MADRID.- El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina,
y el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de
Murcia, Joaquín Buendía, han reclamado al Gobierno de España que
"cualquier modificación" de las reglas de explotación del trasvase
Tajo-Segura "sea abordada mediante un proceso de diálogo en el que
participen todas las comunidades autónomas, usuarios y sectores
afectados".
Ambos responsables han mantenido una reunión de
trabajo en la Oficina de la Generalitat Valenciana en Madrid para
analizar la situación actual del trasvase, las propuestas de
modificación de sus reglas de explotación, el aprovechamiento de aguas
regeneradas, así como los principales retos que afrontan los sectores
agroalimentario y pesquero del arco mediterráneo, según ha informado hoy el
Gobierno valenciano.
Tras el encuentro,
Barrachina ha advertido de que la Comunitat Valenciana "no aceptará
negociaciones bilaterales que excluyan a los territorios que dependen
directamente del trasvase Tajo-Segura".
"El futuro del agua del
sureste español no puede decidirse en una mesa cerrada entre el Gobierno
de España y una sola comunidad autónoma. Cualquier cambio en las reglas
de explotación debe contar con la participación de las comunidades
receptoras, los regantes, los usuarios y todos los territorios
afectados", ha afirmado.
El conseller ha subrayado que ambos
gobiernos han solicitado "en reiteradas ocasiones" participar en las
conversaciones sobre el futuro de esta infraestructura estratégica y ha
lamentado la falta de respuesta por parte del Ejecutivo central.
Barrachina y Buendía han coincidido en destacar que el trasvase
Tajo-Segura constituye una infraestructura "imprescindible" para
garantizar el abastecimiento hídrico, la actividad agrícola y el
mantenimiento de miles de puestos de trabajo en el sureste español.
En esta línea, según el Gobierno de la Región, ambas autonomías han
consolidado sus demandas conjuntas al Estado en defensa del trasvase
Tajo-Segura y denuncian "el recorte de cerca del 50 por ciento del agua
destinada a regadío".
"La Región de
Murcia y la Comunitat Valenciana hemos hecho los deberes. Murcia es un
ejemplo internacional que reutiliza el 98 por ciento de sus aguas
urbanas, un nivel de eficiencia que nos legitima para exigir que el
Estado cumpla lo prometido. No se puede invocar la ecología para
justificar recortes políticos mientras el Gobierno de España mantiene en
el cajón las inversiones de depuración y la modernización de regadíos
del Alto Tajo", ha señalado Joaquín Buendía.
"Mantener los
envíos de agua a través del trasvase no es un favor al Levante, es una
obligación mientras el Estado siga incumpliendo sus propios planes de
inversión en el Tajo", ha añadido el consejero.
Asimismo,
ambos han subrayado que las decisiones sobre la gestión del agua deben
responder a criterios técnicos y de interés general, y no a
planteamientos políticos "que ignoren las necesidades de los territorios
receptores".
Además, ambos
responsables han acordado impulsar un encuentro de comunidades autónomas
para abordar de forma conjunta los principales problemas fitosanitarios
que afectan actualmente a los agricultores de toda España.
La
iniciativa pretende reunir a representantes políticos y técnicos de las
distintas regiones con el objetivo de compartir experiencias, coordinar
actuaciones y analizar soluciones eficaces ante los desafíos que
afronta el sector.
En este sentido, han coincidido en la
necesidad de dotar a los productores de herramientas adecuadas para
combatir plagas y enfermedades, al tiempo que han reclamado que
cualquier restricción o retirada de productos fitosanitarios vaya
acompañada de alternativas viables, eficaces y accesibles para los
agricultores.
En este sentido, Barrachina ha subrayado que el
sector agrario necesita disponer de herramientas "eficaces" para hacer
frente a los problemas fitosanitarios y ha advertido de que "la retirada
de determinadas materias activas debe ir acompañada de alternativas que
hayan demostrado su eficacia, estén suficientemente desarrolladas y
resulten económicamente asumibles para los agricultores".
Durante la reunión, ambos responsables también han abordado la
necesidad de reforzar una posición conjunta ante las instituciones
europeas para defender los intereses de los agricultores mediterráneos
frente a la competencia desleal de terceros países.
En este
sentido, han reclamado una "mayor reciprocidad" en las exigencias
impuestas a las producciones importadas y un refuerzo de los controles
en frontera para garantizar el cumplimiento de los estándares europeos.
"Los agricultores del sureste están preparados para competir, pero
exigen hacerlo en igualdad de condiciones", han señalado.
Barrachina ha insistido en que "no es razonable exigir cada vez mayores
requisitos ambientales, laborales o fitosanitarios a los productores
europeos mientras se permite la entrada de productos procedentes de
países terceros que no están sujetos a las mismas obligaciones".
Por ello, ha reclamado la aplicación efectiva de cláusulas espejo,
mayores controles en frontera y una Política Agraria Común (PAC)
post-2027 dotada de recursos suficientes para garantizar la rentabilidad
y la competitividad del campo mediterráneo. "Si Europa quiere preservar
su seguridad alimentaria, debe proteger a quienes producen alimentos
dentro de Europa", ha añadido.
La
reunión también ha servido para avanzar en una estrategia común en
defensa del sector pesquero mediterráneo, especialmente ante la
reducción de los días de actividad de la flota de arrastre y el futuro
del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).
Finalmente, Barrachina y Buendía han coincidido en que la Comunitat
Valenciana y la Región de Murcia comparten retos, intereses y objetivos
comunes en materia hídrica, agraria y pesquera, por lo que han acordado
mantener una coordinación permanente para defender conjuntamente los
intereses del sector agro-alimentario y pesquero mediterráneo ante el
Gobierno de España y las instituciones europeas.
