VALENCIA.- La Unió Llauradora ha advertido que, de las 19 interceptaciones de
cítricos importados en la Unión Europea con plagas o enfermedades de
cuarentena durante este pasado mes de septiembre, 12 provenían de
Sudáfrica (7) y Zimbabue (5), ambos países incluidos en el acuerdo
económico de la UE con los países del África meridional.
Precisamente en septiembre fue cuando se extendió el grueso de las
exportaciones de cítricos de los dos países a los mercados europeos y es
cuando los lineales de los supermercados e hipermercados "se llenan de
fruta sudafricana que todavía se puede ver y que ha ralentizado nuestro
inicio de campaña", ha denunciado la organización agraria en un
comunicado.
Las siete interceptaciones de Sudáfrica son del
hongo de la Phyllosticta citricarpa que provoca la temida Mancha Negra o
Citrus Black Spot, lo mismo que sucede con las cinco de su vecino
Zimbabue. Ambos países aumentan las interceptaciones en relación con el
mismo mes del pasado año.
La Unió calcula que las últimas
seis plagas introducidas en la Comunitat Valenciana, la mayoría
importadas, han supuesto un sobrecoste del 40% para los productores de
cítricos de la Comunitat Valenciana.
La organización agraria
considera que "son de nuevo unos datos escandalosos que ponen en
entredicho las medidas adoptadas por la UE, como por ejemplo el
tratamiento en frío y la hipocresía de Sudáfrica de interponer una
demanda en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre unas medidas
que ellos no están cumpliendo o no están siendo eficaces".
Para La Unió, "se pone de manifiesto que el acuerdo de asociación
suscrito por las autoridades europeas en 2016 y el tratamiento en frío
en naranjas no han supuesto una menor interceptación de plagas y
enfermedades provenientes de aquellos países". "Todo lo contrario, va a
más", ha lamentado.
En palabras del secretario general de la
organización, Carles Peris, "Sudáfrica no garantiza la seguridad
sanitaria de sus envíos y, a pesar de sus presiones a la OMC debido a
las mayores y justas exigencias por la UE, continúan sin controlar las
plagas y enfermedades en sus cítricos, ya no solo en Sudáfrica, sino
también en toda la zona a que se le suma Zimbabue".
La Unió Llauradora considera que las medidas establecidas por la UE
son "insuficientes" para que Sudáfrica deje de exportar esas plagas y no
ponga en riesgo la citricultura comunitaria.
Por ello, ha
reclamado a Bruselas "un endurecimiento del tratamiento en frío (el
único mecanismo que, bien ejecutado, evita la entrada de la 'Falsa
polilla') a los cítricos sudafricanos, haciendo que se cumpla
rigurosamente el aprobado para los envíos de naranjas y que se extienda a
mandarinas y pomelos, por entrañar el mismo riesgo fitosanitario, como
ha quedado probado".
En este sentido, ha instado a las
autoridades comunitarias a que auditen el cumplimiento del tratamiento
de frío y establezcan un registro de control de sondas de temperatura,
"ya que queda claro que continúan las interceptaciones de Thaumatotibia
leucotreta o Falsa polilla".
"Hay que establecer un mayor
control de los envíos origen y una prospección más exhaustiva de esas
zonas productoras para determinar si se garantiza la seguridad de las
importaciones", ha señalado Peris.
Concretamente, y a pesar
del tratamiento de frío, se produjeron en la UE durante julio dos
interceptaciones de falsa polilla en cítricos procedentes de Sudáfrica
con destino al mercado europeo, una en mandarinas y otra en pomelos. En
el mes de febrero hubo otro rechazo por esta plaga en mandarina
originaría de Israel. El pasado año fueron un total de cuatro
interceptaciones de falsa polilla, tres de Sudáfrica (dos en naranja y
una en mandarina) y una de Israel.
"Es ya el segundo año
consecutivo desde la introducción de la obligatoriedad del tratamiento
de frío para las naranjas procedentes de países con 'Falsa polilla', que
existe la constatación de que Sudáfrica sigue incumpliendo el
protocolo. Se limita a enfriar el contenedor a la temperatura de
tratamiento y no, como debería hacerse, enfriar la fruta (la parte
central de la fruta) a la temperatura establecida durante los días
estipulados", ha denunciado La Unió Llauradora.
lunes, 14 de octubre de 2024
La Unió denuncia que Sudáfrica y Zimbabue suponen la mayor parte de las detecciones de plagas en cítricos importados
Aumenta un 9,5% el número de asuntos recibidos en los órganos judiciales de la Comunitat en un año
VALENCIA.- El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de la
Comunitat Valenciana durante el segundo trimestre de este año fue de
219.385, lo que supone un aumento del 9,5% respecto al mismo periodo del
año anterior, cuando se contabilizaron 200.392, según se desprende del
informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en el
segundo trimestre de 2024' que el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) ha hecho público este lunes.
La tendencia fue al alza
en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo en la de lo
Contencioso-Administrativo. El mayor incremento en el número de
procedimientos registrados se dio en la jurisdicción Social, con un
21,9%, al situarse en 14.448, frente a los 11.849 de un año antes.
En la jurisdicción Civil tuvieron entrada 102.373 nuevos asuntos, por
los 92.225 del periodo abril-junio de 2023, lo que representa un
aumento del 11%. Por su parte, los 98.776 casos en el orden Penal
significaron un crecimiento interanual del 7,4%, ya que un año antes
fueron 91.995. Finalmente, en lo Contencioso-Administrativo se
registraron 3.788 nuevos asuntos, un 12,4% menos que los 4.323 de 2023.
Por otro lado, los órganos judiciales de la autonomía resolvieron entre
abril y junio de este año 204.726 asuntos, es decir, un 9,6% más que en
el mismo trimestre del pasado año. A pesar de ese incremento, quedaron
en trámite al final del periodo 417.001 asuntos, un 16,2% más.
Con estas cifras, la tasa de resolución --cociente entre los asuntos
resueltos y los ingresados en un determinado periodo-- mejoró un 0,1%,
mientras que las tasas de pendencia --cociente entre los asuntos
pendientes al final del periodo y los resueltos en el mismo-- y
congestión --cociente entre la suma de asuntos pendientes al inicio del
periodo y los registrados en relación a los resueltos-- aumentaron un 6%
y un 3,9%, respectivamente.
En la jurisdicción Civil el número de asuntos resueltos durante el
trimestre fue 89.953, un 10,6% más que un año antes, y quedaron en
trámite al final del periodo 245.591, un 22% más.
En la Penal,
la cifra de asuntos resueltos se situó en 98.113, con un incremento
interanual del 8,7%, y los pendientes de resolución al acabar los tres
meses en 111.840, lo que implica un aumento del 4,2%. Por su parte, en
la jurisdicción Contencioso-Administrativo se resolvieron 4.419 asuntos,
un 5,9% menos que en el segundo trimestre de 2022, y quedaron en
trámite 11.507, un 13,4% menos, mientras que en el orden Social se
resolvieron 12.241, un 16% más que el año anterior, y quedaron en
trámite 48.063, un 29,9% más.
Entre abril y junio de este año
los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana dictaron 51.340
sentencias, con un aumento interanual del 15,7%, 100.511 autos, un 6,1%
más que un año antes, y 46.010 decretos.
De este modo, las
tasas de pendencia y congestión aumentaron en Civil, un 10,3% y un 7,6%,
respectivamente, y en Social, con un 12,% y un 8,9%, en este segundo
trimestre de 2024, en tanto que disminuyeron en el orden Penal, un 4,1% y
un 2,6%, y en lo Contencioso-Administrativo, con descensos respectivos
del 7,9% y del 5,7%.
En la
provincia de Alicante los órganos judiciales registraron entre abril y
junio de este año un total de 77.186 nuevos asuntos --38.874 en Civil,
32.699 en Penal, 812 en lo Contencioso-Administrativo y 4.801 en lo
Social--, lo que implica un incremento interanual del 10,2%. En ese
periodo se resolvieron 71.525 asuntos, un 10,6% más que un año antes, y
quedaron en trámite al final del periodo un total de 159.372
procedimientos y causas, un 15,7% más.
En la provincia de
Castellón, la cifra total de asuntos ingresados en el segundo trimestre
del año llegó a 20.736 --10.067 en Civil, 9.040 en Penal, 286 en
Contencioso-Administrativo y 1.343 en Social--, con un aumento del 0,6%
respecto al segundo trimestre de 2023. Los juzgados castellonenses
resolvieron en el periodo analizado 19.449 asuntos, un 1,5% más que el
año anterior, y dejaron en trámite al final del trimestre 53.411, un
18,7% más.
Por último, en la provincia de Valencia tuvieron
entrada 112.570 nuevos asuntos --53.416 de la jurisdicción Civil, 50.579
de la Penal, 1.341 de la Contenciosa y 7.234 de la Social--, lo que
implica un crecimiento del 11,7% respecto al mismo trimestre del año
anterior. Los asuntos resueltos entre abril y junio de 2024 fueron
104.859, un 12,2% más, mientras que los asuntos en trámite al final del
trimestre llegaron a los 192.844, un 17,9% más que un año antes.
El aeropuerto de Valencia supera el millón de viajeros por primera vez en un septiembre y Alicante rebasa los 1,8 millones
VALENCIA.- Septiembre ha sido un mes de récords para los aeropuertos de la Comunitat Valenciana gestionados por Aena. El de Valencia ha superado el millón de pasajeros por primera vez en su historia durante un mes de septiembre, concretamente 1.058.191 viajeros, mientras que el Aeropuerto de Alicante ha anotado un nuevo récord mensual con 1,8 millones de viajeros.
En concreto, el Aeropuerto de Alicante ha registrado 1.801.340 pasajeros en septiembre, en un mes «histórico» que supera las cifras de julio y agosto del pasado año y con un incremento del 15,3% respecto al mismo periodo de 2023, ha destacado Aena en un comunicado. La terminal alicantina ha registrado una media de 60.000 viajeros diarios.
En cuanto a los vuelos, el aeropuerto alicantino también ha vivido un mes histórico en este apartado con un total de 11.171 operaciones gestionadas, un 16,1% más que el mismo mes de 2023.
Por su parte, el Aeropuerto de Valencia ha registrado concretamente 1.058.191 viajeros, lo que supone un nuevo récord de tráfico y un incremento del 11,5% respecto al mismo periodo del año 2023. Más de 35.000 viajeros diarios hicieron uso de la terminal valenciana, lo que da muestra de la evolución ascendente en la demanda de vuelos.
El Aeropuerto de Valencia operó un total de 8.207 vuelos en septiembre, lo que supone un incremento del 7,2% respecto a los movimientos de aterrizaje y despegue del mismo mes de 2023.
Respecto a la procedencia de los viajeros, el pasajero internacional sigue siendo el mayoritario tanto en el Aeropuerto de Alicante como en el de Alicante.
En el recinto aeroportuario de Alicante hubo 1.560.979 viajeros internacionales contabilizados dentro de la operativa comercial, lo que supone un aumento del 15,5%. Por otra parte, el tráfico nacional también ha crecido y registra 239.317 pasajeros, lo que supone una subida del 14,1%, todo ello respecto al tráfico comercial y en relación con el año anterior.
Por nacionalidades, en el área internacional, los países que más pasajeros aportaron al aeropuerto de Alicante en septiembre de 2024 fueron Reino Unido, con 620.468 viajeros; seguido de Alemania, con 111.535; Países Bajos, con 103.957; Bélgica, con 87.240; y Francia, con 79.713.
En el Aeropuerto de Valencia, sigue destacando el tráfico internacional con 778.487 viajeros y un incremento del 15,4%. Los pasajeros nacionales se incrementaron un 1,9% y supusieron un total de 278.414 viajeros, todo ello referido a vuelos comerciales y en relación a las cifras de 2023.
Los viajeros internacionales más numerosos en Valencia fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 159.595 viajeros; seguidos de Alemania con 92.873; Reino Unido, con 84.326; Francia, con 79.149; y Países Bajos, con 78.157.
Desde enero hasta septiembre, el Aeropuerto de Alicante ha gestionado un total de 14.094.464 pasajeros, un 17% más que en el mismo periodo de 2023. Con relación a las operaciones, los nueve primeros meses del año la infraestructura alicantina ha operado un total de 88.059 vuelos, un 15,1% más que en los mismos meses del año anterior.
A su vez, el Aeropuerto de Valencia ha gestionado 8.311.266 pasajeros durante los nueve primeros meses del año, un crecimiento del 9,9% respecto al mismo periodo de 2023. En relación a los movimientos, desde enero hasta septiembre se operaron un total
de 65.855 vuelos, un 5,6% más que en los mismos meses del año anterior.
PSOE, Compromís y EU-Podem afean a Barcala "falta de transparencia y gobierno" y Vox el "tasazo" de basuras
ALICANTE.- Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante han criticado
al alcalde Luis Barcala desde diferentes ángulos durante el Debate sobre
el Estado de la ciudad, celebrado este lunes. Por un lado, desde la
izquierda, PSOE, Compromís y EU-Podem han afeado al primer edil "falta
de transparencia, gobierno y ejecución presupuestaria", mientras Vox ha
criticado aspectos como la nueva ordenanza reguladora de la tasa de
basuras, que ha calificado de "tasazo".
Desde el grupo
socialista, su portavoz, Ana Barceló, ha propuesto a Barcala firmar dos
pactos, "uno por el derecho a la vivienda y otro por el impulso de los
barrios".
"Barcala no ha construido ni una sola vivienda pública en seis
años pese a sus promesas. Existen más de 4.300 solicitudes para acceder
a una vivienda pública y no se atienden", ha indicado.
Para
"revertir" esta situación, la dirigente socialista ha propuesto un pacto
por la vivienda que cuente con el Consejo Económico y Social de la
ciudad y con los grupos políticos, y que incluya un paquete de medidas
que "incentiven la construcción y el alquiler", así como una "profunda
reforma" del Patronato de la Vivienda. Barceló también ha propuesto
bonificar algunos impuestos.
Sobre el acuerdo por los barrios,
la portavoz del PSOE cree que "no se invierte en los barrios porque el
turista no pasa por allí, mientras se perpetúan las desigualdades, se
cronifican los problemas y crece el descontento social", y ha afeado a
Barcala "no ejecutar millones de euros en inversiones y devolver
subvenciones destinadas a cubrir necesidades de las familias".
En materia urbanística, Barceló ha pedido a Barcala que "exponga
abiertamente" las acciones que quiera llevar a cabo "sin meter goles",
"como sí ha ocurrido con el centro de Séneca o un hospital privado" en
Vistahermosa. "¿Usted era conocedor de estas irregularidades
urbanísticas o le han engañado? El 62 por ciento de nuestras solicitudes
de información no nos ha sido facilitada, incluidas las de las
irregularidades del hospital privado", ha agregado.
Por su parte, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Carmen
Robledillo, ha criticado el "tasazo de la basura que Compromís, Podemos y
PSOE aprobaron en el Congreso y en Bruselas con el voto en contra de
Vox y la abstención del PP", en referencia a la nueva ordenaza que está
por aprobar.
Asimismo, ha indicado que aún no se ha ejecutado la Zona de
Bajas Emisiones (ZBE) sin restricciones ni sanciones --como acordaron
PP y Vox-- y ha insistido en que el consistorio está en "tiempo de
descuento presupuestario".
Robledillo ha subrayado el
procedimiento propuesto por el PP sobre la ZAS, "que es más duro que el
que intentó el gobierno tripartito de extrema izquierda".
Además, ha
insistido en poner en marcha la "oficina de atención a la maternidad" y
la de "atención al cuidador", en "reforzar" la plantilla de Policía
Local porque "hay falta de seguridad" y en que "los alicantinos
necesitan la oficina antiokupación".
Asimismo, ha afeado que
"la limpieza no está a la altura de lo que se merece la ciudad ni acorde
con los impuestos pagados" y ha pedido "mejorar" la pavimentación de
calles y aceras.
Además, espera que se instalen sombrajes en las vías
comerciales de la ciudad porque "gracias a Vox se incluyó una partida en
los presupuestos de 2024" en este sentido y que "vea la luz" el
aparcamiento rotativo del mercado de Babel.
"Podemos ofrecer
nuestro apoyo siempre y cuando se cumplan las condiciones de nuestro
programa electoral: el bien común, la reducción del saqueo fiscal de los
alicantinos y el abandono de una política climática sectaria que
únicamente busca arruinar a familias y pequeños negocios con absurdas
imposiciones, restricciones e impuestos revolucionarios", ha aseverado.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha criticado a Barcala por
"dibujar" Alicante como la ciudad que "no es" durante su primera
intervención y se ha referido a la "baja" ejecución de las cuentas
municipales: "Esta ciudad está sumida en el abandono absoluto por su
desgobierno. Alicante está perdiendo oportunidades de oro, cada euro que
nos invierten desde Europa y no se está transformando ni a nivel
social, ni a nivel económico, ni digital, ni verde. Nada de nada. Seis
años y medio perdidos de sus gobiernos, señor Barcala. O gobierna de una
vez por todas o tiene que dimitir".
Mas ha asegurado que el
Ayuntamiento "bloqueó 50 millones de euros para construir, ampliar y
reforzar la educación pública" cuando en la Generalitat gobernaba el
Botànic y que "ha devuelto dinero" para llevar a cabo varios proyectos,
como infraestructuras educativas, sanitarias o culturales.
El
portavoz de Compromís también se ha referido a la "investigación al
Ayuntamiento" por la gestión del Centro de Transformación de Residuos
(Cetra) de Fontcalent "por presuntos delitos medioambientales en el
tratamiento de las basuras" y por "chapuzas urbanísticas en un urbanismo
a la carta, que los compañeros del PSOE han denunciado muy bien hecho
por el Centro de Investigación del Agua".
Asimismo, cree que Barcala
"tendrá que dar explicaciones ante el mayor chanchullo urbanístico de su
mandato, el caso IMED".
Mas también ha pedido "desatascar" la
nueva ordenanza de basuras haciendo que "quien más contamine, más
pague"; que "aplique la carrera profesional a los funcionarios" y acabar
con "recursos miserables, como coches reventados y sin seguro".
Según Mas, se debe fomentar una "movilidad ganada al peatón" y el
"transporte público gratuito", y exigir al Gobierno de España
inversiones como la variante de Torrellano --conectar Alicante con el
aeropuerto en tren-- y una "alternativa" para unir el Corredor
Mediterráneo y el Puerto "sin destrozar los barrios del sur".
Desde EU-Podem, su portavoz, Manolo Copé, ha centrado su intervención
en los "problemas" de la vivienda en Alicante y en la "crisis social" a
la que ha conducido una "falta de transparencia, de gobernanza y de
inversiones", a lo que hay que sumar, según Copé, el "desprecio a la
opinión de la ciudadanía" por parte del equipo de gobierno: "Alicante
está en un punto crítico y se está convirtiendo en una ciudad fallida,
no moderna como acaba de decir el alcalde".
En esta línea, ha
criticado que Barcala "se va a Nueva York a hablar de cooperación
internacional cuando aquí niega las partidas presupuestarias y se va a
La Haya a hablar de transparencia cuando niega a la oposición el acceso a
los expedientes".
"La brecha entre los barrios está creciendo
cada día más. Usted ha sacado pecho de las personas que han atendido
los servicios sociales. En Alicante, Servicios Sociales atendió el
pasado año a 45.568 personas, más del doble que cuando usted empezó a
ser alcalde", ha afeado Copé a Barcala.
En materia de
limpieza, Copé cree que Alicante también vive una "crisis ecológica"
porque el entorno "está en peligro" y se ha referido a la investigación
en el Cetra.
Además, ha dicho que tiene "fobia al turismo" que el equipo
de gobierno "promociona" porque ha implicado que "las viviendas
turísticas hayan crecido y que el empleo generado sea precarizado".
Barcala destaca los "mejores" datos turísticos de la ciudad
ALICANTE.- El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha detallado los últimos datos turísticos municipales y se ha referido a ellos como los "mejores", según ha indicado durante su discurso inicial en el Debate sobre el Estado de la ciudad.
En su primera intervención, Barcala se ha centrado sobre todo en hacer balance de la gestión realizada por su equipo de gobierno en el año y medio que ha transcurrido de legislatura.
"Hemos
cogido un tren de alta velocidad y no pensamos bajarnos hasta que
Alicante sea la ciudad que todos queremos y de la que todos podemos
sentirnos orgullosos", ha recalcado.
En cuanto al turismo, el
primer edil ha destacado estadísticas municipales que reflejan esta
actividad como "principal fuente de riqueza", como el incremento del
diez por ciento de ocupación respecto al año pasado o el "récord" en
este mismo indicador el pasado mes de julio, cuando alcanzó el 86,5 por
ciento, una cifra que se redujo ligeramente en septiembre con un 86%.
Además, ha remarcado que el aeropuerto Alicante-Elche "no para de aumentar su tráfico y ha cerrado el mejor agosto
de su historia, con cerca de cuatro millones de pasajeros este verano".
Sobre cruceros, Barcala también ha concretado que las previsiones
apuntan a que 2024 se cerrará con un centenar de escalas y un impacto
económico de unos 60 millones de euros en Alicante.
"Nuestra
oferta está diversificada y prácticamente podemos decir que hemos
cumplido el objetivo de tener en la ciudad un turismo
desestacionalizado. Aumentar la llegada de turistas en temporada baja ha
sido y sigue siendo un objetivo prioritario y lo estamos consiguiendo",
ha manifestado.
Con estas cifras, el alcalde ha criticado que
"algunos se empeñen en alentar una turismofobia totalmente forzada, que
no se corresponde con la realidad de lo que se vive".
"Céntrense en
aportar, señores de la izquierda, aunque sea copiado de otros lugares,
porque así nos irá mejor a todos. Lo que sí tenemos claro en el equipo
de gobierno es que Alicante no va a morir de éxito. El interés que
despierta nuestra ciudad no puede ni debe volverse en contra de sus
propios ciudadanos. Al contrario, debe ser como hasta ahora, fuente de
riqueza, empleo y empuje de la ciudad abierta y cosmopolita que somos",
ha apostillado.
Respecto a pisos turísticos, el primer edil ha asegurado que el
Ayuntamiento no se va a quedar "de brazos cruzados" para "ordenar y
regular" este "tema primordial" y ha asegurado que se han abierto "más
de 50 actas de infracción con sus correspondientes expedientes de
suspensión de actividad" para la "lucha contra los apartamentos
irregulares".
"Vamos a ser inflexibles con los que no cumplen la ley",
ha indicado.
Asimismo, ha explicado que próximamente el
consistorio pondrá en marcha medidas concretas tras adherirse al decreto
autonómico que regula las viviendas turísticas y que se está a la
espera de un informe encargado por el área de Urbanismo, que se suma a
otro elaborado por la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante, y que
aportará "información muy útil".
También sobre vivienda,
Barcala ha recordado que se está "habilitando suelo para construir 6.000
nuevas viviendas hasta 2027, unas 2.000 de ellas sociales, que
contribuyan a la emancipación de los jóvenes y a generar una oferta
inmobiliaria creciente, de calidad y a precios asequibles, dentro de un
modelo de desarrollo de ciudad compacta, sostenible y conectada".
Además, se ha referido a la cesión de parcelas municipales para la
construcción de viviendas en el marco del Plan VIVE de la Generalitat,
al cierre de acuerdos del Ayuntamiento con 288 propietarios "para la
regeneración de pisos de siete bloques de viviendas en Virgen del
Remedio" o a las actuaciones en 12 escaleras "en la mejora de la
accesibilidad y la eficiencia energética del Plan de Barrios, financiado
con fondos europeos, 9,9 millones de los 15 de la totalidad del
proyecto".
"Nunca el Ayuntamiento de Alicante había impulsado una
actuación de regeneración de esta magnitud en la zona norte de la
ciudad", ha sentenciado.
En torno a otras cuestiones de actualidad municipal, el alcalde de
Alicante ha señalado que las grandes contratas de servicios esenciales
como el transporte y la limpieza "ya están plenamente operativas tras
sus correspondientes procesos de implantación y son objeto de atención
preferente para el equipo de gobierno, por su gran peso específico para
la movilidad y la calidad de vida de los alicantinos".
En
concreto, en el capítulo de limpieza, Barcala ha reconocido que aún
existe un "amplio margen de mejora", pero que es algo que no puede hacer
solo el consistorio: "Próximamente lanzaremos una campaña muy potente
de concienciación ciudadana y reforzaremos los medios para supervisar y,
en su caso, sancionar las conductas incívicas. Todos debemos poner de
nuestra parte. Por supuesto, el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de
hacer la suya y de mejorar. En ello estamos, pero cuidar de nuestras
ciudades es una tarea que nos debe implicar necesariamente a todos".
Barcala ha destacado la incorporación de 108 nuevos vehículos a la
flota de la recogida de residuos y limpieza viaria, por un importe de
casi 15 millones de euros, y que "cada día más de 400 trabajadores de la
empresa concesionaria del servicio, Netial, salen a limpiar la ciudad".
Asimismo, ha explicado que se cuenta con 40 nuevos barrenderos y 23
camiones recorren a diario los barrios en horario nocturno y diurno y
que "en breve" se incorporarán "cinco inspectores para reforzar el
cumplimiento de la contrata, hasta alcanzar un total de 12".
El alcalde también ha concretado que "en breve" verá la ordenanza
contra el ruido que se aplicará "en toda la ciudad y no solo en
determinadas calles con alta densidad de locales de ocio".
Así, ha dicho
que el equipo de gobierno se comprometió a solucionar "el problema del
ruido en la ciuda y ya ha dado un gran paso adelante con el informe para
aplicar sendas Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) en Castaños y su
entorno, y en el casco antiguo".
En este sentido, Barcala ha
indicado que hay que "tomar medidas para equilibrar el derecho al
descanso, sin menoscabo de las actividades ligadas a la hostelería y el
ocio nocturno, que también generan empleo y economía".
"Los equilibrios a
menudo son complicados, pero, créanme, que son necesarios", ha
apostillado.
El primer edil también ha resaltado la aprobación
de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en tres anillos de la ciudad "con
el apoyo de Vox", sin sanciones ni restricciones de tráfico: "Hemos
orientado esta ordenanza a fomentar la movilidad sostenible y a
desincentivar las alternativas que pudieran resultar menos convenientes o
más contaminantes.
Frente a un modelo de 'café para todos', planteamos
un modelo alicantino, adaptado a nuestro entorno y a nuestras propias
circunstancias, que no son las que existen en otras ciudades, y
abordamos la consecución de las zonas de bajas emisiones, pero sin
hipocresías".
Barcala también ha aseverado que el Ayuntamiento
prevé aprobar "en el plazo de un año" el plan de ordenación
pormenorizada del Parque Central, "uno de los proyectos neurálgicos para
el desarrollo de la ciudad" y cuya tramitación se ha iniciado este año.
"También hemos avanzado en el desbloqueo de reivindicaciones
históricas como el nuevo plan general de ordenación urbana (PGOU), el
centro de congresos, la variante de Torrellano o la finalización de la
Vía Parque", ha agregado.
Cómo acertaron los «no vacunados» / Robin Koerner *
Scott Adams es el creador de la famosa tira cómica Dilbert. Es una tira cuya brillantez deriva de la observación minuciosa y la comprensión del comportamiento humano. Hace algún tiempo, Scott volcó esas habilidades en comentar con perspicacia y notable humildad intelectual la política y la cultura de nuestro país.
Como muchos otros comentaristas, y basándose en su propio análisis de las pruebas de que disponía, optó por ponerse la «vacuna» contra COVID.
Recientemente, sin embargo, publicó un video sobre el tema que ha circulado por las redes sociales. Era un mea culpa en el que declaraba: «Los no vacunados fueron los ganadores» y, para su gran crédito, «Quiero averiguar cómo tantos [de mis espectadores] acertaron con la ‘vacuna’ y yo no».
Lo de «ganadores» quizá fuera un poco irónico: parece que se refiere a que los «no vacunados» no tienen que preocuparse por las consecuencias a largo plazo de tener la «vacuna» en sus cuerpos, ya que han aparecido suficientes datos sobre la falta de seguridad de las «vacunas» como para demostrar que, sopesando los riesgos, la elección de no ser «vacunado» ha sido reivindicada para las personas sin comorbilidades.
Lo que sigue es una respuesta personal a Scott, en la que se explica cómo la consideración de la información disponible en aquel momento llevó a una persona —yo— a rechazar la «vacuna».
No pretende implicar que todos los que aceptaron la «vacuna» tomaran la decisión equivocada ni, de hecho, que todos los que la rechazaron lo hicieran por buenas razones.
1. Algunas personas han dicho que la «vacuna» se creó con prisas. Esto puede ser cierto o no. Gran parte de la investigación sobre «vacunas» de ARNm ya se había llevado a cabo durante muchos años, y los corona-virus como clase son bien conocidos, por lo que era al menos factible que solo una pequeña fracción del desarrollo de la «vacuna» se hubiera precipitado. El punto mucho más importante es que la «vacuna» se lanzó sin pruebas a largo plazo.
Por lo tanto, se aplicaba una de dos condiciones. O bien no se podía hacer ninguna afirmación fiable sobre la seguridad a largo plazo de la «vacuna», o bien existía algún argumento científico asombroso para tener una certeza teórica única en la vida sobre la seguridad a largo plazo de esta «vacuna». Esto último sería tan extraordinario que podría (por lo que sé) ser incluso una primicia en la historia de la medicina. Si así fuera, los científicos solo hablarían de eso, pero no fue así.
Por lo tanto, se obtuvo el estado de cosas más obvio, el primero: no se podía afirmar nada con confianza sobre la seguridad a largo plazo de la «vacuna». Dado, pues, que la seguridad a largo plazo de la «vacuna» era un juego de azar teórico, el riesgo incuantificable a largo plazo de tomarla solo podía justificarse por un riesgo seguro extremadamente alto de no tomarla.
En consecuencia, solo se podía argumentar moral y científicamente a favor de su uso por parte de las personas con alto riesgo de enfermedad grave si se exponían al COVID. Incluso los primeros datos mostraron inmediatamente que yo (y la inmensa mayoría de la población) no pertenecía a ese grupo. La insistencia continuada en extender la «vacuna» a toda la población cuando los datos revelaban que las personas sin comorbilidades corrían un riesgo bajo de enfermedad grave o muerte por COVID era, por tanto, inmoral y acientífica a primera vista.
El argumento de que la reducción de la transmisión de los no vulnerables a los vulnerables como resultado de la «vacunación» masiva solo podría sostenerse si se hubiera establecido la seguridad a largo plazo de la «vacuna», cosa que no se ha hecho. Dada la falta de pruebas de la seguridad a largo plazo, la política de «vacunación» masiva ponía claramente en peligro vidas jóvenes o sanas para salvar vidas viejas y enfermas.
Los responsables políticos ni siquiera lo reconocieron, ni expresaron preocupación alguna por la grave responsabilidad que estaban asumiendo por poner en peligro a las personas a sabiendas, ni indicaron cómo habían sopesado los riesgos antes de llegar a sus posiciones políticas.
En conjunto, era una razón de peso para no confiar en la política ni en las personas que la establecían. Como mínimo, si la apuesta por la salud y la vida de las personas que representa la política de «vacunación» coercitiva se hubiera tomado tras un análisis adecuado de costes y beneficios, esa decisión habría sido una decisión difícil de tomar.
Cualquier presentación honesta de la misma habría implicado el lenguaje equívoco del equilibrio de riesgos y la disponibilidad pública de información sobre cómo se sopesaron los riesgos y se tomó la decisión.
De hecho, el lenguaje de los responsables políticos fue deshonestamente inequívoco y el consejo que ofrecieron sugería que no había riesgo alguno de tomar la «vacuna». Este consejo era sencillamente falso —o, si se prefiere, engañoso— según la evidencia de la época, en la medida en que carecía de matices.
2. Los datos que no apoyaban las políticas de COVID fueron suprimidos de forma activa y masiva. Esto elevó el listón de las pruebas suficientes para tener la certeza de que la «vacuna» era segura y eficaz. Según lo anterior, el listón no se cumplió.
3. Análisis sencillos incluso de los primeros datos disponibles mostraron que la clase dirigente estaba dispuesta a hacer mucho más daño en términos de derechos humanos y gasto de recursos públicos para prevenir una muerte por COVID que cualquier otro tipo de muerte. ¿Por qué esta desproporcionalidad?
Era necesaria una explicación de esta reacción exagerada. La conjetura más amable sobre lo que la impulsaba era «el viejo y honesto pánico». Pero si una política está impulsada por el pánico, el listón para seguirla sube aún más. Una suposición menos amable es que había razones no declaradas para la política, en cuyo caso, obviamente, no se podía confiar en la «vacuna».
4. El miedo había generado claramente un pánico sanitario y un pánico moral, o psicosis de formación masiva. Eso puso en juego muchos sesgos cognitivos muy fuertes y tendencias humanas naturales contra la racionalidad y la proporcionalidad.
Las pruebas de esos prejuicios estaban por todas partes: la ruptura de relaciones estrechas de parentesco, el maltrato de personas por parte de otras que solían ser perfectamente decentes, la voluntad de los padres de causar daños en el desarrollo de sus hijos, los llamamientos a la violación de derechos a gran escala realizados por un gran número de ciudadanos de países anteriormente libres sin ninguna preocupación aparente por las terribles implicaciones de esos llamados, y el cumplimiento sincero, incluso ansioso, de políticas que deberían haber provocado la risa de individuos psicológicamente sanos (incluso si hubieran sido necesarias o simplemente útiles).
En las garras de tal pánico o psicosis de formación masiva, el listón probatorio para afirmaciones extremas (como la seguridad y necesidad moral de inyectarse uno mismo una forma de terapia génica que no ha sido sometida a pruebas a largo plazo) se eleva aún más.
5. A las empresas responsables de la fabricación y, en última instancia, de los beneficios de la «vacunación» se les concedió inmunidad legal. ¿Por qué haría eso un gobierno si realmente creyera que la «vacuna» es segura y quisiera infundir confianza en ella? Y ¿por qué iba yo a poner en mi cuerpo algo que el gobierno ha decidido que puede perjudicarme sin que yo tenga ningún recurso legal?
6. Si los escépticos de la «vacuna» estuvieran equivocados, seguiría habiendo dos buenas razones para no suprimir sus datos u opiniones. En primer lugar, somos una democracia liberal que valora la libertad de expresión como un derecho fundamental y, en segundo lugar, se podría demostrar que sus datos y argumentos son falaces. El hecho de que el poder decidiera violar nuestros valores fundamentales y suprimir el debate invita a preguntarse «¿Por qué?».
La respuesta no fue satisfactoria más allá de: «Es más fácil para ellos imponer sus mandatos en un mundo en el que la gente no disiente», pero ese es un argumento en contra del cumplimiento, más que a favor. Suprimir información a priori sugiere que la información tiene fuerza persuasiva.
Desconfío de quien desconfía de mí para determinar qué información y qué argumentos son buenos y cuáles son malos cuando lo que está en juego es mi salud —especialmente cuando las personas que promueven la censura actúan hipócritamente en contra de sus creencias declaradas en el consentimiento informado y la autonomía corporal.
7. La prueba PCR [reacción en cadena de la polimerasa] se presentó como la prueba de diagnóstico «de referencia» para el COVID. Basta con leer un momento cómo funciona la prueba PCR para darse cuenta de que no es tal cosa. Su uso con fines diagnósticos es más un arte que una ciencia, por decirlo amablemente.
Kary Mullis, que en 1993 ganó el Premio Nobel de Química por inventar la técnica del PCR, arriesgó su carrera al decirlo cuando se intentó utilizar como prueba diagnóstica del VIH para justificar un programa masivo de administración de fármacos antirretrovirales experimentales a los primeros pacientes de sida, que acabó matando a decenas de miles de personas.
Esto plantea la pregunta: «¿Cómo manejan la incertidumbre en torno a los diagnósticos basados en la PCR las personas que están generando los datos que veíamos en las noticias cada noche y que se estaban utilizando para justificar la política de «vacunación» masiva?».
Si no tienes una respuesta satisfactoria a esta pregunta, tu listón para asumir el riesgo de la «vacunación» debería volver a subir. (A título personal, para obtener la respuesta antes de tomar mi decisión sobre si someterme a la «vacunación», envié exactamente esta pregunta, a través de un amigo, a un epidemiólogo de la Johns Hopkins.
Ese epidemiólogo, que participó personalmente en la generación de los datos actualizados sobre la propagación de la pandemia a escala mundial, se limitó a responder que trabaja con los datos que le dan y no cuestiona su exactitud ni los medios de generación. En otras palabras, la respuesta a la pandemia se basó en gran medida en datos generados por procesos que los generadores de esos datos no comprendían o ni siquiera cuestionaban).
8. Para generalizar el último punto, debe descartarse una afirmación supuestamente concluyente de alguien que demostrablemente no puede justificar su afirmación. En el caso de la pandemia de COVID, casi todas las personas que actuaron como si la «vacuna» fuera segura y eficaz no tenían ninguna prueba física o informativa de las afirmaciones de seguridad y eficacia más allá de la supuesta autoridad de otras personas que las hicieron.
Esto incluye a muchos profesionales de la medicina, un problema que estaba siendo planteado por algunos de ellos (que, en muchos casos, fueron censurados en las redes sociales e incluso perdieron sus trabajos o licencias).
Cualquiera podía leer la infografía de los CDC [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades] sobre las «vacunas» de ARNm y, sin ser científico, generar preguntas obvias del tipo «Pero, ¿y si…?» que se podían hacer a los expertos para comprobar por sí mismos si los impulsores de las «vacunas» responderían personalmente de su seguridad.
Por ejemplo, los CDC publicaron una infografía que decía lo siguiente: «¿Cómo funciona la vacuna? El ARNm de la vacuna enseña a las células a hacer copias de la proteína de espiga. Si más tarde te expones al virus real, tu cuerpo lo reconocerá y sabrá cómo combatirlo. Después de que el ARNm entrega las instrucciones, tus células lo descomponen y se deshacen de él».
Muy bien. Aquí hay algunas preguntas obvias que hacer, entonces: «¿Qué ocurre si las instrucciones entregadas a las células para generar la proteína de espiga no se eliminan del cuerpo como estaba previsto? ¿Cómo podemos estar seguros de que nunca se producirá una situación así?». Si alguien no puede responder a esas preguntas, y está en una posición de autoridad política o médica, entonces se muestra dispuesto a impulsar políticas potencialmente dañinas sin considerar los riesgos que implican.
9. Teniendo en cuenta todo lo anterior, una persona seria al menos tenía que estar atenta a los datos publicados sobre seguridad y eficacia a medida que avanzaba la pandemia. El «Estudio de seguridad y eficacia de seis meses» de Pfizer fue notable. El gran número de sus autores era notable y su afirmación resumida era que la vacuna probada era eficaz y segura. Los datos del documento mostraban más muertes por cabeza en el grupo «vacunado» que en el grupo «no vacunado».
Aunque esta diferencia no establece estadísticamente que la inyección sea peligrosa o ineficaz, los datos generados eran claramente compatibles con (digámoslo amablemente) la seguridad incompleta de la «vacuna» —en desacuerdo con el resumen de portada. (Es casi como si incluso los científicos y clínicos profesionales mostraran sesgos y razonamientos motivados cuando su trabajo se politiza).
Como mínimo, un lector lego podría ver que las «conclusiones resumidas» estiraban, o al menos mostraban una notable falta de curiosidad por los datos —especialmente teniendo en cuenta lo que estaba en juego y la impresionante responsabilidad de conseguir que alguien pusiera algo no probado dentro de su cuerpo.
10. Con el paso del tiempo, quedó muy claro que algunas de las afirmaciones informativas que se habían hecho para convencer a la gente de que se «vacunara», especialmente por parte de políticos y comentaristas de los medios de comunicación, eran falsas.
Si esas políticas hubieran estado realmente justificadas por los «hechos» alegados anteriormente, entonces la determinación de la falsedad de esos «hechos» debería haber dado lugar a un cambio de política o, como mínimo, a expresiones de aclaración y arrepentimiento por parte de las personas que anteriormente habían hecho esas afirmaciones incorrectas pero fundamentales.
Las normas morales y científicas básicas exigen que las personas hagan constar claramente las rectificaciones y retractaciones necesarias de declaraciones que puedan influir en decisiones que afectan a la salud. Si no lo hacen, no se debería confiar en ellos, especialmente dadas las enormes consecuencias potenciales de sus errores informativos para una población cada vez más «vacunada». Sin embargo, eso nunca ha ocurrido.
Si los promotores de la «vacuna» hubieran actuado de buena fe, entonces, tras la publicación de nuevos datos a lo largo de la pandemia, habríamos escuchado (y quizás incluso aceptado) múltiples mea culpa. No hemos oído nada parecido por parte de los responsables políticos, lo que revela una falta casi generalizada de integridad, seriedad moral o preocupación por la exactitud. El consiguiente descarte necesario de las afirmaciones hechas anteriormente por los funcionarios no dejó ningún caso digno de confianza en el lado pro encierro y pro «vacuna».
Por poner algunos ejemplos de afirmaciones que los datos demostraron que eran falsas, pero que no se retractaron explícitamente:
«No vas a contraer COVID si te vacunas… Estamos en una pandemia de no vacunados» -Joe Biden
«Las vacunas son seguras. Se los prometo…» -Joe Biden
«Las vacunas son seguras y eficaces». -Anthony Fauci
«Nuestros datos de los CDC sugieren que las personas vacunadas no portan el virus, no enferman… y no solo en los ensayos clínicos, sino también en los datos del mundo real». – Dra. Rochelle Walensky.
«Tenemos más de 100,000 niños, lo que nunca habíamos tenido antes, en … estado grave y muchos con respiradores». -Justice Sotomayer (durante un caso para determinar la legalidad de los mandatos federales de «vacunas»).
… y así sucesivamente.
La última es especialmente interesante porque la pronunció un juez en un caso de la Corte Suprema para determinar la legalidad de los mandatos federales. Posteriormente, el ya mencionado Dr. Walensky, director del CDC, que previamente había hecho una declaración falsa sobre la eficacia de la «vacuna», confirmó bajo interrogatorio que el número de niños hospitalizados era solo de 3.500, y no de 100.000.
Para insistir aún más en el hecho de que las afirmaciones y políticas anteriores son desmentidas por hallazgos posteriores, pero no por ello revocadas, el mismo Dr. Walensky, director de los CDC, afirmó que «la inmensa mayoría de las muertes —más del 75 por ciento— se produjeron en personas que tenían al menos cuatro comorbilidades. Así que en realidad se trataba de personas que no estaban bien desde el principio».
Esa afirmación socavó tan completamente toda la justificación de las políticas de «vacunación» masiva y los cierres patronales que cualquier persona intelectualmente honesta que las apoyara tendría que reconsiderar su posición en ese momento. Mientras que el ciudadano de a pie bien podría haber pasado por alto esa información de los CDC, se trataba de la propia información del gobierno, por lo que el presidente Joe (y sus agentes) ciertamente no podrían haberla pasado por alto.
¿Dónde estaba el cambio radical en la política para que coincidiera con el cambio radical en nuestra comprensión de los riesgos asociados con COVID, y por lo tanto el equilibrio coste-beneficio de la «vacuna» no probada (a largo plazo) frente al riesgo asociado con la infección por COVID? Nunca llegó. Claramente, ni las posiciones políticas ni su supuesta base factual eran de fiar.
11. ¿Cuál era la nueva ciencia que explicaba por qué, por primera vez en la Historia, una «vacuna» sería más eficaz que la exposición natural y la consiguiente inmunidad? Por qué la urgencia de hacer que una persona que ha tenido COVID y ahora tiene cierta inmunidad se «vacune» después del hecho?
12. El contexto político y cultural general en el que se desarrollaba todo el discurso sobre la «vacunación» era tal que el nivel de evidencia sobre la seguridad y eficacia de la «vacuna» se elevaba aún más, al tiempo que se reducía nuestra capacidad para determinar si ese nivel se había cumplido.
En cualquier conversación con una persona «no vacunada» (y como educador y profesor, participé en muchas), siempre se ponía a la persona «no vacunada» en una postura defensiva de tener que justificarse ante el partidario de la «vacuna» como si su postura fuera de facto más perjudicial que la contraria. En tal contexto, la determinación precisa de los hechos es casi imposible: el juicio moral siempre inhibe el análisis empírico objetivo.
Cuando la discusión desapasionada de un tema es imposible porque el juicio ha saturado el discurso, sacar conclusiones lo suficientemente precisas y con la suficiente certeza como para promover la violación de derechos y la coerción de tratamientos médicos, es casi imposible.
13. En cuanto a la analítica (y el comentario de Scott sobre «nuestra» heurística superando a «su» analítica), precisión no es exactitud. De hecho, en contextos de gran incertidumbre y complejidad, la precisión está negativamente corelacionada con la exactitud. (Una afirmación más precisa tiene menos probabilidades de ser correcta).
Gran parte del pánico al COVID comenzó con la modelización. La modelización es peligrosa en la medida en que pone números a las cosas —los números son precisos, y la precisión da una ilusión de exactitud—, pero en contextos de gran incertidumbre y complejidad, los resultados de los modelos están dominados por las incertidumbres de las variables de entrada, que tienen rangos muy amplios (y desconocidos), y por los múltiples supuestos que en sí mismos solo garantizan una baja confianza.
Por lo tanto, cualquier precisión que se pretenda obtener de los resultados de un modelo es falsa y la exactitud aparente es solo eso: aparente.
Lo mismo ocurrió con el VIH en los años ochenta y noventa. Los modelos de entonces determinaban que hasta un tercio de la población heterosexual podía contraer el VIH. Oprah Winfrey ofreció esa estadística en uno de sus programas, alarmando a toda una nación.
El primer sector que se dio cuenta de que se trataba de una absurda exageración fue el de los seguros, cuando no se produjeron todas las quiebras que esperaban a causa de los pagos de las pólizas de seguros de vida. Cuando la realidad no coincidió con los resultados de sus modelos, supieron que los supuestos en los que se basaban esos modelos eran falsos y que el patrón de la enfermedad era muy distinto del que se había declarado.
Por razones que escapan al ámbito de este artículo, la falsedad de esos supuestos podría haberse determinado en su momento. Sin embargo, lo que hoy nos interesa es el hecho de que esos modelos ayudaron a crear toda una industria del sida, que lanzó fármacos antiretrovirales experimentales a personas con VIH, sin duda con la sincera creencia de que podrían ayudarles. Esos medicamentos mataron a cientos de miles de personas.
Por cierto, el hombre que anunció el «descubrimiento» del VIH desde la Casa Blanca —no en una revista revisada por pares— y luego fue pionero en la enorme y mortal reacción al mismo fue el mismo Anthony Fauci que ha estado adornando nuestras pantallas de televisión en los últimos años.
14. Un enfoque honesto de los datos sobre COVID y el desarrollo de políticas habría impulsado el desarrollo urgente de un sistema para recopilar datos precisos sobre las infecciones por COVID y los resultados de los pacientes con COVID.
En lugar de ello, los poderes fácticos hicieron todo lo contrario, tomando decisiones políticas que reducían a sabiendas la exactitud de los datos recopilados de forma que sirvieran a sus fines políticos.
En concreto, 1) dejaron de distinguir entre morir de COVID y morir con COVID y 2) incentivaron a las instituciones médicas a identificar las muertes como causadas por COVID cuando no había datos clínicos que respaldaran esa conclusión. (Esto también ocurrió durante el mencionado pánico del VIH hace tres décadas).
15. La falta de honradez de los partidarios de las «vacunas» se puso de manifiesto en los repetidos cambios de las definiciones oficiales de términos clínicos como «vacuna», cuyas definiciones (científicas) han sido fijas durante generaciones (como debe ser para que la ciencia haga su trabajo con precisión: las definiciones de los términos científicos pueden cambiar, pero solo cuando cambia nuestra comprensión de sus referentes).
¿Por qué cambiaba el Gobierno el significado de las palabras en lugar de limitarse a decir la verdad con las mismas palabras que había utilizado desde el principio? Sus acciones en este sentido fueron totalmente falsas y contrarias a la ciencia. El nivel de las pruebas vuelve a subir y nuestra capacidad para confiar en ellas, baja.
En su video (que mencioné al principio de este artículo), Scott Adams preguntó: «¿Cómo podría haber determinado que los datos que [«los escépticos de las vacunas»] me enviaron eran los buenos?». No tuvo que hacerlo. Los que acertamos o «ganamos» (por usar sus palabras) solo tuvimos que aceptar los datos de quienes impulsaban los mandatos de «vacunación».
Como ellos eran los más interesados en que los datos apuntaran en su dirección, podíamos poner un límite superior de confianza en sus afirmaciones contrastándolas con sus propios datos. Para alguien sin comorbilidades, ese límite superior seguía siendo demasiado bajo para asumir el riesgo de la «vacunación», dado el bajísimo riesgo de daños graves por contraer COVID-19.
En esta relación, también vale la pena mencionar que bajo las condiciones contextuales adecuadas, la ausencia de evidencia es evidencia de ausencia. Esas condiciones definitivamente se aplicaron en la pandemia: había un incentivo masivo para que todos los medios que estaban impulsando la «vacuna» proporcionaran pruebas suficientes para apoyar sus afirmaciones inequívocas a favor de la vacuna y las políticas de bloqueo y para denigrar, como lo hicieron, a los que no estaban de acuerdo.
Simplemente no aportaron esas pruebas, obviamente porque no existían. Dado que las habrían aportado si hubieran existido, la falta de pruebas presentadas evidenciaba su ausencia.
Por todas las razones anteriores, pasé de considerar inicialmente la posibilidad de inscribirme en un ensayo de vacunas a realizar una diligencia debida de mente abierta para convertirme en escéptico de la «vacuna» COVID.
En general, creo que nunca hay que decir «nunca», por lo que estaba esperando a que se respondieran y resolvieran las preguntas y cuestiones planteadas anteriormente. Entonces, estaría potencialmente dispuesto a «vacunarme», al menos en principio.
Afortunadamente, no someterse a un tratamiento deja a uno la opción de hacerlo en el futuro. (Dado que lo contrario no es el caso, por cierto, el valor de opción de «no actuar todavía» pesa un poco a favor del enfoque cauteloso).
Sin embargo, recuerdo el día en que mi decisión de no tomar la «vacuna» se convirtió en firme. Un punto concluyente me llevó a decidir que no tomaría la «vacuna» en las condiciones imperantes. Pocos días después, le dije a mi madre en una llamada telefónica: «Tendrán que atarme a una mesa».
16. Independientemente de los riesgos asociados a una infección por COVID, por un lado, y a la «vacuna», por otro, la política de «vacunación» permitió violaciones masivas de los derechos humanos.
Los «vacunados» se alegraron de ver cómo se suprimían libertades básicas a los «no vacunados» (la libertad de hablar libremente, trabajar, viajar y estar con sus seres queridos en momentos importantes como nacimientos, defunciones, funerales, etc.) porque su condición de «vacunados» les permitía aceptar de nuevo como privilegios de los «vacunados» los derechos que se habían suprimido a todos los demás.
De hecho, muchas personas admitieron a regañadientes que se «vacunaron» por esa misma razón, por ejemplo, para conservar su trabajo o salir con sus amigos. Para mí, eso habría sido ser cómplice de la destrucción, por precedente y participación, de los derechos más básicos de los que depende nuestra pacífica sociedad.
Ha muerto gente para garantizarnos esos derechos a mí y a mis compatriotas. Cuando era adolescente, mi abuelo austriaco huyó a Inglaterra desde Viena y enseguida se unió al ejército de Churchill para derrotar a Hitler.
Hitler fue el hombre que asesinó a su padre, mi bisabuelo, en Dachau por ser judío.
Los campos empezaron como una forma de poner en cuarentena a los judíos, considerados vectores de enfermedades a los que había que suprimir sus derechos para proteger a la población en general. En 2020, todo lo que tuve que hacer en defensa de esos derechos fue aguantar que me limitaran los viajes y me prohibieran el acceso a mis restaurantes favoritos, etc. durante unos meses.
Incluso si yo fuera un extraño valor estadístico atípico, de modo que COVID pudiera hospitalizarme a pesar de mi edad y buena salud, que así fuera: si fuera a llevarme, no dejaría que me arrebatara mis principios y derechos mientras tanto.
¿Y si me equivocara? ¿Y si la abrogación masiva de derechos que fue la respuesta de los gobiernos de todo el mundo a una pandemia con una tasa de mortalidad ínfima entre los que no estaban «mal para empezar» (por usar la expresión del director del CDC) no iba a terminar en unos pocos meses?
¿Y si fuera a durar para siempre? En ese caso, el riesgo que COVID supondría para mi vida no sería nada comparado con el riesgo que corren nuestras vidas cuando salimos a la calle con la última y desesperada esperanza de recuperar las libertades más básicas de un Estado que hace tiempo que ha olvidado que solo existe legítimamente para protegerlas y que, en cambio, ahora las considera obstáculos incómodos que hay que sortear o incluso destruir.
¿Qué porcentaje de españoles tiene estudios universitarios?
MADRID.- En la actualidad, la formación universitaria se ha convertido en una de las principales vías para acceder al mercado laboral y conseguir un empleo estable y bien remunerado. Por ello, resulta interesante conocer la situación actual en España en cuanto al porcentaje de población que ha cursado estudios universitarios.
Según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2020 el 41,3% de la población española entre 25 y 64 años tenía estudios universitarios. Este porcentaje ha ido aumentando progresivamente en los últimos años, debido a la importancia cada vez mayor que se le otorga a la formación académica.
No obstante, este porcentaje varía considerablemente según la comunidad autónoma. Por ejemplo, en el País Vasco el 59,9% de la población cuenta con estudios universitarios, mientras que en Extremadura esta cifra se reduce al 29,2%.
En este artículo se profundizará en los datos relativos al porcentaje de españoles con estudios universitarios, así como en las diferencias regionales y las posibles causas que explican estas discrepancias. Además, se analizarán las perspectivas de futuro en cuanto a la formación universitaria en España.
Si te preguntas ¿Qué porcentaje de españoles tienen estudios universitarios?, aquí te presentamos las estadísticas actualizadas. Según datos de Eurostat, en el año 2020, el 29,9% de la población española entre 30 y 34 años tenía estudios universitarios, superando la media europea que se sitúa en el 40,3%.
Aunque el porcentaje de españoles con estudios superiores ha ido aumentando en los últimos años, aún existe una brecha entre hombres y mujeres. Según el informe «La educación en España 2021» elaborado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el curso 2018-2019, el 35,4% de los hombres tenía estudios superiores, mientras que en el caso de las mujeres este porcentaje se situaba en el 32,2%.
Además, el mismo informe destaca que el porcentaje de españoles con estudios superiores varía según la comunidad autónoma. En el curso 2018-2019, las comunidades con mayor porcentaje de población con estudios superiores eran Madrid (el 45,3% de la población entre 30 y 34 años tenía estudios universitarios), País Vasco (44,1%) y Navarra (43,4%). Por el contrario, las comunidades con menor porcentaje eran Extremadura (20,6%), Andalucía (22,9%) y Canarias (23,4%).
En España, la educación superior es una de las principales áreas de desarrollo en la formación profesional y personal. Por ello, es importante conocer ¿Qué porcentaje de españoles tienen estudios universitarios?.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2021, el 26,1% de la población española cuenta con estudios universitarios. Esto significa que más de uno de cada cuatro españoles ha completado una carrera universitaria.
Es importante destacar que este porcentaje ha ido aumentando progresivamente en los últimos años, lo que demuestra una mayor conciencia sobre la importancia de la formación académica. Además, según los datos del INE, el porcentaje de mujeres con estudios universitarios es ligeramente superior al de los hombres, con un 27,1% frente al 25,2%.
Es interesante también tener en cuenta que existen diferencias significativas en cuanto a la distribución de los estudios universitarios por comunidades autónomas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid y Cataluña son las que presentan un mayor porcentaje de población con estudios universitarios, con un 36,1% y un 33,9%, respectivamente.
Este dato refleja una mayor conciencia sobre la importancia de la formación académica y su impacto en la vida profesional y personal.
Si te preguntas ¿qué porcentaje de españoles tienen estudios universitarios?, es importante conocer primero la tasa de acceso a la universidad en nuestro país.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el curso 2018-2019 el porcentaje de españoles que accedieron a la universidad fue del 43,8%.
Este porcentaje ha ido en aumento en los últimos años, ya que en el curso 2008-2009 la tasa de acceso a la universidad era del 35,7%.
Es importante destacar que el acceso a la universidad en España no es homogéneo, ya que existen diferencias significativas entre las distintas comunidades autónomas. En Cataluña, por ejemplo, la tasa de acceso a la universidad es del 57,4%, mientras que en Ceuta y Melilla es del 21,8%.
En cuanto a la formación universitaria de la población española, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2021, el 42,9% de las personas mayores de 16 años tienen estudios universitarios.
En la actualidad, la formación universitaria se ha convertido en una necesidad para muchos jóvenes españoles que buscan mejorar sus oportunidades laborales y aumentar su nivel de conocimientos. Pero, ¿cuál es el porcentaje de población española que cuenta con un título universitario?
Según los últimos estudios realizados en el año 2021, se estima que alrededor del 43,9% de la población española tiene estudios universitarios, lo que representa un incremento del 2,5% con respecto al año anterior.
Este aumento se debe en gran medida a la creciente demanda de formación universitaria por parte de los jóvenes españoles, así como a las políticas educativas que buscan fomentar la formación y la empleabilidad en el país.
Si analizamos los datos por comunidades autónomas, encontramos que algunas regiones como Madrid, Cataluña y País Vasco presentan un porcentaje de población con estudios universitarios superior al 50%, mientras que otras como Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias presentan porcentajes inferiores al 30%.
En cualquier caso, lo importante es seguir fomentando la formación universitaria y la educación en general en España, ya que esto no solo beneficia a los jóvenes sino que también contribuye al desarrollo del país y su economía.
En conclusión, el porcentaje de españoles con estudios universitarios ha aumentado significativamente en los últimos años, aunque aún queda mucho por hacer para alcanzar la media europea.
La educación superior es cada vez más importante en un mundo globalizado y competitivo, y es necesario seguir trabajando en políticas educativas que fomenten la igualdad de oportunidades y la accesibilidad a la universidad para todos. Solo así podremos asegurar un futuro más próspero y equitativo para nuestra sociedad.
En resumen, el porcentaje de españoles que tienen estudios universitarios ha ido aumentando en las últimas décadas y actualmente se sitúa en torno al 40%. Aunque aún queda camino por recorrer para llegar a los niveles de educación superior de otros países europeos, es un indicador positivo del valor que se da a la formación académica en España.
Sin embargo, es importante seguir trabajando para garantizar el acceso a la educación superior a todos los ciudadanos y fomentar la excelencia académica en nuestro país.
domingo, 13 de octubre de 2024
La consellera Montes pide al Gobierno la derogación del nuevo parte de registro de viajeros ante "el rechazo del sector turístico"
En este sentido, Montes ha señalado que el «compromiso» que anunció hace dos semanas el Ejecutivo de elaborar una orden que facilite la implantación de los datos del registro de viajeros «demuestra que los motivos del sector turístico para rechazar este registro son más que razonables y justificados».
Por ello, ha manifestado que «mejor que revisar y elaborar una orden aclaratoria, el Gobierno central debería abandonar la idea de aprobarlo porque, tal y como avisa el sector turístico, va a causar muchos problemas», y ha insistido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que «reconsidere su postura».
Según ha indicado la Generalitat en un comunicado, Nuria Montes ha destacado que desde el Consell «siempre se ha rechazado la imposición del registro de viajeros, tal y como se ha planteado, porque impone unas obligaciones incumplibles para el sector», y ha remarcado que se han posicionado «del lado del sector turístico desde el principio».
Por ello, ha pedido al Ministerio del Interior que «escuche al sector turístico», y ha recordado que «el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mostró su apoyo al sector turístico sobre este asunto en el último pleno del Consejo Español de Turismo celebrado el pasado miércoles».
La responsable de Turisme ha subrayado que tanto, el sector hotelero, de los campings, de alquiler de vehículos como las agencias de viajes «han mostrado su rechazo a este nuevo parte de registro de viajeros», y ha señalado que es «especialmente complicado para las agencias de viajes, ya que ellas, a diferencia del sector del alojamiento, hasta ahora no utilizaban la plataforma de registro».
Además, la consellera ha explicado que las agencias de viajes también han alertado de la «discriminación que sufren con respecto a turoperadores extranjeros que no tendrán obligación de comunicar las reservas en alojamientos turísticos tras la aplicación de la nueva normativa».
La consellera ha insistido en que el Ministerio del Interior «se comprometió hace dos semanas a no pedir más datos de los que ya se piden y a elaborar una orden ministerial aclaratoria, pero a fecha de hoy no se ha publicado».
«Entendemos el descontento y el malestar ante la inseguridad jurídica del sector turístico ante este asunto, ya que aún no se ha publicado una orden en la que se explique qué es lo que hay que hacer y lo que no», ha manifestado.
El Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, se prevé que entre en vigor el próximo 2 de diciembre.
Las agencias de viaje tendrán que facilitar al Ministerio del Interior información sensible de los viajeros
MADRID.- El 'Gran Hermano' que prepara Fernando Grande-Marlaska para tener más información de los turistas que visitan nuestro país con el fin de evitar el terrorismo y la delincuencia sigue adelante. Con matices, pero sigue adelante, según Vozpópuli .
El que es considerado uno de los sectores más potentes para España -el turístico- lleva años tratando de frenar la entrada en vigor del Real Decreto, porque el sistema tecnológico de introducción de información supone más tiempo en la operativa de negocio y socava la rentabilidad, según las empresas del ramo, que añaden que la plataforma tecnológica a la que se ha de subir la misma no funciona correctamente.
Las presiones de las grandes patronales de las agencias como FETAVE (Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas), UNAV (Unión Empresarial de Agencias de Viajes) y ACAVE (Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas) han conseguido ampliar la prórroga hasta el 2 de diciembre.
Además, han empujado al ministro a abrir la mano y que no se soliciten datos adicionales a los que se han pedido históricamente. Sin embargo, las agencias y empresas de alquiler de coches, exentas de facilitar información de los viajeros a Interior hasta la fecha, tendrán que hacerlo a partir del 2 de diciembre.
Una medida con la que las agencias no están de acuerdo, como es obvio, y que tendrá impacto en "miles de empresas" en nuestro país, según fuentes del sector de total solvencia, que verán muy mermada su rentabilidad. En muchos casos, además, se trata de pymes de pequeño y mediano tamaño, con menos recursos que las grandes para afrontar estos retos tecnológicos.
"Se obligará a las agencias y empresas de alquiler de vehículos sin conductor a facilitar datos como el número de bastidor del coche, la numeración de la tarjeta de crédito, forma de pago, número de habitación del hotel en el que se alojará quien contrate el viaje, además de otros muchos datos de los que no vamos a disponer. Se trata de algo que puede vulnerar las leyes de Protección de Datos", aseguraba hace unos días César Gutiérrez Calvo, presidente de Fetave a Voz Pópuli.
Por su parte, las grandes patronales, en una carta conjunta y abierta, destacaron que "el Ministerio del Interior se comprometió verbalmente a no solicitar más datos de los que hasta ahora ya se obtienen, pero teniendo en cuenta que las agencias de viajes hasta ahora no tenían ninguna obligación de comunicar datos, la situación continúa siendo igual de negativa para nuestro sector", y añaden que "también es importante destacar que se trata de un compromiso verbal y al no existir ninguna Orden Ministerial que limite el alcance del Real Decreto, las empresas se sitúan en una clara posición de inseguridad jurídica, pues las obligaciones del Real Decreto continúan siendo vigentes".
Otras fuentes explican a Vozpópuli que existe una clara discriminación respecto a las agencias nacionales porque a las de fuera de España no se les reclamará esta información.
"Por no hablar de que parece una medida absurda si se hace en aras de la seguridad. Se pide información del viajero a las empresas nacionales pero no a las de fuera. No tiene ningún sentido".
En la carta abierta, las grandes patronales del sector recalcan estas idea al apuntar que se produce una "situación de discriminación" respecto a los tour operadores extranjeros, pues "según manifestó el Ministerio del Interior en dicha reunión la obligación de comunicación de las reservas sólo afecta a las agencias de viajes con domicilio social en España y no a los tour operadores extranjeros que no disponen de domicilio en España".
El Real Decreto establece que los sujetos obligados a la facilitación de datos de viajeros son los operadores turísticos que operan como intermediarios en la reserva entre el alojamiento o la empresa del vehículos de alquiler y el viajero, sin realizar distinciones en función de la nacionalidad de estos operadores.
En la misiva, a este respecto, las patronales aseguran que "la interpretación verbal realizada por el Ministerio se aleja claramente de lo establecido en la normativa, situando a las agencias de viajes españolas en una clara situación de desventaja competitiva".
Reino Unido habla de boicotear España tras las nuevas normas "imposibles" para los turistas británicos
MADRID.- Turistas británicos han mostrado su indignación ante las nuevas regulaciones que España introducirá este invierno. A partir de diciembre, quienes viajen al país deberán proporcionar hasta 43 datos personales al registrarse en su alojamiento, una exigencia que ha causado gran malestar entre los británicos, muchos de los cuales ya han expresado su frustración en redes sociales, llegando a amenazar con boicotear sus vacaciones en España.
La normativa, comparada en Reino Unido con "una vigilancia al estilo de Gran Hermano", ha sido defendida por el Gobierno español. Y es que la medida busca aumentar la seguridad y facilitar la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, al permitir al Ministerio del Interior rastrear a los turistas y residentes nacionales.
Por ejemplo, Frank, un conocido organizador de eventos en Benidorm, señala al medio Express británico que él ha sido uno de los más críticos en redes.
A través de un vídeo en TikTok, ha advertido a los turistas que serán obligados a completar formularios en los aeropuertos al llegar a España, entregando información “muy personal”, como su nombre completo, dirección, información de la tarjeta de crédito, número de teléfono y datos del pasaporte y licencia de conducir.
También ha destacado que quienes no cumplan con estas nuevas normas podrían enfrentarse a multas de hasta 30.000 euros. Unas normas, que tal y como ya ha indicado anteriormente este medio, son calificadas como "imposibles" por los turistas.
A pesar de que la ley debía entrar en vigor este mes, su aplicación se ha retrasado hasta el 2 de diciembre, lo que ha dado un respiro temporal a los turistas británicos. Sin embargo, la controversia continúa creciendo, y muchos en Reino Unido están reconsiderando sus viajes a España debido a estas estrictas exigencias.
Mazón asegura que Sanidad decretará "de inmediato" el uso de mascarillas en hospitales "si se dieran las circunstancias"
ALICANTE.- El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que los expertos de la Conselleria de Sanidad decretarán «de inmediato» el uso de mascarillas en centros de salud y hospitales «si se dieran las circunstancias».
«En estos momentos todavía no hay ninguna decisión tomada, significa que todavía no se dan requisitos para que haya que usar esa mascarilla. Aún no», ha subrayado.
Así se ha manifestado este domingo el jefe del Consell, ante los medios durante su visita a las fiestas de Moros y Cristianos de El Campello, en relación a las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, que el pasado viernes no descartó que las mascarillas vuelvan a los centros de salud y hospitales si se superan indicadores relacionados con gripe y Covid-19 durante los próximos meses de otoño e invierno.
«Eso --el uso de mascarillas-- lo van a decretar los expertos de la Conselleria de Sanidad», ha insistido Mazón, quien ha concretado que esta medida «puede» que no afecte «a todos» los centros sanitarios y se implemente «solo en algunos».
«Si se dieron las circunstancias, y nos lo dice nuestro equipo de expertos, pues así lo haremos. Sin lugar a dudas», ha sostenido.
En este sentido, ha afirmado que, «en cualquier caso, se va a prevenir, a informar y se irá reaccionando según los datos que se vayan teniendo, sobre todo con rigor, información y transparencia a toda la ciudadanía».
«De momento, normalidad y tranquilidad», ha agregado.
La ministra de Sanidad, Mónica García informó en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se trabaja con las comunidades autónomas en un documento que establezca criterios comunes de actuación en gripe y Covid-19 para que «no tenga que ser el Ministerio de Sanidad el que diga a las comunidades lo que tienen que hacer también» y que «tomará cuerpo definitivo» el próximo 17 de octubre en la Comisión de Salud Pública.
Por otra parte, ante el inicio este lunes de la campaña de vacunación contra la gripe para los grupos de riesgo, Mazón ha recalcado que «por primera vez» se va a vacunar en los centros escolares «para no colapsar los centros sanitarios».
«Nos vamos directamente a los centros escolares para que todos los alumnos, que sus familias lo pidan voluntariamente, los vacunemos allí».
«Yo creo que es importante ese esfuerzo de movilización y de acercarnos a vacunar a la gente, a los alumnos, que está haciendo la Conselleria. Y en cualquier caso, lo que estamos haciendo es un gran esfuerzo organizativo», ha concluido.
Analizando el flagelo del analfabetismo funcional / Lisandro Prieto *
“Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir,
sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender”
Alvin Toffler
Hoy quisiera invitarlos a reflexionar en torno a un fenómeno que, aunque es menos visible que el analfabetismo absoluto, tiene profundas consecuencias para los individuos y la sociedad. El analfabetismo funcional podría definirse por la capacidad de saber leer y escribir, sin poder comprender o interpretar adecuadamente lo que se lee y se escribe.
Pues bien, en un mundo donde la información y el conocimiento están, supuestamente, al alcance de la mano de cualquiera, esta incapacidad para procesar y reflexionar sobre los textos podría convertir el juicio de los ciudadanos en algo endeble, susceptible de manipulación.
En ese sentido, José Saramago, reconocido escritor, Premio Nobel de Literatura, abordó este problema en la sociedad moderna, destacando cómo el simple hecho de saber leer no significa tener una comprensión profunda.
Para Saramago, esta falta de comprensión se convierte en un obstáculo para el desarrollo de la democracia puesto que afecta directamente a una ciudadanía, cada vez más inactiva e inconsciente del panorama político en el que está inmersa.
En sus propias palabras, aludió a la existencia de “analfabetos que saben leer”, un término que resuena hoy más que nunca en un contexto mundial donde la manipulación informativa y la desinformación intencional están a la orden del día moldeando conciencias cada vez más abúlicas.
Pues bien amigos, lo que hoy queremos intentar junto a ustedes es explorar el problema precitado, no sólo desde una perspectiva analítica y educativa, sino también como un obstáculo para el desarrollo de una sociedad políticamente consciente y capaz de ejercer una democracia real.
Para que podamos comprender la magnitud del analfabetismo funcional, es esencial que revisemos algunas estadísticas recientes: a nivel global, el problema afecta a millones de personas, y aunque los números varían por país y región, los datos son alarmantes.
De acuerdo con la UNESCO, cerca de 773 millones de adultos en el mundo, todavía carecen de habilidades básicas de lectura y escritura, y mucho más son considerados analfabetos funcionales, es decir, pueden seguir la lectura en textos simples, pero no comprenden plenamente el sentido de los mismos.
En Hispanoamérica, los datos también son preocupantes: según el informe de la “Encuesta Nacional de Lectura y Escritura”, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), un alto porcentaje de los estudiantes de Nivel Secundario no es capaz de comprender textos de nivel de dificultad “medio”.
De igual manera, el estudio PISA (Programme for International Student Assessment) del año 2018 reveló que más del 50% de los estudiantes de 15 años de edad en los países hispanoamericanos evaluados tienen dificultades significativas para comprender textos complejos, un indicador de analfabetismo funcional a nivel estudiantil que con frecuencia se traslada a la vida adulta.
Además, algunos datos del Banco Mundial sugieren que este tipo de analfabetismo repercute en múltiples aspectos del desarrollo social y económico, puesto que las personas que no comprenden completamente lo que leen tienden a tener menos acceso a oportunidades de empleo, como también un menos compromiso cívico y social, y una mayor vulnerabilidad a la manipulación mediática.
Estas cifras y conclusiones subrayan que el analfabetismo funcional no es solamente un problema individual, sino un desafío colectivo que afecta la capacidad de los ciudadanos para participar activa y coherentemente en la sociedad y en la toma de decisiones.
A la luz de lo precedentemente expresado, es preciso que analicemos las consecuencias sociales y políticas del analfabetismo funcional porque tiene un profundo impacto en la vida social y en la política de cualquier comunidad.
Como bien señalaba José Saramago, cuando las personas no pueden comprender el contenido de lo que están leyendo, se vuelven susceptibles a la manipulación y al engaño.
Esto es especialmente preocupante en el ámbito político, ya que un pueblo que no comprende cabalmente lo que lee carece de la capacidad de tomar decisiones informadas, de evaluar críticamente a sus líderes y de comprender las complejidades de los asuntos públicos que los afectan.
“Nosotros hemos creado una especie de analfabetismo de vuelta. Hoy tenemos personas que saben leer pero no entienden lo que leen. Ese es un analfabetismo peligroso, porque tienen la ilusión de saber, cuando en realidad no saben nada.” Saramago, J. (2007).
Entrevista con Jesús Quintero en "El Loco de la Colina". RTVE.
En este sentido, el filósofo y pedagogo brasilero Paulo Freire en su obra “Pedagogía del oprimido”, analizó cómo la falta de educación crítica y reflexiva perpetúa sistemas de opresión vigentes, es decir, que si una persona que no ha desarrollado la capacidad de interpretar y cuestionar los textos que lee está en desventaja para comprender la realidad política y social en la que vive.
La educación, según él, debe ser un acto de libertad, y sólo mediante una alfabetización crítica es posible que los ciudadanos se empoderen para transformar su entorno y ejercer sus derechos cívicos.
En otras palabras, queridos lectores, lo ideal sería que los cambios, las transformaciones e incluso las revoluciones las lleven a cabo personas que no sean idiotas.
“La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. En ese sentido, el analfabetismo funcional se convierte en una herramienta de opresión; las personas que no pueden interpretar lo que leen son fácilmente manipulables.”
Freire, P. (1970). “Pedagogía del oprimido”. Siglo XXI Editores.
Por su parte, Hannah Arendt reflexionó sobre la importancia de una ciudadanía informada y educada en el marco de su análisis del totalitarismo. Para ella, la ignorancia y la incapacidad de comprensión hacen que los individuos sean más vulnerables a los regímenes totalitarios y opresivos.
Un pueblo que no entiende los fundamentos de sus propios derechos y obligaciones es menos probable que los defienda activamente o que reclame ante alguna irregularidad.
Así, el analfabetismo funcional representa un obstáculo para la democracia, ya que limita la capacidad de las personas para poder tomar decisiones correctas, participar activamente en el debate público sin agredir y cuestionar a las autoridades cuando éstas no estén cumpliendo con sus obligaciones correspondientes.
La verdadera impotencia radica en la ignorancia, en la imposibilidad de pensar críticamente. En sociedades sin educación cívica, las personas no ven ni entienden los signos de su opresión.”
Arendt, H. (1951). “Los orígenes del totalitarismo”
También, la filósofa Martha Nussbaum ha destacado la importancia que tiene la educación para el desarrollo de una ciudadanía empática y responsable.
En su libro “Sin fines de lucro: por qué la democracia necesita de las humanidades”, Nussbaum sostiene que una educación orientada exclusivamente a la adquisición de habilidades técnicas, sin promover el pensamiento crítico y la comprensión de textos complejos, genera individuos que pueden ser altamente especializados, pero carentes de una verdadera conciencia cívica.
Asimismo, argumenta que se debe permitir a las personas desarrollar la empatía y el razonamiento crítico, herramientas fundamentales para la vida en democracia y para evitar el aislamiento intelectual y emocional.
“Una democracia que no fomenta en sus ciudadanos la capacidad de pensar críticamente y de comprender lo que leen, está destinada a fracasar. La educación en humanidades es, por tanto, una condición necesaria para una ciudadanía informada.”
Nussbaum, M. C. (2010). “Sin fines de lucro: Por qué la democracia necesita de las humanidades”
Hasta aquí, creo que ha quedado claro cuál es el problema. Ahora bien, es necesario que nos preguntemos ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? Hasta donde yo sé, los analfabetos funcionales no nacieron con esa “incapacidad”, sino que fue fruto de una decadencia política, cultural, educativa y moral que progresivamente fue licuando, poco a poco, nuestra capacidad de pensar.
El crecimiento del analfabetismo funcional en las últimas décadas puede atribuirse a diversos factores y, aunque existen múltiples hipótesis, algunas de las causas más destacadas incluyen, en primer lugar, las desigualdades en el acceso a una educación de calidad, puesto que en muchos países, especialmente en comunidades de bajos recursos, el sistema educativo enfrenta problemas como la falta de financiamiento, infraestructura deficiente y escasez de docentes capacitados: todo esto, da lugar a una enseñanza que se centra en aprender mecánicamente a leer y escribir, sin fomentar ningún desarrollo de habilidades críticas y de comprensión profunda.
En segundo lugar, los enfoques educativos decadentes y totalmente desactualizados que revelan métodos de enseñanza centrados en la memorización de datos, dejando de lado la interpretación de los mismos.
A esto se refería Freire cuando hablaba de la “educación bancaria”, en la cual los estudiantes son tratados como recipientes vacíos y pasivos: este modelo no permite que los chicos interactúen con el contenido, lo que lleva a una comprensión banal y superficial, dificultando su capacidad para analizar textos complejos o desarrollar opiniones informadas y bien argumentadas.
En tercer lugar, tenemos que volver a destacar la influencia de los medios de comunicación y la cultura digital, en los que el consumo masivo de información fragmentada de dudosa procedencia proyectada con rapidez ha modificado radicalmente la manera en que las personas interactuamos con el conocimiento mismo.
Los seres humanos ahora tienden a leer titulares y a consumir información ya masticada y simplificada, lo cual contribuye a la superficialidad en la comprensión y a la reducción de la capacidad de análisis: este cambio de hábitos lectivos y cognitivos afecta la profundidad de la lectura y contribuye al crecimiento del analfabetismo funcional porque busca la inmediatez de la imagen antes que la comprensión cabal de cualquier problema digno de solución.
En cuarto lugar, tenemos que mencionar al nefasto desinterés y la falta de estímulos en pos de aprender desde la infancia. Cuando los niños no tienen acceso a libros o a espacios de discusión que fomenten la interpretación y el análisis, es más probable que crezcan con escasas habilidades de comprensión: es tan triste saber que la gran mayoría de los hogares cuentan con más dispositivos móviles que libros.
En línea con ello, los sistemas educativos en los que se descuida la literatura y las humanidades, tal como señaló Nussbaum, limitan el desarrollo integral y crítico de los estudiantes, convirtiendo a la educación en un simple medio de transmisión de habilidades básicas, pero no de construcción de ciudadanos pensantes.
En quinto y último lugar, también tenemos que considerar el impacto de la globalización y la cultura del consumismo, que ha promovido una mentalidad utilitaria de la educación, priorizando las habilidades técnicas por sobre las humanísticas: este enfoque nos ha llevado a la minimización de materias como filosofía y literatura en espacios curriculares, promoviendo una formación orientada a la productividad técnica en lugar de la comprensión.
Esta tendencia, además de limitar severamente la capacidad crítica, ha reforzado el analfabetismo funcional al reducir la enseñanza a lo estrictamente pragmático, excluyendo temas que podrían inspirar una comprensión más profunda y compleja de la sociedad.
Las causas precedentemente enunciadas, no sólo contribuyen al analfabetismo funcional, sino que también dejan en evidencia una crisis de valores y objetivos que los sistemas educativos actuales han decidido abandonar sin tapujos.
En lugar de formar ciudadanos comprometidos y pensantes, muchos de estos sistemas producen individuos con habilidades precarias de lectura, pero sin la capacidad de cuestionar ni de participar enérgicamente en la sociedad en la que viven.
Este contexto patético nos lleva a cuestionar qué tipo de educación es la que queremos para las futuras generaciones, y a intentar pensar sobre las reformas necesarias para revertir esta preocupante tendencia que no ha hecho otra cosa que generar zombies con titulaciones.
Dicho esto, queda claro que combatir el analfabetismo funcional es, en última instancia, una tarea de empoderamiento y emancipación, ya que al proporcionar herramientas que permitan a los individuos interpretar el mundo que los rodea, no solo mejoramos sus oportunidades personales, sino que fortalecemos el tejido social y fomentamos una cultura democrática más sólida y consciente.
Lejos de hacernos los indignados para la foto, es hora de reconocer el papel fundamental de una educación que enseñe a pensar de verdad, no a repetir como loritos contenidos que en breve se olvidan, puesto que eso exige el desarrollo de una ciudadanía libre, empática y capaz de hacerse cargo de la realidad que construye a diario y que merece ser radicalmente transformada para abandonar el actual paradigma de la reproducción sistemática de esclavos funcionales.