rebours final», por Kjell Aleklett, Voltairenet, 9 de marzo de 2005 y «Les ombres du rapport Cheney», por Arthur Lepic, Voltairenet, 30 de marzo de 2004.

[5] En ese contexto, es importante diferenciar la noción de privatización de los yacimientos de la noción de privatización de los ingresos. En efecto, el único país del mundo que ha privatizado sus yacimientos es… Estados Unidos. En cambio, la naturaleza de los contratos que se otorgan a las compañías extranjeras puede ser tremendamente variado en los países que siguen siendo, teóricamente, dueños de sus propios recursos, pero no de los ingresos que provienen de estos.

[6] «Shock and Oil: Iraq’s Billions and The White House Connection», por Stephen Foley, The Independent, 15 de enero de 2007.

[7] «SEC Hires a Company It’s Investigating», por Marie Leone, cfo.com, 27 de septiembre de 2006.

[8] «The Center for Corporate Policy’s Ten Worst War Profiteers of 2004», Center for Corporate Policy, 2004.

[9] «Halliburton, profiteur de guerre », por Arthur Lepic, Réseau Voltaire, 23 de septiembre de 2004.

[10] Sobre este aspecto y sobre los otros miles de millones provenientes del petróleo iraquí que desaparecieron, ver el artículo «So, Mr Bremer, where did all the money go?, The Guardian, 7 de julio de 2005.

[11] La última versión presentada a los parlamentarios de la asamblea colaboracionista iraquí, y aún sin aprobar, puede consultarse aquí: versión en inglés y versión en árabe.

[12] «Exposed: British government pushing oil interests in Iraq», Platform, 9 de marzo de 2007.

[13] Ver la presentación de las actividades de la sociedad BearingPoint en el sector de los hidrocarburos .

[14] Para un análisis más detallado del ley iraquí sobre los hidrocarburos, consultar el excelente informe de la organización británica PLATFORM: «Crude Designs: The rip-off of Iraq’s oil wealth» (disponible solamente en inglés y árabe).

Máxima distinción musulmana para Ben Laden

RAWALPINDI.- Un grupo de eruditos musulmanes paquistaníes otorgó el jueves su título más prestigioso a Osama Ben Laden, en reacción a la condición de noble concedida a Salman Rushdie por la reina de Inglaterra.

El consejo paquistaní de los ulemas (teólogos musulmanes), una organización privada que reinvindica 2.000 miembros, indicó que otorgó al jefe de la organización Al-Qaida el título de "Saifulá", o "Espada de Alá".

"Tenemos el placer de otorgar el título de Saifulá a Osama Ben Laden después de la decisión del gobierno británico de conferir el título de Sir a Rushdie el blasfema", anunció el presidente del consejo Maulana Thir Ashrafi.

"Es el título más alto para un combatiente musulmán", garantizó.

Estos teólogos, que se supone deben actuar por la armonía religiosa, también alentaron al presidente paquistaní Pervez Musharraf a solicitar de urgencia una reunión de los 57 países miembros de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) para presionar a Gran Bretaña a retirar la distinción acordada a Rushdie.

El nuevo "Caso Rushdie", dieciocho años después de la publicación de los "Versículos satánicos", provocó una vez más el miércoles en Pakistán manifestaciones anti-británicas y un llamado a asesinar al escritor "blasfema", en tanto Londres que dijo "lamentar" que algunos puedan sentirse ofendidos.

Salman Rushdie, de origen indio, pasó varios años en la clandestinidad después de haber sido "condenado a muerte" por un decreto religioso (fatua) emitido en 1989 por el fundador de la República islámica de Irán, el ayatolá Jomeini.

Después del petróleo, qué

MADRID.- Según un estudio del petrolero BP, las reservas de bolsas de petróleo en todo el planeta permitirían cubrir la demanda durante un periodo de cuarenta años, siguiendo el ritmo de consumo actual. Las energías renovables se plantean como la mejor alternativa.

Los científicos del llamado Oil Depletion Analysis Centre, en cambio, tachan estas previsiones de “demasiado optimistas” y alertan de que en cuatro años se iniciará una fuerte caída de la producción.

Este colectivo de investigadores, afirna que la cota máxima de producción se va a alcanzar de forma inminente, y calcula que en 2011 la producción petrolera comenzará a caer con fuerza. Además, anuncian que este hecho tendrá un fuerte impacto para la economía mundial.

Colin Campbell, exvicepresidente de importantes compañías del sector como la misma BP, Shel o Chevron Texaco, explicaba esta semana en una entrevista al periódico The Independent que las reservas de petróleo más baratas para su extracción se agotaron hace dos años.

La demanda sigue creciendo

La economía mundial consume 82 millones de barriles diarios.

La Agencia Internacional de la Energía, aunque reconoce que la producción de los pozos petroleros está empezando a caer, prevé que la demanda seguirá creciendo y llegará a los 113 millones de barriles diarios en el año 2020.

El petróleo es, con un 34% del total, la fuente de energía más utilizada para el consumo a nivel mundial, según explica la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos en un video publicado en "Youtube".

Además es el componente con mayor peso en el balance de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Si a esto se le suma que muchas de las energías alternativas, como la eólica o la solar, requieren el insumo de altas cantidades de hidrocarburos, hablar de petroleo es hablar de la fuente de energía fundamental que sustenta el ritmo de consumo mundial hoy en día.

Pero esto tendrá que cambiar, porque el petroleo se agota. Y son las energías renovables la mejor alternativa, a pesar de que en la actualidad no suponen ni un 1% del consumo mundial en nuestra sociedad.

Y el petróleo se agota

Para las petroleras la solución pasa por descubrir nuevos pozos, pero los científicos advierten que esta idea es poco realista y que comportaría elevados costes económicos y medioambientales. “Para contrarrestar estos gastos el petróleo debería ser mucho más caro, lo que tendría enormes consecuencias para la economía actual”, explican desde el Oil Depletion Analysis Centre.

La publicación del Informe Estadístico sobre la Energía en el mundo ha ocasionado la polémica entre la industria y los científicos y ecologistas. Estos últimos, critican que no se tomen medidas y que se empiecen a tomar en serio las energías alternativas.

Energías renovables ¿una solución?

Una de las alternativas por la que apuestan los científicos son las energías renovables. “Debemos promocionar las energías alternativas, ya que tienen la capacidad de no contaminar el medio ambiente y no afectan por lo tanto a la sociedad y además, son renovables”, explican miembros del Oil Depletion Analysis Centre.

En España una de las energías renovables que más se está empezando a desarrollar es la energía eólica. En 2006, el Estado tenía instalada una capacidad de energía eólica de 11.615 megavatios, siendo así el segundo país en el mundo en cuanto a producción, junto con Estados Unidos, y sólo por detrás de Alemania.

La ley nacional sobre energías alternativas pretende alcanzar el objetivo de llegar a los 20.000 megavatios de producción eólica en 2012. No obstante, la energía eólica presenta el problema de la imposibilidad de instalar aerogeneradores en cualquier zona, porque es necesario que el viento sea constante.

Por eso, se buscan más alternativas. Cada vez más gobiernos se comprometen con fuentes renovables como el agua, que genera la energía hidráulica, geotérmica y energía oceánica o mareomotriz o el sol que puede generar energía solar. En los últimos años también ha empezado a despegar el desarrollo de la energía biomasa, que utiliza la descomposición de residuos orgánicos.

La utilización de estas fuentes renovables comporta un modelo energético alternativo, y de momento, el principal salvavidas en el que pudiera sostenerse todo el peso de la demanda energética mundial, cuando el petróleo sólo aparezca en los libros.